Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-1.959/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por Oroplata S.A. a fs. 190/209 vta, con costas en el orden causado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-1.959/14-TSJ Interlocutorio N°: 370.-
Actor: ORO PLATA S.A Demandado:
Objeto: S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 11-3-16 Texto: TOMO VIII –OTROS RECURSOS– T.S.J..-
REGISTRO Nº 370 FOLIO Nº 1402/1406 PROT. ELECT. TSS1 002 O.161
Río Gallegos, 11 de marzo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “OROPLATA S.A. s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº O-13.936/12 (O-1959/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por OROPLATA S.A., a fs. 189/209 vta. ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 183/186 que declara mal concedido el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, revoca la resolución del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Pico Truncado obrante a fs. 167 y vta..- Funda el recurso deducido manifestando que “…El primer recaudo sustancial que debe acreditarse a la hora de interponer un recurso extraordinario es la existencia de una cuestión federal; su planteamiento oportuno y ulterior sostenimiento a lo largo de las distintas instancias… La Resolución dictada en el sub lite provocó la aparición de una cuestión federal toda vez que la norma provincial (el art. 66 de la LPAL) fue cuestionada especialmente por ser repugnante a la Constitución Nacional respecto a la vigencia del derecho de defensa en juicio, de la garantía de debido proceso y del principio de tutela judicial efectiva, violentados gravemente por la falta de tratamiento del recurso de apelación interpuesto, como único medio de revisión de una decisión administrativa de tipo sancionatoria” (cfr. fs. 195).- Agrega que “El Juzgado de Alzada -convalidado por el TSJ- interpretó que la norma de carácter local resulta aplicable (art. 66 de la Ley 2450) y le otorgó una primacía clara por sobre las normas constitucionales y tratados internacionales invocados.
Es así, como se evidencia la existencia de una sentencia favorable a la validez de la norma local, en desmedro de las garantías constitucionales oportunamente planteadas por esta parte. De allí que la cuestión federal que habilita la intervención de la Corte Suprema en instancia extraordinaria sea [sic] vea claramente configurada (art. 14, inc. 2, Ley 48)” (cfr. fs. 195 vta./196). Continúa su relato afirmando que la resolución de este Tribunal “…constituye una clara denegación de justicia y un evidente cercenamiento al derecho de acceso a la jurisdicción y tutela judicial efectiva, vulnerando de esta manera garantías de rango constitucional… Como consecuencia, Oroplata se ha visto imposibilitada de ejercer oportunamente las instancias previstas por la ley, es decir, los actos procesales que garanticen la defensa en juicio colocándola, de esta manera, en una situación de clara indefensión que impide hacer valer sus derechos” (cfr. fs. 200 y vta.).
También expresa que la doble instancia judicial es una garantía que, por estar contenida en tratados con jerarquía constitucional, es vinculante y operativa (conf. fs. 201). Al respecto afirma que la garantía mencionada tiene aplicación en materia administrativa, citando jurisprudencia en este sentido (conf. fs. 202 y vta.). Manifiesta que “…si bien el artículo 66 de la LPAL exige el depósito previo y así lo transcribió el aquo en la Resolución, en casos como el presente, en que se ven afectados derechos y garantías de rango constitucional, no procede la aplicación formal del articulado en desmedro de la verdad objetiva. Máxime, si se ha incurrido en un excesivo rigor formal provocando un menoscabo al derecho de defensa y acceso a la justicia, al no analizar siquiera la cuestión de fondo planteada por Oroplata” (cfr. fs. 203 vta./204).
Por otro lado expone que “Este procedimiento de depósito previo de la sanción económica para permitir el planteo de los recursos para cuestionar el acto administrativo, hicieron que el Estado Provincial utilizare este mecanismo en forma abusiva y ajena a sus fines como herramienta de recaudación, que le permite disponer rápidamente de los fondos provenientes de las multas sin aguardar que el control judicial se lleve a cabo” (cfr. fs. 206). En este sentido afirma que la Secretaría de Trabajo desarrolla una conducta persecutoria y de desviación de poder mediante la imposición de sucesivas multas ilegítimas en materia de seguridad e higiene laboral, las que resultan exorbitantes en cuanto a su monto (conf. fs. 207 vta.).
La recurrente entiende que la resolución en crisis adolece de nulidad, ya que “…al pronunciarse los miembros del Tribunal omitieron examinar las circunstancias y defensas primordiales del caso, limitándose exclusivamente a declarar mal concebido [sic] el recurso, motivado ello, en una mera cuestión formal… En definitiva, la Resolución es arbitraria porque: (i) está fundada únicamente en razonamientos generales, hipótesis y en generalizaciones no verificables, sin sustentarse en pruebas concretas y directas; (ii) contiene vicios lógicos y de razonamiento que habilitan la aplicación de la doctrina de arbitrariedad de sentencia y; (iii) no tuvo en cuenta ninguno de los argumentos principales del recurso de inconstitucionalidad, soslayando varios agravios importantes y decisivos vertidos contra la Resolución” (cfr. fs. 208 vta./209).- A fs. 211 se ordena correr traslado a la parte contraria del recurso interpuesto por el término y bajo apercibimiento de ley.-
A fs. 216/224 comparece la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social y dice “…el aquí recurrente entiende que el TSJSC resuelve declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, denegándole el derecho a revisar judicialmente la multa interpuesta por la SETySS. En relación al mentado agravio, debe decirse que la acción de inconstitucionalidad intentada por la aquí recurrente, fue tratada por el Cimero Tribunal Provincial, así como por las instancias anteriores. Que, asimismo, en el proceso, como su propio nombre lo indica, no se cuestionaba la multa impuesta por la SETySS, sino la constitucionalidad del art. 66 de la Ley Provincial 2.450 […] el Tribunal Cimero Nacional ha admitido en reiteradas oportunidades la validez constitucional de las normas que supeditan la intervención judicial depósito previo de las multas aplicadas por la autoridad administrativa (cfr.
Fallos 261:101; 312:2490, entre muchos otros). La vigencia de la regla del solve et repete no parece contradecir la garantía judicial que se pretende amparar, en tanto no impide -por si- un adecuado resguardo de los derechos. De lo expuesto resulta que la protección otorgada por el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no altera la estructura del régimen procesal de la Ley 2.450, porque nada obsta a que el ejercicio de los derechos esté condicionado al pago previo de la suma intimada en el acto administrativo” (cfr. fs. 218 y vta.). Afirma que “Conforme doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y la propia conducta discrecional de la actora, resulta aplicable la jurisprudencia según la cual la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (cfr.
Fallos 333:161, entre muchos otros)” (cfr. fs. 219 vta.). Por otro lado expresa que “El fallo que el recurrente pretende revisar, sólo reviste un gravamen para el actor (puesto que no es conteste con sus pretensiones), pero en modo alguno se encuentra quebrantando garantías constitucionales, que han sido protegidas sobradamente a lo largo de todo el proceso. El planteo efectuado en el escrito cuyo traslado se nos otorga, solo evidencia disconformidad con la decisión dictada, siendo que el caso de marras no trasciende ni afecta gravemente el interés general o público…” (cfr. fs. 220). Por último, respecto de la supuesta arbitrariedad alegada por la recurrente, manifiesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “…en materia de sentencias arbitrarias, ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas necesarias para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74) […] La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe solo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139), esto es, atiende a aquellos casos excepcionales en que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar al pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 311:786)” (cfr. fs. 223 vta.).- A fs. 225 se ordena correr vista al Sr.
Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó, respecto del recurso impetrado, que “…el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica…. los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras” (cfr. fs. 226 y vta.).
Finalmente agrega “En el sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas, no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos… por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.-” (cfr. fs. 227).- A fs. 228 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación de Oroplata S.A. y tal como lo disponen los artículos 257 del CPC y C de la Nación, 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por la Acordada Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que no se ha observado lo dispuesto en la última Acordada y que se han cumplimentado los requisitos de los artículos primero y parcialmente los requisitos del artículo segundo de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º incumpliendo parcialmente con el requisito establecido en el inciso i) del citado artículo, esto es, la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal y la cita de las normas involucradas (conf. fs. 189 y vta.).- Analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, que fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. fallos: 303:633).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b) pero no logra satisfacer las exigencias del inciso c) del artículo citado.-
Ello es así toda vez que la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto. Es decir, pese a que Oroplata S.A. indicó el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal, explicó cómo introdujo dicho planteo y como lo mantuvo con posterioridad (conf. fs. 195), y realizó un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, divididiéndolas en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (sanciones administrativas, recursos y resoluciones judiciales), ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso debido a que se omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional y convencional planteada (conf. fs. 191/194 vta.) (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 368, Folio 1392/1396).- Por otra parte, también se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (conf. art. 3º inc c), es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (conf. Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” de Andrés Gil Dominguez, Ed. Edial, Pág. 107 y vta.) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 357, folio 1347/1350). Es decir que no logra demostrar cual es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar derechos que emanan de la Carta Magna y que, dice, han sido menoscabados (inc. c), sin explicar ni demostrar cómo es que se ha producido tal violación (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 368, Folio 1392/1396).- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171 y por este Alto Cuerpo (conf. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 367, Folio 1383/1391; Idem, Reg. 368, Folio 1392/1396).- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14, ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” de Carlos R. Tribiño, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, página 104).- Oroplata S.A. funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º, inciso 2º de la ley 48, ya que la validez de una ley provincial se ha puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, y la decisión ha sido favorable a la validez de la ley provincial (conf. fs. 195).-
Sin embargo, la recurrente no logra demostrar cual es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar derechos que emanan de la Carta Magna y que, dice, han sido menoscabados, sin demostrar cómo es que se ha producido tal violación.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que “Corresponde desestimar la queja si el a quo… señaló que el requisito del depósito previo sólo cede ante el caso de hallarse frente a una cantidad de dinero desproporcionada con relación a la capacidad económica del apelante y el recurrente se limita a cuestionar el principio solve et repete sin hacerse cargo de dichos señalamientos…” (cfr. sum Fallos 329:2162 Del Dictamen del Procurador Fiscal al que remitió la Corte Suprema).- El veredicto dictado en el sub lite, por este Tribunal, se encuentra ajustado a derecho, al punto que allí se cita copiosa jurisprudencia que avala la decisión adoptada. Excede el marco de este interlocutorio explicar cómo y por qué el principio solve et repete es de aplicación al caso de marras y que ello no implica violación al derecho de defensa, bastando con remitirse al fallo en cuestión y a la jurisprudencia en él citada.-
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (conf. TSJ, Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 367, Folio 1383/1391).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3 inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos sum. 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que la presentante realiza un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (conf. sum. fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (conf. sum. fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (conf. sum. fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (con.
Sum. fallos 308:761 –disidencia del Dr. Carlos S. Fayt- y 2421; 310:722 -disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi-; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso (cfr. TSJ, Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 367, Folio 1.383/1.391).- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Finalmente, también se observa que la recurrente incumplió con el requisito previsto en el artículo 8 de la Acordada de marras pues no trascribió la norma jurídica en que motiva sus agravios que no está publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, esto es la ley provincial Nº 2450, omitiendo indicar el período de vigencia de la misma.-
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden en razón de la naturaleza y fin institucional del recurso (conf. Fallos; 261:246; Morello y otros en ‘Códigos…’, Tomo III, p. 716; TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 117, Folio 192/194; ídem, Tomo I, Otros Recursos, Reg. 10, Folio 24/25, ídem, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 338, Folio 1284/1288).-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por Oroplata S.A. a fs. 190/209 vta, con costas en el orden causado.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal A/C Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau- Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002O.161 Tomo: VIII Interlocutorio: 370.-
Folio N°: 1.402/1406.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia