Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 134.254
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal A C U E R D O En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini y Daniel Carral (conf. ACP 98), con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver en la presente causa Nº 134254 (IPP 06-00-55533-22), caratulada “Orillo, Juan Eduardo s/ recurso de casación interpuesto por particular damnificada”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI - CARRAL.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó el auto del Juzgado de Garantías Nro. 1 del mismo Departamento Judicial y declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto a Juan Eduardo Orillo en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal -hechos reiterados-.
Contra dicho pronunciamiento, la representante de la particular damnificada interpuso recurso de casación.
Radicados con noticia a las partes, la Sala se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es procedente el recurso intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
Del análisis de las actuaciones, se observa que la resolución en crisis, si bien es equiparable a sentencia definitiva puesto que pone fin al proceso, lo cierto es que ha sido dictada por un órgano judicial competente y revisada luego por el superior habilitado al efecto, abasteciendo –de esta manera- la garantía del doble conforme, por lo que el recurso ante esta Sede debe plantear una cuestión federal.
La representante de la particular damnificada sostiene la existencia de una causal de suspensión en el curso de la prescripción en los términos del artículo 67 párrafo 4° del rito, toda vez que la misma correspondería correr a partir de la mayoría de edad de la víctima. Denuncia arbitrariedad, excesivo rigorismo formal y la errónea aplicación de la normativa constitucional e internacional citando el artículo 67 de conformidad a las reformas de las leyes 26.705 y 27.206 del Código Penal; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 75 inciso 22° de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial a la par de postular la fundamentación aparente del auto en crisis, toda vez que no explica los motivos por los que no resultaría aplicable la normativa internacional en el presente.
Postula que al momento de la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 la acción se encontraba vigente, por lo que por el principio de ultraactividad de la ley penal se encuentra habilitada la aplicación de las reformas.
En contraposición a ello, se agravia de la afirmación de la Alzada en cuanto a que no corresponde aplicar dichas reformas de los años 2011 y 2015 toda vez que no se encontraban vigentes al momento de la posible comisión de los hechos. Asimismo, y de manera subsidiaria, afirma que correspondería garantizar el acceso a la justicia de la víctima a través de un proceso que tramite bajo los lineamientos del juicio por la verdad, en función de la condición de vulnerabilidad de la misma por ser niña, mujer y víctima de violencia sexual en su infancia.
Insiste en la importancia del acceso a la justicia dentro de la noción de ciudadanía y el sistema democrático. Cita jurisprudencia nacional e internacional y doctrina en apoyo de su pretensión.
II.-
Sentado lo anterior, la Cámara señaló -en tesis que comparto- que el hecho denunciado habría sido cometido entre los años 1999/2000 y la elevación a juicio y citación del encausado fue en el año 2007, siendo ése el último acto interruptivo de la prescripción, por lo cual han transcurrido los 12 años que determina el artículo 62 inciso 2°, siendo que el informe de antecedentes penales dio resultado negativo al 18/12/2023. En virtud de ello y ante el principio de irretroactividad de la ley penal, resultan inaplicables al caso las reformas introducidas al artículo 67 del código de fondo por las leyes 26.705 y 27.206 y me explico. En primer lugar, el agravio que gira en torno a la vigencia de dichas leyes a partir de la aplicación de los estándares internacionales resulta dogmático, visto que la pretensión resulta contraria a la letra del artículo 62 inciso 2° del Código Penal y no puede ser sostenida en la Convención de los Derechos del Niño o la Convención de Belém do Pará, que no contienen normas sobre prescripción.
El fundamento normativo del recurso, en este punto, resulta aparente.
Pero además, y precisamente por ello, se observa que el impugnante no se hace cargo de la propia doctrina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado en este tema, interpretando las normas cuya aplicación se reclama y explicando que “la prescripción en materia penal (…) es una garantía que debe ser observada debidamente por el juzgador para todo imputado de un delito (…) En el presente caso no opera la exclusión de prescripción, porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales (caso "Albán Cornejo y otro vs. Ecuador", sentencia del 22 de noviembre de 2007, Considerando 111°).
El criterio fue reafirmado poco después, en el marco de la interpretación de la sentencia dictada en la misma causa, el 5 de agosto de 2008, oportunidad en la que se explicó que: “se reafirman las consecuencias de la prescripción, a saber: extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y límite del ius puniendi del Estado; y iii) se reconoce la vigencia de la figura de la prescripción en el derecho penal, aclarando que no se la puede invocar como “eximente de responsabilidad” en casos de graves violaciones de derechos humanos, consideradas como imprescriptibles por instrumentos internacionales".
Esta doctrina fue receptada por la Suprema Corte de Justicia, que ante planteos similares a los aquí efectuados (relativos a la vigencia de la acción penal y a la pretensa legislación supranacional vigente al momento del hecho de abuso sexual), explicó que: “conforme tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015, entre muchas otras, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos: 287:76-, especialmente, cons. 6° y 7° y "Arancibia Clavel" -Fallos: 327:3312-; e.o.) (…) en el caso, mediante el cual se persigue penalmente un delito común, no se vislumbran razones para excepcionar el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.; v. fs. 43 vta.), el que solo cede frente "...a la aplicación de una ley más benigna para el imputado (…) la parte insiste dogmáticamente en la responsabilidad internacional del Estado sin hacerse cargo de la colisión de derechos de idéntica jerarquía puesta de manifiesto por el sentenciante, todo lo cual pone en evidencia la insuficiencia del reclamo, al desentenderse de ese particular fundamento (art. 495, cit.)” (SCBA, P P. 135.109, "J., R.
G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 105.657 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", del 22 de febrero de 2022). También ha explicado el Superior que “teniendo en consideración el alcance que debe darse al principio de estricta legalidad, entendido como un límite impuesto al poder punitivo del Estado a favor de toda persona acusada de la comisión de un delito (nullum crimen sine lege nulla poena sine lege), la parte no explicó de qué modo este se habría afectado cuando -precisamente- el Tribunal de Casación Penal -con sustento en dicho principio- aplicó al caso normas de derecho penal interno que regulan la prescripción de la acción penal con ese alcance garantizador (conf.
"Albán Cornejo", entre otros, CIDH; CSJN "Miras"; arts. 18, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 2, Cód. Penal)” (SCBA, P. 134.019, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal- y R., M. S. -particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.244 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", del 29 de diciembre de 2021). Entonces, y como primera conclusión, la normativa supranacional a la que acude la impugnante no avala su petición y al contrario, lleva a la misma conclusión que sostuviera el "a quo", con lo que voy diciendo que los agravios se observan insuficientes si se pretende, a partir de la normativa supranacional, dejar sin efecto los principios de legalidad y de prescripción de la acción.
Luego, y a mayor abundamiento, lo sostenido por la representante de la particular damnificada en cuanto a que en el año 2011 y 2015 -fechas de las reformas introducidas por leyes 26705 y 27206- la acción aún se encontraba vigente, pierde de vista que la ley aplicable al caso es la vigente al momento del hecho y que idéntico control de convencionalidad que el planteado es el que debe realizarse respecto del imputado, pues junto a la Convención sobre los Derechos del Niño o su par de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también impone la prohibición de aplicar consecuencias penales más gravosas que las vigentes al momento del hecho (artículo 9).
Vale decir, que la pretensión de la parte en este punto se encuentra contradicha por la propia normativa cuya aplicación se reclama. Por último, tampoco puede tenerse por fundado el agravio ni la situación de excepción que habilitaría a desplazar las garantías antes mencionadas (legalidad, prescripción, irretroactividad de la ley) a partir de la mención, entre otros, del precedente "Bulacio", pues los hechos de aquél expediente distan notablemente de los ventilados en esta causa.
Recuerdo en este ítem que al resolver la causa N° 116.563, "Espejo, Juan Carlos, s/ recurso de casación interpuesto pro el fiscal" (el 27 de diciembre de 2022), expliqué que "...los actos delictivos que nos ocupan podrían resultar abarcados por la imprescriptibilidad en el caso de que constituyesen un crimen de guerra, un delito de lesa humanidad o si fuesen cometidos en circunstancias tales que al mismo tiempo fuesen calificables como tortura, en los términos previstos por la Convención contra la Tortura, o según otras disposiciones de carácter supralegal, siendo necesario analizar si los episodios denunciados en este proceso pueden ser subsumidos en la categoría que a partir de la interpretación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha denominado “graves violaciones de derechos humanos”, supuestos en los cuales el Estado Argentino no puede abandonar la persecución penal con fundamento en un instituto de derecho interno como lo es la prescripción de la acción penal (así se ve en casos como “Bulacio vs. Argentina”, sentencia de 18 de septiembre de 2003; “Bueno Alves vs. Argentina” 11 de mayo de 2007, entre otros donde se dijo que “son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos”)...". Es que a contramano de lo pretendido, ha sido la propia Corte Interamericana la que ha aclarado que "toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza (... pero) ello no debe confundirse con lo que el tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como ‘violaciones graves a los derechos humanos’, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias.
Asimismo, este tribunal ha indicado que resulta incorrecto pretender que en todo caso sometido a la Corte, por tratarse de violaciones de derechos humanos, no procedería aplicar la prescripción” (... por lo que) en resumidas cuentas, la regla según la cual las “graves violaciones de derechos humanos” no están sujetas a prescripción opera en aquellos crímenes cometidos desde el poder del Estado, o al amparo de regímenes estatales, puesto que será la complicidad de los mecanismos públicos de persecución de delitos con el encubrimiento y la impunidad de estos hechos el fundamento de que sus autores deban ser inexorablemente juzgados".
A la luz de lo expuesto, de la lectura del presente caso se advierte que no se dan en el presente las características, es decir que los supuestos fácticos que permitirían, conforme la normativa supranacional y la doctrina jurisprudencial elaborada en torno a ella, prescindir de las normas de igual jerarquía que califican el hecho aquí investigado como de derecho común, el que en consecuencia se encuentra alcanzado por los principios de legalidad, irretroactividad y por ende, de prescripción de la acción. En consecuencia, el recurso intentado deviene insuficiente en este punto.
III.-
Por último, en lo que respecta al pedido subsidiario, que hace pie en la implementación de un juicio por la verdad. habré de mantener mi postura, la que ha sido sentada en causa N° 110.332 caratulada “Romero Manuel, s/ recurso de casación interpuesto por la particular damnificada”. En el marco de dicha causa he sostenido que: “el acotado ámbito en el que se desenvuelve esta sentencia, esto es, el relativo a los abusos sexuales perpetrados pura y exclusivamente contra menores de edad en el período anterior a la sanción de las leyes 26705 y 27206, plantea un delicado dilema de equidad, toda vez que de todos modos, a la fecha de comisión del hecho se encontraba vigente la Convención de los Derechos del Niño. En este punto, observo que la ausencia de reglamentación de dicha normativa de rango constitucional no depende ni es responsabilidad del imputado o la víctima, sino del Estado, por lo que tal ausencia no puede resolverse en contra de los intereses de las partes; dicha conclusión lleva, nuevamente, al mismo dilema, esto es, al antagonismo entre los derechos que amparan al imputado y los que amparan -en este caso- a las víctimas especialmente vulnerables, como lo son los menores de edad (...) situaciones como la descripta suponen la existencia de una víctima especialmente vulnerable que se encontraba en una absoluta imposibilidad de defenderse o de ser defendida por terceros, y con ello, evidentemente, tampoco pudo ejercer a tiempo ninguno de los derechos que la ley le otorga (ni podía ejercerlos personalmente), y este es el dilema que en esencia se presenta, pues como sostiene la Alzada, la solución que se peticiona no está expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que tampoco se encuentra expresamente prohibida”
Dije también en esa oportunidad que “las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad” establecen que se consideran personas en dicha situación aquellas que: "por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico" (capítulo 1, sección 2º); en la misma sección, punto 5, se especifica que: "Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización (…) Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales (...)". En esta situación, considero que resolver el conflicto traído a conocimiento de la Sala acudiendo simplemente a la normativa del Código Penal implica aceptar que la acción se prescribió y paralelamente, que la víctima nunca tuvo la posibilidad de acceder a la justicia (... en tanto) es responsabilidad del Estado que la Convención no haya sido reglamentada en tiempo oportuno, pues ello privó a las potenciales víctimas (hasta el año 2015, con la sanción de la ley 27206), de acceder a la justicia (tal como por lo demás, lo reconoce la propia exposición de motivos de la ley mencionada), por lo que vale recordar aquí siendo la normativa antes citada, en esencia, tratados internacionales con rango constitucional, la parte, es decir, el Estado, no puede "invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" (Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados", artículo 27)…”.
A partir de lo así resuelto en aquel expediente, queda evidenciada la tensión provocada entre los derechos del imputado y los de ´la víctima, cuando media en el caso un supuesto de la acción penal por prescripción.
De todos modos, no es posible obviar que al resolver la causa “Funes” (causa F 294-XLVII, del 14 de octubre de 2014) remitiéndose al dictamen del Procurador, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con base en los ya citados precedentes “Bulacio” y “Albán Cornejo” explicó que aunque el hecho investigado no configurara un delito de lesa humanidad –al igual que en el presente caso- y por ende no podía considerarse derogado el instituto de la prescripción, de todos modos también sostuvo, en relación con un eventual “juicio por la verdad”, que “La extinción de la pretensión penal no implica desentenderse de la obligación del estado de asegurar el derecho (…) a conocer la verdad de los hechos, con prescindencia de que las conductas del caso puedan ser calificadas como un delito de lesa humanidad”.
Vale decir, que contra lo sostenido en el auto impugnado, la posibilidad de implementar se encuentra –en palabras de la Corte Suprema de Justicia- implícitamente contenida en los “artículos 8.1.y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Y no podía ser de otro modo, si el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño obliga al Estado a garantizar todos los derechos que enumera (entre ellos, la protección contra el abuso sexual - artículo 34-) con independencia, entre otras cosas, de "cualquier condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales", y aunque parezca una obviedad, no está demás subrayar que la obligación de “garantizar” un derecho supone, en esencia, garantizar su ejercicio efectivo, pues de no ser así, los derechos consagrados por el ordenamiento jurídico se convertirían en una mera declaración de buena voluntad, carente de todo efecto práctico (y útil).
Entonces, una solución que armonice los derechos de ambas partes supone ratificar que no es posible derogar la prescripción o hacer caso omiso de la verificada en autos, y ello garantiza al imputado que no será penado porque la acción se encuentra extinguida; por otro lado, aunque no pueda perseguir la imposición de una pena, se debe garantizar a la víctima su acceso a la justicia a efectos de poder determinar la veracidad - o no- de su imputación, obteniendo de este modo una reparación moral y pública.
Evidentemente, implementar una solución de tal naturaleza importa que ninguno de los derechos involucrados quede completamente satisfecho, claro, porque el imputado se verá sometido a proceso y, para el caso de ser hallado culpable, la damnificada no podrá ejercer plenamente la acción penal, mediante la imposición de una sanción. Pero en este juego de derechos, la equidad impone otorgar a la víctima el acceso a la justicia y obtener, aunque más no sea, un pronunciamiento que defina la cuestión.
La solución propuesta, por lo demás, no es novedosa ni original de mi parte; sin aludir a la etiqueta de "juicio por la verdad", la misma solución que aquí se pretende ya fue aceptada por la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, al disponer la "habilitación" de quienes se presentaban como víctimas en un caso de abuso sexual cometido por un particular, a fin de que pudieran "acceder en este proceso a la determinación de la verdad de los hechos que denuncian" (causa CCC 38644/2015/CNC1, caratulada “Funicelli, Norberto s/ violación de menor de 12 años”, Registro 1643/2018, resuelta el 18 de diciembre de 2018).
En consecuencia, propongo al Acuerdo declarar parcialmente procedente el recurso intentado, sin costas; casar las resoluciones de primera y segunda instancia y devolver jurisdicción al Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata a fin de que por donde corresponda, se canalice la voluntad de la damnificada de implementar el correspondiente juicio para la determinación de los hechos, confirmando los autos impugnados en cuanto declararon la extinción de la acción penal por prescripción (artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.1.y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 451, 453, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal), por lo que a esta primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor Juez doctor Carral dijo:
I. Inicialmente debo adelantar mi adhesión al sentido y fundamentos propiciados en el voto del doctor Violini.
En punto a cuáles son las razones que me han llevado, en el conflicto que de por sí presenta varias aristas críticas, a tomar posición en coincidencia con la sostenida por el doctor Violini, he de traer a colación el razonamiento del primer pronunciamiento en el que abordara la cuestión y que llegara a esta sede, también por recurso de la defensa, en causa N°97.344 caratulada “RUVITUSO OMAR LUIS S/ RECURSO DE CASACION” de la Sala I de este Tribunal que naturalmente integro, dictada el 26 de diciembre de 2019; criterio confirmado por la SCBA en causa P. 135.109, "J., R. G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, del 23 de febrero de 2022).
En aquella oportunidad, al igual que ahora, se dan análogas circunstancias si se tienen en cuenta que los hechos objeto de persecución penal, tal como han sido delimitados temporalmente, son anteriores a la vigencia de las leyes 26705 y 27206 que reformaran el régimen de prescripción de la acción para la modalidad de ilícitos como los enrostrados, reformulando sus presupuestos de inicio cuando se trate de víctimas menores de edad. Este extremo no ha sido controvertido a lo largo del proceso, como al parecer tampoco se destaca circunstancia alguna que por fuera de la discusión señalada deba ser estimada en orden a la interrupción del plazo de extinción.
En segundo lugar, debo precisar que la discusión ingresa de lleno en el ámbito de la cobertura del principio constitucional de legalidad, garantizado en orden a la vigencia de la ley penal, salvo las excepciones referentes a leyes temporales o excepcionales, desde nuestro Bloque Constitucional Federal, arts.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El eje de discusión que incluye al principio aplicación de la ley más benigna y que encontrara cobertura de orden constitucional recién a partir de la reforma de nuestra Carta Fundamental en 1994, encuentra regulación en la norma de derecho común del art.2 del código penal. El ámbito de validez temporal de la ley sustantiva cuya irretroactividad rige como regla, excepciona el caso de la aplicación al caso de una ley posterior más favorable al imputado, e incluye dentro de estos aspectos vinculados al principio de legalidad, también aquello que hace al instituto de la prescripción de la acción penal.
Esto no parece ser un aspecto controvertido en la doctrina judicial, mucho más si se tiene en cuenta que nuestro máximo intérprete constitucional así lo ha considerado expresamente en la causa “Miras” (Fallos: 287:76), al señalar: “Es jurisprudencia de la Corte que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes “ex post facto”- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19º). Ya en punto al eje de discusión que aquí nos convoca se ha sostenido desde el cimero Tribunal en el fallo citado: “el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de “ley penal”, desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadas del régimen de extinción de la pretensión punitiva” (una profundización de esta noción puede verse en el fallo Arancibia Clavel, Fallos: 327:3312).
II. El instituto de la prescripción penal, ha sido visto en general como una autolimitación al ejercicio del poder punitivo del Estado, al mismo tiempo que un parámetro de adecuada orientación para asegurar la vigencia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Bien se ha señalado desde la doctrina más calificada que el principio de sujeción a la ley como garantía de objetividad importa que: “El comportamiento punible y la medida de la pena no se deben determinar bajo la impresión de hechos ocurridos, pero aún por juzgar, ni como medio contra autores ya conocidos, sino por anticipado y con validez general, precisamente mediante una ley determinada, dictada con anterioridad al hecho … Especialmente, también la prescripción ha de estar legalmente determinada y no cabe prorrogarla retroactivamente, tanto si antes del acto de prórroga ha expirado el plazo como si no … lo determinante es que el Estado, al prorrogar el plazo de prescripción … amplía su competencia para punir…” (cfr.Jakobs, “Der. Penal – Parte General”, 2da. Edic., pág.82-83, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997). En la misma línea de consideración, en nuestro país, Patricia Ziffer, señala: “En ese sentido, un derecho procesal penal en el que el solo hecho de la imputación por crímenes atroces y aberrantes basta para que quien debe enfrentarse a ella lo haga privado de garantías básicas es difícil de justificar en un Estado que pretenda seguir siendo definido como “de derecho”. No se debe olvidar que en el marco de un régimen respetuoso de los derechos fundamentales debería ser irrelevante si el imputado, por la calidad de los delitos cometidos, ´merece´, o no, invocar garantías tales como el principio de inocencia o el derecho de defensa. En todo caso, lo que resulta definitorio es la legitimidad con que ejerce el poder punitivo estatal: no de cualquier modo, sino sujeto a restricciones. Tales restricciones, por definición, significan asumir la posibilidad de que la efectiva aplicación de una pena se frustre, pero si un ejercicio limitado del poder punitivo es lo que nos define como sociedades civilizadas, no parece que el precio sea demasiado alto” (Ziffer, “El principio de legalidad y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, en: Estudios sobre Justicia Penal -Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier-, págs. 761/762, Ed. Del Puerto, Bs.As., 2005). Sin embargo, hay voces –no obstante, minoritarias en el universo de decisiones jurisdiccionales- que se han inclinado en el sentido que en este proceso se ha propiciado desde las acusaciones y ha recibido aceptación desde el poder jurisdiccional local.
Para ello, acuden a la argumentación mediante la cual se pretende que la sanción de la ley 23849, por la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos del Niño” (B.O. 22-11-1990), luego incorporada con jerarquía constitucional tras la reforma de 1994, recoge el fin primordial por el que los estados suscribientes se obligan a privilegiar “el interés superior del niño” y como principios “jurídicos fundamentales”. Si se repara en los argumentos principales, puede verse que hacen pie en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ciertamente ha ampliado criterios de “imprescriptibilidad” a grave violaciones de derechos humanos, situación que impone –desde la mirada de la Corte IDH- acudir a esto como único recurso para la persecución de delitos de gravedad extrema cometidos por regímenes políticos en forma masiva y sistemática.
Dicha argumentación omite considerar el alcance y presupuestos a los que se ha referido la Corte IDH para excepcionar las garantías que provee la Convención.
No se trata aquí de poner en discusión la existencia de un reconocimiento en el derecho convencional a especiales prerrogativas para víctimas vulnerables, sino de efectuar una correcta intelección de los compromisos estatales y discernir si tienen el alcance para excepcionar una cobertura constitucional garantizada.
Las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino que establece una serie de presupuestos que suelen concentrarse en: (i) deben tratarse de delitos graves o muy graves violaciones a los derechos humanos; (ii) en ambos casos se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional; para que operando de manera conjunta puedan tener entidad para obturar la aplicación de la regla de prescripción de la acción penal.
Es por ello que la Corte IDH al expedirse en el caso “Albán Cornejo y otros vs. Ecuador” (22/11/07), señaló expresamente que no operaba la exclusión de prescripción “…porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales” (párrafo 111).
Para un minucioso seguimiento de la evolución de la jurisprudencia de la Corte IDH, el voto del doctor Daniel Carubia, en la sentencia del Tribunal Superior de Entre Ríos resulta esclarecedor (“Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción agravada - Incid. de extinción por prescripción- s/ Impugnación Extraordinaria).
Allí se señala la reafirmación de este criterio, en tiempos recientes, a partir de consideraciones donde la Corte IDH aborda de manera expresa la cuestión.
En el caso “Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia”
(3/9/12), la Corte IDH sostuvo: ““El Tribunal reitera que toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como “violaciones graves a los derechos humanos”, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias. Asimismo, este Tribunal ha indicado que resulta incorrecto pretender que en todo caso sometido a la Corte, por tratarse de violaciones de derechos humanos, no procedería aplicar la prescripción. La Corte ya ha señalado que la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y que, generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores. De acuerdo con la jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal, en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas, tales como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y tortura. La Corte considera que en el presente caso no se presentan los supuestos necesarios para aplicar alguna de las excepciones a la aplicación de la prescripción que alega la Comisión. En vista de todo lo anterior, teniendo en cuenta su jurisprudencia constante, la Corte estima que no es posible determinar la improcedencia de la prescripción penal a los hechos de la agresión del 29 de agosto de 1996 (supra párrs. 80 a 82) y las amenazas y hostigamientos de 1996 y 1997 (supra párrs. 85 a 93)” (cftr.: fallo cit., párrs. 281 a 284; el destacado es del voto del doctor Carubia en la sentencia citada del Tribunal Superior de Entre Ríos)
El criterio diferenciador que ya se veía claro desde el reconocido precedente de “Barrios Altos vs. Perú” (14/3/2001), fue nuevamente ratificado en la sentencia “Suarez Peralta vs. Ecuador” (21/05/2013, párrafo 176).
III. De lo reseñado en tópicos anteriores es posible corroborar cuál es el extremo de interpretación que se impone para delimitar en qué casos, ciertamente desde la doctrina de la Corte IDH, se ha habilitado excepcionar el principio de legalidad.
Desde ese prisma de análisis, esto se da cuando hay una responsabilidad del Estado a partir de la conducta de alguno de sus agentes que impliquen graves violaciones a los derechos humanos. La nómina de estas graves violaciones también resulta acotada y puede deducirse de las menciones que en los fallos precedentemente reseñados son identificados desde la Corte IDH. (vgr. desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura, Corte IDH, caso “Vera Vera y otra vs. Ecuador” stcia de fondo, 19/05/2011, párrafo 117).
En las consideraciones de la resolución en crisis no se aprecia ninguna invocación a la responsabilidad de agentes estatales en los hechos objeto de denuncia; y la mera invocación por parte de la acusación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, no resulta suficiente para neutralizar o, en cualquier caso, mitigar la vigencia de iguales reglas de protección a las que también el estado argentino se ha obligado a observar.
En otros términos, en mi parecer el recurrente no explica adecuadamente las razones por las que una investigación penal respecto de delitos cuyos presupuestos, que no encuadran en “las graves violaciones de derechos humanos” (en términos de la doctrina de la CIDH), se encuentran exentas de la regulación normativa que cita la sentencia de origen, presentando la sola mención de las reglas de la Convención sobre los Derechos del Niño como algo evidente para perseguir penalmente delitos comunes con aplicación retroactiva de las leyes que impiden la extinción de la acción o en su caso, sin que esta potestad persecutoria pueda ser limitada por las reglas de la prescripción como reglamentarias del principio de legalidad.
Finalmente, entiendo que no sobra citar algunas referencias de la gran cantidad de precedentes de tribunales superiores que se han expedido en el sentido aquí propuesto. No pretendo con esto acudir a un argumento de autoridad, pero al menos señalar un criterio orientador que al parecer, y hasta el presente, domina la doctrina judicial vigente. El voto de la doctora Magdalena Laiño, colega de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, al decidir una cuestión análoga, cita allí el criterio pacífico de interpretación que involucra a las Salas de aquel órgano de alzada. Así se refiere (Sala I causa nº 32619/2007 “T., C. J.” rta. el 10/12/2007; Sala IV causa nº 23744/2011 “S. A., J. H.”, rta. el 09/04/2013; Sala V causa nº 191/2012 “A.J” rta. el 15/09/2014; causa nº 12490/2015 “B., J. M.” rta. el 12/08/2016 y causa nº 6194/2016 “M.R.A.” rta. el 17/03/2017; Sala VI causa nº 18765/2017 “R. M., E. A.” rta. el 14/09/2017 –voto de la mayoría- y causa nº 40677/2017 “M., P.” rta. el 25/10/2018; Sala VII causa nº 37295/2014 “M., P. S.” rta. 29/03/2016 y causa nº 38644/2015 “F., N.” rta. el 30/09/2016, entre otros).
En el mismo sentido se han pronunciado también nuestros colegas de la Casación Nacional en lo Criminal y Correccional. (Causa n° 1129/17, Sala I, jueces Bruzzone, García y Garrigós de Rébori, rta. 8.11.17;causa 40677/2017/, rta. 1-2-2019, jueces Morín, Dias y Sarrabayrouse; Causa 38644/2015, reg. n° 1643/2018, rta. 18-12-2018, entre muchas otras)
Por ello, he de señalar que no se me escapan las características y ribetes que rodearon los hechos denunciados, así como las consecuencias personales y limitaciones que pudo haber enfrentado la víctima, por lo que entiendo que puede resultar necesario que se evalúen si las circunstancias de los sucesos bajo examen son en algún punto asimilables a los antecedentes donde nuestra Corte Federal, siguiendo en esto el dictamen de la Procuración General, sostuvo la prescripción de la acción penal pero al mismo tiempo señaló que no se podía desatender la obligación del Estado de “asegurar el derecho a conocer la verdad de los hechos” (CSJN, “Funes”, causa F.294. XLVII, rta. 14-10-2014), cauce que en su caso deberá tramitar por acción independiente, tal como se propone desde la primera voz. ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso intentado, sin costas; casar las resoluciones de primera y segunda instancia y devolver jurisdicción al Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata a fin de que por donde corresponda, se canalice la voluntad de la damnificada de implementar el correspondiente juicio para la determinación de los hechos, confirmando los autos impugnados en cuanto declararon la extinción de la acción penal por prescripción (artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.1.y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 451, 453, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Violini.
Con lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente R E S O L U C I Ó N I.- DECLARAR PARCIALMENTE PROCEDENTE el recurso intentado, sin costas.
II. CASAR las resoluciones de primera y segunda instancia.
III. DEVOLVER JURISDICCIÓN al Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata a fin de que por donde corresponda, se canalice la voluntad de la damnificada de implementar el correspondiente juicio para la determinación de los hechos.
IV. CONFIRMAR los autos impugnados en cuanto declararon la extinción de la acción penal por prescripción.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.1.y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 448, 450, 451, 453, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente, notifíquese y oportunamente, radíquese en el organismo de origen.
Fin de la sentencia