Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Dejar sin efecto la sentencia interlocutoria de fs. 62/62 vta. y su aclaratoria de fs. 65/66 y mandar resolver, previa acreditación de la legitimación activa de la parte actora, y con audiencia de la contraria, la medida cautelar peticionada en el escrito de demanda.
2SIN costas, atento la forma de resolverse la cuestión (art. 68 “in fine” C.P.C.).
Causa nº: 2-62845-2017 "ORMAECHEA CARLOS ADOLFO C/ ROMARIZ DE SARCIAT LIA SUSANA Y OTRO S/ SERVIDUMBRE DE TRANSITO"
JUZGADO DE PAZ - RAUCH
Sentencia Registro nº: 58 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diecisiete días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados:
“Ormaechea, Carlos Adolfo c/ Romariz de Sarciat, Lía Susana y Otro s/ Servidumbre de tránsito” (Causa n° 62.845), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es nula la sentencia interlocutoria apelada de fs. 62/62 vta. y su aclaratoria de fs. 65/66?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez, Doctor Galdós dijo:
I. Carlos Adolfo Ormaechea promovió demanda contra Felipe Esteban Sarciat y Lía Susana Romariz de Sarciat reclamando el establecimiento de una servidumbre de paso a favor de la parcela 349c del Cuartel V del Partido de Rauch, alegando su condición de poseedor a mérito del contrato de compraventa que dice agregar, inmueble rural éste que no tiene salida a la vía pública. Explica que demanda al Sr. Felipe Esteban Sarciat como nudo propietario del inmueble vecino y a Lía Susana Romariz de Sarciat como usufructuaria y que la servidumbre peticionada deberá establecerse en línea recta desde la parcela 349c a la Ruta 60 atravesando la parcela 350. En el relato de hechos formula diversas consideraciones acerca de la procedencia de su pretensión, solicita se admita la servidumbre de paso pedida y ofrece la indemnización que prescriben los arts. 2166 y 2170 del CCCN. En el escrito de demanda también deduce conjuntamente una medida cautelar innovativa consistente en el otorgamiento de la vía de acceso a la parcela 349c, del Cuartel V del Partido de Rauch, a través de la parcela 350 del mismo Cuartel y Partido, propiedad de los demandados, en el trazado más directo entre la primera parcela y la Ruta 60. Argumenta que concurren los presupuestos procesales consistentes en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, destacando además que por razones climáticas es necesario hacer cesar el daño que sufre, otorgándosele comunicación al inmueble cerrado.
A fs. 54/56 la parte actora amplía la demanda. A fs. 58/60 se recibieron las declaraciones testimoniales de Mariel Lucrecia Atela y Jorge Mario Di Martino y a fs. 62 y vta. se dictó la providencia que desestimó la medida cautelar solicitada. Para así decidir el pronunciamiento impugnado tuvo en cuenta que la medida cautelar innovativa requerida (apertura de paso a la parcela del actor hasta un camino público a través del inmueble vecino, propiedad de los demandados), reviste carácter más bien excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente. Señala que debió preverse la división de condominio en 1980, antes de la transmisión de dominio al demandante, como surge de las copias del plano acompañado, añadiendo que la ex propietaria al declarar como testigo manifestó que existe otra salida a través de las parcelas. Afirma que durante el proceso se deberá determinar el supuesto de hecho previsto en el art. 2166 CCCN. Con esos fundamentos desestimó la “satisfacción anticipada” requerida, objeto del juicio.
Contra ese pronunciamiento de fs. 62/62 vta., se interpuso (a fs. 63/64) recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
En el escrito impugnativo la actora sostiene que procede la medida excepcional peticionada porque se está ante una situación particular que radica precisamente en que la finca rural del actor, Carlos Ormaechea, está totalmente encerrada por las heredades vecinas que impiden toda salida a la vía pública y con ello el goce, disfrute y la explotación del inmueble. Del plano agregado se desprende claramente que la parcela en cuestión no tiene comunicación con un camino público y que la ex propietaria del campo al momento de declarar manifestó que durante todos los años que ella vivió salían por el campo vecino. Enfatiza esa circunstancia, el valor probatorio de dicha declaración y manifiesta que el Código Civil y Comercial da solución al problema mediante la figura de la servidumbre de paso.
Acota que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora están suficientemente acreditados. Agrega que la medida cautelar solicitada se funda en el art. 232 del C.P.C. y solicita que se reabra el camino que en el pasado y durante muchos años se utilizó como salida e ingreso de su propiedad hasta que fue cerrado unilateral e intempestivamente por los demandados. La decisión de los accionados vulnera su derecho de trabajar y ejercer una industria lícita y de transitar libremente, por lo que está comprobada no sólo la verosimilitud del derecho sino también el peligro en la demora por los perjuicios que sufre su explotación agropecuaria. Por ende solicita se revoque la sentencia. A fs. 65/66 el Sr.
Juez de Grado recalificó la petición inicial y sostuvo que en realidad la pretensión no consiste en una medida cautelar innovativa sino en una tutela anticipada, instituto que otorga el objeto de la pretensión antes de la sentencia definitiva y que requiere de una fuerte verosimilitud. Tras ello señala que no se observa la fuerte probabilidad de que el demandante tenga razón porque la causa aún no se abrió a prueba ni todavía se escuchó a la contraparte por lo que se desconoce si el demandante únicamente puede lograr suficiente comunicación con la vía pública a través del campo del accionado, conforme lo prevé el art. 2166 CCCN como en abstracto lo alegan los actores. Señala que Ormaechea escrituró el inmueble sin demostrar haber cumplido con la redacción del instrumento legal que documente haber asegurado la salida a la vía pública, tal como indica el plano de 1980 obrante a fs. 19.
Esa instrumentación debía ser previa a toda transmisión de dominio. Además uno de los vendedores del inmueble, María Lucrecia Atela, en su declaración de fs. 58 reconoció expresamente que el actor cuenta con otra salida por el campo de su cuñada. También la citada testigo manifestó que el padre del actual propietario del pretendido fundo sirviente Osvaldo Sarciat fue quien había autorizado (a ella y a su familia) el paso para salir del inmueble que luego vendieron a Ormaechea. Por ello quedan dudas si se trata de una verdadera servidumbre de tránsito o de un permiso de paso, revocado por los familiares de Osvaldo Sarciat. Todos estos hechos –acota el pronunciamiento- recién se esclarecerán con las pruebas que deben producirse por lo que, a fines de mantener la igualdad de las partes en el proceso, desestimó la anticipación de tutela requerida por el accionante, denegando el recurso de reposición deducido a fs. 63/64 por Carlos Adolfo Ormaechea contra la resolución de fs. 62.
Sin perjuicio de ello otorgó en relación el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra el referido pronunciamiento de fs. 62.
Radicado el expediente en la Alzada a fs. 74/75 se declaró abstracto el recurso de apelación concedido, entendiéndose que la reformulación oficiosa de la pretensión inicial importaba modificar los agravios vertidos contra la decisión inicial y que el cambio de circunstancias, que debía ser atendido, imponía la declaración de abstracción del recurso planteado. Ello así porque no mediaba concordancia entre los agravios vertidos a fs 63/64 contra la resolución de fs. 62, los que luego fueron parcialmente modificados al denegar el recurso de revocatoria, a fs. 65/66, oportunidad en la que el juez introdujo otros argumentos de hecho y derecho.
No obstante ello, el mencionado pronunciamiento agregó específicamente que “a todo evento se hace saber que en la instancia de origen deberá notificarse a la parte actora la resolución obrante a fs. 65/66, quien de considerar que ésta le causa agravio, podrá interponer los remedios que estime corresponder” (sic. fs. 75 cuarto párr. de estos actuados). La reiteración de la notificación procuraba asegurar el derecho de defensa de la actora.
A fs. 85 se notifica de la resolución mencionada de fs. 65/66 e interpone recurso de apelación, el que es concedido a fs. 86.
En el agravio de fs. 87/89 la accionante solicita se decrete la nulidad de la sentencia y se dicte nuevo pronunciamiento ya que se vulneró el principio de congruencia. Cita jurisprudencia sobre el tema y afirma que existió una clara y evidente violación a sus derechos constitucionales porque el Juez de Grado, en forma sorpresiva, modificó la calificación de la pretensión asignándole el carácter de tutela anticipada cuando lo que pidió fue una medida cautelar innovativa. Destaca y recalca que la recalificación efectuada por el Juez de Grado entre lo pedido en la demanda (en la que se peticiona una medida cautelar innovativa) y lo que resuelve (tutela anticipada), importa una evidente violación a lo dispuesto por los arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º y 262 C.P.C. Por ello solicita se declare la nulidad del pronunciamiento recurrido y se mande dictar un nuevo pronunciamiento. Resultando definitiva la cuestión, por lo que deberá ser resuelta con la formalidad del acuerdo (fs. 95), y encontrándose cumplidos los pasos procesales de rigor (fs. 96), el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- El recurso es procedente con el alcance que habré de precisar más adelante.
Antes que nada recuerdo que conforme lo prevé el art. 253 del C.P.C. el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, habiendo perdido autonomía la nulidad que queda absorbida en aquél (arts. 242 y 253 CPC; Camps, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Tomo .V, pág. 461; Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo V, págs. 144/145). Los defectos formales a los que alude la norma comprenden -como en el caso de autos- el supuesto en el que se compromete o involucra el principio de congruencia decisoria (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del C.P.C.C.), como lo recordó recientemente este tribunal al sostener que procede el recurso de nulidad por defectos formales, contenido en el recurso de apelación, cuando falta la integración de la litis (Escutti Pizarro Jorge en Highton, Elena – Areán, Beatriz, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 4, p. 914, cita 19) o se vulnera el principio de congruencia (Morello, Augusto M. – Sosa, Gualberto Lucas – Berizonce, Roberto, “Código Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación” Coordinadores Berizonce – Quadri, Tomo IV, p. 200; esta sala Causa Nº 62.383 28/12/ 2017 “Luro, María c/ Spaghi, María Carlota s/ Daños y Perj. Autom. s/ Acción Preventiva”).
A partir de lo anterior, soy de la opinión que procede en el sub lite el supuesto excepcional que conlleva a la nulidad del fallo del tribunal de origen. Si bien es criterio de esta Sala que “la nulidad no es procedente si la cuestión puede subsanarse en la Alzada” (supuesto que no es el de autos; Morello-Sosa-Berizonce “Códigos Procesales…”, Tomo III, pág. 253; esta Sala causa nro. 41.766, del 13/06/00 “Laboratto…”; causa nor. 41.833, del 27/12/00 “Visconti…”; Sala I causa nro. 48.782, del 22/06/05 “Bravo…”; causa nro. 47.430, del 6/07/04 “Sucesores…”), no lo es menos que “en determinadas circunstancias se ha admitido la procedencia de la nulidad … cuando los defectos impiden el ejercicio del adecuado derecho de defensa (doctrina de Cám. Nac. Civil, Sala A, 16/12/76, La Ley 1977-D, pág. 636). No quiero dejar pasar que la interpretación mencionada también está incidida por el alcance de lo resuelto por este Tribunal a fs. 74/75 que declaró la abstracción del recurso de apelación, por lo que se advierte que, en función de los valores eficacia y eficiencia del proceso, la solución propiciada es la única que, conforme lo actuado, permite que la actora ejerza su derecho revisor de la medida denegada (arts. 34 incs. 4º, 5º y concs.
C.P.C.).
2. La breve reseña fáctica de lo acontecido en autos puede sintetizarse así: la actora, junto con la pretensión principal consistente en la apertura de una servidumbre de tránsito a favor de un inmueble rural que carece de salida a la vía pública, solicitó como medida cautelar innovativa durante la sustanciación del proceso, con sustento en el procedimiento cautelar o asegurativo: la concesión u otorgamiento provisorio de una salida o comunicación del inmueble (art. 198 y concs. CPC). La sentencia interlocutoria desestimó la medida cautelar porque aún no se había escuchado a la contraria y podían concurrir cuestiones de hecho que debían ser probadas (fs. 62). La actora interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio alegando que se configuran los presupuestos procesales de admisibilidad de la pretensión provisional (fs. 63/64). La resolución que desestimó el recurso de revocatoria y concedió el de apelación calificó nuevamente el objeto cautelar y le asignó el carácter de tutela anticipada, que requiere -a diferencia del cautelar- una mayor verosimilitud, es decir fuerte probabilidad de que le asista razón al actor (ver sentencia interlocutoria fs. 65/66). Se advierte que al modificar en esa segunda oportunidad el encuadre legal originario, lo que trae aparejado un agravamiento en la ponderación de los presupuestos de admisibilidad de la medida, se vulneró el principio de congruencia, poniendo al actor en situación de indefensión. Por ello, y habiendo esta Sala declarado abstracta la primera resolución (fs. 62; conf. sentencia de este Tribunal de fs. 74/75), la que debe ser integrada y completada con la que la aclara (fs. 65/66), procede admitir el agravio y declarar la nulidad del fallo originario y, pese a la proscripción del reenvío, atendiendo las circunstancias excepcionales, corresponde -atento lo peticionado por la actora- disponer se dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 195, 202, 204, 232, 253, 384 y concs. C.P.C.).
3. A esta altura del análisis de la cuestión es necesario efectuar algunas precisiones.
No puede desconocerse la complejidad y dificultades que puede presentar el distingo entre las cautelas provisorias, cautelares, asegurativas o interinales y las cautelas o tutelas materiales o sustanciales, categoría ésta última en la que el juez de grado emplazó la pretensión en la segunda decisión de fs. 65/66, modificando su calificación anterior de medida cautelar (fs. 62). Por ello, y sin dejar de reconocer las facultades oficiosas del juez para aplicar el derecho, las que se potencian cuando se trata no sólo de medidas cautelares sino de encausar pretensiones preventivas que carecen de recepción normativa (como la tutela anticipada) (arts. 195, 198, 202, 204, 232 y concs. C.P.C.; arts. 1710 a 1713 CCCN), en el caso la recalificación o modificación de la figura o instituto, pedida por la parte como cautelar innovativa o genérica, tiene honda gravitación porque la segunda resolución de fs. 65/66 introdujo otro requisito, el de la fuerte verosimilitud o fuerte probabilidad de que “le asista razón al actor” (sic) como presupuesto de admisibilidad. Por ende, y ceñido al caso de autos, la diferencia significativa entre ambas cautelas o tutelas, la provisoria o cautelar (medida innovativa) y la sustancial (tutela anticipada o anticipo de jurisdicción), radica en los presupuestos que habilitan una y otra, siendo de interpretación más rigurosa la segunda. De ahí que procede atender el agravio de la actora.
Y en este sentido, y sin desconocer (e incluso compartir) la postura que pregona la flexibilización del principio de congruencia (De los Santos, Mabel Alicia La flexibilización de la congruencia Sup. Esp. Cuestiones Procesales Modernas 2005 (octubre), 11/10/2005, 80, Cita Online: AR/DOC/2800/2005) lo cierto y decisivo es que la doctrina legal de la Suprema Corte resulta, por regla, muy exigente en el cumplimiento del requisito de la congruencia decisoria. En efecto ”está vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio” (ver Morello A.
M., Sosa G. L. y Berizonce R. O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados", La Plata, Librería Editora Platense y Abeledo Perrot, 1986, tomo II-C; pág. 81 y vta.; conf. S.C.B.A., Ac. C. 120.023, 13/09/17, “R., F. A. y otros c/ Ortiz, Felipe y otros. Daños y Perjuicios”). Mientras la primera resolución (fs. 62), como lo vengo reiterando, emplazó la pretensión en lo cautelar, la segunda (fs. 65/66), lo hizo en la tutela anticipada o anticipo de jurisdicción reconocida pretorianamente por la Corte Nacional, a partir del caso “Camacho Acosta”. La “tutela anticipada en sentido estricto”, permite, en ciertos y excepcionales supuestos, adelantar - total o parcialmente- el resultado de la sentencia definitiva a favor del sujeto procesal impedido de aguardar el agotamiento de las etapas que conduzcan a su firmeza definitiva.
Procuran una protección especial de niños y otros sujetos vulnerables y el objeto de la medida es obtener en dinero o en especie la satisfacción principal del proceso” (C.S., 7/8/97, "Camacho Acosta, Máximo v. Grafi Graf S.R.L. y otro" L.L. 1997-E-652; J.A. 1997-IV- 620, D.J. 1997-3-59, ED 176-62 con nota de Augusto M. Morello, “La tutela anticipada en la Corte Suprema”; C.S., 6/12/2011, “P., H. P. y otro c. Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.” (también anticipo de condena para la asistencia de la menor víctima de un siniestro vial)” LL 2012-A, 352 y con notas de Peyrano, R.C.y S. 2012-II, 191 y Medina, Graciela, “Tutela anticipada y daño vital”, La Ley 2012-A-359; R.C.y S. 2012- III-170).
Su dictado requiere de una mayor verosimilitud en grado cercano a la certeza (esta Sala, causa nº 62.383, 28/12/17, “Luro, María c/ Spaghi, María Carlota s/ Daños y Perj. Autom. s/ Acción Preventiva”). La tutela anticipada es una herramienta procesal idónea para prevenir el daño, y junto con otras creaciones jurisprudenciales (medidas autosatisfactivas, mandato preventivo, tutela inhibitoria de expresión y tutela inhibitoria de expresión en Internet) fue receptada por la mayoría de los tribunales aunque algunos interpretan restrictivamente ciertos institutos (por ejemplo, la medida autosatisfactiva), e incluso en algunas provinciales están reguladas en los código procesales (expte. cit.).
Sobre el punto relativo al anticipo de jurisdicción la jurisprudencia de la Corte Suprema predica que “el anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de medidas cautelares de tutela anticipatoria, lleva ínsita una evaluación de la amenaza inminente de los daños definitivos y del peligro de permanencia en la situación actual a los fines de habilitar una resolución que, al conciliar los intereses de aquéllos, según el grado de verosimilitud, y el derecho constitucional de defensa del demandado, logre la medida necesaria y oportuna de la jurisdicción que el caso requiere, aseveración que no importa una decisión final sobre el reclamo de los demandantes formulado en el proceso principal.
Una moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor ‘eficacia’ de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco de actuación las medidas de tutela anticipatoria se presentan como una de las vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía” (cf. C.S., 06/12/2011, “P., H. P. y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.” (también anticipo de condena para la asistencia de la menor víctima de un siniestro vial), LL 2012-A, 352 y con notas de Peyrano, Jorge W., R.C.y S. 2012-II, 191 y Medina, Graciela, “Tutela anticipada y daño vital”, La Ley 2012-A-359; R.C.y S. 2012-III-170 con nota de Toribio Sosa; Fallos 334:1691; La Ley 15/02/2012, 5, con nota de Carlos Alberto Carbone).
Los presupuestos de admisibilidad de la cautelar son los previstos en la legislación procesal: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela, aseguran el derecho invocado como sustento de la pretensión final, habitualmente dependen y acceden a otro proceso (arts. 195, 196, 199, 203, 204, 230, 232 y concs. CPCN), son mutables (pueden ser modificadas, ampliadas, sustituidas), y tienen carácter de urgente por lo que su trámite y dictado está sujeto a plazos más breves. Procuran, en esencia, la tutela del crédito”. La tutela anticipada o anticipo de jurisdicción (al igual que otros institutos como las medidas autosatisfactivas o el mandato preventivo) requieren, por el contrario, la prueba de la amenaza de daño y de lo que bien se califica en el pronunciamiento una fuerte verosimilitud (arts. 1710/1713 CCCN; arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272, 195, 196, 199, 203, 204, 230, 232 y concs.
CPCN).
4. Sobre la base de lo brevemente expuesto, corresponde dejar sin efecto la resolución de fs. 62 y su aclaratoria de fs. 65/66, porque al recalificar como tutela anticipada la medida antes resuelta como cautelar, conforme la petición de la actora, altera y modifica la estructura inescindible del acto judicial, apartándose del principio de congruencia decisoria al modificar lo resuelto anteriormente, agravando la situación de la parte (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272, 195, 196, 199, 203, 204, 230, 232 y concs.
CPCN).
Agrego, adicionalmente, que la excepcionalidad de la situación jurídica configurada impide ejercer la reconocida y auspiciada facultad oficiosa del juez para reconducir las pretensiones, por aplicación del principio “iuria novit curia” (arts. 34 inc. 5 e, 36, 163 inc. c, 169 y concs. C.P.C.; art. 15 Const. Pcia. Bs. As.), máxime si se trata de la espinosa materia de las tutelas preventivas cautelares. Cito, a “contrario sensu” las reflexiones vertidas por el juez de Lázzari en un precedente casatorio. “En autos, el órgano jurisdiccional estuvo legítimamente investido de la facultad de reencauzar de oficio una petición defectuosa, a través del carril procesal que estimó más adecuado para tramitarla.
La reconducción procesal es la operación por medio de la cual el juez reconduce de oficio una petición de parte insertándola en la vía procesal que resulta legalmente adecuada para sustanciarla. El fundamento de todo ello se vincula con el principio del iura novit curia (art. 163 inc. 6, C.P.C.C.), pues el juez debe tramitar y dirimir los conflictos según el derecho aplicable, supliendo las fallas de las partes, a cuyo fin debe calificar tanto la relación jurídica material como la relación jurídica procesal, al margen del nomen iuris utilizado a su respecto, encauzando el trámite procesal que cabe a cada caso concreto. A ello se agrega el poder de dirección que incumbe al órgano judicial (arts. 34 y 36 C.P.C.C.), y la facultad que le asiste para determinar el tipo de proceso a aplicar en cada caso (arg. arts. 319, 321, 322, ídem).
Se suma la vigencia del principio de economía procesal (art. 34 inc. 5, e) y fundamentalmente la tutela judicial efectiva (art. 15 de la Constitución provincial) así como la instrumentalidad de las formas (art. 169 C.P.C.C.). Naturalmente, esta facultad no es ilimitada pues no podría el juez variar la causa o el objeto de la petición” (cf. S.C.B.A., causa C 119234, 06/04/2016, “L., M. G. c/ N., W. S. s/ Medida precautoria”, voto Dr. De Lázzari). Acoto, de paso, que la cuestión allí controvertida involucraba la reconfiguración de medidas preventivas del daño y que aquí la inadmisibilidad de la reconducción se debe a la modificación sobreviniente que agravó la situación procesal del actor. Por todo lo expuesto entiendo que concurre un supuesto excepcional que habilita el reenvío a primera instancia para el dictado de nuevo pronunciamiento, tal como lo pide la actora.
Es que no obstante el disvalor con el que cabe apreciar el reenvío del expediente para que el tribunal de grado vuelva a dictar otro pronunciamiento, sin asumir la Cámara competencia positiva, pueden presentarse circunstancias excepcionales -y ésta lo es- en las que resulta necesario y conveniente esa remisión. En un antecedente del Tribunal, que traigo a colación sólo por analogía, se resolvió que “cuando la sentencia es confusa o contradictoria cualquiera de las dos partes puede interpretar el decisorio de un modo distinto al que lo puede hacer el Tribunal de Alzada. La solución en un supuesto como el de autos es el reenvío, que si bien es un arbitrio de excepción, cuando la autocontradicción del pronunciamiento no es pasible de ser remediada en otra instancia, sin afectar el derecho de defensa, se hace necesario acudir al mismo” (cf. esta Sala, causa nº 47.066, 11/03/2004, “Cooperativa de Viviendas Arco Iris Ltda. …”).
En otro supuesto similar también aplicable por analogía y que pone de relieve lo excepcional de la admisibilidad del recurso, este Tribunal, resolvió que “cuando la sentencia es contradictoria cualquiera de las dos partes puede considerar –actuando razonablemente y con absoluta buena fe- que el decisorio le ha resultado favorable. Si la Alzada, al conocer del recurso interpuesto por la contraria, interpreta la sentencia de manera inversa y arrogándose facultades que no le son propias la ‘aclara’ en tal sentido, quien se creía vencedor pasa a ser perdidoso, y ya no le queda más recurso que el de los extraordinarios ante los tribunales superiores. Tampoco podría la Alzada, en este caso, representarse cuál hubiera sido la actitud de quien se creía victorioso y representarse los agravios que vertiría frente a una sentencia que le resultó adversa, ya que este proceder vulneraría claramente el principio dispositivo, el cual, como ya se dijo, no se menoscaba en la solución que para los ‘puntos omitidos’ prevé el art. 273 del Código Procesal.
La solución en un supuesto como el de autos es el reenvío, que si bien es un arbitrio de excepción, cuando la autocontradicción del pronunciamiento no es pasible de ser remediada en otra instancia, sin afectar el derecho de defensa, se hace necesario acudir al mismo” (cf. esta Sala, causa nº 47.070, 11/03/2004, “Banco Finansur S.A. …”).
Ahora bien, y “obiter dicta”, yendo a la cuestión que deberá ser resuelta en el nuevo pronunciamiento, en autos, y a fines de expedirse sobre la medida cautelar solicitada, corresponde -una vez que se haya acreditado la legitimación activa de la actora, quién invocó ser poseedora del inmuebleconsiderar las singularidades fácticas de la causa: se trata de un inmueble rural encerrado, que carece de salida a la vía pública; que según parece medió una inicial autorización del padre de los demandados para que los anteriores propietarios del bien usen su campo como salida al camino rural; que se habrían incumplido normas administrativas que imponían la obligación de resolver el tema de la servidumbre de tránsito antes de la transmisión de dominio; que no habría otras salidas o al menos otra vía sencilla y no gravosa de comunicación, etc. (interpelaciones mediante cartas documentos de fs. 14/18; plano fs. 19 y croquis fs. 29; certificado de dominio fs. 20/25; declaraciones testimoniales fs. 58/59 de María Lucrecia Atela y fs. 60/60 vta. de Jorge M. Di Martino).
Todo ello torna aconsejable, en aras a la efectividad del proceso, que la cuestión cautelar sea decidida una vez que se haya escuchado a la demandada, sea en audiencia convocada al efecto o al contestar la demanda, porque no obstante la provisoriedad y mutabilidad de las medidas cautelares, lo cierto es que -repito, por las singularidades del caso- es conveniente que antes de resolver la tutela interinal, aún “prima facie”, en los términos de los arts. 195, 202, 204, 232 y cons. CPC, se complete el cuadro fáctico confiriendo audiencia a la demandada. Resultan aplicables, también analógicamente, los principios procesales ponderados en un caso y cuya doctrina es trasladable a esta litis; se deben tener en cuenta “los principios procesales de conservación, celeridad y economía procesal, y evitar un dispendio inútil de actividad jurisdiccional” adoptando una medida procesal de excepción” (cf. esta Sala, causa n° 61.357, 24/8/2017, “Irigoin de Arrouy, María Rosa c/ Arrouy, Ana María s/ Revocación de donación”, voto Dr. Peralta Reyes).
Destaco la conveniencia, en el caso, de conferir audiencia a la contraria con carácter previo al dictado de la medida cautelar solicitada (arts. 195, 202, 204, 232 y concs. C.P.C.). Por ende, entiendo aplicable analógicamente la jurisprudencia casatoria elaborada para las cautelas sustanciales, aunque no sea ese el supuesto de autos, ya que -como quedó dicho- la cuestión está emplazada en el ámbito de lo cautelar, provisorio, interinal o provisional. En efecto y sin dejar de señalar que muchas veces la bilateralización puede asegurarse cuando por vía recursiva se impugna la decisión decretada inaudita parte, supuesto fáctico y jurídico que asegura el derecho de defensa (doctrina SCBA, Ac 92711, del 26/9/2007, “F., R. O. s/ amparo”, voto de la mayoría del Dr. Roncoroni; voto Dr. de Lázzari en la causa citada 119.234 del 6/4/2016, “L., M. G. c/ N. W. S. s/ medida precautoria”), máxime si el mismo se ejercita con la debida amplitud (doctrina SCBA, Ac 104.588, del 19/5/2010, “R., V. y T. L. s/ Medida autosatisfactiva c/ Poder Ejecutivo. Reclamo de actos particulares”, voto de la mayoría del Dr. Negri), en el sub-lite corresponde priorizar la conveniencia de la previa bilateralización de la pretensión, aunque ésta sea cautelar y provisoria (doctrina SCBA, Ac 92711, del 26/9/2007, “F., R. O. s/ amparo”, voto de la mayoría del Dr. Roncoroni), con sustento en los principios de instrumentalidad de las formas procesales (art. 169 CPC), celeridad, concentración, economía y eficacia procesal (art. 34 inc. 5, e del C.P.C.C.) y en la garantía constitucional local que asegura la tutela judicial efectiva y continúa (art. 15 Const. Pcia. Bs. As.; voto del juez de Lázzari en causa citada 119.234, del 6/4/2016, “L., M. G. c/ N. W. S. s/ medida precautoria”). Todo ello potencia las facultades oficiosas del juez en materia cautelar, respecto la asignación de la medida provisional que corresponda para el caso (arts. 195, 204 y concs. CPC), atendiendo a su mutabilidad (arts. 202 CPC) y a las circunstancias que rodean el dictado de la medida procesal de urgencia (art. 232 CPC).
Por todo lo expuesto propongo al acuerdo dejar sin efecto la sentencia interlocutoria de fs. 62/62 vta. y su aclaratoria de fs. 65/66 y mandar resolver, previa acreditación de la legitimación activa de la parte actora, y con audiencia de la contraria, la medida cautelar peticionada en el escrito de demanda. Sin costas, atento la forma de resolverse la cuestión (art. 68 “in fine” C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) DEJAR SIN EFECTO la sentencia interlocutoria de fs. 62/62 vta. y su aclaratoria de fs. 65/66 y mandar resolver, previa acreditación de la legitimación activa de la parte actora, y con audiencia de la contraria, la medida cautelar peticionada en el escrito de demanda. 2) SIN costas, atento la forma de resolverse la cuestión (art. 68 “in fine” C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por igualdad de fundamentos votaron en sentido idéntico. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, 17 de Abril de 2018.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) DEJAR SIN EFECTO la sentencia interlocutoria de fs. 62/62 vta. y su aclaratoria de fs. 65/66 y mandar resolver, previa acreditación de la legitimación activa de la parte actora, y con audiencia de la contraria, la medida cautelar peticionada en el escrito de demanda. 2) SIN costas, atento la forma de resolverse la cuestión (art. 68 “in fine” C.P.C.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
JORGE MARIO GALDÓS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARÍA INÉS LONGOBARDI VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia