Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-87236724-APN-SGA#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener al recurrente por desistido parcialmente de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace a la porción de impuestos e intereses resarcitorios regularizados en los términos de la ley 27.562 y hasta el límite de los montos intimados a ingresar en las Resoluciones Nros. 68/20 y 69/20, en la medida establecida en su art. 11°, inc. c), con costas.
2Tener por condonado, de acuerdo al inc. c) del art. 11 de la ley 27.562, el proporcional restante de intereses en relación al acogimiento efectuado y con los alcances de lo resuelto en el punto 1), que no se encuentran incluidos en el desistimiento parcial, con costas en el orden causado.
3Confirmar las Resoluciones Nros. 68/20 y 69/20 por los montos no incluidos en la regularización efectuada en el régimen de la ley 27.562, con costas.
4Ordenar que el Fisco Nacional en el plazo de 30 (treinta) días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar el Sr. García, teniendo en cuenta lo resuelto en el punto 1).
5Diferir la regulación de honorarios de los letrados/as intervinientes hasta la aprobación de la liquidación ordenada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-105681432-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 4 de Octubre de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el EX-2020-87236724-APN- SGA#TFN caratulado “Oscar Alfredo García s/ apelación”
I. Oscar Alfredo García interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 68/20 y 69/20, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos el 13 de marzo de 2020, en las que se determinaron de oficio sus obligaciones frente al impuesto a las ganancias del período fiscal 2016 y del impuesto al valor agregado, por los periodos fiscales 1/2016 a 12/2016, intimándolo a pagar $2.942.433,61 y $1.756.573,38, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dichos actos también se hace expresa reserva de aplicar sanciones una vez resulta la causa penal, conforme a lo dispuesto en el art. 20, ley 24.769 (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, el señor García informa, en primer lugar, el acogimiento parcial- al régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto en la ley 27.562 y sus reglamentaciones por la suma de $2.264.806,80. Dice que de dicho monto, $921.580,23 corresponden al impuesto a las ganancias y $818.132,03 al impuesto al valor agregado del período fiscal 2016, ambos más intereses. Adjunta el detalle del Plan N° O389927 del 30 de noviembre de 2020 (v. RE-2020-87234276-APN-SGAI#TFN).
Aclara que sólo ha regularizado los montos “que por las vicisitudes del procedimiento han administrativo han quedado expuestos, sin perjuicio que la prueba arrimada y lo que se explicó en su momento indicaba lo contrario”, por lo cual, a continuación, anuncia que los agravios desarrollados en su presentación se refieren a los ajustes en general. Ello, porque, según sigue diciendo, el acogimiento efectuado afecta únicamente a los montos a ingresar y no al fondo de la cuestión que discute.
Declara asimismo que su actividad principal es la de servicios de transporte automotor y que no podría haber obtenido como fruto de esa actividad los montos de ingresos y ventas que el Fisco Nacional presumió a partir de la aplicación del art.18, inc. g) de la ley 11.683.
Sostiene que los montos detectados en sus cuentas bancarias corresponden a 4 mutuos que celebró con la empresa Arauneos del Sud S.A., que fueron suscriptos ante escribano público y que su autenticidad no fue puesta en discusión; agrega que fueron un medio de asistencia financiera dada la difícil situación económica por la que atravesó, y que, aunque parcialmente, Arauneos del Sud S.A. los reconoció ante la fiscalización ($3.712.639,80). Califica, por otro lado, como irrefutables los montos recibidos por el contrato de mutuo celebrado con el Sr. Carlos Agustín Pasini, por U$S20.000 (equivalentes a $281.600), cuya copia adjunta en esta instancia como prueba documental con el objeto de justificar depósitos en sus cuentas bancarias por $280.000.
Critica que el Fisco Nacional haya recurrido al método de determinación de oficio sobre base presunta, dado que la fiscalización contaba con toda la documentación necesaria que respaldaba su postura y se agravia que se hubiera utilizado para ello un único indicio, los depósitos bancarios, por lo que concluye que las determinaciones de oficio que le imputan el incremento patrimonial no justificado previsto en el inc. g) del art. 18 de la ley 11.683 son irrazonables.
En particular, respecto de la determinación de oficio practicada en el impuesto al valor agregado, dice que “Si bien las cifras recolectadas divulgaron un manejo de caudales que a priori no es proporcional al que habilita a acogerse al régimen simplificado de pequeño contribuyente (monotributo), todavía no está verificado a diferencia de lo que sostiene el denunciante- que dichos montos tuvieron su fuente en la actividad comercial del encartado, como materia imponible para determinar si correspondía o no tributar el impuesto al valor agregado”, y agrega que “…los fondos detectados pudieron tener diverso origen”.
Por último, aporta prueba documental, ofrece prueba informativa y solicita que se revoquen ambas Resoluciones, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contesta el recurso y solicita que se confirmen sus actos, también con costas. Respecto del acogimiento al régimen previsto por la ley 27.562 invocado por el Sr. García confirma que presentó el Plan N° O389927 el 30 de noviembre de 2020 y que regularizó parcialmente la pretensión fiscal. Asimismo, informa que no consta la presentación del Formulario N° 408 y señala la existencia de errores en las declaraciones juradas rectificativas.
También hace notar la falta de lógica en los montos regularizados, ya que en unos casos son mayores a los determinados y en otros casos, menores, y sostiene que ello no encuentra explicación en las manifestaciones del recurrente.
III. Mediante PV-2021-30513003-APN-VOCXI#TFN se corre traslado al Sr. García de lo manifestado por el Fisco Nacional sobre el acogimiento al régimen de la ley 27.562, el que no fue contestado.
Por PV-2021-57683181-APN-VOCXI#TFN se abre la causa a prueba y se hace lugar a la informativa ofrecida a: a) la Administración Federal de Ingresos Públicos; b) Arauneos del Sud S.A. y c) Carlos Agustín Pasini. Allí también se rechaza la prueba pericial contable ofrecida en el recurso de apelación por dilatoria. Si bien el Sr. García libró los oficios a Arauneos del Sud S.A. y al Sr. Pasini, éstos nunca contestaron, ni tampoco requirió a este Tribunal que se reiterara su libramiento; mientras que el librado a la Administración Federal de Ingresos Públicos fue contestado mediante la NO 2021-01245682-AFIP-DVJUMA#SDGOPII en la que se adjunta el detalle de las obligaciones regularizadas en el Plan N° O389927, entre otra documentación. En la PV-2021-108814945-APN-VOCXI#TFN se da por decaído el derecho a producir la informativa pendiente al Sr. Pasini y a Arauneos del Sud S.A. y en la PV-2022-49454829-APN-VOCXI#TFN se clausura el período probatorio y se elevó el Expediente a consideración de la Sala. Mediante la PV-2022-84860648-APN-VOCXI#TFN se ponen autos para alegar, encontrándose agregado únicamente el alegato del Fisco Nacional en el IF-2022-88538777-APN-DTD#JGM. Por último, por el IF-2022- 100355190-APN-VOCXI#TFN quedan en estado de dictar la sentencia.
IV. Previo a analizar los agravios que el Sr. García dirige contra las Resoluciones, corresponde expedirse sobre el acogimiento parcial al régimen de ley 27.562 (B.O. 26/08/2020), que informa en su presentación ante este Tribunal.
Para ello cabe tener en cuenta que el art. 8° de dicha ley y su reglam. establece que los contribuyentes, sean o no MIPyMES, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive, o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de condonación de intereses, multas y demás sanciones al que se refiere el Titulo IV, del Capítulo I, de esa ley. En el caso, la Administración Tributaria no formuló observaciones a la condición del Sr. García como sujeto para acogerse al régimen.
A su vez, conforme el art. 9° de la ley se podrán incluir en el régimen a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial y, en caso de hacerlo, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
Para quienes así lo efectúen, la ley en su art. 11 otorga ciertos beneficios que, en lo que aquí interesa, consisten en la condonación de los intereses resarcitorios previstos en el art. 37 de la ley 11.683 en el importe que por el total de intereses supere los siguientes porcentajes del capital adeudado:1) por los períodos fiscales 2018, 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020, el diez por ciento; 2) por los períodos fiscales 2016 y 2017, el veinticinco por ciento; 3) por los períodos fiscales 2014 y 2015, el cincuenta por ciento; y 4) por los períodos fiscales 2013 y anteriores: el setenta y cinco por ciento (v. inc. c).
En consecuencia, cabe analizar si por el acogimiento parcial al Sr. García le corresponden tales beneficios y en qué medida.
Cierto es, como sostiene la representación fiscal, que los montos incluidos por el Sr. García en el plan de pagos no son idénticos a los determinados de oficio en las Resoluciones Nros. 68/20 y 69/20, ya que en algunos casos son menores y en otros, mayores. En su presentación ante este Tribunal, solamente dice que la regularización obedece a “…las vicisitudes del procedimiento han administrativo han quedado expuestos, sin perjuicio que la prueba arrimada y lo que se explicó en su momento indicaba lo contrario”, y si bien se le requirió que explique las diferencias entre los montos determinados y los regularizados, ello no fue contestado.
Por dicho motivo, respecto de los períodos fiscales del impuesto al valor agregado 04/2016, 05/2016, 08/2016 y 12/2016 únicamente le corresponden al Sr. García los beneficios que la ley prevé por los montos determinados en la Resolución Nº 69/20, mientras que por los restantes períodos fiscales, 02/2016, 03/2016 y 11/2016 y por el impuesto a las ganancias del período fiscal 2016, en los que la regularización del capital fue parcial, le corresponden los beneficios únicamente hasta los montos regularizados en el plan.
Por otra parte, no se advierte la configuración de las causales de exclusión previstas en el art. 16 de la ley 27.541, sin perjuicio de señalar que de la lectura de dicha norma no surge que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las mismas ante este Tribunal y que el Fisco Nacional nada dijo al respecto. Acerca del Formulario Nº 408, cabe remitirse al art. 9 de la ley 27.562 que es el régimen al que se adhirió la recurrente, en el que se establece expresamente que el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas, al mismo tiempo que dispone que importará el desistimiento de todo derecho, acción incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.
Finalmente, con relación a los errores detectados en las declaraciones juradas rectificativas sobre los que hace mención la representación fiscal, cabe mencionar que no se advierte una objeción en concreto que obste a la aplicación de los beneficios de la ley, ni surge del Expediente que el Sr. García se encuentre impedido de acceder a los mismos.
Por ello y con los alcances antes indicados, corresponde:
1. Tener al recurrente por desistido parcialmente de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace a la porción de impuestos e intereses resarcitorios regularizados en los términos de la ley 27.562, en la medida establecida en su art. 11°, inc. c), con costas.
2. Tener por condonado, de acuerdo al inc. c) del art. 11 de la ley 27.562, el proporcional restante de intereses en relación al acogimiento efectuado y que no se encuentran incluidos en el desistimiento parcial que se resuelve en el punto 1), con costas en el orden causado.
V. Respecto a la procedencia de los ajustes notificados en las Resoluciones, surge de sus Considerandos que el Sr. García fue objeto de un procedimiento de fiscalización en el marco del cual, a partir de la compulsa del libro subdiario de IVA, se detectó que las ventas registradas en el período enero a diciembre de 2016 eran inferiores a sus acreditaciones bancarias según información obrante en el sistema SiterA de la propia Administración Tributaria. Por ello, se circularizó a las entidades bancarias que aportaron los resúmenes de las cuentas del Sr. García y las liquidaciones de los cheques. Dicha información fue puesta a disposición del recurrente, y una vez depuradas las cuentas, la fiscalización arribó a las diferencias de los montos acreditados por un monto de $7.832.171,95 en exceso de lo declarado.
En el informe final de inspección obrante a fs. 164/172 de las act. adm. se señala que “…la mayoría de las acreditaciones corresponden a conceptos relacionados al descuento de cheques”, en general de terceros y de pago diferido.
En su presentación ante este Tribunal, el Sr. García no desconoce el exceso de depósitos que se le imputa, al que el Fisco Nacional dio el tratamiento de incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18, inc. g) de la ley 11.683, sino que sostiene que se trata de montos recibidos por “asistencia financiera” de la firma Arauneos del Sud S.A. que dice haber probado en la instancia administrativa previa con la exhibición de los originales de los contratos de mutuo que, agrega, los adjuntó en copia en dicha instancia.
También los adjuntó en copia en esta instancia como prueba documental.
De allí surge la celebración de un primer mutuo el 5 de mayo de 2016, denominado como “Convenio Regularización de Créditos y Deudas, por un monto de $650.000; un segundo mutuo el 15 de junio de 2016, denominado “Convenio de Partes de Uso de Cheques” por un monto de $2.500.000; el tercer mutuo el 20 de octubre de 2016, otro “Convenio Regularización de Créditos y Deudas” por $1.150.000, y el cuarto mutuo del 10 de noviembre de 2016, otro “Convenio de Partes de uso de cheques” por $3.000.000; es decir, por un total de $7.300.000.
En la segunda Cláusula Primera –porque tiene dos-, se dispuso que “Ambas partes se comprometen en este acto a realizar préstamos y devoluciones por medio de cheques”. Es por ello que tales documentos tienen como Anexos un listado de cheques entregados que totalizan un importe de $5.513.392,80.
Sin embargo, los contratos, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, carecen de mínimas formalidades que les den visos de realidad y existencia, entre ellas, quizás la más importante, carecen de fecha cierta, desde el momento que no fueron celebrados ante escribano/a sino que se trata de copias simples con firmas insertas que fueron certificadas únicamente por empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sin que se identifique en el sello colocado en dicha entidad la fecha en que se realizaron dichos actos.
Por otro lado, Arauneos del Sud S.A sostuvo ante la fiscalización que “…la relación entre ambas firmas es a partir de relaciones comerciales de transporte, y comercialización de productos, y los años de buena relación llevo a que ante situaciones financieras desfavorables, y ausencia de opciones de financiamiento se utilizara como instrumento para poder seguir cumpliendo con las obligaciones comerciales un convenio/mutuo de préstamo de valores, donde se prestaron valores que luego se cubrieron respectivamente, hasta tanto se solucionaran los baches financieros”.
Además, informó como suma prestada al Sr. García, $3.712.639,80, importe que es el que éste consideró como justificado mientras que la diferencia por $1.800.753 es la pretensión fiscal que dice haber regularizado el 30 de noviembre de 2020 bajo el régimen de la ley 27.562 y sus reglam., aunque como ya se dijo, nunca explicó la lógica de los montos regularizados en cada uno de los períodos fiscales que, inclusive, en algunos casos, difieren en más de los determinados en las Resoluciones.
Por ende, debe considerarse que la documentación aportada no posee verosimilitud suficiente para justificar la efectiva existencia de los préstamos de Arauneos del Sud S.A. al Sr. García y con ello justificar el origen de los montos acreditados en sus cuentas bancarias, no solamente porque adolecen de falencias que no permiten tener certeza de la fecha que fue realmente emitida, sino porque tampoco éste hizo esfuerzo alguno para acreditarlo por otros medios. En tal sentido, no probó, por ejemplo, la devolución de los mutuos, elemento indispensable para poder verificar y dar credibilidad a la secuencia completa de la operatoria de crédito que dice haber realizado. Resulta también de suma relevancia, a la hora de calificar la verdadera naturaleza de los mutuos, que de los $5.513.392,80 que el Sr. García dice haber recibido como préstamos en cheques, solamente dos cheques por $60.000 fueron endosados por él; por otro lado, el Banco Nación de la Argentina informó a la fiscalización que en dicha entidad el descuento de cheques únicamente se realiza si hay una factura de respaldo que justifique su procedencia, datos que contribuyen a sostener, como alega el Fisco Nacional, que en realidad las acreditaciones no correspondían a operaciones comerciales legítimas, sino a fondos del Sr. García sustraídos del deber de tributar.
Respecto al contrato de mutuo celebrado el 15 de abril de 2016 con el Sr. Carlos Agustín Pasini, por U$S 20.000, cuya copia el Sr. García adjunta en esta instancia con el objeto de justificar depósitos en sus cuentas por $280.000, asiste razón a la representación fiscal cuando sostiene que dicho documento no fue presentado en la instancia administrativa, por ende no pudo ejercer el Fisco Nacional sus facultades de fiscalización tendientes a darle validez, vgr. citando al Sr. Pasini y a la escribana interviniente, indagar sobre la disponibilidad de fondos en cabeza del prestador, etc.
En efecto, en el Informe Final de Inspección obrante en las act. adm. en el que se reseñan con minucioso detalle las tareas realizadas y la documentación recabada en su sustanciación, tanto la aportada por el contribuyente como la obtenida de diferentes circularizaciones a terceros y de sus propios sistemas, no hay mención alguna al préstamo del Sr. Pasini, por lo que mal puede ser calificada esta prueba como irrefutable como lo hace en el recurso de apelación. Ello así, máxime cuando lo que se instrumenta en el instrumento del 15 de abril de 2016 no es un mutuo sino un reconocimiento de deuda. En efecto, la primera cláusulaestablece “La parte deudora reconoce adeudarle a la parte vendedora la cantidad de veinte mil dólares estadounidenses (U$S20.000), sirviendo el presente de suficiente recibo y carta de pago en legal forma”, sin decirse luego cuándo fue entregada dicha suma, ni contraída la deuda.
Por último y a mayor abundamiento, si bien la Escritura con la que el Sr. García pretende respaldar el contrato de mutuo celebrado con el Sr. Pasini tiene la intervención de una escribana el 15 de abril de 2016, ésta solamente se limitó a certificar su firma inserta al pie de dicho documento, y al mismo tiempo, dejó constancia que“…el documento que por la presente se certifica fue redactado sin intervención alguna de esta notaria…”, eliminando de ese modo toda posibilidad de asignarle fecha cierta.
Por dichas razones, debe considerarse debidamente fundado el indicio invocado por el juez administrativo para aplicar la presunción de incremento patrimonial no justificado, esto es el Sr. García no ha logrado dar explicación suficiente al origen de los depósitos bancarios que se le detectaran en el marco de las tareas de fiscalización y las explicaciones que dio no pudieron ser probadas con documentación de respaldo fehaciente y convincente. En específica referencia a los agravios que dirige contra la Resolución N° 69/20 que determinó las ventas omitidas en el impuesto al valor agregado, los mismos tampoco alcanzan para dejar sin efecto la pretensión fiscal respecto a dicho gravamen que es directa consecuencia de la aplicación de la presunción de incremento patrimonial sin justificar. Dice el Sr. García que los fondos se pudieron haber originado en otras actividades, diferentes a los servicios de transporte que es su actividad, pero los elementos exhibidos para probarlos, esto es los mutuos, ya se dijo, no fueron suficientes para ello.
Ello así, era el Sr. García quien tenía que demostrar el origen y causa de los depósitos bancarios en exceso de las ventas por él mismo registradas en su contabilidad, deber que no cumplió a pesar de haberse ordenado la producción de las pruebas por él mismo ofrecidas. No logró desacreditar, en definitiva, la presunción fiscal de que tales depósitos se originaron en realidad en actividades comerciales –ventas- sustraídas del deber de tributar. Debe recordarse, una vez más, que en este tipo de ajustes recae sobre el contribuyente la carga de probar por todos los medios a su alcance la veracidad de sus dichos, conforme las reglas del art. 377 del CPCCN y, en el caso, al no haberlo hecho, siquiera mínimamente, debe convalidarse la determinación de oficio practicada por aplicación de la presunción prevista en el art. 18, inc. g) de la ley 11.683.
Esta misma Sala, en relación a ajustes fundados en idéntica presunción, ya ha dicho que, “Reiterada jurisprudencia de la Cámara que ejerce la alzada de este Tribunal es conteste en el sentido que “...frente al indicio de un exceso de depósitos con relación a las ventas declaradas, es el contribuyente quien debía demostrar fehacientemente la veracidad de esas operaciones, el origen de las sumas depositadas en sus cuentas bancarias y las razones que motivaron su marginación del gravamen (esta Sala in re “Musso Élida Ángela c/ DGI”, sent. del 18/3/14)”- conf. “Menéndez, Miguel Ángel”, sentencia del 13/7/2016, entre muchas otras-, deber que en el caso fue incumplido, en atención a la ausencia total de pruebas de sus dichos” –conf. “Fran Manesa S.R.L.”, del 17/3/2022-.
En definitiva, al no encontrarse con elementos probatorios necesarios y suficientes que permitan demostrar la existencia de los mutuos y encontrándose debidamente fundada la aplicación de la presunción del art. 18, inc. g) de la ley 11.683 en los elementos de prueba reunidos en las actuaciones, corresponde confirmar las Resoluciones apeladas, tanto en cuanto al capital como a los intereses resarcitorios intimados en ellas por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, sin que, además, se hayan formulado agravios específicos al respecto, con costas. El Dr. Martín dijo:
1. Que con relación a la condonación de intereses resarcitorios vinculados con el acogimiento parcial al régimen de la Ley N° 27.541 y su modificatoria N° 27.562, al estar pendiente de pago una porción importante de las obligaciones sustanciales que dieran lugar a dichos conceptos y en curso un plan de pagos de 120 cuotas (última cuota diciembre del año 2030), corresponde remitirme en mérito a la brevedad, entre otras, a las causas EXPORTADORA E IMPORTADORA PAR BRAS S.A -04-06-21 - Expte 47.583-I; REDONDA S.A. 09-11-20 - Expte ……2771; IMPORTAUTO SA – 16-12-20 Expte ………8872; CIANCAGLINI LEOPOLDO- 02-06-21 Expte 49.523; ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FUSI - 02-06-21 Expte 49.691-I; HUGO DEL CARMEN OJEDA S.A. 23-03-21 Expte …….9396; BROKERS GROUP S.A. 01-06-21 Expte 49.612-I, todas ellas de esta Sala D, en las que consideré que al encontrarse adeudada parte de las obligaciones principales, no corresponde otorgar en esta oportunidad la condonación de la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización (arts. 11 y 13 de la Ley 27.541), hasta tanto se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales -con más los intereses no condonables-, que dieran lugar a los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683.
Ello se encuentra en consonancia con la R.G. 4667/2020 -art. 41- y RG 4816/2020 –art. 46-, en cuanto prevé que, de producirse la caducidad del plan de pagos, el Fisco reclamará la parte proporcional de la deuda total –capital, intereses y multas- aún no cancelada. Además resulta demostrativo que de otorgarse en este ámbito una condonación plena, ésta entraría en colisión con la facultad del Fisco para reclamar intereses “supuestamente condonados”.
2. En consecuencia:
No habiéndose acreditado la cancelación total -pago- de 1) las obligación sustancial y 2) los intereses no condonados; pero estando vigente un plan de pagos, procédase a remitir la presente causa al archivo, hasta tanto la actora acredite la cancelación total de dichas obligaciones o que el Fisco Nacional denuncie que se ha producido un incumplimiento en los planes de pagos que impliquen la caducidad del mismo.
De no existir presentaciones en ninguno de los dos sentidos, se tendrá por condonada la fracción de intereses excedentes, en la fecha que se cumpla el vencimiento de la última cuota del plan de pagos original –Ley 27.541 y modificatoria 27.562-, atento haber dado cumplimiento a los demás requisitos subjetivos que requiere la citada ley. En este supuesto costas por su orden.
3. Adhiero a la decisión que adopta la Vocal instructora con relación al desistimiento de acciones y derechos, como así también a la regulación de honorarios elaborada.
En igual sentido comparto la solución a la que arriba respecto de las obligaciones no conformadas que forman parte de las resoluciones 68/20 y 69/20 del 13 de marzo de 2020.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero al voto de la Dra.O’Donnell en cuanto a tener a la actora por desistida de la acción y el derecho parcialmente, incluso el de repetición, en los términos previstos por la ley 27541 (texto según 27.562), ello respecto a las sumas correspondientes a impuestos y accesorios incluidos en el Plan O389927, estos últimos en la medida establecida en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente Con relación al remanente de intereses, se hace notar que a partir del dictado de la ley 27.541 modifique mi criterio anterior respecto a normas análogas, resolviendo declarar la condonación de tales accesorios, adoptando idéntico criterio en este caso concreto; con costas por su orden.
II. Que respecto a los montos no comprendidos en el desistimiento formulado, comparte en lo sustancial el voto de la Vocal Instructora, en cuanto confirma los ajustes en IVA y el Impuesto a las Ganancias por diferencia de ingresos detectada a partir de depósitos bancarios en exceso, encontrándose debidamente fundada la presunción del artículo 18, inciso g) de la ley de rito fiscal. También adhiero al cálculo de intereses resarcitorios, en la proporción correspondiente, remarcando con relación a éstos su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315).
1. Tener al recurrente por desistido parcialmente de la acción y del derecho, incluso del de repetición, en lo que hace a la porción de impuestos e intereses resarcitorios regularizados en los términos de la ley 27.562 y hasta el límite de los montos intimados a ingresar en las Resoluciones Nros. 68/20 y 69/20, en la medida establecida en su art. 11°, inc. c), con costas.
2. Tener por condonado, de acuerdo al inc. c) del art. 11 de la ley 27.562, el proporcional restante de intereses en relación al acogimiento efectuado y con los alcances de lo resuelto en el punto 1), que no se encuentran incluidos en el desistimiento parcial, con costas en el orden causado.
3. Confirmar las Resoluciones Nros. 68/20 y 69/20 por los montos no incluidos en la regularización efectuada en el régimen de la ley 27.562, con costas.
4. Ordenar que el Fisco Nacional en el plazo de 30 (treinta) días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar el Sr. García, teniendo en cuenta lo resuelto en el punto 1).
5. Diferir la regulación de honorarios de los letrados/as intervinientes hasta la aprobación de la liquidación ordenada.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.10.03 13:28:58 -03:00 Date: 2022.10.04 11:08:20 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.04 11:19:04 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.04 11:19:05 -03:00
Fin de la sentencia