Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2313/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 716/726 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cá- mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Cir- cunscripción Judicial obrante a fs. 728 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2313/18-TSJ Interlocutorio N°: 3522 Actor:
Demandada:
Objeto:
Fecha: 04-11-2019 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3522 FOLIO Nº 6045/6049 PROT. ELECT. TSS1 064 I.191
Río Gallegos, 4 de noviembre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “ORTIZ ANDRÉS RAMÓN Y OTRO c/ SERVICIOS ESPECIALES 'SAN ANTONIO S.A.' s/ LABORAL - COBRO DE PESOS” Expte. Nº O-15.629/12 (O-2313/18-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Ramiro Esteban Casti- llo (cfr. fs. 716/726 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apela- ciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que revocó la sentencia de Primera Instancia, en cuanto hizo lugar parcial- mente a la demanda interpuesta, rechazando la acción en todas sus partes e imponien- do las costas a los actores en su condición de vencidos (cfr. fs. 704/712 vta.).- La accionante funda su recurso en “violación de la ley por erró- nea aplicación” (cfr. fs. 722 vta./726) acusando arbitrariedad por falta de fundamenta- ción (cfr. fs. 716 vta./722 vta.).-
En primer lugar la parte recurrente bajo el acápite de la arbitra- riedad afirma que: “La sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones se de- sentiende clara y palmariamente de todas las pruebas producidas en el presente proce- so, transgrediendo las reglas legales que controlan la apreciación de la prueba, lo cual convierte a la sentencia atacada en arbitraria por falta de fundamentación. Resulta cla- ro que las consideraciones efectuadas por la Excma. Cámara de Apelaciones no resul- tan ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstan- cias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad y consecuente- mente su descalificación como acto jurisdiccional válido atento a que no se ha cum- plimentado en la resolución atacada el deber constitucional de fundar su decisión por parte del tribunal, satisfaciendo tal obligación de manera aparente.” (cfr. foja 717).- Continúa su recurso expresando: “…la sentencia en crisis parte de una premisa falsa, no acreditada en autos, pues no se puede concluir que los acto- res retiraron cemento de la base de la empresa empleadora, partiendo de una docu- mental (Libro de guardia -fs. 126) cuya autenticidad no se acreditó en los presentes autos […] la fundamentación de la sentencia recurrida se basa en la valoración de una prueba documental cuya autenticidad no se encuentra acreditada en los presentes au- tos, y en donde se había consignado falsamente el supuesto retiro de cemento de la base de la empresa.” (cfr. fs. 717 vta./718).- Refiere que: “…los actores, antes de la comunicación del despi- do, efectuaron un descargo en el cual manifestaron que habían sido autorizados ver- balmente a retirar material de descarte de la empresa […] La Excma.
Cámara de Ape- laciones concluye erróneamente que los actores no se encontraban autorizados para realizar el retiro del material de descarte, teniendo por acreditado (sic) dicha circuns- tancia con las declaraciones testimoniales de personas que se encuentran todas en re- lación de dependencia con la empresa demandada, e incluso, algunos con cargo jerár- quico de supervisores con altos sueldos en la empresa. Obviamente, los testigos que declararon en autos, no van a decir otra cosa, que no sea lo que más beneficie a la em- presa demandada, pues mantienen una relación laboral con la misma, y se encuentran condicionados a declarar a su favor […] Todos los testigos que prestaron declaración testimonial…ninguno resulta ser testigo presencial de los hechos.
Dicho razonamien- to esbozado por la Excma. Cámara en la sentencia atacada, quebranta en forma pal- maria las reglas de la sana crítica racional, lo cual habilita su tacha de arbitrariedad y consecuentemente su descalificación como acto jurisdiccional válido.” (cfr. fs. 718 vta./719 vta.).- Sostiene que la causal de despido invocada por la empleadora (que los actores hayan retirado sin autorización cerca de 3000 kgs. de cemento), no se encuentra acreditada, y expresa: “Es más, existen numerosos elementos probatorios producidos en autos, que acreditan que los actores no retiraron cemento de la base de la empresa, y que nunca existió un faltante de cemento en la empresa, circunstancias que no fueron valoradas por la Excma.
Cámara de Apelaciones al momento de dictar la sentencia, incurriendo el fallo en crisis en arbitrariedad por ausencia de fundamen- tación lógica y legal.” (cfr. foja 720).- En relación a la prueba confesional de la demandada, afirma que: “…la Excma. Cámara de Apelaciones resuelve no tenerla por confesa… reali- zando una valoración de la prueba confesional que vulnera las normas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz, concluyendo erróneamente que los absolventes no se encuentran en el lugar de los hechos y que ello dificulta que puedan declarar conforme a hechos personales o por ellos percibidos, sin analizar en lo más mínimo que la demandada es una persona jurídica, y que la persona física que absuelve es el representante legal de la empresa.” (cfr. fs. 720 y vta.).- Finalmente sostiene que: “…los hechos imputados a los acto- res, en relación al supuesto retiro de cemento sin autorización de la base de la empre- sa empleadora, se originó por los dichos del Sr.
Ramón Gómez, quién supuestamente escribe en el Libro de Seguridad los hechos que luego constituyeron la causal de des- pido invocada por la empresa empleadora. Que dicha documental (Nota manuscrita y Libro de Novedades supuestamente firmados por el Sr. Ramón Gómez) fue descono- cida por ésta parte e impugnada su autenticidad a fs. 156, y cuya autenticidad no fue acreditada en autos, atento a que se decretó el desistimiento de la prueba de reconoci- miento de firma por desinterés de la parte demandada a fs. 446. Por consiguiente, la sentencia dictada por la Excelentísima Cámara de Apelaciones no constituye una de- rivación razonada del derecho vigente, encontrándose viciada de nulidad, por cuanto prescinde valorar elementos de pruebas fundamentales en autos, que acreditan que no existió la causal de despido invocada por la empleadora, consistente en el 'retiro sin autorización de 3 bolsones de cemento con un peso estimado de 3000 kg. de la base de la empresa.'.” (cfr. foja 722).- En segundo lugar, en relación a la violación de la ley, la parte actora sostiene: “… que existe por parte de la Excma.
Cámara de Apelaciones de la segunda circunscripción Judicial violación de la ley en orden a lo expresamente establecido por el (sic) arts. 161 inc. 5 y 6, 355, y 389 del C. P. C. C., art. 9, 67, 243 y cc de la L.C.T., y al principio non bis in idem, aplicable al caso de autos, y a lo establecido por el art. 18 de Nuestra Carta Magna.” (cfr. fs. 722 vta./723).-
En relación a los hechos acreditados en los presentes autos en- tiende que: “…debe aplicarse el principio in dubio pro operario, por cuanto existe una seria duda acerca de cómo acontecieron los hechos que constituyeron la causa de des- pido de los actores.” (cfr. foja 724).-
También entiende que: “La argumentación de la Cámara de Apelaciones, vulnera claramente el principio non bis in ídem, por cuanto se estaría sancionando doblemente al trabajador por un mismo hecho. Por un lado, se lo sancio- na con 'suspensión precautoria', no abonándole los días de suspensión, y por otro la- do, por los mismos hechos, finalmente se lo despide al trabajador, violando el men- cionado principio de raigambre constitucional. Por dicha razón, y a los fines de no vulnerar el principio non bis in ídem, la doctrina moderna laboral sostiene que si bien resulta admisible la suspensión precautoria, en todos los casos correspondería el pago del salario durante los días que estuvieron suspendidos.” (cfr. fs. 724 vta./725).- Por último afirma: “En el hipotético e improbable supuesto que V.E. rechace los agravios vertidos por ésta parte actora, solicito que las costas del pre- sente proceso (primera instancia, segunda instancia y la presente instancia) sean im- puestas en el orden causado, por cuanto los actores poseen suficientes argumentos pa- ra creer en la procedencia de su reclamo indemnizatorio.” (cfr. foja 725 vta.).-
A foja 728 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
A foja 756 pasan los presentes al Acuerdo.-
II. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen pre- liminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/ 15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiterada- mente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sende- ro extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a dis- cernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia con- lleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Analizado en esta etapa de admisibilidad el planteo de la recu- rrente, a poco que se profundice, se advierte que el mismo gira en torno a su discon- formidad con el modo en que la Excma. Cámara de Apelaciones resuelve la configu- ración de la injuria determinante del distracto laboral, cuestión que reviste carácter circunstancial y casuístico y cuya evaluación corresponde en forma privativa a los jueces de grado, exento de censura en casación salvo que se alegue y demuestre que nos encontramos en presencia de un caso excepcional de absurdo.-
Conforme ello, no cabe duda que los fundamentos de la casa- ción, remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenos al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido proce- sal -se pretende aquí la revisión de los hechos y las pruebas de la causa- todo lo cual resulta extraño al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio: “…en la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en princi- pio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de gra- do y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre perspicuamente absurdo o arbitrariedad…” (cfr. STJ, Santiago del Estero, “Santillán Ramón Horacio y Otros c/ Panificadora García y/u Otros”, del 19/10/2009, www.informaciónlegal. com.ar. Cita Online: AR/JUR/56855/2009).- Asimismo, que: “Evaluar, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo ab- surdo.” (cfr. SCBA, sum. “Pucheta, Luis B. c/ Royal Group Technologies del Sur S. A. y otros s/ Despido”, del 08/07/2008, causa L89160, Acuerdo 2078).-
Se observa en el sub lite, que las cuestiones esgrimidas por la recurrente con relación al hecho imputado a los actores como causal del despido, se vinculan con aspectos referidos a hechos y prueba, cuyo juzgamiento, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, vicio que no se intenta acreditar ni se avizora en el sub examine.-
Corresponde señalar que tanto “…'…la apreciación del mate- rial probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y compro- bación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa…' (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bue- nos Aires, 'N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.', 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/ 2013, 37, Causa: L 101.011, Cita online: AR/JUR/6602/ 2013).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustan- ciación del proceso, el tribunal de grado consideró justificada la causal de despido, ello constituye una cuestión fáctica, la cual como se expresó, se encuentra reservada a las instancias ordinarias.-
Se advierte también, que la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas adunadas a la causa, hicieron los Jueces preopinantes constituyen una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante, que no al- canza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuer- po que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los me- dios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la ver- dad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. fallo cit.).- La Excma. Cámara de Apelaciones ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que, más allá de su error o acierto, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y mani- fiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexa- men de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pue- den calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se eviden- cian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de casación”, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposi- ción de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones per- sonales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni de- muestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3331, Folio 5558/5560).-
III. Asimismo, la impugnante no alega idóneamente que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívo- ca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia ab- soluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones mera- mente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “…'…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación in- telectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valora- ción de las probanzas'…” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraor- dinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “…'la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equi- vocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a su- puestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'…” (cfr. Inter- locutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, la recurrente no ha logrado fundar correctamente la arbitrariedad de la sentencia, que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos re- lativos a cuestiones de hecho y prueba. No se fundamenta suficientemente que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra de- bidamente fundado.-
IV. Dicha parte se agravia también de que: “…la sentencia dic- tada por la Excma. Cámara de Apelacion[es], vulnera el principio non bis in ídem, al rechazar el pago de los días no trabajados por la suspensión precautoria al Sr. Mar- cos Antonio Quinteros.” (cfr. foja 724 vta.).-
La Cámara adhiere a una corriente jurisprudencial. Así encon- tramos que el mismo criterio utilizado por la Cámara ha sido expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “…La S.C.B.A. ha establecido que el derecho al cobro de salarios caídos por una suspensión precautoria dispuesta por el principal mientras tramita una investigación interna o un sumario tendiente a estable- cer la responsabilidad del dependiente en algún hecho susceptible de aplicarle una sanción disciplinaria, no está supeditado ni condicionado a la previa impugnación de la medida desde que, consagrada la atribución del empleador a disponerla, incluida entre las facultades de dirección que competen al principal (arts. 65 y 68, L.C.T.), el trabajador debe acatar la decisión adoptada, sin perjuicio de encontrarse autorizado para reclamar el pago de los salarios caídos durante el período de la suspensión, si el resultado de la investigación o el sumario le fuese favorable” (cfr. Juan Carlos Fer- nández Madrid, “Tratado práctico de derecho del trabajo”, 3º Ed. actualizada y am- pliada, Buenos Aires, La Ley, 2007, Tomo II, págs. 1789/1790).- También podemos señalar que: “La suspensión determinada por un sumario interno como lo he señalado no implica una sanción. De ahí que no pueda invocarse que hay duplicación de sanciones por el hecho de que primero se suspende precautoriamente a una trabajadora por habérsela sorprendido durante una riña con una compañera, despidiéndola luego de realizar una investigación acerca de su res- ponsabilidad” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 1790).-
Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Excma. Cámara de Apelaciones que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
Aun en la hipótesis que sobre la materia puedan existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento su- ficiente para agraviarse de violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Alto Cuerpo, al decir que: “Cuando existen distintas visiones sobre el 'thema decidendum', como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorios Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Por tanto, se advierte que el recurso intentado no se encuentra debidamente fundado.-
V. Finalmente, en cuanto a la impugnación por la condena en costas, nuevamente se trata de una cuestión extraña a la vía casatoria. Este Tribunal Superior de Justicia reiteradamente ha expresado que “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tri- bunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución… En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en ca- sación…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
VI. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia ci- tadas, el recurso de casación articulado a fs. 716/726 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 728 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, con- forme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 716/726 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cá- mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Cir- cunscripción Judicial obrante a fs. 728 y vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1064I.191 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3522 Folio N°: 6045/6049 Secretaría: 1
Fin de la sentencia