Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 113948870-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso incoado por la AFIP-DGA y, por consiguiente, revocar la sentencia apelada y confirmar en su totalidad la Resolución-Fallo Nº 550/2021 (AD BEIR), dictada en la Actuaciones Administrativa n° 19417-2-2021. Con costas de ambas instancias a la parte actora vencida, por no existir mérito para la dispensa (cfme. arts. 1163 del CA y 68, primer párrafo del CPCCN). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
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31764/2023 ORTIZ, AGUSTIN SEBASTIAN (TF 113948870-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 23 de mayo de 2024.- SH Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto y fundado por el Fisco Nacional el 09/08/2022 (v. IF-2022-82715738-APN-DTD#JGM), concedido el 17/08/2022 (v. PV-2022-85748305- APN-VOCXVI#TFN) contra la sentencia dictada el 09/05/2022, con costas por sus respectivos vencimientos (v. IF-2022-45721534-APN-VOCXVI#TFN), cuyo traslado corrido en la PV-2022-85748305-APNVOCXVI#TFN) no fue contestado por la parte actora. Y;
I. Que, por la sentencia del 9 de mayo de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución n° 550 /21 (AD BEIR), que condenó al exportador Agustín Sebastián Ortíz al pago de una multa por comisión de la infracción prevista en el art. 969 del C.A., en relación a la declaración jurada de venta al exterior n° 20 082 DJVE 000660 V. Impuso las costas por sus respectivos vencimientos.
Para así decidir consideró que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley 21.453 de Exportación de Productos Agropecuarios de manera que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en la referida norma del Código Aduanero.
II. Que el Fisco Nacional AFIP-DGA cuestiona, en lo principal, la reducción de la multa al mínimo legal que establece el art. 969 del C.A, ya que considera que la actora se acogió a un régimen específico –ley 21.453- donde se prevé que en el caso del incumplimiento de exportar el 90 % -al menos- de la mercadería comprometida en la declaración jurada, la multa será de un 15% del valor FOB de venta de la mercadería que no se haya exportado. Así, en atención al principio de especialidad receptado en el art. 896 del C.A no corresponde la reducción de la multa al mínimo legal que fija el art. 969 del C.A.
III. Que en función de lo prescripto por el art. 1180 del CA, cabe dejar sentado que las circunstancias fácticas involucradas en la especie se hallar fuera de debate y que consisten en que con fecha 28/10/20 el exportador ORTIZ AGUSTIN SEBASTIAN documentó la declaración n° 20 082 DJVE 000660 V–ver fs. 2/3 de las act. Adm.-; por un total a exportar de 257 toneladas de mercadería consistente en “A granel (ley 21.453) –Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE”
que ubicó en la P.A. 1507.10.00.100Q, con destino Brasil. Y que, de la compulsa de las actuaciones administrativas digitalizadas, surge que la exportadora a la fecha del vencimiento de la D.J.V.E. de trato (26/11 /2021) solo había embarcado 84,38 toneladas de mercadería, de un total de 257 toneladas declaradas, que implicaba el cumplimiento del 32,83% de lo documentado, menor al 90% (231,30 toneladas) de lo que exige el régimen de la ley 21.453.
IV. Que a fin de resolver el caso cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de señalar en Fallos: 320:2656 (y, más recientemente, en Fallos 346:476), que el régimen previsto en la ley 21.453 ha sido concebido para fomentar las exportaciones de productos de origen agrícola mediante un sistema que facilita a los vendedores la determinación de sus costos con la debida antelación (conf. la nota de remisión al Poder Ejecutivo del proyecto respectivo).
Asimismo, en el mencionado precedente “Tradigrain S.A. (T.F. 6965 - A) c/ ANA”, el Alto Tribunal destacó que dicho sistema preveía el registro de las ventas al exterior, que debían ser comunicadas por los exportadores a la autoridad de aplicación mediante declaraciones juradas. Y que el art. 6°, primer párrafo, dispone que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario, y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta”.
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31764/2023 ORTIZ, AGUSTIN SEBASTIAN (TF 113948870-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En definitiva, puntualizó que la mencionada ley “estableció un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores en cuanto fijó el tratamiento tributario de la mercadería de acuerdo con las normas vigentes a la fecha en que quedaron concertadas las ventas al exterior, permitiéndoles así prever al momento de convenir el negocio, la carga fiscal que debería satisfacerse por la exportación” (Fallos: 320 :2656). Por su parte, la ley 21.453 resguarda el interés del Estado obligando a los exportadores a cumplir con lo pactado, exigiéndoseles exportar al menos el 90% de los volúmenes comprometidos, bajo apercibimiento de aplicar una sanción.
En efecto, el art. 9° de la mencionada ley, al respecto, prescribe: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta en la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”. La multa que ha sido aplicada mediante la resolución N° 550/2021 (AD BEIR) se justifica en el constatado incumplimiento de la exportadora con lo dispuesto en la norma citada, por no haber concretado la exportación de al menos el 90% de la mercadería declarada, dentro del plazo establecido en la Declaración Jurada de Venta al Exterior 20 082 DJVE 000660 V, y con motivo que la firma omitió solicitar que se tenga por “cumplida” la DJVE a la autoridad de aplicación. En efecto, la observancia de ese compromiso o, en su defecto, la petición de cumplido con motivo en “las causas de incumplimiento no imputables al exportador” eran las alternativas a las que podía acudir dentro del régimen especial previsto en la ley 21.453 para evitar la instrucción del sumario y eludir la sanción. En ocasión de analizar una conducta similar a la que se constata en la especie, la Corte Suprema ha afirmado que “es función primordial del organismo aduanero ‘ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías’ (Fallos: 321:1614 y 322:355). La conducta asumida por la actora, aun cuando pudo no generar un perjuicio patrimonial al Fisco por no estar relacionada con la falta de ingreso de algún tributo, si tuvo virtualidad para afectar el debido control aduanero, entorpeciendo o dificultando el cumplimiento de ese objetivo de particular relevancia.” (cfr. expte nro. 32346/2019 /CA1-CS1 “Buyatti SAICA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/05/2023).
En la especie, no corresponde relevar a la parte actora de la responsabilidad infraccional que le cabe, pues se encuentra fuera de debate la configuración de la conducta material reprochada.
V. Que en cuanto a los agravios expresados por el Fisco Nacional acerca de la correcta tipificación infraccional de los hechos constatados en el caso, resulta de aplicación la doctrina fijada por esta Sala con fecha 25 de agosto de 2011, en la Causa 64/2011, “LCD Argentina SA (TF 25647-A) c/DGA”, la cual quedara firme en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 17 de abril de 2012 (Causa L. 10. XLVIII. REX).
Puntualmente, allí se valoró lo normado por los artículos 9 de la Ley 21543 y 729 y 969 del CA y se concluyó que “habiéndose la actora acogido a un régimen legal especifico que regula su actividad comercial, en el que se prevé una pena específica, no resulta aplicable al caso la multa mínima que establece el código aduanero, dada la especialidad que ostenta el régimen elegido.” (v.
Considerando IV del fallo citado y, en similar sentido, esta Sala, Causas 47354/2012 “Amaggi Argentina SA c/ EN-DGA-Resol 7134 /12(13289-27371/11) s/Dirección General de Aduanas”, del 15/09/2015 y 1485/15 “GEAR SAAICF c/ DGA”, del 15/03/2016; expte. nro. 42479 /2023 JL Gurrieri Legumbres SRL (TF 100258183-A) c/ DGA s /recurso directo de organismo externo”, 7/03/2024).
En consecuencia, corresponde admitir los agravios expresados por el Fisco Nacional, declarar que resulta de aplicación la graduación de la multa prevista en el art. 9 de la ley 24.453, revocar la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 31764/2023 ORTIZ, AGUSTIN SEBASTIAN (TF 113948870-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sentencia apelada y confirmar en su totalidad la Resolución n° 550/21 (AD BEIR), dictada en la Actuaciones Administrativa n° n SIGEA n° 19417-2-2021.
Por ello, en mérito de lo presentemente expuesto el Tribunal RESUELVE: admitir el recurso incoado por la AFIP-DGA y, por consiguiente, revocar la sentencia apelada y confirmar en su totalidad la Resolución-Fallo Nº 550/2021 (AD BEIR), dictada en la Actuaciones Administrativa n° 19417-2-2021. Con costas de ambas instancias a la parte actora vencida, por no existir mérito para la dispensa (cfme. arts. 1163 del CA y 68, primer párrafo del CPCCN). A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase al Tribunal Fiscal de la Nación.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia