Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-58567693-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 4 de Junio de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 37.570-I caratulado “OSÁCAR GUILLERMO VÍCTOR s/ apelación”, El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 36/45 se interpuso recurso de apelación contra la Res. 46/2013 que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) de los ejercicios 2008 y 2009, intimó su pago con más los intereses resarcitorios, y aplicó una multa graduada en el 50% del impuesto omitido (cfrme. art. 45, ley 11.683).
II. Que la recurrente planteó la nulidad de la resolución en virtud del incumplimiento por parte del fisco de lo dispuesto en los dos últimos párrafos del art. 119 de la ley 11.683. Agregó que el plazo fijado por la ley había fenecido al momento de notificarse los nuevos ajustes propuestos (10/09/2012). Recordó que el propio fisco interpretó que con el corrimiento de la vista al contribuyente se exteriorizó la impugnación de la declaración jurada (ddjj) del período base, lo que se efectivizó el 04/12/2012, por lo que -a su criterio- el plazo de 60 días había transcurrido más que holgadamente. Aclaró que si el fisco entendió que la ddjj rectificativa que presentó no satisfacía la pretensión fiscal, debió haberla impugnado dentro de los 60 días de presentada, hecho que no ocurrió.
Con relación al fondo del asunto, manifestó que el informe final de inspección posee severas inconsistencias, a saber: existen diferencias matemáticas en el cálculo de la impugnación de pasivos del ejercicio 2008, no se acreditó documentalmente las diferencias por CITI compras, no se justificó el criterio por el cual se tiene por cierta la información circularizada, tanto en compras como en ventas, siendo que la gran mayoría coincide con lo registrado.
Con relación a los pasivos impugnados, adujo que si bien su madre, la Sra. Araceli Camila Sosa, quien le prestó una suma destinada a cubrir el déficit del negocio, no lleva adelante una actividad económica; en el año 2007 percibió un anticipo por edad avanzada en su carácter de docente jubilada de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, con lo que se acredita el dinero prestado.
Detalló que los fondos prestados por su padre, el Sr. Víctor Gregorio Osácar, provienen de la venta de un inmueble ubicado en La Falda, provincia de Córdoba.
Cuestionó la utilización del índice BAFIS por considerarlo improcedente al tratarse de coeficientes de exclusiva utilización del personal de AFIP a los que no puede acceder el contribuyente. Asimismo, entendió que el fisco debió utilizar las relaciones numéricas que surgen de su actividad porque no se encontró imposibilitado de determinar la materia imponible en forma cierta. En este sentido, advirtió el ofrecimiento de la prueba pericial contable para determinar si el índice BAFIS utilizado se condice razonablemente con su actividad.
Con relación a las diferencias detectadas por la circularización a ciertos clientes, puntualizó que la inspección no justificó su criterio por el cual tiene por cierta la información circularizada. Hizo hincapié en que la inspección implementó una cadena de presunciones prohibidas por la ley 11.683 y por la jurisprudencia, partiendo de los ajustes tomados de deudores.
Planteó que la resolución apelada presenta vicios que afectaron requisitos esenciales -competencia, causa, objeto, motivación, finalidad y forma-, lo cual acarrea su absoluta e insanable nulidad.
Señaló que la fiscalización se valió de la determinación sobre base presunta sin que ello resulte procedente, por contar con toda la documentación disponible.
Impugnó la liquidación de los intereses resarcitorios practicada por tratarse de un accesorio del principal. Con relación a la multa impuesta, consideró que por tratarse de una infracción de naturaleza penal, no puede surgir de tan escueta e infundada imputación.
Finalmente, citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y peticionó que se deje sin efecto la determinación apelada, con costas.
III. Que a fs. 62/86 se presentó el fisco nacional y contestó el traslado del recurso, acompañando los antecedentes administrativos (aa). Solicitó que oportunamente se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que a fs. 102/102vta. se abrió la causa a prueba, a fs. 173 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 177 se pusieron autos para alegar, haciendo uso de su derecho el fisco a fs. 187/190 y la actora a fs. 191/196. Finalmente, a fs. 197 se pusieron los autos a sentencia.
V. Que primeramente corresponde señalar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfrme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que por razones lógicas en el tratamiento de las cuestiones planteadas, debo expedirme inicialmente en relación al agravio de nulidad articulado por la actora por considerar –en suma- que el acto apelado carece de requisitos esenciales -competencia, causa, objeto, motivación, finalidad y forma-, y por el supuesto incumplimiento al art. 119 de la ley 11.683, toda vez que los mismos, de ser acogidos favorablemente, derivarían en la nulidad de la resolución recurrida.
En este sentido, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley, y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Del análisis del acto recurrido, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfrme. art. 7, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, por lo que no observo que el juez administrativo competente para el dictado de la resolución apelada se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que la funda - como simplemente invoca la actora-, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez de los actos, por lo que corresponde rechazar el planteo de nulidad.
Con relación al agravio relativo a la incorrecta aplicación del “Régimen Especial de Fiscalización” o más conocido como “bloqueo fiscal” dispuesto por la ley 11.683 en el Capítulo XIII del Título I, cabe destacar que el mismo fue derogado por el Dto. 455/2002 (BO 12/03/2002) -con la aclaración efectuada en el Dto. 977/2002 (BO 11/06/2002)-, por lo que su invocación en la presente causa en la que se discuten los períodos fiscales 2008 y 2009, carece de asidero. Es por ello que corresponde también rechazar el agravio relativo al “bloqueo fiscal”.
En lo tocante a las costas, si bien los agravios fueron tratados previamente, lo cierto es que no fueron articulados por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como otras defensas más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
VII. Que a continuación corresponde analizar la cuestión de fondo.
Del informe final de inspección, de los antecedentes administrativos (aa) de la causa y especialmente de la resolución apelada, surge que la actora se encuentra inscripta en la actividad de "Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles" (v. fs. 42/44 y 82/87, Cpo. Gcias., aa y 6/21).
Por el ejercicio 2008, la fiscalización se originó en cruces en los que se detectó que las ventas eran inferiores a la sumatoria de las compras, sueldos y contribuciones; ampliándose luego al ejercicio 2009. En primer lugar, se le requirió al contribuyente que aporte registros IVA compras y ventas; y su documentación respaldatoria por los períodos 01/2008 a 12/2009, detalle de bienes y deudas; y papeles de trabajos relativos a la ddjj del IG. El fiscalizado acompañó los libros IVA ventas y compras; y papeles de trabajo de las DDJJ del IG, de los ejercicios 2008 y 2009.
En lo referido a las deudas declaradas, del informe surge que en la ddjj del período 2008 se consignó un saldo al cierre con el proveedor Dante Rumieri S.A. por $40.553,85, cuando de la circularización practicada se informó un saldo contra el citado de $16.661,14, surgiendo una diferencia injustificada de $23.892,71.
Asimismo, al no permitir el aplicativo individualizar a los proveedores incluidos en la ddjj en el rubro “otros”, integrante del rubro “deudas comerciales”, se le requirió al contribuyente lo detalle, e informó que “...corresponden a las mismas deudas originadas en períodos anteriores, es decir que los saldos al inicio y al final de cada período corresponden al mismo concepto.” Al no aportarse documentación respaldatoria al respecto, el fisco impugnó el incremento cuya suma asciende a $302.636,98. Para el período 2009, la fiscalización indicó que el contribuyente declaró un saldo al cierre con el proveedor Dante Rumieri S.A. por $10.200,44, cuando de la circularización se informó $3.454,21, surgiendo una diferencia injustificada de $6.746,23.
A su vez para el rubro “otros”, perteneciente al rubro “deudas comerciales”, al igual que para el 2008, el contribuyente informó que “...corresponden a las mismas deudas originadas en períodos anteriores, es decir que los saldos al inicio y al final de cada período corresponden al mismo concepto.” Por ello, al no aportar documentación respaldatoria al respecto, también se impugnó el incremento originado en $117.236,88.
Además, respecto al rubro “otras deudas corrientes” la inspección observó que está compuesto por deudas con Araceli Sosa con un saldo al inicio de $50.000 y al cierre de $73.020, informando el contribuyente que “las cifras del item Otras Deudas Corrientes, en el rubro Deudas del pasivo en los períodos fiscales 2008 y 2009 …. fueron otorgados en calidad de préstamo por mis padres Víctor Osácar y Araceli Sosa cuyo origen fue la venta de una propiedad en la localidad de La Falda, provincia de Córdoba.”, sin aportarse documentación respaldatoria. Sin embargo, se verificó que la Sra. Sosa es jubilada, no posee CUIT y no presenta ddjj, por lo que se impugnó el incremento en la suma de $23.020.
Por este concepto se realizaron las impugnaciones por un total de $326.529,69 ($23.892,71 + $302.636,98) para el ejercicio 2008 y de $147.003,11 ($6.746,23 + $117.236,88 + $23.020) para el ejercicio 2009. Luego, en lo referido a las ventas, se controló el total de ventas netas gravadas registradas en el “libro IVA ventas” de los períodos 01/2008 a 12/2009, con el total declarado en el IVA e informadas en la base efisco, sin observaciones.
También se consultó la base efisco CITI compras, detectando que las operaciones informadas en los períodos 02, 04 y 06/2008 y 07/2009 no coincidían con los registros del libro IVA ventas aportado, por lo que se localizaron las respectivas facturas entre los talonarios aportados. Se observó la coincidencia de los clientes pero siendo los importes de esos comprobantes iguales a los informados en el CITI compras, se halló una diferencia de $17.355,40 y un IVA de $3.644,64, para el ejercicio 2008 y una diferencia de $3.855,71 y de IVA de $809,70, respectivamente para el ejercicio 2009.
Como consecuencia de ello, la actuación envió circularizaciones a clientes que surgen del libro IVA ventas, encontrándose irregularidades en algunas facturas, puesto que difieren con las registradas en cuanto al monto. Ello ocurrió con los siguientes clientes, Omar Raimondi, Amoblamientos Baudracco, Carlos Grando, Miguel Charaviglio y Edith Ponce, siendo la diferencia del neto gravado de $58.761,94 y $6.611,59 en los ejercicios 2008 y 2009, respectivamente.
En conclusión, por ventas ciertas no declaradas el fisco determinó un neto total de $76.117,34 ($17.355,40 + $58.761,94) y $10.467,30 ($3.855,71 + $6.611,59) para los ejercicios 2008 y 2009, respectivamente. Por último, la fiscalización efectuó una verificación del total de compras y gastos computados. Para el ejercicio 2008, al total de compras gravadas y no gravadas registradas en el libro IVA compras ($661.094,80) se le sumó el total de compras y gastos no registrados en dicho libro, según la información suministrada por el inspeccionado, obteniéndose un resultado total de $831.737,85. Ese total fue comparado con el total de compras y gastos declarados, imputables y no imputables al costo ($809.505,98), resultando superior el primero en $22.231,87.
Para el ejercicio 2009, al total de compras registradas ($568.129,25) se le sumaron las no registradas según la información aportada por el contribuyente, obteniéndose un total de $750.273,73, que comparado con el total de compras y gastos declarados, imputables y no imputables al costo ($569.752,05), resultaron superiores el primero en $180.521,68.
Durante la inspección, el contribuyente presentó DDJJ rectificativas por los ejercicios 2008 y 2009. En la resolución apelada se aclara que en las rectificativas el fiscalizado excluyó a los saldos de deudas consignados en las DDJJ originales de los períodos inspeccionados que habían sido observados por la actuación como consecuencia de la falta de aporte de constancias respaldatorias hábiles para validar los pasivos. Por ello, el fisco entendió inconsecuente con sus propios actos sostener con la rectificativa la verosimilitud de dichos saldos de pasivos impugnados por la inspección y conformados al anularlos mediante las DDJJ rectificativas, más aún cuando en el descargo presentado el responsable tampoco aportó elementos fehacientes tendientes a corroborar los saldos de deudas cuestionados por la inspección declarados en las DDJJ originales (v. fs. 14).
Asimismo, se aclaró que los cargos formulados por la inspección y descriptos en la vista conferida se generaron debido a que la rectificación de pasivos no acreditados por el contribuyente incidieron parcialmente en el “impuesto a ingresar por inspección”, dado que además de esa rectificación reduciendo las deudas originalmente declaradas, en las DDJJ rectificativas mencionadas, el contribuyente introdujo otras rectificaciones que derivaron en que dicha anulación de pasivos no repercutiera en la materia imponible según la norma aplicable (art. 18, inc. f), ley 11.683), ya que fue parcialmente compensada o amortiguada al declararse en el “cuadro de justificaciones patrimoniales” nuevos importes de “otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales”, sin que se aportaran justificativos ni explicaciones sobre los mismos, entre otras modificaciones introducidas. En este marco, la fiscalización estableció la materia imponible teniendo en cuenta: la impugnación de pasivos que fue ratificada por la actora según las DDJJ rectificativas, montos correspondientes a “compras y gastos” detectados por la inspección y no declarados en las DDJJ originales que también fueron incorporados por el fiscalizado en dichas rectificativas, y la no consideración de los demás importes incorporados en las DDJJ rectificativas sobre los que el contribuyente no aportó comprobantes fehacientes que permitan su acreditación o validación por parte de la Administración (vg. Incremento de deducciones por la diferencia de existencias, importes consignados en “columna II” por “otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales”) (v. fs. 14/15).
VIII. Que a fin de contestar los puntuales agravios de la actora respecto del método empleado por el fisco para determinar el impuesto de autos, cabe puntualizar que a los fines de seguir el procedimiento de determinación de oficio, el fisco puede utilizar dos modalidades: practicarla sobre base cierta o en forma directa, o bien, sobre base presunta o por estimación.
La ley 11.683 fija un orden de prelación cronológico, pues sólo puede recurrirse a la determinación sobre base presunta en los supuestos en que no disponga de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que origina la obligación tributaria, tanto en cuanto a su existencia como respecto de su significación económica (vgr. inexistencia de registros contables, o cuando los mismos presentan notorias deficiencias, documentación inexistente o no fehaciente, etc.), tornando imposible su apreciación inmediata. Ello así, en estos supuestos, al fisco sólo se le permite presumir la existencia y magnitud de la obligación tributaria cuando le resulte imposible hacerlo sobre base cierta y precisa. En suma, la administración debe agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo, para recién –frente a los supuestos antes enunciados- recurrir al método indiciario/presuntivo, expuesto como subsidiario del anterior.
De los antecedentes administrativos de la causa que fueron relatados en el considerando anterior, se desprende que el fisco dio acabado sustento al mecanismo presuntivo utilizado para practicar las determinaciones de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 11.683, al detectar inconsistencias en los pasivos que la actora pretendió hacer valer, llevándolo a presumir un incremento patrimonial no justificado en el tributo determinado, con más el 10% de renta dispuesta, habiendo tenido el contribuyente la posibilidad de acompañar, en la presente instancia, la prueba conducente que haga a su derecho, para desvirtuar los dichos de la administración y la presunción iuris tantum utilizada. Asimismo, surgen acreditados los ajustes efectuados sobre base cierta que fueron relatados en el considerando VII. Al respecto, cabe recordar que en esta instancia, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido debe recordarse que si bien este Tribunal -cfrme. art. 164, ley 11.683 tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal.
Cabe destacar que se le dio a la actora por decaído el derecho a la producción de la prueba pericial contable ordenada en autos por la que pretendió acreditar el contenido y saldo de la cuenta “otros” de las deudas comerciales del Sr. Osácar y para que los peritos se expidan sobre la aplicación del índice BAFIS supuestamente utilizado por el fisco, agravios que quedaron huérfanos de actividad probatoria alguna. A esta altura, cabe recordar que la actividad en la cual el juzgador valora la prueba producida, es lo que se denomina el “método reconstructivo de apreciación conforme las reglas de la sana crítica”; y en ese sentido, del análisis de los elementos probatorios colectados por el fisco que da cuenta el acto apelado, se vislumbra un razonamiento congruente sobre la inexistencia de los pasivos impugnados, y que la prueba producida en la presente instancia -a criterio del suscripto- no ha logrado revertir.
En efecto, solo se produjo la prueba testimonial al Sr. Dante Rumieri (v. fs. 138) en donde declaró que no recuerda el año en el que operó con el Sr. Guillermo Osácar pero que fue cliente suyo y afirmó que en la actualidad la cuenta no está operativa. Al respecto, cabe destacar que no se cuestionó que el Sr. Rumieri haya sido cliente de la actora, sino el monto de la deuda que éste declaró, y si bien el declarante afirmó poseer documentación que puso a disposición, la misma nunca fue acompañada ni en ese acto, ni la actora instó su incorporación al proceso.
Por su parte, a fs. 140 declaró la Sra. Araceli Sosa, madre de la recurrente, quien afirmó ser su acreedora y acompañó documentación de 10/2001, 02/2007 y 11/2007 de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Ley 9816 (v. fs. 146/152) para acreditar el retroactivo que recibió por su condición de docente jubilada. Afirmó que le prestó a su hijo esos fondos y hasta ese momento no habían sido devueltos. Asimismo, con relación a la venta del inmueble del cual era titular en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, acompañó copia de la escritura de venta del 01/07/1992 por $45.000, dinero que afirmó fue ahorrado y posteriormente prestado a su hijo en fecha que no recuerda y que tampoco había sido devuelto. Al respecto, cabe precisar que la recurrente no acreditó que el dinero que surge de la documental de fs. 146/152 y el resultante de la venta del inmueble le haya sido efectivamente prestado por su madre. Nótese que la escritura de venta es del año 1992, no habiéndose acreditado que dicha suma haya permanecido en alguna cuenta de titularidad de la Sra. Sosa hasta el momento del supuesto préstamo acaecido durante los años 2008/2009, esto es, no existe ninguna prueba que acredite la trazabilidad de esos fondos desde el año 1992 hasta 2008/2009, ni mucho menos evidencia alguna en los hechos de que el supuesto préstamo se haya efectuado.
En este sentido, debo recordar una vez más que si no se logra cumplir con la carga de probar lo que se invoca, se corre el riesgo de que el reclamo sea denegado (Fallos 332:1367). En efecto, es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635), toda vez que la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso. En este sentido, la recurrente prescindió de allegar elementos fehacientes que justifiquen la improcedencia de los ajustes practicados, por lo que deben ser confirmados, con costas.
IX. Que en cuanto a los intereses resarcitorios, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN señaló que “…si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario…que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente, entonces, que la conducta de la contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido, en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión, no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello, es así, máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley lo puntualizó la Corte en otros precedentes…se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (Fallos 323:1315).
Ello así, corresponde confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios intimados en los actos recurridos, con costas, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683.
X. Que con relación a la sanción aplicada, debe destacarse que el art. 45 de la ley 11.683 -vigente al momento de los hechos-, en su parte pertinente disponía que: “el que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionada con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir, que el aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es, la omisión del pago, mediante la falta de presentación de las declaraciones juradas o por su inexactitud.
Lo expuesto en los Considerandos anteriores evidencia que se ha configurado el elemento objetivo descripto en la sanción aplicada, sin que la actora haya invocado y menos aún acreditado la ocurrencia de error alguno que excuse su responsabilidad, por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.04 10:12:55 -03:00 Date: 2024.06.04 15:02:31 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.04 15:02:32 -03:00
Fin de la sentencia