Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (Resolución N° 54/2015) y sobre los bienes personales (Resolución N° 55/2015), ambos por el período fiscal 2005, con costas.
2No hacer lugar al planteo de prescripción en relación a los períodos fiscales 2006, por el impuesto a las ganancias (Resolución N° 54/2015) y 2006 y 2007 por el impuesto sobre los bienes personales (Resolución N° 55/2015), con costas.
3Dejar sin efecto la determinación de oficio de la obligación tributaria por el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006 (Resolución N° 54/2015), con costas.
4Dejar sin efecto la determinación de oficio de la obligación tributaria por el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2006 y 2007 (Resolución N° 55/2015), con costas.
5Regular los honorarios del Dr. Sebastián Malis, en su carácter de apoderado de la señora María Orsili, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido en los Expedientes Nros. 44.079-I y 44.082-I, por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, en la suma de $20.243, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
6Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en los …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-100355895-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Septiembre de 2022 apelación” Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente Nº 44.079-I (y su acumulado N°44.082-I) caratulado “Orsili, María s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. La señora María Orsili interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 54/2015 y 55/2015, dictadas el 29 de junio de 2015 por la Dirección Regional Rosario II de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2006 y sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2005, 2006 y 2007, y se la intimó a pagar $350.722,74 y $22.049,18, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dichos actos, también se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional una vez resuelta la causa penal que allí se cita —“HSBC Bank S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769”— (conf. art. 20, ley 24.769). Cabe aclarar, con carácter previo, que del Expediente de igual número y carátula en el cual tramita el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la señora Orsili, este Tribunal tomó conocimiento de su fallecimiento el 3 de septiembre de 2015. En efecto, al contestar el oficio que se librara a la Administración Nacional de Seguridad Social para que informara sobre su situación dicha Agencia informó que había fallecido (fs. 104). En consecuencia, en esta causa se citó a sus sucesores para que por sí o por apoderado/a tomaran intervención, bajo apercibimiento de continuarla en rebeldía (fs. 189) lo que ante su incomparecencia así fue resuelto (fs. 216).
II. En cuanto a los agravios desarrollados en sus presentaciones ante este Tribunal, la señora Orsili relató que al momento de interponer el recurso de apelación tenía 88 años, era jubilada y pensionada desde el año 1990, que no realizaba actividad económica alguna y que sus únicos ingresos eran los provenientes de sus haberes. Sin perjuicio de ello, aclaró que, excepcionalmente, desde fines de 1998 y hasta noviembre del 2001 se inscribió en el monotributo para llevar a cabo un emprendimiento que finalmente no llegó a desarrollar.
Negó haber sido titular de la cuenta bancaria que le imputó el Fisco Nacional en las Resoluciones y afirmó que nunca viajó a Suiza ni efectuó transferencia de dinero alguna al exterior.
Planteó asimismo la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir ambos gravámenes, según el art. 56 de la ley 11.683. Esto, tanto se la considerase como una “contribuyente inscripta” por haber tenido Clave Única de Identificación Tributaria a dicho momento —enfoque que coincide con la postura mayoritaria aceptada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia a partir de que se implementó la CUIT— como que se la considere una “contribuyente no inscripta”, porque no tenía la obligación de inscribirse en los tributos. Específicamente, en relación al impuesto sobre los bienes personales, agregó que no le cabía la obligación de inscribirse en dicho gravamen ya que en los períodos fiscales objeto de la determinación de oficio su patrimonio no superaba el mínimo no imponible. Se quejó de que en el marco de la orden de intervención Nº 1194023 no se le efectuó ningún requerimiento, constatación o fiscalización, y criticó que la determinación de oficio se haya llevado a cabo solamente a partir de la información recibida del fisco francés, que, por otro lado, era una mera impresión de pantalla, concretamente, la planilla PUB agregada en las act. adm. a fs. 23. Cuestionó, además, que se le hubiera negado la producción de la prueba ofrecida en la instancia previa que, según afirmaba, era fundamental.
Sostuvo también que el Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto con Francia no era aplicable porque no estaba vigente en los períodos fiscales que aquí interesan, y que la Administración Tributaria había obtenido los datos de forma ilícita, por lo que no era válida para ser tomada como prueba para la determinación de la deuda. Agregó que tampoco era razonable adoptar una presunción en base a otra presunción, ya que la jueza administrativa primero presumió que era propietaria de la cuenta bancaria y, a partir de ello, que existió un incremento patrimonial no justificado en el impuesto a las ganancias, en los términos del art. 18, inc. f) de la ley 11.683.
Respecto a la determinación del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2006 y 2007, se agravió especialmente porque de las mismas planillas que la Administración Tributaria utilizó para el ajuste surge que la cuenta fue dada de baja el 5 de abril de 2006, por lo que, conforme a lo dispuesto en el art. 16 del decreto 281/97 (t.o. ley 23.966), no se configuró el hecho imponible en esos períodos fiscales. Es decir, el Fisco Nacional carecía de información patrimonial del dinero existente en la cuenta al 31 de diciembre de cada uno de ellos y, según afirma, su existencia no podía ser presumida. Se quejó, por último, de que en la liquidación de este gravamen se incluyeran como “bienes del hogar” las sumas de $50.561,29, para el año 2006, y $51.952,24, para el año 2007, ya que según dice éstos deben calcularse sobre los bienes inmuebles en un 5%, por lo que la suma a liquidar era $2.245,55, tal como fue efectuada respecto del período fiscal 2005.
Ofreció prueba y solicitó a este Tribunal que revoque las Resoluciones, con costas.
III. El Fisco Nacional, por su parte, contesta los recursos a fs. 59/71 y 99/113 y solicita que se confirmen sus actos, también con costas.
En primer término, rechaza el planteo de prescripción y para ello, señala que el plazo aplicable a la señora Orsili es el decenal en razón de que era una contribuyente que tenía obligación de inscribirse en los tributos y omitió hacerlo. Cita para ello el art. 53 del decreto 1397/79 e indica que si bien de la base de datos de la Administración Tributaria surge que la señora Orsili poseía clave única de identificación tributaria a partir de su inscripción en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en el Régimen de Facturación R.G. 3419, su inscripción en el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales debe considerarse en forma separada, al no haber una relación de interdependencia entre dichos tributos con el monotributo. Considera, así, que el plazo de prescripción aplicable es el decenal del inc. b) del art. 56 de la ley 11.683.
Por lo demás, asegura que las Resoluciones fueron dictadas con la correcta motivación y causa, y que de ningún modo se transgredieron las reglas de verificación y fiscalización, sino que, por el contrario, se ajustan a los antecedentes de hecho y de derecho aplicables al caso.
IV. A fs. 159 se resolvió la acumulación del Expediente Nº 44.082-I al Nº 44.079-I. A fs. 225, se dispuso no hacer lugar a la prueba ofrecida, y por PV-2022-86175591-APN-VOCXI#TFN se eleva el Expediente a consideración de la Sala. Por último, mediante el IF-2022-98840855-APN-VOCXI#TFN se ponen los autos a sentencia.
V. Corresponde entonces resolver sobre los planteos que la recurrente dirigió contra las Resoluciones, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
En cuanto a las objeciones referidas al procedimiento administrativo previo a su dictado, concretamente la falta de ejercicio de facultades de verificación, fiscalización y de requerimientos anteriores a la determinación de oficio de las deudas, debe decirse que a fs. 77/84 de los ant. adm. surge que la señora Orsili, a través de su apoderado, contestó la vista que le fuera conferida en los términos del art. 17 de la ley 11.683, escrito en el que tuvo la oportunidad de exponer sus defensas y ofrecer pruebas, por lo que no puede considerarse que las Resoluciones, que, además, por ley gozan de la presunción de legitimidad que les acuerda el art. 12 de la ley 19.549, sean el resultado del ejercicio de facultades arbitrarias o discrecionales, ni que haya irregularidades en su sustanciación.
Por el contrario, las actuaciones fueron sustanciadas y tramitadas electrónicamente, de acuerdo a lo dispuesto en la R.G. 3416, sin que, como ya se dijo, se pueda advertir el estado de indefensión que invocó la recurrente con el propósito que se declare la invalidez de los actos dictados en su consecuencia. Respecto del resto de las objeciones, fundadas principalmente en la validez de la documentación en la que la Administración Tributaria sustentó sus ajustes, debe señalarse que a la fecha en que este pronunciamiento se emite, existe ya jurisprudencia del fuero en lo Penal Económico en la que, tras un profundo análisis, se resolvió a favor de su validez, así como también sobre la forma de su obtención, que se compone de las denominadas aquí y en otros países como Fichas BUP, en las que bajo un Código se describe la situación patrimonial de personas o grupos de personas asentadas en archivos informáticos de la entidad bancaria.
En efecto, en el denominado “Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba formado en la Causa N° CPE 1652/2014, caratulada “HSBC Bank Argentina SA s/infracción ley 24.769”, se dictó sentencia el 7 de marzo de 2017, confirmada por la Cámara el 22 de diciembre de 2017, que, en lo que aquí interesa se sostuvo que:
- “… tampoco se ha demostrado que la prueba incorporada al proceso —que es la misma en base a la cual se dictaron los actos apelados en autos— vulnere de manera directa y concreta algún derecho fundamental de los imputados...”;
- sobre la aplicación del Convenio aprobado por la ley 22.357 y sus modif. que “… el intercambio de información cuestionado se ajustó a las pautas establecidas por dicho tratado, la intervención o aprobación de la Confederación Suiza no constituía un requisito necesario para su celebración ni tampoco se verifica una violación a la regla internacional “pacta sunt servanda”, teniendo en consideración los derechos y obligaciones internacionales contraídas por Argentina y Francia”; - “… no se advierte, ni las partes recurrentes logran demostrar cuál habría sido el derecho subjetivo que las personas imputadas en la causa se vieron imposibilitadas de ejercer, al momento del trámite respectivo o con posterioridad, por el hecho de que las autoridades de la República Argentina y de la República Francesa hayan canalizado la transmisión de la información de la que se trata por la vía prevista por el convenio mencionado, en lugar de una distinta”.
Cabe señalar, que el criterio de dicho tribunal es acorde al adoptado por tribunales de otros países frente a prácticamente idénticos antecedentes fácticos y agravios presentados contra los mismos, tal los de la República de Francia que se cita en los precedentes del fuero penal económico y en la del Tribunal Constitucional Español conforme la sentencia N° 97/20199, dictada el 16 de julio de 2019, publicada en www.tribunalconstitucional.es.
Por estas razones deben rechazarse los agravios desarrollados por la recurrente al respecto.
VI. A continuación, corresponde analizar si las facultades del Fisco Nacional para determinar de oficio y exigir el pago de obligaciones omitidas a la señora Orsili en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, por los períodos fiscales 2005, 2006 y 2007 estaban prescriptas al momento del dictado de las Resoluciones recurridas.
Para ello, previamente, debe determinarse si en dichos períodos a la señora Orsili se le aplicaba el plazo quinquenal previsto en el inc. a) del art. 56 para contribuyentes inscriptos y no inscriptos sin obligación de hacerlo que regularicen espontáneamente su situación; o el decenal de su inc. b), para contribuyentes no inscriptos con obligación de hacerlo.
En el caso, de las impresiones de pantallas extraídas de los sistemas de la Administración Tributaria agregadas a fs. 7/9 de las act. adm., surge que la señora Orsili estuvo inscripta como contribuyente —con CUIT— desde el año 1998 bajo el régimen del monotributo. En consecuencia, para los períodos en cuestión no era la contribuyente no inscripta a la que hace referencia el art. 56, inc. b) de la ley 11.683 que la jueza administrativa invoca en sus actos para sostener la aplicación del plazo de prescripción decenal previsto en dicha norma. En efecto, tal como se pronunciara la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal en “Chiarandini Fabio David”, sentencia del 4 de junio de 2013, entre otras, “… la implementación de la Clave Única de Identificación Tributaria por parte del Organismo Recaudador implica la desaparición de la obligación de estar inscripto en cada uno de los gravámenes para gozar de la prescripción quinquenal, por cuanto un único número de inscripción resulta válido para todos o algunos de los impuestos que el Ente Fiscal recauda.”
Cabe recordar además que, tanto en el ámbito del derecho privado como del derecho público, el fin del instituto de la prescripción no es otro que el de otorgar estabilidad y certeza a las relaciones jurídicas, en el caso la relación jurídica tributaria. El legislador/a de la ley 11.683 estableció la prescripción como una causa de extinción del ejercicio de las facultades de fiscalización y punitivas que la ley asigna a la Administración Tributaria, corolario del sistema de autodeterminación de la obligación tributaria, que opera por el mero transcurso del tiempo, limitándolas en aras de la seguridad jurídica. Si no se ejercen en término, la inacción o demora tiene como consecuencia su extinción, lo cual es propio y característico de la prescripción liberatoria.
Así, la señora Orsili era en los períodos fiscales comprendidos en las Resoluciones una contribuyente inscripta, ya que sus datos con relevancia fiscal, al igual que su domicilio fiscal, obraban registrados ante la Administración Tributaria y podía ser fiscalizada por ésta, que es lo que importa a los efectos de considerarla inscripta como contribuyente bajo el régimen de prescripción, es decir, no estaba oculta, ni ejerció sus actividades sin haberse previamente empadronado tributariamente; por dicho motivo, el plazo de prescripción aplicable a su situación era el quinquenal previsto en el inc. a) del art 56 de la misma ley. Conforme a lo dispuesto en el art. 57, el plazo para ejercer las facultades determinativas del período fiscal 2005 inició el 1 de enero de 2007 y finalizó el 1 de enero del 2012; para el período fiscal 2006, el 1 de enero de 2008 y finalizó el 1 de enero del 2013, y para el período fiscal 2007, el 1 de enero de 2009 y concluyó el 1 de enero de 2014.
Teniendo en cuenta la fecha en las que se dictaron las Resoluciones recurridas —29 de junio de 2015— queda analizar si tuvieron lugar circunstancias que pudieran haber suspendido o, en su caso, interrumpido el curso dicho plazo:
- respecto del período fiscal 2005, fue incidido por la suspensión de un año dispuesta por el art. 44 de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008) por lo que el vencimiento se produjo, en realidad, el 1 de enero de 2013. Ello así, porque tal como se pronunciara esta Sala en numerosas oportunidades, el plazo que la norma incorporó alcanzó a la totalidad de los contribuyentes cuya prescripción estaba en curso, hubieran o no optado por hacer uso del régimen especial.
Ahora bien, distinto es el caso de la suspensión incorporada por la ley 26.860 (B.O. 3/6/2013) puesto que para la fecha de su entrada en vigencia, la prescripción ya no se encontraba en curso en tanto había fenecido el 1 de enero del 2013. Tampoco resulta, entonces, de aplicación el art. agregado a continuación del art. 65 que estableció la suspensión del plazo por 120 días, a contar desde la notificación de la vista del art. 17 de la ley 11.683, ya que rige en caso de periodos fiscales próximos a prescribir y si la notificación se realiza dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.
Ello así, porque en el caso, la Resolución que otorgó la vista de los ajustes contemplada en dicho precepto fue notificada el 23 de diciembre de 2014, es decir cuando el plazo del art. 56, inc. a) ya había perecido. En consecuencia, corresponde declarar prescriptas las acciones del Fisco Nacional respecto del período fiscal 2005, tanto para el impuesto a las ganancias como para el impuesto sobre los bienes personales. - respecto de los períodos fiscales 2006 y 2007 la solución es diferente ya que, en virtud del criterio adoptado por esta Sala sobre la validez de las suspensiones dispuestas por las leyes 26.476 y 26.860, así como también por aplicación de la causal de suspensión incorporada por el art. agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683, al momento de dictarse las Resoluciones la Administración Tributaria estaba en término y, por ende, la prescripción respecto a tales períodos debe ser rechazada.
Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
VI. A continuación, corresponde analizar la legitimidad de las Resoluciones Nros. 54/2015, en cuanto determinaron de oficio la obligación de la señora Orsili en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006, y 55/2015, en el impuesto sobre los bienes personales, por los períodos fiscales 2006 y 2007. Sobre el particular, en su presentación ante este Tribunal, la señora Orsili negó haber sido titular de la cuenta bancaria que le adjudicó el Fisco Nacional, ni haber tenido la capacidad económica para generar los activos depositados en ella; sin embargo, ni en esta instancia ni en la previamente sustanciada, rindió prueba suficiente de sus dichos que permitan controvertir la aportada por el Fisco Nacional. Ahora bien, de la documentación —Fichas BUP— utilizada por la Administración Tributaria para la determinación y liquidación del ajuste, que obrante a fs. 5 de las act. adm., surge que la señora Orsili revestía como Account Holder en la cuenta bancaria, junto con otras dos personas que allí se identifican y que también eran Account Holder; si bien ni ella, ni la representación fiscal se refieren a la cotitularidad de dichas personas en el activo en cuestión, ni surgen porcentajes que puedan serle atribuidos en especial a cada una de ellas, a los efectos de la determinación de las obligaciones y del pago del tributo, corresponde establecerla en partes iguales y atribuirles del mismo modo la base imponible a cada una de ellas. Así, el incremento determinado a la señora Orsili que fue sobre el total de la base imponible del impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 por $12.342,31, según la liquidación obrante en la Planilla Anexa N° II que forma parte de la Resolución N° 54/2015, que resultó de convertir la variación patrimonial entre 2005 y 2006 de U$S4.068 al TC de $3.034 vigente al 28 de febrero de 2006, debe dividirse entre los tres cotitulares, lo que arroja un ajuste a ella de $4.114. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las deducciones personales y el mínimo no imponible del gravamen a dicha fecha, según la misma Planilla, ascendían a $6.000, debe concluirse que dicho período fiscal no arrojó impuesto determinado a ingresar, por lo que resulta insustancial referirse al resto de los agravios.
Corresponde entonces, dejar sin efecto la determinación de oficio en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 en la Resolución N° 54/2015, con costas.
En cuanto a la determinación de oficio en el impuesto sobre los bienes personales, se advierte que la misma Ficha BUP agregada a fs. 5 de los ant. adm., carece de datos sobre los saldos de la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2007, ya que el único dato que allí se consigna es el saldo de la cuenta al 02/2006 que corresponde a la fecha de cierre de la cuenta; ello, obsta a la determinación de oficio en ambos períodos por ausencia de información. En consecuencia, también debe dejarse sin efecto la Resolución Nº 55/2015, con costas.
Por todo lo expuesto, se resuelve:
1. Declarar la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (Resolución N° 54/2015) y sobre los bienes personales (Resolución N° 55/2015), ambos por el período fiscal 2005, con costas.
2. No hacer lugar al planteo de prescripción en relación a los períodos fiscales 2006, por el impuesto a las ganancias (Resolución N° 54/2015) y 2006 y 2007 por el impuesto sobre los bienes personales (Resolución N° 55/2015), con costas.
3. Dejar sin efecto la determinación de oficio de la obligación tributaria por el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006 (Resolución N° 54/2015), con costas.
4. Dejar sin efecto la determinación de oficio de la obligación tributaria por el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2006 y 2007 (Resolución N° 55/2015), con costas.
5. Regular los honorarios del Dr. Sebastián Malis, en su carácter de apoderado de la señora María Orsili, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido en los Expedientes Nros. 44.079-I y 44.082-I, por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, en la suma de $20.243, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
6. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en los Expedientes Nros. 44.079-I y 44.082-I, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido por la excepción de prescripción resuelta, en las sumas de $2.000 por la representación procesal y $3.000 por el patrocinio letrado, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Declarar la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (Resolución N° 54/2015) y sobre los bienes personales (Resolución N° 55/2015), ambos por el período fiscal 2005, con costas.
2. No hacer lugar al planteo de prescripción en relación a los períodos fiscales 2006, por el impuesto a las ganancias (Resolución N° 54/2015) y 2006 y 2007 por el impuesto sobre los bienes personales (Resolución N° 55/2015), con costas.
3. Dejar sin efecto la determinación de oficio de la obligación tributaria por el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006 (Resolución N° 54/2015), con costas.
4. Dejar sin efecto la determinación de oficio de la obligación tributaria por el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2006 y 2007 (Resolución N° 55/2015), con costas.
5. Regular los honorarios del Dr. Sebastián Malis, en su carácter de apoderado de la señora María Orsili, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido en los Expedientes Nros. 44.079-I y 44.082-I, por la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida, en la suma de $20.243, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7 segundo párrafo, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
6. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en los Expedientes Nros. 44.079-I y 44.082-I, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido por la excepción de prescripción resuelta, en las sumas de $2.000 por la representación procesal y $3.000 por el patrocinio letrado, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.09.21 16:20:45 -03:00 Date: 2022.09.21 16:24:19 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.21 16:31:51 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.21 16:31:54 -03:00
Fin de la sentencia