Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-1.960/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, 1º) Declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad,interpuesto por OROPLATA S.A., a fs. 162/174vta. y, en consecuencia, revocar la resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado obrante a fs. 179 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-1.960/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.104.-
Actor: ORO PLATA S.A Demandado:
Objeto: S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 10-4-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J.- REGISTRO Nº 3.104 FOLIO Nº 5.066/5.069 PROT. ELECT. TSS1014I.151 Río Gallegos, 10 de abril de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “OROPLATA S.A. s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº O-13.960/12 (O-1.960/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes a consideración de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Oroplata S.A a fs. 162/174 vta., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado obrante a fs. 157/159, por cuanto declara bien denegado, por la autoridad administrativa, el recurso de apelación interpuesto a fs. 132/147 en virtud de lo establecido por el artículo 66 de la Ley 2450.- El recurso deducido cuestiona el análisis realizado -en la sentencia en crisis- del planteo de inconstitucionalidad del artículo 66 de la ley 2450. En este sentido expresa que el argumento de que el depósito previo no constituiría un pago anticipado sino una carga procesal establecida por las normas locales y dice: “…es un fundamento descriptivo de la naturaleza del artículo 66 cuestionado, pero no resulta útil para defender su constitucionalidad, pues como carga procesal o como pago anticipado - cuestión no discutida- no podría en ningún caso contradecir las garantías constitucionales invocadas por OPSA en sus recursos…” (cfr. fs. 163 vta.).
Afirma que al tratarse de un conflicto entre OROPLATA y la Secretaría de Trabajo y al no ser parte los trabajadores, no resultaría pertinente la invocación de una presunción en favor de éstos, por no tratarse de un conflicto individual o plurindividual, sosteniendo que “…la multa impuesta no va a las arcas del trabajador ni lo beneficiará, lo cual aleja aún más la procedencia de la presunción invocada como argumento…” (conf. fs. 164). Entiende que la sentencia recurrida no trató el fundamento esgrimido respecto de la situación de excepción que argumentó la recurrente en relación a que el pago previo se traduciría en un menoscabo de las garantías constitucionales o sería desproporcionado. “…La carencia de motivos que den fundamento al rechazo del planteo judicial convierte a la Resolución en arbitraria y, por lo tanto, susceptible de ser revisada por el Alto Tribunal a través de los recursos de Casación e Inconstitucionalidad…” (cfr. fs. 164vta.).
Cita jurisprudencia de este Tribunal. Respecto del fondo de la cuestión, indica que “…Tanto en el recurso de apelación originalmente interpuesto como en el recurso de queja presentado, fue cuestionada la validez y constitucionalidad del artículo 66 de la Ley 2450 por ser contraria al Pacto de San José de Costa Rica… y al derecho de defensa en juicio…” (cfr. fs. 165 vta.). En este sentido afirma que el Pacto de San José de Costa Rica en sus artículos 8 y 25, impone como deber del estado el de garantizar el acceso a un recurso rápido, sencillo y efectivo para lograr la protección judicial de sus derechos, “…entendiéndose que el derecho a ser oído no puede estar sujeto a condicionamientos económicos que limiten el ejercicio pleno del derecho de defensa en juicio…” (cfr. fs. 166).
Entiende que la exigencia del depósito previo de una multa millonaria, resulta contraria a las cláusulas constitucionales invocadas, citando jurisprudencia en ese sentido (cfr. fs. 166 vta.), agregando que privar a OROPLATA “…de la revisión y control judicial de estas sanciones implica una evidente denegación de justicia, especialmente en el presente caso donde no se ha invocado en la Resolución ni tan sólo un fundamento que explique la falta de razón o la improcedencia del agravio de OPSA…” (cfr. fs. 170). Por último, OROPLATA entiende que se encontraba alcanzada por una situación de excepción, que permitía exonerarla del requisito de previo pago de la multa, al manifestar que se le han impuesto multas por un valor de más de 33 millones de pesos (conf. fs. 170vta/171.), lo que justificaría apartarse excepcionalmente de la aplicación del requisito de depósito previo, citando jurisprudencia en este sentido.-
II. Que, conforme ha quedado planteado el recurso en tratamiento, el mismo pretende encauzarse por el carril impugnativo establecido en el artículo 19 -recurso de inconstitucionalidad-, de la ley 1687. Así, OROPLATA S.A., que titula su presentación como “INTERPONE RECURSO DE INCONSTITUCIO- NALIDAD”, expresamente sostiene: “…vengo a interponer el recurso de inconstitu- cionalidad previsto por el artículo 19 y concordantes de la Ley 1687, contra la resolu- ción dictada por V.S. con fecha 18 de diciembre de 2013…” (cfr. fs. 162), por otra parte, afirma: “…siendo que el Alto Tribunal ha sostenido que la doctrina de la arbitrariedad puede ser motivo del recurso de casación, solicito que en caso de así considerarlo pertinente, se de tratamiento al presente como recurso de casación…” (cfr. fs. 165 vta.).- La recurrente pretende interponer un recurso de inconstitucio- nalidad y, a su vez, “… Para el hipotético caso de que V.E. considere que la vía pertinente es la del recurso de casación por arbitrariedad y no la aquí intentada, solicito se tramite el presente como tal…” (cfr. fs. 162), mediante el tratamiento de los mismos fundamentos y agravios deducidos en el recurso de inconstitucionalidad. Limitándose a solicitar que este Tribunal trate dichos agravios como un recurso de casación.- Cabe señalar que habiéndose planteado el recurso de casación en forma “subsidiaria” con el de inconstitucionalidad, ello en virtud de lo que surge de las propias afirmaciones de la recurrente citadas anteriormente, sin desarrollarse argumentos sustanciales distintivos y autónomos, surge como adecuado resguardo jurisdiccional de los planteos de la recurrente, la evaluación a través del recurso de inconstitucionalidad, atento la inexistente fundamentación autónoma de aquel remedio procesal intentado. Pues, al haberse interpuesto el recurso de casación en forma conjunta con el de inconstitucionalidad, sin una definición y fundamentación propia, impide su tratamiento independiente. Tal proceder no se ajusta a los recaudos de fundamentación exigibles a quien pretende transitar con éxito la vía recursiva extraordinaria provincial. “…Es que -corresponde decirlo- cada recurso tiene su especificidad técnica, requiriendo un planteo y una fundamentación autónomos y adecuados, y ante cuya ausencia la impugnación debe ser rechazada de plano…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV, Sentencia, Reg. 495, Folio 2711/2719).-
III. A poco que se avance en el análisis del recurso que nos ocupa, se advierte que sólo puede ser traído a través del carril del artículo 19 un agravio concerniente a la aplicación de una norma provincial que se reputa inconstitu-cional o cuando se ponga en cuestión la interpretación de una cláusula de la constitución local (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVI, Sentencia, Reg. 551, Folio 3115/3118). En los presentes, la recurrente solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 66 de la Ley 2450 por ser contrario “…al Pacto de San José de Costa Rica… y al derecho de defensa en juicio… ambos expresamente reconocidos por los artículos 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz…” (cfr. fs. 165 vta.).- Primeramente debemos señalar que corresponde la denegación del recurso de inconstitucionalidad intentado si del examen de admisibilidad se advierte que, aunque OROPLATA S.A invoque la configuración de la lesión de derechos constitucionales, de la lectura del recurso, se deriva que los argumentos expuestos no resultan suficientes, pues se trata de la insistencia en imponer la interpretación de la recurrente por sobre otra también idónea, dada por el sentenciante en torno a las cuestiones litigiosas y a la solución que entendió correspondía darle al caso.- La recurrente tiene el deber procesal de argumentar razones valederas demostrativas de la invocada lesión de derechos y garantías constitucionales que pretende imputar a la resolución de la Jueza de Primera Instancia.-
El no cumplimiento con estas cargas se refleja en una simple disconformidad con la decisión adoptada por la Jueza de grado.-
Si se carece de fundamentación para desvirtuar los argumentos principales que cimentaron el decisorio en crisis, el acceso pretendido a la instancia extraordinaria resulta impracticable.-
Al respecto, resulta necesario señalar que la recurrente por un lado expresa que la normativa resulta inconstitucional impidiéndole el acceso a la instancia judicial, pero por otro lado argumenta que se encontraría alcanzada por supuestos de excepción que permitirían apartarse del principio general. Así, la recurrente solicita que se “…declare que la Resolución ha atribuido al artículo 66 de la Ley 2450 una inteligencia y alcance contrarios a la Constitución Provincial…” (cfr. fs. 162); sin embargo seguidamente afirma que “…la doctrina y jurisprudencia vigente permitían, sin ingresar en el debate sobre la constitucionalidad del depósito previo, habilitar el recurso de apelación contra una multa administrativa exonerando al apelante del requisito de previo pago de la misma, cuando se encontraba en riesgo la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio del apelante sancionado, bajo ciertos supuestos especiales…” (cfr. fs. 170 vta.).
Por lo que el recurso cae en una argumentación incongruente, en cuanto por un lado sostiene la inconstitucionalidad de una norma, y al mismo tiempo pretende le sea aplicable situaciones de excepción, argumentación, esta última, que parte de la constitucionalidad de la norma.- Respecto a la cuestión del depósito previo como requisito para acceder a la instancia judicial, la decisión de la Jueza de Primera Instancia se encuadra en una línea jurisprudencial que sostiene que esa exigencia no resulta violatoria de la Constitución, sin que tales argumentaciones constituyan una mera afirmación dogmática, sino el acogimiento a una postura jurisprudencial y doctrinaria, deviniendo dicho agravio ajeno a esta instancia extraordinaria.
Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Jueza que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.- En cuanto a la interpretación del principio “solve et repete” y la eventual procedencia de la excepción al mismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado: “…Que si bien se ha admitido reiteradamente que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio…también lo es que –con no menor reiteración- esta Corte ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con la protección constitucional (Fallos: 285:302)…” (cfr.
Fallos 322:337); “…en razón de que el monto del depósito…resulta exorbitante con relación al capital social de la empresa…, surge prima facie acreditada la imposibilidad de hacer frente a dicha suma, por lo que no cabe condicionar la procedencia del estudio de la apelación al aludido requisito, pues ello importaría afectar el derecho de defensa en juicio con vulneración de lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional…” (cfr. Fallos: 328:2938).- Igual solución ha adoptado la sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Mendoza, al establecer que “…el infractor no ha acreditado los mínimos requisitos que se exige para apartarse del principio mencionado; se limita a citar jurisprudencia y doctrina… El sólo hecho de invocar que su pago impide el acceso a la Justicia no es suficiente, ni mucho menos cuando expresamente dice que la empresa cuenta con 120 empleados por lo que entiendo que se trata de un giro comercial importante… En definitiva lo que se debe acreditar ‘en concreto’ es que la suma resulta excesiva y compromete patrimonialmente a la empresa de forma tal que cumplir con este recaudo implica la vulneración del derecho de defensa… Y para establecer si la suma resulta exorbitante, debe ser observada en función de las cualidades del sujeto que está obligado al pago, como ser si es persona física o jurídica, capacidad económica o financiera, rentabilidad de la empresa, cantidad de empleados, etc.
Es decir el interesado debe demostrar que la suma para él es exorbitante, desmedida, que compromete su giro comercial o la actividad económica que desarrolla, y por ello verse afectado su derecho de defensa ante la imposibilidad de cumplir con la misma sin que comprometa su situación patrimonial…” (cfr. “Products Service S.A. c. Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia”, 30/09/2010, Cita La Ley online: AR/JUR/67195/2010; en igual sentido: “Gobierno De La Provincia De Mendoza”, 02/03/2010, Cita online: AR/JUR/14669/2010).- Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe ha afirmado que la exigencia de depósito previo como requisito para la viabilidad de recursos de apelación no es contraria a la garantía constitucional de la defensa en juicio, y no configura agravio a dicha garantía el exigir el pago previo de multas como recaudo de la ulterior intervención judicial (cfr.
“Teledifusora S.A. c/ Secretaria de Trabajo -Recurso De Queja- s/ Recurso de Inconstitucionalidad”, Expte C.S.J 444, Año 2003; del 01/09/2004; cita 16829/12).- Por lo que no puede prosperar el recurso intentado, máxime considerando que en el particular caso de autos, la Alzada ha dado una respuesta a su agravio, al establecer que “…se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido particularmente sensible a ciertos supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas, donde el pago previo se traducía en un menoscabo de las garantías constitucionales, o cuando el monto a depositar tenía desproporcionada magnitud con relación a la capacidad económica del apelante ante una falta comprobada e inculpable de medios, o cuando el cumplimiento estricto del depósito previo era desproporcionado y existía imposibilidad financiera comprobada de poder afrontarlo.
Situaciones estas, que deberán acreditarse en el caso concreto, criterio éste compartido por la suscripta…” (cfr. fs. 158 y vta.), y no se observa que haya existido, en la apreciación realizada sobre el punto por la Jueza sentenciante, vicios que ameriten su revisión por este Alto Cuerpo, al entender que no ha acreditado la recurrente los extremos fácticos que pudieran tornar procedente la excepción pretendida.-
IV. En atención a las consideraciones expuestas, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por OROPLATA S.A. a fs. 162/174 vta., y, en consecuencia, revocar la resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado obrante a fs. 179 y vta., de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y concordantes de la Ley 1687, y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 174.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, 1º) Declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad,interpuesto por OROPLATA S.A., a fs. 162/174vta. y, en consecuencia, revocar la resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado obrante a fs. 179 y vta.-
Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.104.-
Folio N°: 5.066/5.069.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia