Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
II. Declarar formalmente procedente la acción de amparo promovida por las Sras. María José Ortiz y Patricia Elena Ortiz (en represetación de su madre R.E.E.) con el alcance establecido en el 3) considerando.
III. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada.
IV. Requerir a la OSEP informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de tres (3) días, de quedar notificada.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cincuenta y seis
San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de agosto de 2026.
Estos autos Corte Nº 042/2026 "ORTIZ, María José y ORTIZ, Patricia Elena (en representación de su madre R.E.E.) C/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (OSEP) s/ Acción de Amparo” y,
1. Que a fs. 47/60 vta. comparecen las Sras. María José Ortiz y Patricia Elena Ortiz en representación de madre R.E.E., a través de apoderada y promueven acción de amparo en contra de la Obra Social de los Empleados Públicos. Persiguen se declare la arbitrariedad e ilegitimidad de la Resolución RS-2026-00335661-CAT-OSEP (fs. 35/36) dictada en Expediente EX-2026-248984- -CAT-OSEP-REYNAGA, ELENA S/ COBERTURA DE INTERNACIÓN, que rechaza la cobertura de la internación geriátrica permanente de su madre ofreciendo en su lugar un cuidador domiciliario; se ordene la cobertura integral del 100% de la internación geriátrica en la residencia geriátrica “Milito IV” de la ciudad de Córdoba incluyendo medicamentos, pañales, insumos y toda prestación médica asistencial, farmacológica y de apoyo que resulte necesaria conforme a su estado de salud y las indicaciones de los profesionales tratantes reintegrando los importes correspondientes a dichas prestaciones contra presentación de factura; se ordene el reintegro inmediato de las sumas ya abonadas por estos conceptos en virtud del incumplimiento de la demandada a partir de la indicación médica de su necesidad (01/01/2026). A título de medida cautelar solicitan se ordene a la demandada arbitrar de manera inmediata los medios necesarios para garantizar la continuidad de la internación geriátrica de la actora en la residencia geriátrica “Milito IV” de la ciudad de Córdoba durante la tramitación de la presente acción reintegrando las sumas facturadas por su estadía dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de presentado el correspondiente comprobante fiscal, bajo apercibimientos de astreintes.
En el relato de los antecedentes fácticos de la cuestión traída para resolver dan a conocer que su madre es jubilada, adulta mayor, afiliada de la OSEP bajo el N° 04-060318-00 (fs. 12), con discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad vigente (fs. 13), y que percibe un haber previsional insuficiente (fs. 14/17) para afrontar por sus propios medios el elevado costo que demanda la asistencia integral dependiendo actualmente del acompañamiento económico de su familia.
Puntualizan que el estado de salud de su madre es negativamente progresivo y que su grado de dependencia aumenta conforme el avance de sus patologías requiriendo cuidados permanentes, administración regular de medicación, provisión de pañales e insumos, seguimiento sanitario y asistencia cotidiana, integral e interdisciplinaria. Mencionan que -conforme a su historia clínica- presenta un deterioro cognitivo progresivo asociado a su edad, con compromiso espacial completo y alteraciones severas del juicio y la comprensión cursando un estado de dependencia severa e irreversible, con pérdida completa de autonomía física y cognitiva, padeciendo además incontinencia (fs. 18).
Refieren que en razón del complejo cuadro de salud, el médico tratante indicó expresamente “geriatrización/ internación geriátrica” consignando la necesidad de atención y vigilancia continua las 24 horas, en razón de ello, su madre se encuentra actualmente en una residencia de la ciudad de Córdoba que se encuentra autorizada por la autoridad competente y donde ha demostrado sentirse segura y cuidada, no obstante, indica que su precio asciende a la suma de $1.600.000 mensuales y cuyo pago no puede sostener en el tiempo (fs. 30).
Expresan que el día 03/02/2026 solicitaron el reintegro por internación geriátrica correspondiente al mes de enero de 2026 (fs. 32) dando origen al Expediente EXP-2026-248984-CAT-OSEP, el cual fue observado por un error de denominación y a fin de evitar mayores dilaciones frente a la urgencia del caso el CORTE Nº 042/2026 día 11/02/2026 presentaron nuevamente la solicitud bajo la denominación “cobertura por integración geriátrica” sin cambios sustanciales al reclamo originario (fs. 33).
Mencionan que, frente a la negativa verbal, el día 12/02/2026 presentaron una nota dirigida al Director de OSEP reclamando e insistiendo nuevamente en la cobertura de la prestación (fs. 34 y vta.), lo que fue rechazado mediante Resolución N° RS-2026-00335661-CAT-OSEP de fecha 26/02/2026 ofreciendo como alternativa un sistema de cuidador domiciliario (fs. 35/36). Puntualizan que, sin estar notificadas de la resolución, el día 31/03/2026 presentaron por mail el certificado único de discapacidad e intimaron por carta documento a la demandada la cobertura de ley (fs. 37). Señalan que, frente a esa decisión administrativa, el día 03/04/2026 interpusieron recurso de reconsideración, el que no fue respondido hasta la fecha de promoción de demanda el día 25/06/2026 (fs. 60). -
Sostienen que el rechazo fue incongruente porque la demandada publica en su sitio web los procedimientos específicos para solicitar los reintegros por internación geriátrica evidenciando así una contradicción manifiesta entre los fundamentos invocados. Expresan que la alternativa ofrecida por la demandada -cuidador domiciliario- constituye una prestación parcial e insuficiente frente al cuadro clínico de su madre por todas las particularidades de su caso y postulan que la prestación de institucionalización geriátrica encuentra sustento adecuado en la Ley N° 24901.
Exponen que la conducta de la demandada es ilegítima e ilegal en los términos del art. 43 de la CN y la normativa convencional y legal aplicable en materia de derecho a la salud, discapacidad y protección integral de las personas adultas mayores, ubicando a su madre en una situación de extrema vulnerabilidad y comprometiendo la continuidad de la asistencia que actualmente requiere ya que sus ingresos no le permiten costearla. Consideran que no es suficiente el mero reconocimiento formal de una prestación si luego su implementación queda condicionada a mecanismos administrativos incompatibles con la urgencia y continuidad asistencial que el estado de salud requiere.
A continuación, afirman la procedencia de la acción de amparo y la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar.
Fundamentan su derecho en la Constitución Nacional (arts. 14 bis, 16, 28, 33, 42, 43 y 75 incs. 22 y 23), Constitución Provincial, Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4, 5, 8, 25 y concordantes); Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (art. XI), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional conforme Ley N° 27044, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Leyes Nacionales N° 22431, N° 24901, N° 23660 y N° 23661 y Ley Provincial N° 4642 modificada por Ley N° 4998.
Ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal. En definitiva, solicitan se haga lugar a lo peticionado, con costas.
Otorgada participación procesal, se ordena correr vista al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la jurisdicción, competencia, viabilidad de la acción y cautelar peticionada, el que emite Dictamen N° 080/2026 (fs. 62/63 vta.) en sentido afirmativo por la admisibilidad formal de la acción -a excepción de la pretensión preventiva dirigida al cumplimiento integral de la cobertura de medicamentos, insumos y toda otra prestación médica, asistencial, farmacológica y de apoyo que resulte necesaria conforme su estado de salud e indicaciones de los médicos tratantes bajo modalidad de reintegro- y el rechazo de la tutela cautelar. - -
Luego, a fs. 64 luce proveído que ordena autos para resolver, el que deja la cuestión en estado de emitir pronunciamiento.
2. Que por imperio de expresas normas constitucionales -art. 204 de CORTE Nº 042/2026 la Constitución Provincial-, jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de que es la materia sobre la que versa el litigio la que define la competencia del Tribunal y conforme previsión legal expresa -art. 4 -2da. Parte- de la Ley de Amparo N°4642 reformada por Ley N°4998, en tanto la cuestión planteada persigue el amparo de derechos constitucionales que indican violados por la autoridad administrativa de un ente descentralizado, cuya revisión debe hacerse a la luz del derecho administrativo aplicable y en la medida de la jurisdicción atribuida a la Corte de Justicia por expreso mandato constitucional, implica materia contencioso administrativa, corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en autos (Acordadas N° 4594/2022 y N° 4776/2025).
3. Teniendo en cuenta que la acción de amparo, regulada en el art. 40 de la Constitución Provincial y reglamentada por la Ley N° 4642 y su modificatoria N° 4998, se caracteriza por ser un proceso urgente, sumarísimo, especial, que busca resguardar los derechos reconocidos expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional, cuando estos sean restringidos, amenazados o lesionados, en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y procede contra todo acto u omisión de autoridad pública. En consecuencia, corresponde analizar si esos presupuestos procesales extrínsecos se configuran en la causa a los fines de determinar la admisibilidad formal de la acción.
Que, conforme a las constancias de la causa respecto al pedido de cobertura de internación geriátrica, atento a la vulnerabilidad presente en el caso particular, el Tribunal -en esta instancia- encuentra acreditados los requisitos necesarios para declarar la procedencia formal de la acción, por cuanto el proceder de la autoridad pública -prima facie valorado- podría restringir con arbitrariedad un derecho reconocido explícitamente por el ordenamiento constitucional: a la vida, salud e integridad física. Sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna en la que la Sala hace uso pleno de sus facultades jurisdiccionales.
Ahora bien, en relación a la cobertura de otras prestaciones médicas, asistenciales, farmacológicas y de apoyo, no se verifica la existencia de una solicitud formal y la consecuente negativa de la demandada que devele la arbitrariedad necesaria para la procedencia formal de la acción de amparo sobre estas pretensiones.
4. Respecto a la medida cautelar solicitada, debe destacarse que en la materia este Tribunal sostiene que la presunción de validez que gozan los actos de la administración pública, exige de una interpretación restrictiva en la determinación de su procedencia. Asimismo, el requisito de la verosimilitud del derecho si bien no exige el examen de una certeza absoluta, sino la probabilidad de la exigencia del derecho, debe comprender la acreditación prima facie de la irregularidad del actuar la administración y el peligro de que cause un daño grave e irreparable al amparista, en razón del debido resguardo del interés público y particular del afectado.
En esa inteligencia, las amparistas requieren se ordene a la OSEP arbitre de manera inmediata los medios necesarios para garantizar la continuidad de la internación geriátrica de la Sra. R.E.E. en la residencia geriátrica “Milito IV” de la ciudad de Córdoba durante la tramitación de la presente acción, reintegrando las sumas facturadas por su estadía dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles de presentado el correspondiente comprobante fiscal, bajo apercibimientos de astreintes.
De la exposición de la pretensión cautelar se observa que la misma resulta idéntica al objeto del presente amparo por lo que esta Sala concluye que no corresponde su otorgamiento en esta instancia y requerir informe a la demandada, a los fines de un cabal y exhaustivo conocimiento de las circunstancias reseñadas que se traen a decisión de este Máximo Tribunal, como también para asegurar las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad de las partes.
Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela perseguida y requerir CORTE Nº 042/2026 informe a la demandada a los fines de un cabal y exhaustivo conocimiento de las circunstancias reseñadas que se traen a decisión de este Tribunal.
Por ello, oído el Ministerio Público, y de conformidad a lo prescripto por los arts.1, 4, 5 y 6 de la Ley N° 4642, y art. 230 y concordantes del CPCC,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
I. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
II. Declarar formalmente procedente la acción de amparo promovida por las Sras. María José Ortiz y Patricia Elena Ortiz (en represetación de su madre R.E.E.) con el alcance establecido en el 3) considerando.
III. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada.
IV. Requerir a la OSEP informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de tres (3) días, de quedar notificada.
V. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora C/L) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia