Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata · Causa NG-131656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda promovida por OSVALDO MARIANO ORTOLANI contra VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS , condenando a ésta a abonar al actor la suma de $ 12.252.592,60 (PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS) con más los intereses que correspondan, dentro del plazo de DIEZ DÍAS bajo apercibimiento de ejecución (art. 163, inc. 7 del CPC).
2Imponiendo las costas del proceso a la demandada en su calidad de derrotada (art. 68 del C.P.C.).
3Rechazando la petición del actor OSVALDO MARIANO ORTOLANI respecto de la aplicación del "caso Barrios" (precedente de la SCBA) al presente, con costas en su carácter de vencido (arts. 68, 69 del C.P.C.C.)
4Difiriendo la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad de la aprobación de la liquidación que corresponda (art. 51 de la ley 14.967).
Expte. N° NG-131656 .
Objeto de petición: SE DICTE SENTENCIA
Rol procesal del peticionario: DE OFICIO .
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Mar del Plata, 19 de noviembre de 2026 .
Las presentes actuaciones caratuladas " ORTOLANI OSVALDO MARIANO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ RECLAMO C/ACTOS DE PARTICULARES (SUMARIO) " Expediente N° NG-131656, de trámite por ante este Juzgado Civil y Comercial n° 7 Departamental a mi cargo, traídas a despacho para dictar sentencia definitiva.
1. Que con fecha 01/08/2024 se presenta el DR. JUAN IGNACIO MARCEILLAC , en su carácter de apoderado del Sr. OSVALDO MARIANO ORTOLANI , acompañando el instrumento que acredita la personería invocada, a fin de interponer formal demanda por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incumplimiento contractual, cumplimiento contractual, daños y perjuicios y multa civil por la suma de $ 131.090.286,23.
Argumenta en relación a la aplicabilidad del estatuto del consumidor.
En relación a los hechos relata que con fecha 23/12/2021 su mandante suscribió con la demandada SOLICITUD DE ADHESIÓN N° 627635, para la adquisición de un modelo TAOS CONFORTLINE 250 TSI AT, en un plan 80/20, habiendo ingresado al GRUPO: 6503 - ORDEN: 063.
Refiere que la galopante inflación que golpeaba al país, así como lo que califica como abusiva facultad reservada por la demandada de autodeterminar a su solo criterio el valor del bien tipo, con el lógico aumento del valor de la alícuota, precipitó a su mandante a hacer uso de la facultad que le acordara el art. 10 de la solicitud de adhesión, cancelando anticipadamente cuotas.
Continúa relatando que su poderdante realizó TRES (3) cancelaciones anticipadas parciales de cuotas en fecha 22/12/2022 (16 cuotas), en fecha 03/02/2023 (2 cuotas) y en fecha 15/03/2023 (15 cuotas).
Refiere que de la lectura de las liquidaciones de cuotas del período y de la cancelación anticipada, el monto a cancelar surge simplemente de multiplicar el monto de la alícuota del período por la cantidad de cuotas a cancelar, y así en el período 12/2022, el monto de la alícuota resultó de $. 84.038,47.-, por lo que el monto total de la cancelación anticipada de 16 cuotas resultó de $ 1.344.620 (por el redondeo).
Agrega que se volvió a reiterar dicha operación en la cancelación anticipada realizada el 03/02/2023 y el 15/03/2023 conforme las liquidaciones de cuotas de dichos períodos y sus cancelaciones anticipadas que adjunta a la presente.
Señala que al acceder al sistema (única forma posible) en Junio 2023 para volver a realizar una cancelación anticipada advierte que el valor de las alícuotas a cancelar distaban en mucho del sencillo mecanismo descrito.
Continúa relatando que tal cual surge de la liquidación de cuota 06/2023, el valor de la alícuota era de $ 123.809,14, sin embargo, al solicitar al sistema la cancelación anticipada de una cuota el mismo arrojó, lo que califica como "un absurdo valor" de $ 293.315,61, y que al hacer un nuevo intento de cancelación anticipada, pero ahora de dos cuotas, el sistema arrojó un valor total de $ 434.864,20, todo lo cual entiende que no guarda ninguna relación ni con el valor de la alícuota indicado en la liquidación de la cuota, ni con la cancelación anticipada de una cuota.
Agrega que como surge de los intentos de cancelación anticipada de cuotas realizados los días 13/07/2023, 14/09/2023, 09/10/2023 y 12/11/2023 la situación descripta se extendió en el tiempo (remitiendo a los valores móviles del bien 06/2023, 07/2023, 09/2023, 10/2023 y 11/2023) impidiendo el sistema la cancelación anticipada de cuotas por el desfasaje del valor de cuota arrojado.
Continúa relatando que atento ello, con fecha 27/06/2023 su mandante remitió a la demandada carta documento a los fines que le permitiera ejercer el derecho de cancelar anticipadamente cuotas que le acuerda el art. 10 de la solicitud de adhesión, intimación que no mereció respuesta alguna.
En razón de ello, el accionante formuló denuncia ante la Dirección Municipal de Defensa al Consumidor, mas el resultado fue exactamente el mismo, absolutamente negativo.
Adjunta última liquidación de cuota del periodo 07/2024 el que indica que refleja no poder ejercer su derecho de cancelar.
Denuncia lo que califica como grave incumplimiento al deber de conducta que impone principalmente el art. 8 bis de la Ley 24.240 (texto según Ley 26.361), debiendo recurrir al reclamo judicial.
Realiza una valoración de la conducta desplegada por la demandada, alegando una flagrante violación del deber de información, que los mecanismos adoptados a fin de ejercer el derecho de cancelación anticipada resultan manifiestamente lesivos de la dignidad y del honor del consumidor (Trato digno, prácticas abusivas) .
Reclama a) Daño directo. Diferencia entre la cancelación anticipada y el valor actual de las cuotas, la suma de $ 12.909.511,23; b) Trato indigno y abusivo. Multa civil, el valor de 100 canastas básicas totales para el hogar 3, la cantidad de $ 91.838.139,00; c) Daño moral, la suma de $ 26.342.636,00.
Asimismo, en relación a los intereses solicita la aplicación de tasa pura, a partir del incumplimiento de la sentencia que se integre el contrato, se fije una tasa punitiva y se capitalicen intereses.
En apartado especial (punto X), plantea Inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561) .
Así con abundante cita jurisprudencial, doctrinaria y con fundamento en la concepción de "reparación plena" refiere que la obligación de resarcir que pesa sobre el agente damnificante constituye una deuda de valor y no una deuda de moneda.
Citando el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires in re "Barrios" el que ha dictado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561) propone su aplicación a los fines de actualizar el monto de la condena hasta el momento de la liquidación por ser el más cercano al pago.
En tal sentido, expresa que a los fines a los fines de determinar el índice de actualización, teniendo presente que nos encontramos frente a un proveedor profesional de la prestación de servicios financieros, que deliberadamente incumplió el contrato impidiéndole al actor ejercer la facultad que le otorga el art. 10 de la solicitud de adhesión, pagar y liberarse de su obligación, es que solicita se aplique el mayor índice de actualización con el que se cuente al momento del dictado de la sentencia (C.E.R., I.P.C., valor del dólar estadounidense, etc.).
Ofrece prueba. Funda en derecho. Formula reserva del caso federal.
Solicita se aplique el beneficio de gratuidad en los términos de los arts 53 de la Ley 24.240 y 25 de la Ley 13.133 y finalmente peticiona que oportunamente se haga lugar a la demanda y, en consecuencia, se condene a la demandada al pago de todos los daños reclamados, con más su actualización, intereses y costas.
2. El 08/08/2024 se hace saber que en virtud de la adhesión efectuada por la suscripta, las presentes actuaciones se desarrollarán en el marco del Programa de Oralidad en los Procesos Civiles, impulsado por la Suprema Corte Provincial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Se dispone el traslado de la acción según las normas del proceso sumario , conforme los argumentos desarrollados en dicho proveído.
Se ordena notificar a la mediadora interviniente DRA. ISABEL MARIA LUJAN SUAREZ la iniciación del presente proceso.
Se disponen medidas anticipatorias y se hace saber que la actora goza del beneficio de gratuidad dispuesto en el art. 53 de la ley 24.240.
Se da intervención al Ministerio Público Fiscal.
3. El 12/08/2024 (fs 24/25 de los registros informáticos) se presenta Martín Darío Capra, Auxiliar Letrado de la Fiscalía General, señalando que el Fiscal General Departamental Dr. Fabián U. Fernández Garello lo ha instruido para que tome intervención en autos en su representación y se notifica de la resolución del 29/05/2024. Argumenta en relación a la relación de consumo.
4. Con fecha 30/08/2024 18:00:15 p. m. se presenta el Dr. ALFREDO FERNANDO JOZAMI en su carácter de apoderado de VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS acompañando el instrumento que acredita el carácter de la personería invocada, a fin de contestar la demanda incoada en contra de su mandante. Así formula una negativa general y particular de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, como así también de la autenticidad de la documental adjuntada, individualizándola.
A continuación explica el funcionamiento de los sistemas de Ahorro Previo para Fines Determinados, de la conformación de los grupos de ahorristas, de la forma de entrega a los adherentes (adjudicatarios por sorteo o licitación).
Señala la función que cumple la Sociedad de Ahorro, de administrar los fondos pertenecientes al grupo de ahorro, tendientes a facilitar la adquisición de un determinado automotor.
Asimismo, indica que sólo pueden pueden participar de la operatoria del Sistema de Ahorro, aquellas empresas que fueran concesionarias de la Concedente, y que hubiera optado por suscribir las "Normas Operativas Generales" .
Aclara que ya sea que la venta sea a) tradicional o b) venta por el sistema de ahorro previo, el concesionario adquiere el automotor a la FÁBRICA para luego comercializarlo, en el primer caso, con sus clientes, y en el segundo, con los ahorristas.
Refiere que desde el punto de vista de la concesionaria, la venta tradicional difiere de la que se concreta con el sistema de ahorro, en que la primera. normalmente percibe el precio de la unidad directamente de parte del cliente , mientras que, en el sistema de ahorro, el precio es abonado al concesionario por el grupo de ahorristas, a través de su mandataria, la Administradora.
Señala que todas las vicisitudes han sido previstas y constan en las solicitudes (bajo el título "CONDICIONES GENERALES") que suscriben los adherentes y el instrumento que une a mi mandante con la concesionaria en cuestión, aquel denominado como "Normas Operativas Generales".
Continúa explicando la etapa de adjudicación y el retiro del automóvil, del valor de la cuota, la que resulta de dividir el valor móvil de dos automotores por la cantidad de integrantes del grupo..
En cuanto a su versión de la realidad de los hechos, reconoce el vínculo contractual que liga a su mandante con el Sr. Mariano Osvaldo Ortolani a raíz de haber suscripto un plan de ahorro identificado con el N° de Grupo y Orden 6503 - 063.
Que el mismo se encuentra al día y cuenta con 66 cuotas pagas .
Destaca que tal como lo señalara el actor, conforme surge de las Condiciones Generales, se permite hacer pagos cancelatorios anticipados, los cuales, conforme se desprende del art. 10° de las citadas Condiciones Generales pueden ser parciales o totales.
Asimismo, pone en conocimiento que el actor ha cancelado anticipadamente un total de 34 cuotas conforme surge del print de pantalla del sistema interno de su mandante, con transcripción del artículo 10. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDA, el que habilita la opción, destacando que el cálculo para determinar el monto a cancelar es en base al Valor Móvil que se computa al momento del efectivo pago.
Aclara que todos los meses se modifican los Valores Móviles y por ende tiene impacto en el importe de la cuota. Pues, la alícuota pura se determina conforme a este parámetro, ya que su monto es el resultado de dividir el Valor Móvil *2 por la cantidad de adherentes (168 en cada Grupo).
Agrega que se debe abonar, además de la Alícuota el ITF de la cancelación (impuesto a la trasmisión financiera).
En cuanto a dicho impuesto, aclara que el mismo se incluye como un concepto integrante del rubro "débitos - créditos varios" y que tiene su razón de ser o justificación en una fuente legal fiscal y que dicha información se encuentra en las Condiciones Generales de contratación, (art. 2 Inc. III).
Agrega que el actor conocía o debió conocer que el valor de las cuotas correspondientes a su plan jamás podría haber sido fijo y que el mismo ha suscripto un plan de ahorro y no un plan de financiación, razón por la cual deberá estarse a las cláusulas contractuales y carácter mutualista del plan.
Asimismo, aclara que es Volkswagen Argentina S.A. (sociedad completamente distinta y ajena a su representada) quien determina el precio y así es informado en las Condiciones Generales de Contratación (ver definiciones "valor móvil").
Cuestiona los rubros reclamados por el actor en concepto de indemnización. Se opone a cierta prueba ofrecida por la parte actora (Punto VI). Ofrece prueba.
En apartado especial (punto VIII), se expide respecto a la pretendida capitalización de intereses, entendiendo que la petición de la actor va en directa contradicción con lo establecido por la normativa vigente (en particular la Ley 23.928) que prohíbe expresamente la actualización monetaria y/o la aplicación de mecanismos de indexación.
Recuerda que el CCCN ha ratificado como regla general la prohibición del anatocismo, señalando que la norma que prohíbe el anatocismo como regla general es considerada de orden público, pues ella se funda en consideraciones de carácter moral y económico.
Agrega que la norma atacada afecta el derecho constitucional de propiedad de su mandante por cuanto tiene una desmesurada consecuencia patrimonial provocada por el anatocismo.
En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad del art 7 de la ley 23.298 (punto IX de su escrito de conteste), manifiesta que lo expuesto por la actora deviene improcedente y que dicha pretensión constituye una intención de obtener un enriquecimiento sin causa en detrimento de su mandante.
Señala que el precedente cuya aplicación pretende sea aplicado no tiene aptitud derogatoria de normas, por lo cual, la vigencia del art. 7 de la ley 23929 es imperativa y por tanto indica que el planteo efectuado por el actor debe ser rechazado con costas.
Formula reserva del caso federal en los términos del art 14 de la Ley 48.-
5. Con fecha 09/09/2024 a fs 61, se provee la contestación de la demanda de Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, disponiéndose de la oposición formulada en el punto VI a la prueba solicitada por la parte actora, el traslado a la misma por el término de cinco días (arts. 150 y 155 del C.P.C.C.), el que es respondido por la parte actora mediante presentación del 17/09/2024 10:18:49 solicitando que se rechace la totalidad de las oposiciones formuladas por la demandada con costas (ver fojas 66 del registro electrónico).
6. Conforme el proveído obrante a fojas 73 del registro virtual, se fija Audiencia Preliminar remota para el día 06 de febrero de 2025 a las 9:00hs.
En la fecha indicada se lleva a cabo el acto procesal (ver fojas 74/76), en el cual ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo se abre el juicio a prueba, se determinan los hechos conducentes y controvertidos, se establece el plan de trabajo y se simplifican los medios probatorios, el cual puede visualizarse a través del URL que se adjunta al pie del trámite.
En dicho acto el actor se presenta patrocinado por el Dr. FEDERICO EZEQUIEL FRANCHINO invocando el art. 48 del CPCC por el actor, quien a fojas 117 cumple con el anticipo previsional.
Asimismo, en la oportunidad señalada, se resuelve rechazar las oposiciones deducidas por la demandada a la prueba en poder de la demandada y a la informativa que fuera ofrecida por la actora (art. 362 y concs. del CPCC), imponiéndose las costas a la accionada vencida quien quedó notificada en dicho acto al igual que la actora (arts. 68, 135 y concs. del CPCC).
Seguidamente (fojas 77/79) se proveen las pruebas ofrecidas y se fija la fecha de la audiencia de vista de causa para el día 06 de junio de 2025 a las 9:00hs de manera virtual.
7. El 06 de Junio de 2025 se lleva a cabo la Audiencia de Vista de causa (ver URL de la audiencia en las referencias del trámite a fojas 135 de las constancias virtuales).
En la misma fecha se certifica por la Actuaria el vencimiento y resultado del término probatorio (ver fojas 136), el que se actualiza el 26/02/2026 (fs 153) y el 08/04/2026 (fs. 168).
8. Habiéndose dado vista a la Fiscalía, se expide con la presentación electrónica del 10/03/2026 10:57:06 a.m. (fojas 157/162 del registro virtual) fundando su intervención en el orden público y en las disposiciones de la ley de defensa del consumidor.
Considera que en virtud de la prueba acompañada y producida en autos, atento el estado de autos, el mismo se encuentra en condiciones de dictarse sentencia.
9. El 29/04/2026, el Sr. Federico Velarde por la parte actora se apersona en Mesa de Entradas del Juzgado y procede a hacer entrega de documentación: carta documento original CD 18059956, carta poder original con firma certificada ante Notario, 4 copias de comprobantes de pago, 2 copias de comprobante de percepción, 7 cupones de pago cuota mensual , copia de formulario rectificación reclamo del consumidor en 3 fs, reservándose Secretaria la documentación para su resguardo.
10. El 16 de Junio de 2026, a fs 180 de los registros virtuales, se llaman autos para sentencia, proveído que se encuentra firme y consentido al día de la fecha.
I. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR AL CASO DE AUTOS.
Conforme la pauta del artículo 1 de la ley 24.240 que delimita el objeto y el sujeto de la normativa de protección, se desprende que en el caso de autos resulta de aplicación sus disposiciones.
Efectivamente de los hechos no controvertidos -que se analizarán oportunamente- se desprende que el actor resulta ser adquirente de un bien mediante el sistema de "ahorro previo para fines determinados" (o sistema de financiación para la adquisición de un automotor), por lo que la operación queda enmarcada en su régimen protectorio, pudiendo calificar al mismo como "consumidor.
Así lo ha entendido la jurisprudencia en forma expresa ".resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor respecto de la adquisición de un automóvil por una persona física a través de un plan de ahorro." (conf. C.C.C. 1era. Sala III de La Plata, 29/3/2007 "Hernández, Daniel O. c Ancona S.A. y otro" J.A. del 29/8/2007; "Carello, Rafael Roque vs. C.I.A.D.E.A. s. Rescisión de contrato" Cámara Civil y Comercial Común Sala I, San Miguel de Tucumán, Tucumán; 16-08-2001; Dirección de Informática Jurídica del Poder Judicial de Tucumán; RC J 19591/09).
El hecho de que a la relación de un contrato de ahorro previo con fines determinados -adquisición de un vehículo 0 km- le sea aplicable la Ley 24240, con sus principios protectores de los consumidores, no implica modificar o soslayar totalmente lo establecido por el contrato, o desentenderse del modo en que opera este tipo de contratación y de que hay otros suscriptores -igualmente consumidores- que merecen debida protección jurídica, que se obtiene del respeto de las cláusulas contractuales, que no se advierten abusivas. Por ello el mandato de la Ley 24240, de buscar una salida interpretativa favorable al consumidor, rige cuando exista duda sobre la cuestión (del voto de la Dra. Molina de Caminal autos "Peñaloza, Cristian Alberto vs. Maipú S.A. s. Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato" Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Séptima, Córdoba, Córdoba; 27-06-2013; Rubinzal Online; RC J 14351/13).
En consecuencia, el contrato deberá interpretarse según sus cláusulas, las que se compatibilizarán con el régimen jurídico contractual y consumerista (conf. arts. 7, 963, 964 del Cód. Civil y Comercial, ley 26.994). En este sentido las disposiciones de ley de defensa del consumidor (Ley 24240) encuadran en el primer supuesto de prelación " normas indisponibles de la ley especial", ingresando en el segundo orden las " normas particulares del contrato" (art. 963 del C.C.C.).
Con relación al carácter de consumidor del adquirente la jurisprudencia ha señalado "El adherente a un plan de ahorro previo es un consumidor amparado por la Ley 24240 (cfr. su art. 1) la cual debe aplicarse para responder a la tutela amplia e integral que el art. 42 de la C.N. exige (cfr. esta Sala in re "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -DISP. DNCI. 2381/96. Causa N° 6654/97, del 14/4/98). (Consid. 5) en autos "Maldonado Automotores S.A.C.I. vs. Secretaría de Comercio e Inversiones s. Disposición Dirección Nacional de Comercio Interior 779/1999" Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala II; 21-11-2000; Prosecretaría de Jurisprudencia de la CNCAF; RC J 1086/12).
También en este sentido se ha expedido la doctrina ".los suscriptores del plan de ahorro previo y con la finalidad de adquirir un bien determinado como destinatario final, sea mueble o inmueble, están tutelados por la Ley de Defensa del Consumidor." (conf. JUNYENT BAS, FRANCISCO A.- GARZINO MARÍA CONSTANZA "La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados" La Ley , 04/06/2013, L.L. 2013-C, pág. 1065).
Debe resaltarse que "el Derecho del Consumo se edifica y desarrolla a partir nada más ni nada menos que de una norma constitucional fundamental, como lo es el art. 42 de la Constitución Nacional" ("Preeminencia del art. 36 LDC en materia de competencia. Limitación al planteo de inhibitoria" Federico Alvarez Larrondo y Gonzalo M. Rodriguez, artículo publicado en DJ23/03/2011,17).
La ley 24.240 modificada por ley n° 26.361 establece que su objeto es la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1 ley 24.240).
La Alzada local ha resuelto "El acceso al sistema normativo de protección al consumidor depende de la existencia del sujeto al cual se le destina la protección, y ello se estructura sobre la concepción económica dada por el destino del bien o servicio adquirido (art. 1 de la ley 24.240 y sus modif.). Si bien se entiende que el consumidor puede ser una persona física o jurídica (art. 1 LDC), sólo se adquiere la tutela legal siempre y cuando sea "destinatario final" de bienes adquiridos o utilizados para un fin privado, familiar o social. De manera que no se excluye a quienes desenvuelven actividades económicas, pero en tal supuesto, el carácter de destinatario final se entenderá configurado si la operación es ajena al ámbito estricto de su profesionalidad, apreciado ello en función del objeto de la actividad económica junto a otras circunstancias relevantes del caso" (CC0102 MP 162727 109-S S 11/05/2017 Juez LOUSTAUNAU (SD) Carátula: BANCO SANTANDER RIO SA C/ SALFISH S.A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO, JUBA ).
A su vez, y en relación a la figura de proveedor del demandado, corresponde indicar que conforme el art. 2 de la ley de defensa del consumidor, "la ley engloba bajo la denominación genérica de "proveedor" a todos los sujetos que integran la denominada "cadena de comercialización" integrada por quienes intervienen en el ciclo económico del bien, hasta que llega a quien lo adquiere o utiliza en beneficio propio. La LDC considera proveedores a quienes desarrollen de manera profesional, aun cuando lo hagan ocasionalmente algunas de las siguientes actividades, producción, montaje, creación, construcción, transformación, concesión de marca, distribución y comercialización..."
No debe olvidarse que el artículo 3º de la ley 24.240 establece que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario, indicando además el citado artículo que las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.
Ahora bien, el artículo 3°, se encuentra en estrecha vinculación con el art. 42 de la Constitución Nacional, norma ésta que consagra derechos constitucionales y que nos permite aseverar que la misma "se presenta hoy en día como una pieza clave en el sistema de responsabilidad por daños a los consumidores y usuarios, y viene a apuntalar, al menos en un doble sentido, las normas infraconstitucionales que estamos estudiando: a) estableciendo un deber de seguridad constitucional aplicable a las relaciones de consumo, que se integra con el resto de la normativa aplicable en cada caso, y cuya extensión variará de acuerdo a las circunstancias, y b) compeliendo a los tribunales a interpretar los preceptos infraconstitucionales de conformidad con la especial protección que la Constitución otorga al consumidor" ( Revista de Derecho Privado y Comunitario. Consumidores, Año 2009-1, Ed. Rubinzal Culzoni en el capítulo " La responsabilidad por daños y la protección al consumidor " por Alberto J. Bueres y Sebastián Picasso, pág. 50/51).
Es entonces bajo esos parámetros que se protege a los consumidores o usuarios mediante la ley 24.240 y sus modificatorias, estos es, las leyes 24.999 y 26.361.
Como explica la doctrina "El art. 42 de la Constitución Nacional desde su sanción derogó la limitación que contemplaban los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, a fin de determinar quienes podían considerarse consumidores y quienes se encontraban excluidos de tal calificación. La nueva ley 25.361 y los fundamentos expuestos en los debates parlamentarios confirman tal postura al afirmarse que en verdad, la nueva ley viene a adecuar su texto al de la Carta Magna. A partir de la reforma constitucional entonces, el elemento activante del régimen tuitivo del consumidor había dejado de ser el contrato de consumo, pasando a serlo una figura mucho más amplia, como lo es la relación de consumo. Así, desde el año 1994, siempre que estuviéramos ante una relación de consumo en cualquiera de sus etapas, se debía aplicar el sistema de protección del consumidor, sin importar la existencia o no de vínculo contractual. Pero a partir de la sanción de la ley 26.361, la protección va mucho más allá fijando como único recaudo el revestir el carácter de destinatario final, aún fuera de una relación de consumo" ("La prórroga de la competencia como cláusula abusiva en la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la coincidente incompetencia de oficio declarada por la justicia de primera instancia de Azul" Federico M. Alvarez Larrondo. Publicado en LLBA 2008 (diciembre) 1171).
CARLOS ALFREDO HERNÁNDEZ ha señalado "La ley 26.361 pone el acento en la relación de consumo como noción articuladora de la protección de los usuarios y consumidores. Por ello, la reforma del artículo 1° ha suprimido los tres incisos del texto originario, eliminado de tal forma la delimitación del ámbito objetivo de la ley 24240. Se ha buscado extender su aplicación en consonancia con el artículo 42 de la Constitución Nacional, ya que ahora quedan amparados todos quienes pueden invocar la existencia de una relación de consumo, extendida -de acuerdo al nuevo artículo 3°- como un vínculo jurídico entre consumidor y proveedor, que podrá tener principalmente como fuentes a la voluntad unilateral, al acto ilícito y al contrato" ( Revista de Derecho Privado y Comunitario. Consumidores , Ed. Rubinzal Culzoni, 2009-1, "La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar" , págs. 259/260).
La noción de "relación de consumo" es un concepto amplio que permite incluir en la tutela de la ley a toda relación entre proveedor y consumidor. Si bien esa relación de consumo se rige por la ley 24.240 también le es de aplicación todas las leyes especiales que tutelen a los proveedores y usuarios, señalando Juan M. Farina al analizar el art. 3º de la ley 24240, en su obra Defensa del Consumidor y del Usuario (Ed. Astrea. 2009, pág. 121) que "lo fundamental de ésta norma es que responde a una expresa y clara exigencia del art. 42 de la Const. Nacional."
Para determinar la existencia de una relación de consumo debe atenderse a la causa-fin del acto celebrado por quien se pretende consumidor. Así, "consumidor final" es quien se sitúa en el momento último de un circuito económico para aprovecharse de los bienes y servicios que se producen o distribuyen en el mercado (art. 1 ley 24.240, T.O. por ley 23.361 y art. 1092 del CCCN). Por lo tanto, hay acto de consumo cuando el producto o servicio es retirado del mercado, agotándose su valor económico (situándolo fuera de la cadena de valor), pues no se lo vuelve a reinsertar en el proceso de elaboración de bienes o de prestación de servicios. Se excluye así, el destino del bien o servicio a una actividad empresarial.
Que entonces, en base a todo lo expuesto, y como corolario del análisis efectuado, no hay duda que corresponde encuadrar el vínculo jurídico que une a la parte actora con la parte demandada en una relación de consumo y que resulta procedente analizar la cuestión introducida y el debate suscitado, bajo la luz de la ley de defensa del consumidor (ley 24240 y sus modificatorias leyes 24.999 y las normas particulares del contrato y las normas de fondo aplicables.
II. DE LOS HECHOS Y DE LA PRUEBA.
Tal como ha señalado nuestro superior Tribunal Provincial "La apreciación de esos elementos probatorios, la selección de los mismos y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado, quienes pueden sin incurrir en absurdo, inclinarse hacia unas y descartar otras, sin necesidad de expresar en la sentencia la valoración de todas (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, C.P.C.C.)". (SCBA LP Rc 118911 I 04/02/2015 "Ortiz Vda. de Polo, Lidia E. contra Polo, Ángel y otra. Nulidad de acto jurídico" SCBA LP Rc 119089 I 10/12/2014 en autos "Cortés, Guillermo y ot. contra Ávalos, Corazona y ot. Inc de redargución de falsedad"; SCBA LP Rc 118800 I 02/07/2014 en "Oksentiuk, Pedro C. y otro contra González María G. y otro. Daños y perjuicios"; SCBA LP Rc 109856 I 06/06/2011 expediente "Zaniboni, Juan José Eliseo y otra s/Incidente de verificación de crédito"; SCBA LP Rc 110698 I 01/06/2011 "Armella, Elva Mónica c/Ayunta, Samuel Sebastián s/Daños y perjuicios"; conforme SCBA LP C 118882 S 10/12/2014 Carátula: Gribaudo de Luzardo, Amalia Marta Guadalupe contra Micro Ómnibus Quilmes S.A.C.I.F. y otros. Daños y perjuicios; SCBA LP 108078 S 18/06/2014 Carátula: Monzani, Haydeé Livia contra Valerio, Claudio Roberto. Resolución de boleto de compraventa; SCBA LP C 116875 S 07/08/2013 Carátula: C., S. B. y otro c/Municipalidad de Guaminí y otro. s/Daños y perjuicios; SCBA LP C 117107 S 03/07/2013 Carátula: Pisciotta, Irene Francisca y otros c/Instituto Nuestra Señora de la Paz y otro/a s/Daños y perjuicios por incumplimiento contractual; SCBA LP C 108764 S 12/09/2012 Carátula: De Michelli de Caporicci, Bety y otros c/Sarden, Aldo Rubén s/Indemnización de daños y perjuicios; SCBA LP C 110516 S 15/08/2012 Carátula: Iocco, Celestino Mario y otros c/Empresa Nueve de Julio S.A. de Transporte y otro s/Daños y perjuicios, ver JUBA ).
Tal como surge de los escritos postulatorios, no resulta ser un hecho controvertido que el 23/12/2021 el actor OSVALDO MARIANO ORTOLANI suscribió con la demandada VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS un Plan de Autoahorro para fines determinados a través de la Solicitud de Adhesión N° 627635 GRUPO 6503 - ORDEN 063 a fin de la adquisición de un vehículo modelo TAOS CONFORTLINE 250 TSI AT, en un plan 80/20, habiendo ingresado al GRUPO: 6503 - ORDEN: 063 y que a tenor del proceso inflacionario imperante en el país, y el aumento del valor de la alícuota, ejercitó la facultad que le acuerda el art. 10 de la solicitud de adhesión, cancelando anticipadamente cuotas.
Dicha relación contractual es reconocida por la demandada en oportunidad de contestar la demanda (punto 4.4.2 De la realidad de los hechos) (fs 30/60 de los registros virtuales).
Tal como se ha señalado en la Audiencia Preliminar del 06/02/2025 los hechos cuestionados consisten en el incumplimiento contractual alegado por la actora respecto de la demandada en relación al cumplimiento de la cláusula décima de la solicitud de adhesión con relación a la cancelación de las cuotas y la fijación del monto de esas cuotas para cancelar; otro hecho es el alegado incumplimiento del deber de información por parte de la demandada y los daños y perjuicios derivados de esa responsabilidad invocada en cuanto a su existencia y entidad o extensión.
El 11/02/2025 a fs 84 obra oficio contestado por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, la que requerida a fin de que informe la cantidad de denuncias formalizadas contra VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8, durante los últimos CINCO (5) años; informa que "consultado el sistema informático de ingreso de reclamos electrónicos - Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, web https://www.argentina.gob.ar/economia/comercio/defensadelconsumidor, desde el 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la firma VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS registra un total de quinientos sesenta y siete (567) reclamos derivados a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires" (lo destacado en negrita no es original) .
En el oficio contestado por la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON (DEFENSA DEL CONSUMIDOR) (fs 100 de las constancias virtuales), se detallan la cantidad de reclamos recibidos durante los años indicados, a saber:
2020: 55 actuaciones
2021: 64 actuaciones
2022: 47 actuaciones
2023: 41 actuaciones
2024: 18 actuaciones
2025: 1 actuación al día de la contestación (17/02/2025).
A fs 104 de los registros virtuales, obra oficio contestado por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, la que a tenor de lo solicitado, informa que con los datos con que cuenta ese organismo, conforme el lapso de tiempo indicado (lapso de 5 años al responde del presente -11/02/2025), desde el 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024, la firma VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS registra un total de quinientos sesenta y siete (567) reclamos derivados a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
El 27/02/2025 a fs 107, consta oficio contestado por la MGP, Dirección de Defensa del Consumidor, el que adjunta copia de la actuación administrativa N° 74269/23 iniciada por el Sr. OSVALDO MARIANO ORTOLANI.
De dichas actuaciones surge que, con fecha 03/06/2023, el accionante formuló denuncia por ante la oficina indicada, siendo el motivo de la misma: " Problemas de Planes de Ahorro Previo para Fines Determinados, No reconocimiento de pagos ", en la que explicó el problema de la siguiente forma " suscribí un Plan de Ahorro, en forma presencial y lo completé via Web, desde hace 3 meses no puedo adelantar cuotas del mismo por fallas en la página de API PAGOS, y porque la concesionaria dice que la empresa Autoahorro no le permite hacer los cupones de pago. En estos tres meses no se vieron mejorías en la página de pagos, e informa valores con una diferencia mayor al 80% de la cuota pura. Por lo que es imposible adelantar las cuotas puras del Plan según figura en el contrato, y como es obvio aumentan mes a mes, generándome la imposibilidad del pago adelantado de cuotas puras a los valores correspondientes. Es decir, a valor de una cuota pura hace 3 meses de $ 100000, debo abonar este mes $ 130.000, a modo de ejemplo. No ingresan los e-mails enviados a atención al cliente, y el Concesionario remitió todo a Autoahorro, que es imposible comunicarse. En resumen impiden el pago adelantado de cuota pura desde hace 3 meses" (no es original el destacado en negrita).
En cuanto a sus pretensiones, en la misma oportunidad indicó: " por lo menos poder abonar las cuotas correspondientes a los valores de hace tres meses" .
Asimismo, adjuntó la documentación respaldatoria de su reclamo.
A tenor de las mencionadas actuaciones administrativas, dicha Dirección resolvió con fecha 25/07/2023, correr traslado a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, disponiendo como medida para mejor proveer un requerimiento de conciliación entre las partes por el término de 10 días hábiles, intimando a las partes denunciadas para que dentro de dicho plazo brinden respuesta integral a la pretensión del consumidor conforme las constancias de autos.
Mediante proveído de fecha 6/03/2025 a fs 109, no habiendo la parte demandada presentado la documental requerida a fs. 77/79 por la parte actora, encontrándose vencido el plazo para hacerlo, se hace efectivo el apercibimiento allí prevenido, constituyendo su negativa una presunción en su contra , la cual es tenida en cuenta en la presente oportunidad del dictado de Sentencia en autos (arts. 386 del CPCC).
Del adjunto remitido a su contestación la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, con fecha 25/03/2025 a fs 112, el que visualizo en éste acto (cabe señalar que en el certificado de término probatorio suscripto el 06/06/2025, erróneamente se lo tuvo por desistido, ya que se había producido con anterioridad y por dicha razón se lo tiene en cuenta), se detallan en diversos cuadros:
Número de denuncias contra la accionada desde el año 2017 al 2024 inclusive, discriminando del mes de enero a diciembre de cada uno de los años indicados (total general 9.782).
Detalle de los motivos de las denuncias y de las cantidad de denuncias correspondiente a dichos motivos y por cada uno de los años indicados. De los que se destaca que en gran parte, los motivos mas recurrentes son: Falta o demora en la entrega del bien, falta de devolución de cuotas aportadas en caso de renuncia o rescisión del contrato, falta de información relevante Art 4 de la Ley 24.240, débitos y/o cobros indebidos, precio excesivo entre otros.
Detalle del porcentaje de conciliaciones con y sin acuerdo, acuerdo parciales o ausencias injustificadas.
A fs 113 de los registros virtuales, obra oficio contestado por la Inspección General de Justicia el 20/03/2025, la que informa que " El sistema integrado del Organismo, registra 142 denuncias en el período comprendido entre 03/2020 y la fecha del presente conteste, iniciadas a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS." Aclarando que el sistema registra número de trámite y fecha de inicio del mismo, pero no se incorpora en la registración de las denuncias el objeto de las mismas ni su resolución.
El 02/06/2025 a fs 129, a tenor de lo manifestado por la perito informática, no habiendo la demandada puesto a disposición de dicha profesional la documental requerida a los fines de confeccionar la pericia encomendada, se hace efectivo el apercibimiento prevenido a fs. 120, constituyendo ello una presunción en su contra, la que es tenida en cuenta en ésta oportunidad.
De la prueba pericial informática producida por la perito Licenciada en Sistemas de Información MARTA SPINOSO a fojas 130/131 de las constancias virtuales (mediante presentación electrónica del 02/06/2025 ), previo a evacuar los puntos de pericia propuestos, manifiesta que la documentación fue solicitada primero por mail, y luego en presentaciones a través del expediente.
De conformidad con lo manifestado por la experta responde a cada uno de los puntos ofrecidos, a saber: 1.determine si la totalidad de las constancias de cancelaciones anticipadas, liquidaciones de cuotas, y valor móvil agregados a estas actuaciones han sido obtenidas del sistema de la demandada, a través de acceso a MI PLAN; 2.indique cuál es el mecanismo que los adherentes y adjudicatarios deben seguir a los fines de proceder a la cancelación anticipada de cuotas;3.Indique las razones por las que en Junio/2023, Julio/2023 y en Julio/2024 al acceder al sistema para cancelar primero una cuota, y luego dos cuotas, el valor total resultante del segundo intento no es el doble del primero; 4.acompañe la totalidad de intentos de cancelación de cuota anticipada realizados por el actor a través del sistema (sea que los mismos hayan sido concluidos o no), indicando detalle de los mismos, valor de la alícuota, cantidad de cuotas a cancelar, monto total informado por el sistema; que " Al no haber puesto a disposición la parte demandada, la documentación requerida no puedo dar respuesta al punto de pericia." (lo destacado en negrita no es original).
Con fecha 12/12/2025 19:03:32 p.m. (fs 145/146) presenta dictamen el perito Contador Público Nacional LUIS JAVIER CEBADA , quien en primer término procede a evacuar los puntos de pericia propuestos por la actora.
Así al punto 1) indique si el actor realizó cancelaciones anticipadas de cuotas de su plan, responde: "El actor realizó tres cancelaciones el 22/12/22 por 16 cuotas, siendo la cuota de $ 84.038,47 el importe cancelado fue de $ 1.344.620.-; luego 2 cuotas por $ 189.006,90, con fecha 2/2/23 y luego 15 cuotas el 15/3/23 por $ 1.491.751,65." (lo destacado no es original).
Al ser requerido, en función de la respuesta brindada en el párrafo anterior, indique en cada cancelación, cuál era el valor de la alícuota, cuántas cuotas anticipadas se cancelaron, y el monto total abonado por la cancelación anticipada, informó " Los valores de las alícuotas eran: cancelación del 5/12/22 (16 cuotas) alícuota $ 84.038,47; cancelación del 2/2/23 alícuota era de $ 94.503,45 y el valor alícuota al mes de marzo de 2023 era de 99.450,11."
Cuando se le solicita en el punto 3) indique el monto total facturado año a año por la demandada, durante los últimos CINCO (5) años; el perito manifestó que no habiendo exhibido la demandada sus registraciones contables, el mismo no puede ser contestado.
En cuanto a los puntos propuestos por la parte demandada, respecto a si los libros son llevados en legal forma, responde en el mismo sentido que la anterior, atento no haber la accionada exhibida sus registraciones contables.
Al ser requerido en el punto 2 que informe titularidad, y estado del plan que registre el plan identificado con el GRUPO 6503 ORDEN 036 , al momento de la contestación de demanda (Agosto 2024) y al momento de la pericia (ahorrista/adjudicado/rescindido, etc) y que brinde detalle histórico de pagos y explique sus imputaciones a cuotas del plan, dictamina " El actor suscribió una solicitud de adhesión Nº 627635 para la adquisición de un automóvil Volkswagen Taos Conforline 250 TSI AT, en un plan de 80/20 y por ello quedó incorporado en el grupo 6503, número de orden 063 . No ha sido exhibido las registraciones contables para determinar el desarrollo total del plan."
Con igual fundamento que lo señalado anteriormente, atento al falta de exhibición de las registraciones contables por parte de la demandada no puede informar el monto total para cancelar anticipadamente las cuotas restantes del plan de ahorro G/O 6503-036 de la actora al momento de la contestación de demanda (Agosto 2024) y al momento de la pericia, y no pudiendo explicar cómo procede la actualización de cada rubro conforme la Solicitud de Adhesión.
Por último remite a la respuesta dada al evacuar el punto 2 ofrecido por la actora, cuando se le solicita que indique si existieron pagos cancelatorios anticipados en el marco del plan de ahorro del actor y en caso afirmativo indique en qué mes/año se realizaron, Valor móvil vigente a ese momento, qué conceptos se cancelan a efectos de realizar cancelaciones anticipadas de cuotas, teniendo en cuenta lo previsto en las Condiciones Generales.
Resulta pertinente destacar que "procede la prueba pericial cuando las partes requieren el dictamen de un experto o profesional que, por su arte, industria o capacidad especialmente adquirida, pueda emitir un punto de vista calificado y aportar algún grado de certidumbre mayor en el conflicto judicial ( Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Comentado. Anotado por Osvaldo Alfredo Gozaíni, Ed. La Ley, tomo II, pág. 74).
Por otro lado, cabe señalar, que si bien el dictamen pericial no es obligatorio para el juzgador, debe acordársele valor probatorio cuando es suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones. La sana crítica aconseja seguirlo cuando no se oponen a ello argumentos científicos legalmente bien fundados. Así debe reconocerse plena validez al dictamen pericial que recae sobre hechos esencialmente técnicos, para cuya apreciación se requiere conocimientos especiales, si no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (Conf. Jurisprudencia Excma. Cámara Dptal., Sala II, causa nro. 80462 RSI-577-9- I 23-7-1991 y Sala I, causa nro. 129693 RSD-4-6 S 2-2-2006, JUBA ).
En punto a la fuerza probatoria del dictamen pericial es dable señalar que "El juez es soberano en la apreciación de la prueba pericial. El juez debe apreciar y valorar la prueba pericial en su debida extensión, es decir, que el dictamen constituye un elemento más de prueba, el cual debe sopesarse juntamente con otras pruebas allegadas al expediente, pues si así no fuera, si el magistrado debiera ceñirse ineludiblemente a la opción de quienes lo realizan, se estaría atribuyendo la misión de juzgar a quienes solamente son auxiliares de la justicia (art. 474 del C.P.C.C.B.A.)" (PORZIO PAULA EUGENIA "La prueba pericial y la problemática actual de la prueba científica" en La prueba en el proceso civil de la Provincia de Buenos Aires Director HÉCTOR EDUARDO LEGUISAMÓN, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, pág. 355).
Ha señalado la jurisprudencia "Si bien es cierto que el informe pericial no resulta vinculante para el Juzgador, no lo es menos que, para no quedar obligado a aceptar las conclusiones, sí lo está recíprocamente, a fundamentar sus propias y discrepantes opiniones. No cabe pues, apartarse del dictamen, si no existen en el proceso, elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de los hechos controvertidos. Tales elementos de juicio, no hacen otra cosa que desvirtuar las observaciones e impugnaciones introducidas por la citada en garantía." (CC0002 SM 66730 RSD-137/21 S 10/08/2021 Carátula: ZALAZAR MARCELO ALEJANDRO C/ LA PRIMERA DE GRAND BOURG S.A.T.C.I. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS, JUBA ).
En el mismo sentido, otro tribunal se expidió "Si bien el examen pericial no resulta vinculante para el magistrado, no es menos cierto que para apartarse del mismo en cuestiones que hacen al conocimiento científico que le proporciona su incumbencia, se debe disponer de motivos tan graves como evidentes" (CC0202 LP 125705 RSD 253/19 S 24/09/2019 Juez HANKOVITS (SD) Carátula: "Peralta Maria Agustina C/ T.A.L.P. (Transporte Automotor La Plata) Y Otro/A S/Daños Y Perjuicios" JUBA ).
Cabe señalar que las pruebas periciales producidas: pericial informática y contable no fueron objeto del pedido de explicaciones ni fueron impugnadas por las partes. por lo indicado precedentemente, a tenor de la especialidad de la materia que les incumbe a los profesionales que intervinieron, no encuentro razones de mérito para apartarme de lo que los experto/ta han dictaminado, por lo que se tendrá en cuenta conforme el tamiz de las reglas de la sana crítica y en conjunto con las demás probanzas analizadas (arts. 384, 394, 396, 401 y conc. del C.P.C.C.).
A fs 135 con fecha 06/06/2025,obra acta de audiencia de vista de causa, en la que no se produjo prueba oral.
El 06/06/2025 a fs 137 atento el resultado del certificado de término probatorio obrante a fs. 136 y del cual surge prueba pendiente de producción que no ha sido debidamente instada, pese a lo indicado en oportunidad de la Audiencia Preliminar se tiene a la parte actora y demandada por desistida de la prueba documental en poder de tercero Estudio "Casal & Asociados" (arts. 34 y 36 del CPCC).
El 29/12/2025 a fs 150 de los registros virtuales, no habiendo la accionada puesto a disposición del perito contador loa registros contables y documentación respaldatoria (v. contestación al punto 3 de pericia de la parte actora obrante en informe de fs. 145/146), pese a la intimación ordenada a fs. 140, la cual se encuentra debidamente notificada, se hace efectivo el apercibimiento allí contenido, constituyendo ello una presunción en su contra, el que se tiene en cuenta en ésta oportunidad.
Conforme los elementos probatorios ponderados, según las reglas de la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.), considero que se encuentra debidamente acreditada la vinculación entre el actor OSVALDO MARIANO ORTOLANI y la demandada VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS , mediante un contrato o solicitud de adhesión a un plan de ahorro previo (solicitud de adhesión N° 627635, Grupo 6503, orden 063 para la adquisición de un auto modelo TAOS CONFORTLINE 250 TSI AT, a través de un plan 80/20 optando el actor por la cancelación parcial anticipada de conformidad con lo dispuesto por el art 10 de las Condiciones Generales del contrato suscripto con fecha 23/12/2021, facultad que ejerció en diversas oportunidades 22/12/2022, 03/02/2023 y el 15/03/2023, viéndose impedido posteriormente de ejercer este derecho.
III. DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
Ha de señalarse que la cuestión traída a debate se ciñe al campo de la responsabilidad por incumplimiento contractual. En el caso de autos la responsabilidad contractual se genera por el incumplimiento de una obligación, más precisamente de las establecidas en el acuerdo base de esta acción y ese incumplimiento genera el nacimiento de una obligación indemnizatoria.
Los denominados "planes de ahorro previo para fines determinados" son contratos de consumo atípicos y complejos, mediante los cuales el fabricante de un bien (en el caso, automóviles) y la empresa administradora de los fondos crean un sistema de autofinanciación para la colocación de sus productos en el mercado. El otro partícipe de esa relación jurídica (el grupo de ahorristas) queda conformado mediante los contratos que la sociedad administradora suscribe con los consumidores de manera individual, reservándose las facultades de manejo y dirección del grupo, que no participa como sujeto del negocio sino como fondo dirigido por aquélla. En este contexto, el contrato debe ser interpretado conforme las pautas especiales que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, cuando dispone que las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte se tendrán por no convenidas; que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor y, cuando existan dudas sobre los alcances de la obligación, se estará a la que sea menor gravosa (arts. 3 y 37 inc. "b" de la ley 24.240)" (CC0102 MP 161562 305-S S 01/12/2016 Juez MONTERISI (SD), JUBA ).
Este sistema "tiene por objeto la formación de grupos cerrados, constituidos por un número determinado de adherentes, igual al doble de los meses consecutivos que dura el plan, a los que se cobra una cuota mensual, igual para todos, equivalente a un porcentaje del valor del bien que se adjudicará, que integra el fondo común de los ahorristas, el que es administrado por una sociedad de ahorro, la que se obliga a entregar a cada uno de los suscriptores, al cumplirse las condiciones pactadas en el contrato, una cosa determinada o el préstamo total de capital" ( Revista de Derecho de Daños 2020-3 : "Efectos de la emergencia sanitaria en las relaciones de consumo" Julio Cesar Rivera; dirigido por Jorge Mosset Iturraspe; Ricardo Luis Lorenzetti- 1° ed. revisada-Santa Fe, editorial Rubinzal Culzoni, 2021, págs. 438/439).
"El suscriptor se obliga a pagar las cuotas de ahorro o de amortización. Para cada contrato del grupo es una alícuota que se calcula con relación al precio de lista de venta la público del bien informado por su fabricante. Esto es razonable si se comprende que cada grupo debe adquirir mensualmente dos unidades del bien para adjudicar, una por sorteo y otra por licitación, es decir que es imprescindible que cada miembro deposite en el fondo común su alícuota, porque, de lo contrario, el grupo no podría comprar las unidades y debería suspender las adjudicaciones" ( Obra citada, pág. 441).
Para que proceda un reclamo de daños por responsabilidad civil, sea éste contractual o extracontractual, deben concurrir varios elementos: a) la antijuricidad; b) el daño; c) el factor de atribución; y d) relación de causalidad entre el daño y el hecho.
La jurisprudencia departamental ha resuelto "En el plano contractual, la antijuridicidad se demuestra a partir de la acreditación de la violación a la palabra empeñada. Hay incumplimiento cuando no se realiza la prestación comprometida, y, precisamente, ese obrar se califica como "antijurídico" en tanto no respeta el "pacta sunt servanda" que rige en nuestro Código Civil". (CC0103 MP 144654 RSD-61-9 S 19/11/2009 Juez ZAMPINI (SD) CC0103 MP 144654 RSD-61-9 S 19/11/2009, JUBA ).
En el mismo sentido, otros tribunales han señalado "Para que se configure la responsabilidad contractual, el ilícito (antijuridicidad) debe producirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación pre-existente establecida en un contrato y pueden denunciarlo quienes son parte del acuerdo negocial" (CC0202 LP 119819 206 S 04/10/2016 Juez BERMEJO (SD) Carátula: MARCONI JORGE HORACIO C/ BANCO COLUMBIA S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. POR DEL. Y CUASID. SIN USO AUTOM. (SIN RESP. EST.); SCBA LP C 109879 S 15/07/2015 Juez GENOUD (SD) Carátula: Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center c/ Construir S.A.I.C.yA. s/ Daños y perjuicios Magistrados Votantes: Genoud-Hitters-Kogan-Negri-de Lázzari, JUBA ).
Por su lado la doctrina ha señalado "incumplimiento quiere decir comportamiento opuesto a aquél en que se concreta el cumplimiento, y en consecuencia, falta de ejecución, o ejecución inexacta de la prestación" (DE CUPIS ADRIANO El daño. Teoría general de la responsabilidad civil , trad. de la 2da. edic. italiana de Ángel Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch, 1975, pág. 134, nro. 12) o en palabras de nuestro autor "consiste en una disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida por éste, según los términos de la obligación" (LLAMBÍAS, Tratado de derecho civil. Obligaciones, Tomo I, pág. 485).
En conclusión, el incumplimiento es una situación antijurídica o contraria a derecho, que se presenta cuando el deudor se aparta u obra de manera distinta al proceder "debido", implicado en la obligación a su cargo (conf. TRIGO REPRESAS FELIX A. - LOPEZ MESA MARCELO J. Tratado de la Responsabilidad Civil , Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 73).
Por su lado, cabe señalar que el nuevo plexo normativo fondal (Código Civil y Comercial Ley 26.994) no distingue como hacía el anterior en responsabilidad contractual o extracontractual, contemplando ambos supuestos en un mismo régimen resarcitorio disponiendo " La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme las disposiciones de este Código" (art. 1.716).
Finalmente el art. 1749 del C.C. y C. establece " Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión".
Como se señalara en oportunidad de tratar los hechos y las pruebas (considerando II) a cuyo tratamiento me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias, a tenor de los elementos de prueba ponderados, de conformidad con las reglas de la sana critica (art 384 del C.P.C.C.) se encuentra acreditada la vinculación entre el actor OSVALDO MARIANO ORTOLANI y la demandada VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, mediante un contrato o solicitud de adhesión a un plan de ahorro previo (solicitud de adhesión N° 627635, Grupo 6503, orden 063 para la adquisición de un auto modelo TAOS CONFORTLINE 250 TSI AT, a través de un plan 80/20 optando el actor por la cancelación anticipada de conformidad con lo dispuesto por el art 10 de las Condiciones Generales del contrato suscripto con fecha 23/12/2021, facultad que ejerció en diversas oportunidades 22/12/2022, 03/02/2023 y el 15/03/2023 y las obligaciones contraídas por las partes en tanto se encuentra probado la celebración del acuerdo, y posterior incumplimiento de la demandada, a tenor de las diversas fallas y dificultades que impidieron el ejercicio regular del derecho de poder cancelar anticipadamente cuotas de conformidad a lo dispuesto por el art 10 de las Condiciones Generales del contrato de suscripción (conf. arts. 375, 385 y 384 del C.P.C.).
En base a la prueba colectada, se ha justificado la obligación asumida por el actor y el incumplimiento de obligaciones a cargo del demandado y por tanto, ello torna viable la obligación de indemnizar en cabeza del mismo al existir el elemento ilícito (incumplimiento contractual) y por ende el resto de los presupuestos que generan la responsabilidad civil contractual.
Así, encontrándonos ante un sistema, el de los planes de ahorro, en el que se vinculan una serie de contratos que resultan conexos entre sí y que están destinados a la concreción de operaciones comerciales a través de las cuales el consumidor pueda, como en este caso, adquirir un rodado cero kilómetro, dicha operación da origen a esa relación consumeril y de una serie de obligaciones (principales o accesorias) que ante el incumplimiento hace responsables a quienes se puede identificar como proveedores en los términos del art 2 de la LDC .
La responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia del incumplimiento objetivo, que es la infracción al deber mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, o través de la violación del deber general de no dañar. El daño, que constituye la lesión a un derecho subjetivo por el incumplimiento jurídicamente atribuible. La relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño y un factor de atribución, o sea la razón suficiente para asignar el deber de reparar al deudor, que podrá ser objetivo o subjetivo.
Toda obligación indemnizatoria, cualquiera sea el supuesto que se trate, requiere ineludiblemente de la concurrencia de los siguientes presupuestos: antijuricidad, daño, causalidad, factor de atribución, los que surgen acreditados con la prueba producida, que fuera indicada en el presente acápite.
Así la jurisprudencia ha resuelto " Señala nuestro más alto Tribunal Provincial, para que se configure la responsabilidad contractual, el ilícito (antijuridicidad) debe producirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación pre-existente establecida en un contrato y pueden denunciarlo quienes son parte del acuerdo negocial (art. 1195, Código Civil) -mientras no hayan incurrido también en incumplimiento- (SCBA LP C 109879 S 15/07/2015, en autos caratulados: "Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center c/ Construir S.A.I.C.y A. s/ Daños y perjuicios")" (CC0001 QL 17306 RSD 76/16 S 22/11/2016, JUBA ).
Tal como se ha analizado precedentemente, se dan en el caso los presupuestos mencionados.
Por otro lado, no se ha cumplido adecuadamente con el deber de información, ni trato digno, y en relación a ello, resulta dable destacar la conducta desplegada por la demandada, en orden a aportar las pruebas tendientes a acreditación de los hechos afirmados.
En primer lugar la demandada es la parte que se encontraba en mejores condiciones que probar siendo el accionante en su carácter de usuario la parte más vulnerable en la relación de consumo.
Sentado ello se advierte que la demandada no obstante ser intimada a fin de acompañar la prueba documental a los fines de la producción de la pericia contable y la pericia informática no lo ha hecho constituyendo una presunción en su contra lo que así es tenido en cuenta en ésta oportunidad.
En primer lugar cabe señalar que la demandada no acompañó la documental que le fuera requerida a fs 77/79, pese a la intimación dispuesta y por tal motivo a fs. 109 se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el art. 386 del CPC, configurando ello una presunción en su contra, lo que también se efectivizó a fs 129 y fs 150 (tal como se hubiera señalado en los considerandos II de los Hechos y las Pruebas).
Por aplicación de la citada norma la presunción en contra de quien se niega a acompañar el documento, tiene dos rostros visibles. Uno muestra que el documento se presume existente, siempre y cuando exista prueba que complemente la verosimilitud adquirida; y la otra, se ocupa de aplicar las reglas de la carga de la prueba y fomentar una inversión implícita del principio "el que alega debe probar", porque en el caso, se orienta a decir que debe probar el que esta en condiciones mejores de hacerlo (Conforme Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado y anotado de Osvaldo Alfredo Gozaini, Ed. La Ley , Tomo I, Buenos Aires, 2008).
La Jurisprudencia ha resuelto: "Debe considerarse - en el caso - como una presunción en contra de la demandada la negativa a presentar la documentación necesaria para efectuar la pericia contable ofrecida por la parte actora para acreditar la extensión del crédito reclamado y que le fuera requerido bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 386 del CPCC, si de acuerdo a los escritos de constitución del proceso resulta verosímil la existencia y contenido del crédito en la medida peticionada..."(SCJBA C.90573 S 14-11-2007; CC0002 QL 15894 171/14 S 11/12/2014, JUBA ).
Notase que de los elementos obrantes en autos, surge una notable falta de predisposición y colaboración de la demandada a fin de poder evacuar cabalmente cada uno de los puntos de pericia propuestos, no pudiendo como se señalara oportunamente acceder a la documentación requerida a los fines de responder cabalmente los puntos de pericia propuestos, tal como se hubiera señalado en oportunidad de transcribir los dictámenes, a lo que me remito en honor a la brevedad.
Asimismo, en relación a la prueba ofrecida por la actora , como se hubiera indicado al tratar los hechos y las pruebas , "documental en poder de terceros" atento no haber sido debidamente instada pese a lo indicado en la audiencia preliminar, se la tuvo por desistida de la prueba documental en poder de tercero Estudio "Casal & Asociados".
Nos explica Sáenz que reviste vital importancia el deber de conducta de las partes, que determina que si existe un hecho controvertido, respecto del cual una de las partes se encuentra en mejor posición de aportar certeza sobre su veracidad, resulta entonces que si aquél omite u obstruye la producción de prueba necesaria, podrá presumirse judicialmente que tenía razón la contraria respecto del acaecimiento o no del hecho en cuestión ( Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada, obra colectiva, Picasso y Vázquez Ferreyra directores, Editorial La Ley, Bs.As., 2009, T.I, pág.453).
Este deber de conducta tuvo recepción legislativa en la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor introducida por la ley 26.361. Allí, el nuevo tercer párrafo del art. 53 dispone que: "Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio".
Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que "Deberá ser entonces quien está en mejor posibilidad de probar quien acredite con veracidad certera lo facturado..." (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, en autos "Biestro de Bover, Amelia T. v. Telefónica de Argentina S.A.", JA 1995-II-166).
En consecuencia por aplicación del principio de las cargas probatorias dinámicas debe resaltarse que la accionada podría haber aportado con mayor precisión la prueba necesaria (conforme art. 1735 del C.C.y C.).
Y más aún, resulta reprochable, teniendo en cuenta la posición que detenta en la relación contractual que lo vinculara con el actor, quien tiene a su disposición los elementos necesarios para aportar dicha prueba.
Por otro lado al ser aplicable a este caso la ley de defensa del consumidor, que resulta claramente apropiada para la cuestión traída a debate, tal como se analizó en considerandos anteriores, concluyo en indicar que la actitud asumida por la demandada importa un actuar lesivo de derechos y garantías constitucionales (arts. 42 de la Const. Nacional y 38 de la Const. Provincial).
En relación al deber de información, la doctrina señala "El deber de información busca equilibrar la situación de inferioridad en que se encuentran los consumidores y usuarios tanto desde el punto de vista económico como jurídico y técnico" (VAZQUE FERREYRA ROBERTO ANTONIO "El deber de información frente a los consumidores y usuarios" Revista de Derecho de Daños 2022-1 Derechos del consumidor - I , Rubinzal - Culzoni editores, Santa Fe, 2022, pág. 181 y ss.). Este deber está consagrado en el artículo 4 de la ley 24.240, así como en el artículo 1091 del C.C. y C., e incluso tiene jerarquía constitucional (art. 42 de la C.N.)
Como explica FULVIO SANTARELLI ( Ley de defensa del Consumidor comentada y anotada , dir. PICASSO y VAZQUEZ FERREYRA, la Ley, Buenos Aires, Tomo I, pág. 64) la obligación de informar se deriva o relaciona con el principio de transparencia que debe regir en toda relación patrimonial intersubjetiva.
La jurisprudencia nacional ha señalado "El artículo 4° de la ley 24.240 pretende buscar la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto de las ventajas y desventajas de los servicios que contrata y encuentra su razón de ser en la necesidad de suministrar a aquél los conocimientos de los cuales legítimamente carece, con la finalidad de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio que pretende contratar... El deber de información establecido en el artículo 4 de la ley 24.240 en favor de los consumidores configura un instrumento de tutela del consentimiento, pues otorga a aquéllos la posibilidad de reflexionar adecuadamente al momento de la celebración el contrato" (C.N.Com., Sala F, 8/11/2021 "R., E. E. y otro c/ Cosat cruceros SA", sumario publicado en Revista de Derecho de Daños 2022-1 Derechos del consumidor - I , Rubinzal - Culzoni editores, Santa Fe, 2022, págs. 346/347).
Dicho deber se encuentra contemplado en el art 42 de nuestra Constitución Nacional el que reza que: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno." A su vez el art 1100 del CCCN establece que "el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión".
Por su parte el artículo 1098 CCCN contempla que: "Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los consumidores".
Del análisis del art. 42 de la Constitución Nacional, se advierte que dicha norma "se presenta hoy en día como una pieza clave en el sistema de responsabilidad por daños a los consumidores y usuarios, estableciendo un deber de seguridad constitucional aplicables a las relaciones de consumo, que se integra con el resto de la normativa aplicable al caso en particular..." ( Revista de Derecho Comercial. Consumidores , Ed. Rubinzal Culzoni en el capítulo "La responsabilidad por daños y la protección al consumidor" por Alberto J. Bueres y Sebastián Picasso, año 2009, pág. 50/51).
La jurisprudencia ha dicho: "El deber de información correlacionado con el efecto vinculante de la publicidad, tiene anclaje en el art. 42, Constitución Nacional, y en el art. 53, Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El deber de información veraz y adecuada del proveedor, tiene por finalidad hacer conocer las características y condiciones del producto a fines de poner al consumidor en situación paritaria para que, conociendo acabada y detalladamente sus propiedades, decida libremente si lo adquiere. La ley consumerista dispone que el proveedor debe informar sobre "las condiciones de comercialización" de los bienes y servicios" (CC0002 AZ 63121 126 S 28/08/2018; CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, JUBA) .
Es entonces bajo esos parámetros que se protege a los consumidores o usuarios mediante la ley 24.240 y sus modificatorias las leyes 24.999 y 26361.
En el caso de autos, tratándose de una relación de consumo, el deber de información resulta de vital importancia. En este sentido, explica la doctrina que "durante la dinámica funcional del contrato, la empresa deberá mantener vigente la relación informativa suministrándola de un modo cierto y objetivo, atento la situación de cautiverio en la que ya se encuentra el consumidor, debiendo ser aún más riguroso en su apreciación; así, entonces, deberá notificarlo de cualquier variación por mínima que ésta sea, en los servicios, en las prestaciones, en las coberturas, en las garantías, en las cláusulas contractuales, etc." ( Revista de Derecho Privado y Comunitario. Consumidores , Ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, "El derecho a la información de consumidores y usuarios como garantía de protección de sus intereses económicos y extraeconómicos" por Graciela Lovece, pág. 477).
En efecto, "el derecho a la información receptado explícitamente en el artículo 42 surge como elemento nivelador de las relaciones interpersonales - no aplicable únicamente a las relaciones de consumo-, y que se transforma en un derecho humano fundamental en tanto posibilita el ejercicio de los restantes derechos" (Graciela Lovece, Obra citada, pág. 463).
Este derecho a la información es un derecho inalienable del consumidor, y es la base fundamental sobre la que reposa una relación de consumo saludable. A su vez importa un resultado que debe ser acreditado por quien debe cumplir tal obligación.
A mayor abundamiento, resulta interesante señalar que el deber de información receptado en el art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor nº 24240, es definido por Lorenzetti como el deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada con una relación jurídica o con una cosa involucrada en la prestación, o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes, derivados de dicha información, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si no son suministrados" ( Ley de Defensa del Consumidor. Ley 24.240 , Jorge Mosset Iturraspe. Javier H. Wajntraub. Protección Procesal de Usuarios y Consumidores por Osvaldo Alfredo Gozaíni, Ed. Rubinzal Culzoni 2010, pág. 65).
De la prueba colectada, se evidencia asimismo el incumplimiento de los deberes generales que son impuestos a favor de los consumidores, dentro del marco de la LDC.
Así se ha señalado que: " ...Se impone el respeto a la dignidad de la persona humana conforme los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos, lo que lleva a abstenerse de conductas vergonzantes, vejatorias o intimidatorias (art 1097). Es una implementación del "trato digno " previstos en los artículos 42 de la CN y 8° bis de la LDC incorporado por el artículo 6° de la ley 26.361 (MARIA CLAUDIA E. MAGLIO " El Código Civil y Comercial de 2015 y los consumidores. Panorama actual" Revista de Derecho de Daños 2022-1 Derechos del consumidor - I , Rubinzal - Culzoni editores, Santa Fe, 2022, pág. 29).
La dignidad que pretende que se observe en el Derecho del Consumidor se patentiza en el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos.
Conforme explica la doctrina "...Los titulares de estos derechos, los consumidores, son antes que nada personas, por lo que no se debe degradar la condición humana en la actividad consumista. Es vital que en el desarrollo de los derechos humanos se respete con gran devoción a la condición humana, para considerar que el derecho que nace del consumo tenga el nivel de su dignidad... En la norma del artículo 8° de la Ley 26361 nos encontramos frente a varios supuestos de trato digno y equitativo ; una primera regla general que obliga a los proveedores a garantizar las condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios , y dos reglas particulares que son : a) que deberán de abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes , vejatorias o intimidatorias..." (MIGUEL A. PIEDECASAS . La Ley 26.361 Reseña General . Revista de Derecho Privado y Comunitario 2009 , CONSUMIDORES 1° Edición, Santa Fe, edictorial Rubinzal Culzoni 2009, pag 91).
Tal como señala la doctrina es claro que los derechos deben ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad social, por lo que traspasado esos límites, se genera un daño que deberá ser reparado integralmente (conf. GHERSI, CARLOS A.- WEINGARTEN, CELIA Tratado de daños reparables . Tomo I Parte General, La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 426).
Es importante indicar que "la actividad probatoria descansa en el mérito que el magistrado efectúa, respecto de los medios de prueba producidos en el desarrollo de la etapa que lleva su nombre; y que considera necesarios y eficientes para la dilucidación de los hechos conducentes, que debidamente invocados por las partes fueron controvertidos por éstas en la fase postulatoria o de plantamiento. Es en desarrollo de la decisión, en el dictado de la sentencia de mérito, cuando el judicante analiza, evalúa y pondera los medios de prueba que fueron colectados . El juez realizada ese juicio de valor respecto de la prueba que ha de producirse de acuerdo a las directivas del Código adjetivo, llevadas a cabo bajo las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio en orden a los prescripto por el artículo 18 del plexo jurídico de base" (Héctor Eduardo Leguisamón La Prueba en el Proceso Civil de la Provincia de Buenos Aires , Ed. Rubinzal Culzoni, 1ra edición, Santa Fe, 2014 Capítulo IV "Valoración de la Prueba" por Paulo Maresca, pág. 109).
Así se ha dicho que "El artículo 375 del C.P.C.C. dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumir- como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo. (SCBA LP C 120605 S 07/03/2018 (SD). Más aún, el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial impone a las partes la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o las normas que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y, caso contrario, sufrir las consecuencias de esa inactividad" (SCBA C 105477 S 01/09/2010, JUBA).
También se ha sostenido "Y tanto la doctrina, como la reiterada jurisprudencia tienen pacíficamente establecido que quien tiene la carga de probar es la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido, estando a su cargo demostrar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de la pretensión (art. 375 C.P.C.C.) dado que las facultades ordenatorias e instructorias del juez no están conferidas para suplir la orfandad probatoria de las partes (SCBA LP C 118106 S 8/4/2015)" (CC0002 QL 22375 RS-45-2021 S 07/12/2021 Juez REIDEL (SD) Carátula: ALDAO SILVINA PAMELA C/ EXPRESO 9 DE JULIO S.A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Magistrados Votantes: Reidel-Manzi Tribunal Origen: JC0100QL, JUBA ).
No debe olvidarse que en relación a la tarea probatoria de las partes, se ha dicho que "las facultades instructorias del juez no pueden ser actuadas para suplir la negligencia en que hubiera incurrido cualquiera de las partes en la producción de la prueba por ella ofrecida. Quien tiene la carga de probar es la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido, estando a su cargo demostrar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de la pretensión (art. 375 C.P.C.C.) y las facultades ordenatorias e instructorias del juez no están conferidas para suplir la orfandad probatoria de las partes". (SCBA LP C 118106 S 08/04/2015 Juez DE LÁZZARI (SD) Carátula: Marchal, Juan H. y otros contra 'Banco Credicoop Cooperativo Limitado'. Cumplimiento de contrato Magistrados Votantes: de Lázzari-Genoud-Hitters-Kogan, JUBA ).
Aunado al hecho de que la valoración de la prueba es conforme las reglas de la sana crítica, y éstas, "...aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado de los principios de la lógica, y , por otro lado, de las "máximas de experiencia", es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano (supra, nro. 482, C) y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamentos de posibilidad y realidad" ( Derecho Procesal Civil Tomo IV. Actos procesales, LINO ENRIQUE PALACIO, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 330).
De conformidad a los argumentos desarrollados y los hechos analizados, la prueba producida, atendiendo al principio de las cargas dinámicas (art. 53 de la ley 24.240) se advierte que con los elementos traídos a los fines de formar convicción de la suscripta, resulta acreditado el incumplimiento contractual por parte de la demandada quien a tenor de la conducta desplegada no dio cabal cumplimiento de los deberes de información y trato digno hacia el accionante, por lo cual se ha demostrado una actitud arbitraria que vulnera derechos constitucionales (art 42 y concds de la Const. Nacional) resultando necesario señalar que la demandada no ha podido repeler la prueba producida por la actora, por lo que considero que la acción debe prosperar - como ya adelanté- en su justo alcance.
Seguidamente y en base a lo aquí dispuesto procederé al tratamiento de los rubros indemnizatorios peticionados por la actora.
IV. DE LOS DAÑOS RECLAMADOS.
Cabe recordar que para que el daño dé lugar a reparación, debe ser efectivo y determinable (Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, sala II, La Ley, 1981-345), siendo necesario, como principio general, su acreditación por parte del reclamante (CSN, Fallos, 302:1139; SCBA, La Ley, 1985-C-342; Cám.Nac. Civ. sala D, La Ley, 1987-C-44; Cám. Apel. C.C. Mercedes, DJBA, 120-123; Cám. Apel. Civ. y Com. de San Isidro, sala II, D.J. 1989-I-882).
En el ámbito civil, el daño es el epicentro del sistema de la responsabilidad en esta materia, que se ve patentizado bajo el adagio "no hay responsabilidad sin daño", desplazando en importancia a su antecesor centro gravitacional "la culpa".
Por consiguiente, la concepción y alcances que se dé a este presupuesto de la responsabilidad civil reviste especial trascendencia.
En tal sentido cabe recordar que el daño ha sido definido como toda lesión, menoscabo, mengua, detrimento, agravio "...ya sea que afecte los bienes de los seres humanos con contenido económico (daño material -arts. 519 y 1.069 del Cód. Civil-), o bien a la propia persona en su ser individual y existencial, o en sus atributos: vida, integridad psicofísica, privacidad, honor, honra, sagrados afectos" (daño moral -arts. 522 y 1.078 del Cód. Civ.)..."(Trigo Represas, Felix: "La prueba del Daño Emergente y del Lucro Cesante", publicado en Revista de Derecho de Daños Nro 4- La prueba del Daño- I ; Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1.999, pág. 42).
De esa definición extraemos en principio que los "daños resarcibles" son dos: el daño patrimonial y el moral (hoy denominado consecuencias no patrimoniales), pudiendo el primero manifestarse por el empobrecimiento patrimonial sufrido a título de " damnun emergens " (pérdida de valores preexistentes) o de " lucrum cessans " (beneficios dejados de percibir, o frustrados).
De lo expuesto, se sigue que a la luz de dicha normativa arts. 1710, 1716, 1737, 1738 y concds. del Código Civil y Comercial de la Nación procederé a meritar individualmente los rubros reclamados en este proceso y fijar los mismos en su justo alcance en mérito a la prueba colectada (arts. 384 y concds. del C.P.C.).
En el presente caso el actor reclama a) Daño directo. Diferencia entre la cancelación anticipada y el valor actual de las cuotas, la suma de $ 12.909.511,23; b) Trato indigno y abusivo. Multa civil, la cantidad de $ 91.838.139,00 VIII; c) Daño moral, el importe de $ 26.342.636,00.
Teniendo en cuenta que en el caso de resultar procedente el daño punitivo se aplica una fórmula que conlleva el capital que se reconoce por los demás rubros, daré tratamiento a este ítem al final.
IV. a) Daño directo. Diferencia entre la cancelación anticipada y el valor actual de las cuotas.
El actor reclama por dicho concepto la suma de $ 12.909.511,23.
Así , manifiesta que atento verse impedido de poder cancelar anticipadamente cuotas con un valor de alícuota de $ 123.809,14, si hubiera podido efectivizar la cancelación anticipada de las 33 cuotas a vencer a dicho valor de alícuota hubiera importado un monto total de $ 4.085.701,62.
Agrega que "le fue denegada el acceso a la facultad que le otorga el artículo 10 de la solicitud de adhesión, debiendo continuar pagando mes a mes las cuotas , con todos los cargos y gastos, por lo que la misma cantidad de cuotas al valor de la cuota de 07/2024, supone un monto de $ 16.995.212,85.-" reclamando su diferencia ($ 12.909.511,23).
Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado en relación a la conducta asumida por la demandada y su falta de colaboración y a quien pese a las diversas intimaciones, continuó renuente en su actitud, debieron hacerse efectivo los apercibimientos (presunciones en su contra), también debo señalar la conducta de la actora quien de conformidad con la falta de activación de la prueba documental en poder de terceros (EStudio Casal), atento no instar la misma, se la tuvo por desistida de la prueba oportunamente ofrecida.
En tal sentido tiene dicho la jurisprudencia que " El art. 375 CPCC pone en cabeza de la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido el acreditarlo, agregando que cada contendiente deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción" (CC0202 LP 129265 RSD 145/21 S 24/06/2021 Juez BANEGAS (SD) Carátula: MUÑOZ JORGE FABIAN C/ GOLIK GUSTAVO ROGER S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO, JUBA ).
En las presentes actuaciones, del contrato de adhesión referenciado, surge del "ARTICULO 10 - CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDA "El Adherente adjudicatario podrá solicitar a la Sociedad Administradora la cancelación anticipada de sus cuotas pendientes, sin Cargo por Administración. El procedimiento a utilizar será el siguiente: Cancelación total: El monto se determina en función de la cantidad de cuotas puras a vencer impagas, más las cuotas vencidas que se encuentren total o parcialmente impagas al momento de la cancelación total, más todas las otras obligaciones por deuda impaga, relacionadas con seguros, cargos, derechos y diferimientos, que se encuentren pendientes, que será calculado a los Valores Móviles vigentes en el Grupo al momento del efectivo pago . Cancelación parcial: El monto anticipado se aplicará en primer término a cancelar la deuda vencida impaga si existiera, y luego a cancelar las últimas cuotas del plan incluyendo los saldos pendientes por derechos y cargos que le correspondan, comenzando por la última y hacia el presente a los valores vigentes al Grupo al momento del efectivo pago. La diferencia a favor del Adherente que pueda existir en razón de no alcanzar para cubrir íntegramente otra cuota, se aplicará en forma porcentual a la próxima cuota.".
Asimismo, con fecha 12/12/2025 19:03:32 p.m. (fs 145/146) presenta dictamen el perito contador público nacional LUIS JAVIER CEBADA , quien al ser requerido a fin de informar si teniendo en cuenta lo previsto en las Condiciones Generales, el valor móvil de las unidades resulta ser fijo y que explique cómo varía el mismo, el mismo indicó que el: " valor de la cuota del plan es móvil y su movilidad responde al valor del 0 kilómetro para el mes en que se liquida la cuota." (lo destacado en negrita me pertenece)
Cabe señalar que en los contratos de ahorro previo para la adquisición de automotores, generalmente se acuerda que el reajuste de las cuotas, se encuentra realmente fijado en relación con el aumento del precio de lista del automóvil que se pretende adquirir a través del sistema, el que se denomina " valor móvil".
Ello en razón de la manera en que se forman los grupos en tanto que la suma de las cuotas de cada uno de los periodos sea suficiente a fin de adjudicar dos unidades a los integrantes del grupo, uno por sorteo y otro por licitación
Así se ha dicho que: " En estos contratos usualmente se conviene que el reajuste de las cuotas de integración estará en directa relación con el incremento del precio de lista -denominado valor móvil- de los bienes cuya adquisición se pretende, lo que tiene su fundamento en la circunstancia de que los grupos se forman de modo tal que la suma de las cuotas de cada periodo alcance para la adjudicación de por lo menos un bien a uno de los miembros del grupo en cada periodo. En general, el grupo cerrado está integrado por el doble de ahorristas que cuotas a pagar a los fines que por mes puedan adquirirse dos bienes para adjudicar, uno por sorteo y otro por licitación. Es decir, que si el plan es de 84 cuotas el grupo estará integrado por 168 ahorristas (conf. Arias, M. Paula "Los sistemas de ahorro previo para la adquisición de automotores, el consumidor ahorrista y la emergencia económica" Microjuris Argentina 01/10/2020 cita MJ-DOC-15554-AR | MJD15554).
Se ha sostenido que "El quid de los grupos cerrados en los planes de ahorro para fines determinados consiste en el prorrateo mensual del valor del bien a cada suscriptor (que puede estar organizado en distintas modalidad de financiación: 100% del valor o 70% con integración del 30% al momento de la adjudicación por ejemplo) importe que ha de actualizarse mensualmente conforme el precio actualizado de venta del rodado, a los fines de cumplir con el objeto del tipo contractual que no es más que la entrega mes a mes de una o dos unidades (dependiendo el tipo particular de plan) a cada uno de los adherentes a ese grupo cerrado de ahorristas. De allí que la afectación en el valor de la cuota, como así también las cuestiones relativas a la morosidad de modo individual, necesariamente afecte de modo indirecto a los demás suscriptores. Es decir, que el tratamiento diferenciado a un suscriptor por encima de los demás que ostentan la misma calidad, puede afectar el normal desenvolvimiento del plan y potenciales perjuicios a quienes no sean beneficiados con una cuota especial." (SCBA LP C 130.363. Magis. Vot. Banegas-Hankovits. Carátula "ORTIZ MARCELA ALEJANDRA C/ PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) QUEJA POR APELACION DENEGADA" JUBA ).
Sumado a ello, hacer lugar a la diferencia pretendida significaría detener el valor móvil en perjuicio del grupo que se integra, dado el carácter mutualista del sistema, amén de producirse un enriquecimiento sin causa por parte del accionante.
Es que a tenor de la prueba producida no se puede determinar en forma cierta, la cantidad de cuotas que hubiera podido cancelar de manera anticipada, observando que el accionante había realizado como se acreditó 3 cancelaciones parciales.
A mérito de las probanzas analizadas, conforme las reglas de la sana crítica, considero que el accionante no ha logrado acreditar el monto de este perjuicio, por lo que corresponde su rechazo (arts. 375, 384 y conc. del C.P.C.C.)
IV. c) Daño moral.
Como se explicó al oportunamente, el tratamiento del rubro enunciado como b) Trato indigno y abusivo. Multa civil (daño punitivo) se tratará al final, una vez meritados los demás resarcimientos reclamados.
Tal como he señalado precedentemente la actora pretende por el concepto de Daño moral la suma de $ 26.342.636,00.-
Manifiesta que "...la afección moral cobra destacada significación, el maltrato, los vejámenes, el absoluto desinterés y desprecio por la tranquilidad, paz y sosiego del ser humano...."
Expresa que "...la zozobra que supone verse rehén de un sistema que impide ejercer un derecho básico a todo deudor cual es pagar y liberarse, sumado al enorme daño económico que supuso no poder cancelar anticipadamente cuotas en Junio/2003,y al más absoluto desinterés de la demandada en aportar ningún tipo de solución frente a los innumerables canales de dialogo que el actor abrió a tal efecto, todos estos maltratos y vejámenes de que fue objeto el actor, debiendo sojuzgarse proceder arbitrario de la demandada solo pudiendo pagar mes a mes las cuota."
El reconocimiento y resarcimiento del daño moral (hoy denominado "indemnizaciones de las consecuencias no patrimoniales") depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión debiendo el juez ponderar las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede procurar con las sumas reconocidas (art. 1741 del C.C.y C.N.; art. 165 del C.P.C.).
Así se ha resuelto que "para probar el daño moral en su existencia y entidad no es necesario aportar prueba directa, sino que el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho y las cualidades morales de la víctima para establecerlo, objetiva y presuntivamente en la órbita de la intimidad del sujeto pasivo" (conf. C.N.Civ. Sala G, 22/02/2008 La Ley Online) , teniéndoselo por acreditado con la sola comisión del ilícito por tratase de una prueba in re ipsa (conf. C.N.Civ., sala G, 18/12/2007; Ídem, Sala A, 09/08/2007 La Ley Online ).
Asimismo se ha dicho que "en el daño moral, debe ponderarse el dolor humano como agravio concreto a la persona y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo cierto que la tarea del juez es realizar "la justicia humana" y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos. No hay "lucro" porque este concepto viene de sacar ganancias o provechos y en estos supuestos de lo que se trata es de obtener compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral. Han de primar normas de prudencia y razonabilidad en su determinación, sin incurrir en demasías decisorias, para evitar que el reclamo se transforme en fuente de enriquecimiento indebido, o en un ejercicio abusivo del derecho (nota art. 784; arts. 1077, 1078 del Código Civil)" (CC0201 LP 120163 RSD 142/16 S 16/06/2016 Juez SOSA AUBONE (SD) Carátula: "Uruzula Olivera, María Antonia c/ Candiato, Walter y otro/a s/Daños y Perjuicios" JUBA ).
El daño moral es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en el cual se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial.
El daño moral busca reparar la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (Suprema Corte, Ac. y Sent., 1986-I-453; 1988-I-38, entre otras; CAZEAUX, PEDRO N.- TRIGO REPRESAS Derecho de las Obligaciones , Tomo I, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, págs. 402/403).
La reparación del agravio moral indemniza toda lesión que afecta a un ser humano de padecimientos, vicisitudes y sufrimientos acaecidos con motivo del evento dañoso, en suma, la reparación del daño infringido a los derechos extra patrimoniales del sujeto ( D.J.J . To. 154, Nº 12.588, 18/5/98, CC0102, MP.)
No obstante, la vulneración de las "afecciones espirituales legítimas" de una víctima y los desmedros resultantes de una "interferencia en su proyecto de vida", hoy día explicitados en el Código Civil y Comercial de la Nación y antes de ello unívocamente considerados como incluidos en el elenco de daños resarcibles (art. 1078 y concordantes Código Civil ley 340) exigen, bajo cualquier escenario y tal como sucede con todo daño a resarcir, su acreditación (LORENZETTI R. L. -director-, Código Civil y Comercial de la Nación comentado , Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, Tomo VIII, p. 483). Y tal como enseña la jurisprudencia local "si bien la praxis judicial ha acertado en señalar que afecciones directas a la salud, a la integridad física y psíquica o a la vida misma obligan a presumir la configuración de este daño indemnizable de vertiente inmaterial, no resulta posible, por el contrario, inferir su producción a partir del mero menoscabo de bienes materiales y en ausencia de concretas pruebas que acrediten una incidencia jurídicamente relevante en la faz espiritual del afectado" (C.C.C. Sala I Mar del Plata, Sent. del 2/11/17 Reg. Nº 238 - S - Folio Nº 807 Expte. Nº 163824 Autos: "PALMIERI NICOLAS ALBERTO C/ HIPOLITO MARTIN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", JUBA ).
De las constancias de autos, con la prueba documental acompañada y la prueba informativa producida, se desprende las diversas afecciones padecidas por el actor en la tranquilidad de su espíritu, la ansiedad y el desequilibrio emocional que representó la circunstancia de transitar el camino de diversos reclamos en sede administrativa (Oficina de Defensa del Consumidor de la MGP, instancia de mediación) y sede judicial, y la falta de respuesta satisfactoria por parte de la demandada, quien de manera sistemática obstaculizo la posibilidad de ejercer el derecho de cancelación anticipada, y la falta de colaboración a tenor de la conducta desplegada por la demandada en violación a lo prescripto por el art 53 de la LDC.
La jurisprudencia ha determinado "Como lo he señalado en el precedente Reg. 68/2021 en mi primer voto "conforme las enseñanzas de Matilde Zavala de González en materia de prueba del daño moral, no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o genérico de no dañar) ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce" (Resarcimiento de daños, 5°, "Cuanto por daño moral" Hammurabi, Bs As, 2005, pags 158 y ss).-" Señalando que: ..." Cité allí a la autora quien puntualiza que "aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso posibilitan al juez, en ejercicio de facultades que le son propias y aplicando las reglas de la experiencia, juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita" (Cfr. Zavala de González Matilde, Resarcimiento de daño moral" Astrea, 2009, pags 189 y sgtes." (CC PERGAMINO (CC0000 PE) Nro Registro Interno: 111/22 S 27/9/2022 Caratula: "PICCARDO MARÍA ALBERTINA C/ BANCO SANTANDER RÍO S.A. S/ NULIDAD ACTO JURIDICO" Magistrados Votantes: SCARAFFIA-DEGLEUE-Louise, JUBA ).
Agregando que "...Aquí señalo que es evidente que el incumplimiento de la parte demandada derivó en la frustración de expectativas para la actora y su familia, así como el inicio de situaciones judiciales complejas, en tanto no puede desconocerse que el largo camino jurisdiccional siempre causa zozobra y angustia en aquellos que los transitan, como fue el caso de la accionante " (Voto de la Dra. Graciela Scaraffia, fallo citado; el destacado me pertenece).
En consecuencia, conforme los criterios expuestos y lo previsto por las reglas de la sana crítica (conf. arts. 375, 384, 424, 438, 456, 457, 474 del C.P.C.) considero procedente el reclamo por este rubro.
Para cuantificar el rubro en tratamiento debe tenerse en presente el llamado "precio del consuelo" o sea las satisfacciones sustitutivas y compensatorias de índole espiritual, recreativo o de esparcimiento.
Señala Lorenzetti en su obra C ódigo Civil y Comercial de la Nación. Comentado (Tomo VIII, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2015, pág. 503) que "esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiene a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar, el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte Nacional, "obtener satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido (...) El Dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar alguno medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza de la situación vivida". En definitiva se trata de afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o a la realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento que le confieran al damnificado consuelo, deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el padecimiento, inquietud, dolor, sufrimiento, o sea para restaurar las repercusiones que minora la esfera no patrimonial de la persona".
Así no está de más recordar que " A los fines de cuantificarlo, no resulta ocioso indicar que su determinación no está sujeta a reglas fijas (conf. SCBA, C. 98.039, sent. 18-3-2009) y que para su determinación depende "...Del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral" (SCBA Ac. 41.539, sent. 21-11-89, publicado en D.J.B.A. 1990-138....)" (C.C.C. La Plata, Sala II, 129.265, RSD-145/21, 24/6/2021 "Muñoz, Jorge Fabián c/ Golik, Gustavo Roger s/ Daños y Perjuicios", JUBA , sum. B5076700).
También se ha dicho " Para la CSJN el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana, no se trata de una especulación ilícita con los sentimiento sino darle a la víctima la posibilidad de procurar satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido... el dolor no puede medirse o tasarse, por lo que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción que no es igual a equivalencia, la dificultad de calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que resulta posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir -dentro de lo humanamente posible- las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida" (C.N.C.iv., Sala J, 7/4/2021, "S. F. S. c/ D. L. C. y otros" RC J 4453/21).
Por su parte nuestra Excelentísima Cámara Departamental, Sala Segunda, en los autos caratulados: " TONATTO, CLAUDIO VICTORIO C/ DESPEGAR.COM.AR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (c. 186538) , de trámite por ante este Juzgado, con fecha 07/07/2026 señaló: "En materia de daño moral esta Sala ha enfatizado en reiteradas oportunidades que a la hora de justipreciar la procedencia del rubro no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar) ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce. Aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que -en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia- juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (causas 168862 -" Franke ......"- del 21/11/2019, 168199 -" Gastiarena ..." del 10/10/2019 , 167312 -" Bertocchini ..."- del 10/05/2019, 166428 -" Ale ..."- del 13/12/2018, 166363 -" Basano ..."- del 02/10/2018, 165996 -" Felices ...", del 20/09/2018)."
En consecuencia, conforme los criterios expuestos y lo previsto por las reglas de la sana crítica (conf. arts. 375, 384, 424, 438, 456, 457, 474 del C.P.C.) considero procedente el reclamo por este rubro.
Así, teniendo en consideración los hechos acreditados en las presentes actuaciones y las consecuencias que ellos provocaron en la tranquilidad, la angustia y las inquietudes que implicaron, y lo que considero puede representar una adecuada satisfacción de los daños extra patrimoniales acreditados, estimo prudente cuantificar este rubro en el valor de un paquete a Buzios, Brasil, comprensivo de hotel y vuelo para dos personas, por 6 noches, publicado en la página de la empresa de viajes y turismo "despegar.com" en la suma de $ 3.365.050,00.- (PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA) ( https://www.despegar.com.ar/trip/accommodations/detail/PVd3029907d23f4fa38f47d6c7f0ed05eb29915519?tripItem=H0&hotel_product_id=H0&flow=FH&searchParams=RkgvQUlSXzE5NTg4NC9DSVRfMTA3Ny8yMDI2LTExLTI5LzIwMjYtMTItMDUvQ0lUXzEwNzcvMjAyNi0xMS0yOS8yMDI2LTEyLTA1LzJ8SDA6SCxGMTpGLFhTOlhT&stepNum=0&throughResults=true&searchId=2c83f8e6-3a29-4ded-9c44-7119b4af4a22&fromViewMode=list&isMapCommanding=false¤cy=ARS)
En consonancia con lo expuesto, estimo prudente y equitativo fijarlo en la suma de $ 3.365.050,00.- a valores actuales .
En relación a los intereses, teniendo en cuenta que no hay tasa pactada ni legal aplicable a dicho rubro, habrá de adicionarse los intereses conforme lo dispuesto por el art. 768 in. c del CCyCN, los que al momento de practicar su cálculo deberá utilizarse la nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM) determinada por el B.C.R.A. conforme la Resolución de Directorio 1/26 que se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales).
A tenor de ello a dicho importe habrá de adicionarse los intereses a la tasa del 6% anual desde la fecha de notificación de la demanda (19/08/2024, ver fojas 27/29 del expediente digital) y hasta la presente sentencia y a partir de ésta, calculados a la tasa T.I.M. publicada por el B.C.R.A. hasta el efectivo pago, conforme he argumentado precedentemente.
En tal sentido, se ha pronunciado la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA I - AZUL, con fecha 14/08/2026, en los autos caratulados: " PELLENDIER MONICA MABEL C/ BARRAZA MIRTA GRACIELA Y OTRO/A S/ EJECUCION DE SENTENCIA" Expediente: 1-75088-2026 Ejecución de sentencia, en el que se ordenó la tasa TIM del BCRA desde el 04/04/2025 hasta el efectivo pago, descartándose actualizar el crédito por la doctrina "Barrios" de la SCBA ( https://jurisprudenciaarg.com/fallos/1401142).
En la página web del B.C.R.A. en la sección de Servicios y Trámites, los usuarios podrán acceder a la Calculadora de TIM, que permite estimar los intereses y el monto total resultantes de su aplicación a partir de un monto inicial y un período determinado.
Tal como informa el BCRA, reafirmando su compromiso con la transparencia normativa, la participación ciudadana y la simplificación administrativa, ofrece una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas.
Por otro lado, constituye la reglamentación a la que se refiere el inciso c del art. 768 del C.C. y C. citado (arts. 374, 384, 394, 472 y concds. del C.P.C y arts. 767, 768, 769, 1737, 1739 y concds. del C.C.y C.N.).
IV. b) Trato indigno y abusivo. Multa civil.
En este caso el accionante solicita se imponga a la demandada en concepto de éste rubro la suma de $ 91.838.139,00 (equivalente a 100 canastas básicas totales para el hogar 3).
El daño punitivo representa la función sancionatoria de la responsabilidad civil, y es un instituto relativamente novedoso incorporado por la ley 26.361 como art. 52 bis de la ley 24.240.
La doctrina ha señalado "La ley de Defensa del Consumidor -24.240-, mediante la reforma por ley 26.361 (2008) incorporó al Derecho positivo argentino la figura del daño punitivo, que regula el art. 52 bis. La figura del daño punitivo fue prácticamente desconocida en nuestro Derecho Civil durante los siglos XIX y XX, pero estudiada y reclamada por la Doctrina en las últimas décadas. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII en el common law, específicamente en el Derecho Inglés" ( Revista de Derecho Privado y Comunitario. Eficacia de los derechos de los consumidores .Ed. Rubinzal Culzoni Editores. 2012 "Daño Punitivo" Guillermo Pedro Tinti y Horacio Roitman, pág. 208).
Establece la norma que en los casos que el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales, a instancia del damnificado "el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan".
Asimismo el art. 47 en su inciso b) del mismo texto legal establece bajo el título "Sanciones" "Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (.) Multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)".
Tal como puede apreciarse del propio texto legal su imposición, a pedido del actor, es facultativo para el magistrado, el que deberá meritar la gravedad del hecho, así como las demás circunstancias del caso (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, 7/4/2015 en causa Nº JU-1936-2013 caratulada "ELIZALDE RAUL OSCAR C/ RENAULT ARGENTINA S.A. y otro/a S/ VICIOS REDHIBITORIOS", JUBA ).
Los autores explican ".Se trata de una figura del derecho anglosajón, que consiste en una multa civil que el consumidor puede obtener y cuyo importe no guarda relación con el daño que ha sufrido. El objeto de este instituto es impedir que el proveedor siga vendiendo un producto que genere perjuicios, estimando que resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad, por lo que se le otorga al Juez la facultad de aplicarlo o no en el caso concreto y graduarlo conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. El daño punitivo tiende a ser ejemplificador a los efectos de que otros proveedores no incurran en nuevos incumplimientos." (Centanaro Esteban, "Contrato y relación de consumo: actualidad en torno a las últimas modificaciones legislativas" en Estudios de derecho civil con motivo del Bicentenario , dirigido por Conte Grand, Julio, De Reina Partiere Gabriel, El Derecho, Buenos Aires, 2011; Centanaro Esteban, Dresdner Geraldine, Debrabandere Carlos, Martín Riva Juan "El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor y su incorporación a la reforma del Código Civil y Comercial: una visión crítica" publicado en DJ 31/07/2013,1; Farina Juan M., Defensa del consumidor y del usuario , pág. 228, 556 y ss.; Junyent Bas Francisco, Barrista Andrés Federico, Garzino María Constanza, "Destinatarios de la multa en el daño punitivo, publicado en La Ley 01/03/2013, 1; Barocelli, Sergio Sebastián, "Incumplimiento del trato digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confirma su procedencia" publicado DJ 29/05/2013,3; Falco, Guillermo E. "Cuantificación del daño punitivo", publicado en La Ley 23/11/2011; Rinessi Antonio Juan, Rey de Rinessi Rosa "Naturaleza Jurídica del Daño Punitivo", Revista de Derecho de Daños , editorial Rubinzal-Culzoni, 2011-2).
La multa debe graduarse -tal como lo he reseñado- considerando la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, con independencia de las otras indemnizaciones que correspondan, agregándose como pauta de interpretación por la doctrina la índole del hecho generador, proporcionalidad de la sanción con la gravedad de la falta, su repercusión social, peligro de la conducta del accionado en los términos del beneficio que obtiene, perjuicio que la infracción genera en el consumidor, grado de intencionalidad, gravedad de los riesgos o afectaciones sociales generados, existencia de reincidencia, etc. (Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier, Obra citada , pág. 278 y sig.). A ello se agrega que, en atención al carácter punitivo de la figura, no basta el mero incumplimiento sino que es necesario que se trate de una conducta particularmente grave, "caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo, de una grosera negligencia." (Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores , 2ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, pág. 563).
Por otro lado, la Sala II de la Cámara Civil de Mar del Plata en los autos "Machinandiarena Hernández Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ reclamo contra actos de particulares" ha dicho que: ".Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el Derecho Comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. Esta última categoría se sitúa el supuesto bajo estudio: se encuentra acreditado el incumplimiento a normas de distinta jerarquía (universales, regionales, nacionales, provinciales y municipales) en el marco de la relación de consumo que ligaba a la partes y un derecho superior menoscabo del consumidor al no proporcionarle un trato digno en los términos del artículo 8 bis de la ley 24.240, lo que determina la aplicación de la multa civil (conf. Art. 52 bis de la ley citada -t.o. ley 26.361)." (Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, en la causa N° 143.790 "Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ reclamo de actos de particulares" sent. del 27-05-2009, confirmado por la SCBA el 11-6-2012).
El texto completo del art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) dispone que: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
De la norma transcripta se desprende un único requisito para la procedencia del daño punitivo: el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales respecto al consumidor, reservándose ciertas valoraciones subjetivas para la oportunidad de su cuantificación o graduación y siendo la eventual gravedad un aspecto que -de corresponder- habrá de deber ser analizado conforme las características del hecho y las circunstancias del caso (C0202 LP 130970 RSD 09/2022 S 15/02/2022; CC0202 LP 127580 125/20 S 19/08/2020, JUBA ).
Ahora, fijar su monto es una tarea delicada, siendo premisas ineludibles: a) que no es un resarcimiento; b) que es una sanción; c) que tiene incidencia la gravedad de la falta; d) que no tiene relación directa y lineal con los rubros indemnizatorios; e) que debe cumplir una función preventiva disuadiendo al infractor de reincidir en conductas análogas (conf. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II, 28/8/2014 autos "Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. sobre nulidad de acto jurídico" (expediente número 141.404) JUBA ).
Nuestro máximo tribunal Provincial ha establecido como pauta "Los jueces deben ser en extremo prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción por daño punitivo, en tanto la norma del art. 52 bis de la ley 24.240 (texto agregado por ley 26.361), que refiere a la gravedad del hecho y demás elementos de la causa, resulta vaga, laxa e imprecisa. Es menester entonces que esta labor responda a pautas orientadoras y mecanismos que dejen translucir la valoración de las concretas circunstancias del caso, y evitar acudir a criterios subjetivos no explicitados, infundados, irreproducibles o inverificables. De este modo se contribuye al mejor cumplimiento de los objetivos y fines del instituto." (SCBA LP C 119562 S 17/10/2018 Juez PETTIGIANI (OP) Carátula: Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico, JUBA ).
Según las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2009 "los daños punitivos proceden únicamente en casos de particular gravedad, que trasunten menosprecio por derechos individuales o de incidencia colectiva, abuso de posición dominante y también supuestos de ilícitos lucrativos, con la finalidad de desmantelar plenamente sus efectos".
Del análisis del instituto en mención, debe resaltarse que su aplicación es de excepción, y que requiere la configuración de un factor subjetivo agravado ya que resulta necesario que alguien haya experimentado un daño injusto como así también la existencia de una grave inconducta, que es lo que la ley pretende sancionar. De ello y en el sentido de la normativa de la ley de defensa del consumidor, la única exigencia para la aplicación del daño punitivo es que el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales para el consumidor.
Sentado lo anterior corresponde analizar si la conducta asumida por la demandada encuadra en los presupuesto de la norma y si procede en el caso aplicar la multa prevista en el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor.
Con las pruebas producidas en el proceso detalladas en el acápite "De los hechos y las pruebas" - documental, informativa y pericial - se encuentran acreditados los elementos requeridos que justifican la recepción del "daño punitivo".
Por otro lado al ser aplicable a este caso la ley de defensa del consumidor, que resulta claramente apropiada para la cuestión traída a debate, tal como se analizó en considerandos anteriores, concluyo que la actitud asumida por la demandada importa un actuar lesivo de derechos y garantías constitucionales (arts. 42 de la Const. Nacional y 38 de la Const. Provincial).
De las circunstancias presentes en el hecho ventilado, la conducta desplegada por la demandada, todas las reclamaciones y presentaciones en la que se vio obligado a transitar el accionante tales como el peregrinar a fin de poder cancelar anticipadamente y de manera parcial cuotas del plan y la conducta silenciosa por parte de la demandada, ante el reclamo del actor por diversos medios e instancias (CD 181059056, correos electrónicos,) como los reclamos administrativos por ante defensa del consumidor, la instancia de la mediación previa, (todos ellos con resultado negativo ), como las diversas presentaciones en los presentes actuados, y de conformidad con lo dispuesto por el art 8 bis de la LDC el que dispone que :..."ARTICULO 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor", considero procedente hacer lugar a la reclamación del presente rubro.
Es entonces que encontrándose reunidos en el presente caso los requisitos habilitantes para la aplicación de la sanción prevista en el art. 52 de la ley 24.240 -modificada por ley 26.361- entiendo procedente la imposición de la misma a la demandada tal como lo ha solicitado la parte actora (argto. doct. Fernando E. Shina Daños al Consumidor , Ed. Astrea, 1era. edición, Bs. As. 2014, pág. 159 y sgts.; Sebastián Picasso, en obra colectiva Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada , Picasso - Vázquez Ferreyra Directores, Ed. La Ley, Tomo I, Bs. As., 2009, págs .593 y sgts.; Daniel Roque Vitolo "Avances y retrocesos en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación respecto del instituto del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor", publicado en Revista de los contratos, los consumidores y derecho de la competencia , Ed. Legis, págs. 3 y sgts.).
Respecto a la cuantía de este rubro, es sabido que "la tarea de establecer el monto exacto de la sanción no es sencilla dado la norma que regula el instituto omite brindar pautas de cuantificación claras y precisas. El legislador solo prescribió que la punición «se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan» (art. 52 bis de la LDC)" ("Gastiarena, Daiana c. Omint S.A. de Servicios s/ Daños y perjuicios", 10/10/2019, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mar del Plata, Sala II (AR/JUR/56367/2019); Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en la web oficial de la Suprema Corte de Justicia).
En este fallo mencionado se aplicó la fórmula de Irigoyen Testa quien diseñó una herramienta matemática con una sólida base conceptual que permite determinar la cuantía de los daños punitivos en forma tal que no sea inferior ni exceda el monto necesario para cumplir esa función disuasoria y que, tratándose -como en autos- de daños reparables, busca hacer coincidir la responsabilidad total esperada del dañador con los daños reparables esperados que se derivan de su comportamiento (conf. Irigoyen Testa, Matías, "¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por daños punitivos?" RCyS 2009-X, 16; Cám. Ap. Civ. Com. de Rosario, Sala IV, "Vázquez Ferreyra, Roberto c. Claro AMX Argentina y otro s/ daños y perjuicios", del 07/08/2012).
Citando a nuestro superior "La fórmula es la siguiente: D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)], donde: D = es la cuantía de los daños punitivos a determinar; C = es la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados; pc = es la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados; pd = probabilidad de ser condenado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por indemnización compensatoria".
En este orden de ideas la S.C.B.A. ha resuelto "para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Esas ventajas, sin embargo, no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos (conf. mi voto en las causas C. 117.926, "P., M. G. y otros", sent. de 11-II-2015; C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015 y C. 119.562, "Castelli" sent. de 17-X-2018). En el sub lite, el a quo ha brindado fundamento suficiente para sostener la aplicación del modelo matemático propuesto, a lo que se agrega que no se advierte que la suma establecida represente un despropósito (teniendo en cuenta el capital y la envergadura de la accionada)..." ("Frisicale, María Laura contra Telecom Personal S.A. Daños y perjuicios", Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 11/8/2020, JUBA , Base de Jurisprudencia. Disponible en la web oficial https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=176992).
Y tal como sostuvo la Excma. Cámara Civil y Comercial, Sala II Departamental en el fallo citado (Gastiarena c/ Omint) "La utilización de las fórmulas matemáticas no hace desaparecer la compleja y fundamental tarea de justipreciar concienzudamente la prueba producida por las partes y asignar valor a cada una de las variables que ella contempla. Todo lo contrario, esa carga intelectual y argumental se intensifica enormemente, obligando al juzgador a explicitar en su sentencia todos y cada uno de los pasos que componen su razonamiento: qué variables ha tenido en cuenta, qué valor les ha asignado y cómo las ha interrelacionado a través de un cierto modelo de cálculo. La virtud de este modelo de decisión consiste entonces en reducir lo máximo posible el margen de discrecionalidad que se genera al momento de determinar el contenido económico de un crédito resarcitorio. Es loable -y socialmente preferible- que los jueces tengamos la carga de argumentar más y mejor nuestras decisiones y debemos buscar y promover herramientas que permitan lograr ese objetivo (mi voto en causa "Paco Beltrán", Sala I, c. 164.033, del 21/08/2018 y Sala II, causa "Caballero", c. 168.070, del 08/10/2019). Todo ello no hace más que consolidar el postulado preambular de afianzar la justicia."
Teniendo en cuenta el valor de la Canasta Básica Total Hogar 3 publicado por el INDEC que asciende a $ 1.777.508,52.- al mes de octubre de 2026 conforme lo publicado por el INDEC en el sitio :( https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_11_26E40C7C2106.pdf) el importe de la multa según lo dispuesto por la ley debería calcularse entre las sumas de $ 888.754,26 y $ 3.732.767.245 (cero como cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el hogar 3).
En consecuencia, aplicando la aludida fórmula aludida D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] , teniendo en cuenta que en este caso C (cuantía de la indemnización por daños reparables) asciende a $ 3.365.050,00.- (por daño extrapatrimonial); que la pc (probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados) se estima en este caso particular en el 60% dada la cuantía de casos similares y pd (es decir, la probabilidad de ser condenado por daños punitivos) entiendo que el caso es prudente estimarla en el 80% , resulta que D (Daños punitivos) = $ 3.365.050,00.- x [(1 - 0,6) / (0,6 x 0,8)]. En consecuencia, l a aplicación objetiva de dicha fórmula matemática arroja la suma de $ 2.804.208,33.- que alcanzaría el 1,5776 canastas básicas, lo que a mi entender resulta exiguo.
En tal sentido, cabe señalar que en cuanto a la determinación de la cuantía de este parcial se ha resuelto: "El incumplimiento alteró la naturaleza de la obligación original y obligó al actor a desplegar el recorrido administrativo y judicial para hacer efectivo su crédito. Esos incumplimientos son merecedores de condena y la consecuente aplicación de la sanción por daño punitivo viene por añadidura. "... estamos frente a un instituto que funciona como una herramienta jurídica, destinada a castigar y disuadir conductas de una gravedad subjetiva muy particular. De lo contrario, de aplicarse todo el tiempo, y casi por cualquier razón, la herramienta se iría desgastando progresivamente, hasta perder ese "impacto psicológico" que lleva a que las personas, y especialmente las grandes empresas, se abstengan de realizar determinadas acciones, o, por lo menos, que lo piensen varias veces antes de llevarlas a cabo." (CHAMATROPULOS Demetrio Alejandro. "LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR COMENTADA" Pag. 393)... Asentado en este esquema, y en la compleja tarea de determinar si el quantum guarda una adecuada proporcionalidad entre la base fáctica probada, los intereses económicos puestos en juego y los fines perseguidos de no vaciar de contenido al instituto, entiendo que lo determinado por la magistrada que me antecedió resulta escaso, además de no cubrir los recaudos del art. 52 de la ley 24.240, en tanto la unidad de medida establecida para la sanción son las canastas básicas. Por ello, propongo a mi colega de sala hacer lugar al recurso de la actora, fijando el monto en concepto de daño punitivo, en el equivalente a cinco (3) Canastas Básicas Totales (CBT) , para hogar tipo 3 (art. 52 bis de la ley 24.240)." (Conf. Fallo Autos: " PONCE SANDRA SUSANA C/ BANCO BBVA ARGENTINA S.A. S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES " . Sala I Exma. Deptal., de fecha 27/05/2025, expediente de trámite por ante este Juzgado).
En consecuencia, meritando la actitud de las accionada, la valoración de su conducta para estos casos por la importancia de los bienes e intereses comprometidos, derechos de raigambre constitucional y un tutela judicial efectiva, teniendo cuenta el límite establecido por los artículos 52 bis y 47 inc. b de la ley 24.240 que ya indicara precedentemente, determino este rubro "daño punitivo" en la suma de $ 8.887.542,60 que equivaldrían a 5 canastas básicas totales hogar 3 , a cargo de las demandada VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, cuyo importe habrá de actualizarse al momento del efectivo pago (según el valor de la canasta correspondiente) y sin intereses por tratarse de una sanción, pero cuya falta de pago en tiempo generará los intereses a tasa T.I.M. tal como se indica en los considerandos anteriores.
V. ANATOCISMO.
El accionante solicita que de conformidad a las prescripciones del inciso b del art 770 del CCCN, se capitalicen los intereses desde la fecha de mora hasta la fecha de notificación de la demanda (Punto VIII.d) in fine)
Cabe señalar que la norma citada dispone: " Anatocismo.- No se deben intereses de los intereses, excepto que: a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses; b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda; c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo; d) otras disposiciones legales prevean la acumulación"
En este sentido se ha dicho "El Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.), al regular las "Obligaciones de dar dinero", luego de referirse a los intereses compensatorios (art. 767), intereses moratorios (art. 768) e intereses punitorios (art. 769), en el artículo 770, titulado "Anatocismo", establece que no se deben intereses de los intereses y a continuación alude a las excepciones a tal regla, cuando: "a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses; b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda; c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo; d) otras disposiciones legales prevean la acumulación" (CC0201 LP 134555 307 S 24/10/2023, JUBA )
Por otro lado se ha resuelto "El supuesto de anatocismo judicial exige la combinación de varios extremos, esto es, la liquidación judicial aprobada y el incumplimiento de su pago. Cabe aclarar que carece de relevancia la mora en que se hubiese incurrido anteriormente en el pago de la obligación. El supuesto habilitante de la capitalización judicial, está dado por el incumplimiento específico de la intimación judicial a pagar la liquidación, una vez firme el cálculo aprobado. De manera que practicada la intimación, todas las sumas comprendidas en la condena son un capital que devenga intereses si el deudor no la cumple, aunque los posteriores intereses ya no se capitalizarán, sino que se irán devengando como interés simple" (CC0202 LP 125460 RR 460/24 I 05/09/2024, JUBA )
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sido muy clara al interpretar el artículo 623 del Código Civil derogado (Ley 340) y el actual art. 770 del Código Civil y Comercial. Resolvió en numerosas oportunidades que "la capitalización de intereses, si bien está admitida excepcionalmente -como en el caso que exista condena judicial y mora en el cumplimiento-, requiere para su configuración el cumplimiento de determinados requisitos, a saber: la existencia de liquidación de deuda aprobada judicialmente; intimación judicial de pago de la suma resultante de la liquidación y mora del deudor en el cumplimiento de la condena" (B. 67.055, "Cuomo", res. del 4/07/2012; más recientemente, causa B.66.234 "Aballay", res. del 28/12/2021, JUBA ).
En consecuencia corresponde acceder a la aplicación del mismo en la oportunidad procesal descripta precedentemente, si se configuran tales supuestos, con el resguardo a la bilateralidad y una vez que "se intime al deudor al pago de lo adeudado bajo el apercibimiento de capitalizar" y éste fuere renuente a hacerlo , conforme lo dispuesto la normativa del Código de fondo citada. (Arts. 36 y ccdtes. del CPCC y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación).
VI. APLICACION DOCTRINA DEL CASO "BARRIOS".
Como se indicó en los considerandos, la actora en su presentación inicial, punto " X. PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALICE CAPITAL" , obrante a fojas 1/17, ha solicitado que en oportunidad de dictarse sentencia se aplique la doctrina del caso Barrios, donde se ha declarado la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23928, en virtud de la consideración que ha efectuado la Corte respecto al impacto de los fenómenos inflacionarios padecidos en nuestro país que claramente distorsionan la ecuación económica en las relaciones jurídicas.
Con abundante cita de doctrina y jurisprudencia indica que "... a los fines de satisfacer las exigencias que surgen de este nuevo paradigma de la "reparación plena" (art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación), es que la obligación de resarcir que pesa sobre el agente damnificante, constituye una deuda de valor y no una deuda de moneda ."...
En su oportunidad la demanda en su escrito de conteste ( punto IX) fs 30/60 manifiesta que a tenor de la presentación formulada por el accionante a fin de la aplicación de la doctrina judicial sentada por la SCBA, entiende que lo expuesto en la demanda deviene improcedente y que dicha pretensión "... constituye una intención de obtener un enriquecimiento sin causa en detrimento de mi mandante...."
Expresa que "...la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la capitalización de intereses no puede ser admitida cuando lleva a una consecuencia patrimonial que equivale a un despojo del deudor, acrecentando su obligación hasta un límite que excede los de la moral y las buenas costumbres, con menoscabo de propiedad y defensa en juicio, apartándose de la realidad económica del caso y desentendiéndose de las consecuencias patrimoniales del fallo."
Indica que el precedente jurisprudencial no tiene aptitud derogatoria de normas, por lo cual, la vigencia del art. 7 de la ley 23928 es imperativa, solicitando su rechazo por los argumentos allí esgrimidos y a los cuales me remito en honor a la brevedad.
En primer lugar debo señalar que traído dicho planteo al caso de autos, debe ponderarse que los rubros por los cuales procede la presente resolución han sido calculados a valores actuales y se ha fijado intereses , en resguardo del crédito reclamado y a fin de evitar su depreciación. En sentido que comparto se ha expedido la Jurisprudencia "La doctrina "Barrios" no avala esa acumulación ni resulta trasladable sin más al caso: allí se trató de un crédito cuya cuantificación había quedado desactualizada por el largo tiempo transcurrido, mientras que aquí los montos se fijan a valores actuales en esta misma instancia, quedando resguardada la integridad del crédito con el interés moratorio correspondiente . Además en el caso "Barrios" se dijo que antes de declarar la inconstitucionalidad hay que analizar la suficiencia de alguna tasa de interés para cubrir la depreciación, aspecto cubierto con la Tasa de Interés Moratorio (T.I.M.) que fija el B.C.R.A. Corresponde, en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y la actualización por índices dispuesta, y establecer que, desde la fecha de cuantificación de cada rubro y hasta el efectivo pago, el capital devengará la tasa de interés moratorio (TIM) que resulta de la reglamentación del Banco Central de la República Argentina (art. 768 inc. "c", C.C.C.N.), sin acumulación de mecanismo de actualización alguno" (CC0201 LP 142760 224 S 16/07/2026; JUBA).
Por su lado, nuestra Excma. Cámara ha señalado que "la tarea de quien pretende una decisión que declare la inconstitucionalidad del nominalismo, consiste en demostrar que ninguna de las vías alternativas a la "última ratio" es suficiente para que el resultado sea respetuoso de la garantía constitucional de reparación plena o integral del daño injustamente sufrido (CSJN Fallos: 308:1160; 308:1118; 308:1119; 327:3753), en tanto como ha dicho reiteradamente la CSJN "se requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto, y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar un derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional" (Excma. Cám. Sala II causa 180507 s. 18.3-2025 y causa 182134 del 27/5/25, entre otras).
A los fines de la suficiencia del cuestionamiento por inconstitucionalidad de preceptos normativos, sabido es que un planteo de tal índole, debe contar con un sólido desarrollo argumental ya que no basta la mera manifestación de disconformidad del interesado, ni la cita de preceptos constitucionales, ni la alegación de supuestos perjuicios, sino que se requiere que el interesado efectúe una crítica razonada del precepto, argumentando acerca de la manera en que la norma que objeta contraría la Constitución y causa, de tal forma, un agravio a los derechos de que se es titular, siendo indispensable la clara indicación del derecho o garantía que se dice agraviado, la exposición clara y precisa del modo en que el precepto quebranta las cláusulas constitucionales y la demostración de la relación directa entre éstas y aquél (SCBA, A 68418 S 15-4-2009, JUBA ).
En efecto, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es un acto, cuya trascendencia y efectos son de una envergadura tal, que exige en el sentenciante un análisis que traspasa el común denominador de cualquier análisis jurídico, en razón que la tacha de inconstitucionalidad importa declarar que el legislador en oportunidad de dictar una norma de alcance general no ha tenido en cuenta nuestra Carta Magna, quebrando con ello, la pirámide jurídica y su jerarquía de leyes.
De ello se sigue, que quien pretende un pronunciamiento de tal naturaleza esta obligado a indicar, alegar y demostrar en forma contundente y categórica, la irrazonabilidad de la norma cuestionada, como así también en qué radica la inconstitucionalidad de la misma y qué normas de jerarquía constitucional no han sido tenidas en cuenta al dictarse aquella norma.
En tal sentido ha dicho la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Deptal "cabe recordar que resulta carga de quien postula la inconstitucionalidad de la norma alegar y demostrar suficientemente su palmaria irrazonabilidad (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 66.966 "Avila" sent. del 14-VIII-2013), lo que no ha sido cumplido de modo cabal por el peticionario, quien se limitó a efectuar meras alegaciones genéricas que sólo alcanzan a reflejar su dogmática discrepancia con el requisito legal, empero que no resultan consistentes con la trascendencia institucional que conlleva su pretensión, esto es, que se ponga en ejercicio la atribución de ejercer el control de constitucionalidad, sin aportar constancias fehacientes para acreditar la denunciada violación a los derechos constitucionales - según se fuera exponiendo a lo largo de este voto- , lo que cierra adversamente la postulación, máxime cuando a los jueces nos esta vedado examinar la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (C.S.J.N. Fallos 327:1415; 328:91; 329:385; 329:4032 por remisión al Dictamen de la Procuración General), salvo -reitero- alegada y comprobada irrazonabilidad o iniquidad (C.S.J.N. Fallos 328:566; esta Cámara causa P-1074- BB1 "Patagonia Motors S.A.", sent. de 15-IX-2009)" (C.C.A. MDP 21/1/2013 A-3532-BBo "Parraquini Hugo Servando c/ Municipalidad de Gonzalez Chavez s/ Amparo, JUBA ).
Asimismo, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que "para que tenga andamiento, la tacha de inconstitucionalidad debe indicar de qué modo la norma impugnada habría quebrantado los derechos constitucionales cuya tutela se procura, debiendo la parte accionante acreditar que el ejercicio de los derechos constitucionales se halla afectado debido a la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se controvierte, o demostrar de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a una garantía constitucional, dado que las deficiencias argumentales constituyen una omisión que no puede ser suplida por el Tribunal. Ello así por cuanto, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico" (SCBA LP B 65011 RSD-24-17 S 29/03/2017 Juez DE LÁZZARI (MA), JUBA ).
Por los fundamentos expuestos, no habiendo cumplido el peticionante con dicha carga, y no encontrando acreditado la violación a derechos constitucionalmente amparados, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad al art. 7 de la Ley 23298.
Por todo ello, normas legales vertidas y lo dispuesto en los artículos 34, 163, 384, 494 y conc. del C.P.C.C.;
1. Haciendo lugar a la demanda promovida por OSVALDO MARIANO ORTOLANI contra VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS , condenando a ésta a abonar al actor la suma de $ 12.252.592,60 (PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS) con más los intereses que correspondan, dentro del plazo de DIEZ DÍAS bajo apercibimiento de ejecución (art. 163, inc. 7 del CPC).
2. Imponiendo las costas del proceso a la demandada en su calidad de derrotada (art. 68 del C.P.C.).
3. Rechazando la petición del actor OSVALDO MARIANO ORTOLANI respecto de la aplicación del "caso Barrios" (precedente de la SCBA) al presente, con costas en su carácter de vencido (arts. 68, 69 del C.P.C.C.)
4. Difiriendo la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad de la aprobación de la liquidación que corresponda (art. 51 de la ley 14.967).
5. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría a través de la remisión de copia digital del presente proveído en el domicilio electrónico constituido por las partes: DR. JUAN IGNACIO MARCEILLAC (por la actora), el Dr. ALFREDO FERNANDO JOZAMI por la demandada VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, a la mediadora interviniente Dra. ISABEL MARIA LUJAN SUAREZ , el perito CONTADOR LUIS JAVIER CEBADA, por la perito informática LIC. MARTA SPINOSO y por el Sr. AGENTE FISCAL (arts. 34 inc. 5° ap. 'a' y 'e'; 135 y 143 bis del C.P.C. y Resolución SCBA 10/20 y arts. 10/13 Ac. 4013/21).
Firmas
Funcionario firmante: BASSO Daniela Valeria - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 103-2026
Fin de la sentencia