Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 11.
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: Se confirma la sentencia de fs. 287/289vta; con costas a la recurrente vencida (art. 68 CPC), difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967). Asimismo y no surgiendo de autos, tal lo puso de manifiesto la Asesora de Incapaces la efectiva intervención del área municipal pertinente, -punto III dictamen de fs. 310.- deberá la instancia de origen disponer lo pertinente a estos fines. (ley 13298).
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 21 de Junio de 2018, confirmó la sentencia de grado que ordenaba desalojar valorando que no se invocó ni probó el derecho de la demandada para seguir ocupando el inmueble objeto de litis.
Expte. 11211, Reg. 82 (S) del 21/06/2018.
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los días del mes de junio de dos mil dieciocho, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “ORONA, Oscar Eleuterio c/TABORDA, Sandra Beatriz s/Desalojo” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Oscar Alfredo Capalbo, Fabián Marcelo Loiza y Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª. Es justa la sentencia de fs. 287/289vta.?.
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de autos, a fs. 287/289vta. el Sr. Juez de grado dicta sentencia en la que resuelve: 1. Hacer lugar a la demanda de desalojo entablada por Oscar Eleuterio Orona contra Sandra Beatriz Taborda y/o cualquier ocupante; 2. Condenar a los demandados a desalojar el inmueble sito en calle 83 N° 3846 de Necochea, en el término de diez días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de librar mandamiento de desahucio con el auxilio de la fuerza pública; 3. Imponer las costas a la demandada vencida; 4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obren pautas a tal fin; 5. Dar vista al Asesor de Menores.
Contra dicho pronunciamiento a f. 296 interpone recurso de apelación la demandada, obrando sus agravios a fs. 301/303.
II) 1. En su primer agravio sostiene el recurrente: “Considera el Sr. Juez de grado al analizar la viabilidad de la defensa articulada en torno al carácter de poseedor del inmueble por parte del demandado, que si bien se enuncian en la contestación de demanda dichos actos posesorios, los mismos no quedaron acreditados.
Aduce que “de las constancias de autos surge evidente que la defensa esgrimida a los fines de acreditar que no había existencia de obligación en restituir el inmueble al Sr. Orona Oscar Eleuterio, actor de autos.”
Y expresa: “surge de las constancias de autos que quien autorizó el ingreso de la demandada en el inmueble, fue la Sra. Pamela Martínez. Ello se encuentra acreditado con constancias de la causa penal y aún más de las declaraciones existentes en las presentes actuaciones.”
Destaca “la constancia de fs. 58 en la cual se expone que el inmueble cuyo desalojo se persigue, quedó oportunamente al cuidado de Pamela Martínez. A su vez, de la declaración testimonial obrante a fs. 255 de las presentes actuaciones surge que la misma persona es quien manifiesta que permitió el ingreso de la hoy demandada al inmueble en cuestión.”
Esto implica, aduce el recurrente, que “respecto del actor de autos, no existía obligación de restituir por parte de la demandada de autos.”
“Por otro lado, tanto de la documental acompañada como de las constancias de autos, surge acreditado que la posesión del inmueble recaía, y aún recae, sobre la demandada de autos.”
Expresa que “la posesión del inmueble no era ejercida por el actor de autos, sino por una tercera persona que dio el inmueble a la hoy demandada.”
Sostiene que “desde su ingreso, ésta ejerció la posesión del mismo y prueba de ello es la cantidad de reformas que efectuó en el inmueble. Las constancias de pago de servicios, y aún más hasta la colocación del servicio de televisión por cable a su nombre.” “Omite el sr. Juez de grado en este sentido, y yerra al hacerlo, respetar el piso de discusión en los procesos de desalojo. Este se circunscribe a la obligación o no de restituir que existe respecto del actor.”
Alega luego que “las constancias de autos acreditan en exceso la inexistencia de obligación de restituir el inmueble por parte de la demandada respecto del actor de autos.” Expresa asimismo que “yerra el Sr. Juez al sostener que procede desestimar la defensa articulada y no quedando justificado el derecho de la accionada a mantenerse en la cosa, surge inexorable su deber de restituirla.”
“Con la documentación acompañada en contestación de demanda, como así también con las declaraciones testimoniales ya agregadas en autos (causa penal y este mismo expediente), se encuentra justificado el derecho de la accionada a mantenerse en la cosa. La posesión es continua, pública y de manera pacífica por el lapso superior a diez años al momento de haberse presentado la acción.”
Resulta claro, alega luego, “que la demandada de autos se encontraba –y se encuentra aún- en la posesión del inmueble, sin que exista obligación de restituir respecto del accionante. La cantidad de reformas introducidas en el inmueble destacan su comportamiento y ánimo de dueño del inmueble. También lo sindica así el hecho de abonar los servicios conforme la documental acompañada.”
“Resulta errado el Sr. Juez al sostener que no se encuentran acreditados los extremos indicados en contestación de demanda, ya que el mismo además concurrió al inmueble objeto de la presente acción, constatando el estado de ocupación del mismo, no volcando en la sentencia dictada consideración alguna a ello, pese a haberlo reservado para esa oportunidad en el acta obrante a fs. 270 de las presentes actuaciones. Omite darle tratamiento a esta cuestión y yerra nuevamente el sr. Juez de grado al hacerlo. Solicita por lo expuesto se revoque la sentencia recurrida y se rechace la acción intentada.
2. En su segundo agravio critica la imposición de costas, “ello por cuanto conforme las probanzas de autos y el escrito de contestación de demanda, la demandada se creyó con derecho a litigar con sustento en su condición de poseedora animus domini y en la certeza de que la acción de desalojo no procedería en su contra por la inexistencia de deber de restituir el inmueble respecto del actor de autos.
3. Por último expresa el recurrente que “de considerar VV.EE prima facie la conveniencia de audiencia entre partes a efectos de intentar lograr un acercamiento superador, adelanto mi consentimiento desde ahora para dicha audiencia. Asimismo, atento la permanencia de menores en el inmueble cuyo desalojo se persigue, acreditado ello con las constancias de autos, solicito se arbitren los medios necesarios para poner en aviso nuevamente de las circunstancias actuales de las presentes actuaciones a las autoridades y dependencias que corresponden conforme la nueva normativa vigente y aplicable. Se libre a esos fines oficio de estilo a la Municipalidad de Necochea (secretaría de Desarrollo Social) y Asesor de Menores.
III) 1. El recurso no puede prosperar.
Como cuestión medular, debe señalarse, en consonancia con la doctrina legal sentada por nuestro Superior Tribunal, que procede el desalojo si queda acreditado que la actora es acreedora de una obligación de restituir o entregar exigible. (SCBA, Ac 34864 S 24-9- 1985; JUBA B-6029; SCBA, Ac 48708 S 2-6-1992; B22089; SCBA, AC 76761 S 27-12-2000) (este trib., expte. 9342, reg. int. 21 (S) 11-03-2014)._ 1.2. Conforme se acredita con la escritura obrante a fs. 153/156, el actor resulta ser propietario del inmueble sito en calle 83 Nro. 3846 de esta ciudad. También se acredita que por las razones que se exponen en el escrito de demanda (v. pto. III HECHOS), se entregó la tenencia de su propiedad, para su cuidado, a la Sra. Pamela Martínez. En tal sentido, al prestar declaración testimonial en la IPP 11-00-003728-13, la Sra. Martínez expresa: Que la dicente manifiesta que en el mes de enero del año 2005 llega a un acuerdo con los hijos de su vecino el Sr. Orona, quien por razones de salud debía ausentarse y se queda al cuidado de la vivienda del mencionado, la cual se encuentra al lado de la de sus padres. Que hace aproximadamente tres años atrás una persona a quien conoce como Sandra Taborda quien era pariente de una señora para la cual la dicente trabajaba en limpieza. Que debido a ese conocimiento y mediante engaños Sandra Taborda le pide asilo a quien declara por unos días pues estaba en la calle con sus hijos. Que la dicente acepta y se retira a vivir unos días a la casa de sus padres, los que tampoco estaban en la ciudad, que luego al querer volver a la vivienda de Orona que cuidaba esto le es impedido por Taborda, quien decide quedarse adentro pese a los múltiples intentos de la dicente por recuperar la propiedad…. (v. fs. 64/vta.).
Por su parte, a fs. 73/vta. obra copia de la declaración testimonial del Sr. Manuel Custodio Martínez rendida en aquellas actuaciones en la cual depone: Que el dicente manifiesta que su hija Pamela recuerda que fue en el año 2005, queda al cuidado de la vivienda propiedad del Sr. Orona, por pedido expreso de los familiares de nombrado ya que el mismo por problemas de salud se trasladaba a La Plata. Que su hija quedó viviendo en la casa, que no recuerda fecha exacta, más o menos en el año 2008 junto con su esposa viajaron a Chile, lugar donde el dicente debió permanecer por el plazo de dos años aproximadamente. Que luego al regresar toma conocimiento que en la casa que su hija cuidaba del Sr. Orona estaba viviendo otra persona. Que su hija le cuenta que ella se había ido a vivir a la casa del dicente para cuidársela mientras estaban de viaje y en ese ínterin una señora mediante engaños le pide ayuda pues estaba en la calle con sus hijos para que la dejara dormir una noche con sus hijos en la casa de su vecino, lo que así hizo Pamela para luego cuando la misma quiso ingresar al domicilio impedírselo y de este modo quedarse con la casa.
Ya en autos, al contestar la primera ampliatoria –Cómo sabe y le consta que la Sra. Taborda usurpa el inmueble sito en calle 83 N° 3846-, la testigo Pamela Martínez expresa: porque yo fui la que le presté esta casa por unos días después no la pude sacar más. Y al responder la segunda ampliatoria –Cuál era su condición para poder prestar la casa- afirma: porque cuando se fue el Sr. Orona para hacerse unos estudios, me la dejaron encargada a mí, y se la presté por unos días a Sandra porque decía que se iba a ir a vivir con el hijo, y después no salió más. (v. fs. 255/vta.).
Con dichos testimonios queda acreditado entonces que la Sra. Pamela Rodríguez, a la sazón cuidadora del inmueble, dio acceso al mismo a la demandada; reconociendo así la posesión del actor, y haber recibido la tenencia del inmueble para su cuidado.
1.3. Y si bien, a tenor de lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse que la demandada no ingresó al bien como intrusa, sí lo hizo como mero ocupante con deber de restituir.
Es que amén de que nadie puede transmitir un mejor derecho que el que posee (art. 3270 Código Civil entonces vigente), la demandada no ofrece otra versión, sino que se atrinchera en dicha circunstancia para desconocer el derecho del actor a que se le restituya el bien.
Al respecto tiene dicho este tribunal: De conformidad con lo establecido por el art. 354 inc. 2 del CPC, resulta una carga para el demandado ‘especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa’ (arg. arts. 484, 676 CPC).
Esta disposición procesal coloca en el demandado la carga de exponer claramente su propia versión de los hechos que integra la resistencia al progreso de la pretensión de desalojo y concurre a constituir y delimitar el objeto del proceso y la relación procesal, suministrando el material decisorio a que hace referencia el art. 163 inc. 6 del CPC (conf. Kenny, Héctor, E., Proceso de desalojo, 2ª. ed. Actualizada y ampliada, pág. 182, ed. Astrea 2006).
No puede un ocupante demandado por desalojo negarse simplemente a reconocer su obligación de restituir; debe probar qué derecho tiene a permanecer en la ocupación, de lo contrario, debe desalojar. En consecuencia, pesa sobre el demandado acreditar, conforme las reglas del "onus probandi", qué derecho le asiste para seguir ocupando. (CC0102 MP, 128787, RSD-308-4, S, 26-5-2004, Juez ZAMPINI (SD); CARATULA: Calabrese, María Carmen c/ Ortiz, Miguel Angel y ots. s/ Desalojo). (este trib., expte. 428, reg. int. 114 (S) 1-12-2009). Y ello no fue cumplido.
1.4. Además, tampoco acreditó que con posterioridad a su ingreso hubiera intervertido el título (art. 2353 Código Civil entonces vigente), y lo que denuncia como actos posesorios (pago de luz, servicio de televisión por cable y teléfono; v. contestación de demanda, pto. III. Contesta demanda. Improcedencia de la acción), no son tales (arts. 2351 Cód. Civ.; Kiper, Código Civil comentado, Derechos Reales T. 1, Rubinzal Culzoni editores, comentario a los artículos 2353, pto. 2 y 2384, pto. 4).
En lo que concierne a “la cantidad de reformas introducidas en el inmueble” a que hace referencia la demandada al expresar agravios, lo cierto es que ello no fue introducido en la demanda, y además omite precisar cuáles fueron las reformas que introdujo para poder merituarlas.
2. Por último, y con relación al agravio dirigido a cuestionar la imposición de costas, ha de señalarse que, como es sabido, el ordenamiento procesal consagra el principio objetivo de la derrota, facultando al órgano jurisdiccional a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello (art. 68 CPC). Como se ha sostenido, “La condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento a tal principio sólo debe acordarse cuando median razones muy fundadas, pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo” (Cám. Nac. Civil, Sala A 19-10-78, la Ley 1979, v. C, p. 30 y demás jurisp. citada por Morello-Sosa- Berizonce, Códs. Procs. en lo Civil y Comercial de la Provincia y de la Nación, T. II-B, pág. 116). En el caso, la vencida aduce que “se creyó con derecho a litigar con sustento en su condición de poseedora animus domini y en la certeza de que la acción de desalojo no procedería en su contra por la inexistencia de deber de restituir el inmueble respecto del actor de autos.”
Sin embargo, no se advierten en el caso elementos objetivos de apreciación que justifiquen la procedencia de la exención, por lo que no existiendo motivos para apartarse de lo decidido en la instancia, ha de confirmarse la imposición de costas a la demandada, quien indudablemente reviste la condición de vencida (art. 68 CPC).
Por las consideraciones expuestas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza Doctora Issin votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de fs. 287/289vta; con costas a la recurrente vencida (art. 68 CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora jueza Doctora Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, de junio de 2018.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: Se confirma la sentencia de fs. 287/289vta; con costas a la recurrente vencida (art. 68 CPC), difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967). Asimismo y no surgiendo de autos, tal lo puso de manifiesto la Asesora de Incapaces la efectiva intervención del área municipal pertinente, -punto III dictamen de fs. 310.- deberá la instancia de origen disponer lo pertinente a estos fines. (ley 13298). Notifíquese a la Asesora de Incapaces. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.
Dr. Oscar A. Capalbo Dra. Ana Clara Issin Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia