Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-70874841-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal en razón del monto, para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución-Fallo Nro. 1208/18, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones SIGEA N° 12425-76-2009, sin costas, salvo en lo atinente a la tasa de actuación, la cual no se exige en los presentes autos por carecer de interés fiscal.
II. Reencuadrar el recurso de apelación deducido contra la Resolución 1208/18, en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
III. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, mediante oficio, remítanse a la Dirección General de Aduanas, los documentos: Resolución apelada (RE-2020-15062478-APN- SGASAD#TFN), documentos de representación (RE-2020-15062352-APN-SGASAD#TFN y RE- 2022-96214666-APN-DTD#JGM) y recurso de apelación (RE-2020-70872029-APN-SGASAD#TFN), a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-107020456-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Octubre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “OSCATRANS S.A. (Y OTRO) c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX-2020-70874841- -APN-SGASAD#TFN La Dra. Musso dijo:
I. Que mediante RE-2020-70872029-APN-SGASAD#TFN se presenta el Dr. Nacevich, en representación de las sociedades “OSCATRANS S.A.” y “TRANSPORTADORA SAN CRISTÓBAL LTDA.", e interpone recurso de apelación contra la resolución n° 1208/18, recaída en el expediente SIGEA N° 12425- 76-2009, mediante la cual se las condena al pago de una multa por el importe de QUINIENTOS PESOS ($ 500), por la infracción tipificada en el art. 994 del C.A. Relata que la Aduana apertura el sumario por la infracción al art. 994, inc. a del C.A. con fecha 16/09/14 y notifica al representante legal de la firma transportadora con fecha 28/10/14. Agrega que el representante opta por pagar dicha multa a fin de obtener los efectos extintivos del art. 932 C.A., pago que se efectúa el día 17/11/14. Subraya que informa en Mendoza el pago al 17mo. día dentro de las dos primeras horas (11:23 hs.) -horario de la Aduana de Buenos Aires-. No obstante ello, la Aduana de Mendoza entiende que el pago fue extemporáneo ya que las dos primeras vencían a las 10 hs -horario de la Aduana de Mendoza-. Aduce que conforme surge de la Nota Externa N° 51/08 D.G.A. y de la Resolución nº 2183/95 ex A.N.A. el importe en concepto de multa debe ser efectivizado dentro del término del emplazamiento del art. 1101 C.A. con más 1 día cada 200 km., como ocurrió en el caso de autos; y no exige dicha reglamentación que la nota por la cual se informa el pago deba ser presentada dentro del mismo plazo. Aduce que por aplicación del principio de legalidad se debe tener por efectuado el pago en tiempo, toda vez que no se admite la interpretación analógica cuando se trata de limitar un derecho. Concluye que se tiene que tener por válido el pago a los efectos extintivos, a fin de que no figuren antecedentes infraccionales contra las imputadas. Plantea la inconstitucionalidad del art. 1025, inc. b), del C.A. y del 1164 del C.A. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal y finalmente, solicita se revoque la resolución apelada.
II. Que, atento al estado de autos, corresponde tratar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la cual se encuentra prevista en los artículos 1025, apartado 1, inc. b) y 1132 apartado 1 del Código Aduanero.
Que conforme lo prevé el inc. b) del apartado 1 del artículo 1025 del Código Aduanero corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación (…) “b) de los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infracciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000).” (importe sustituido por art. 76 de la Ley Nº 26.784 B.O. 5/11/12)
Que teniendo en consideración que en el presente caso, se apela la Resolución n° 1208/18, dictada en la actuación SIGEA N° 12425-76-2009, mediante la cual se condena a las co-actoras al pago de una multa de $500 y que se indica en el Formulario F4 que la suma cuestionada en autos asciende a $500; y siendo que este importe resulta inferior al monto mínimo fijado en el inc. b) del apartado 1 del artículo 1025 del Código Aduanero, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal para entender en el recurso deducido contra la citada resolución sin costas, salvo en lo atinente a la tasa de actuación, la cual no se exige en los presentes autos por carecer de interés fiscal.
III. Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, y atento a que la resolución aquí apelada ha sido dictada en un procedimiento para las infracciones y que el art. 1132, apartado 1 del Código Aduanero prevé la opción entre el recurso de apelación aquí deducido y la demanda contenciosa ante el juez competente, que en el interior del país resultan ser los jueces federales y cuyo monto mínimo cuestionado debe ser mayor a $ 2.000 (conf. art 1024 del Código Aduanero, modificado por el art. 39 de la Ley 25.986); y siendo que en el caso de autos el monto apelado no supera dicho importe, la Justicia Federal no resulta competente para entender en el recurso de apelación deducido contra la Resolución nº 1208/18. Que, en consecuencia, y toda vez que que en el recurso de apelación interpuesto en autos, se plantea que se debe tener por válido el pago efectuado a los efectos extintivos a fin de que no figuren antecedentes infraccionales en contra de las co-actoras (conforme lo dispuesto en el art. 932 del C.A.), para salvaguardar el derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la C.N., por aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos -cfme. lo prevé el artículo 1017 del Código Aduanero- , debe reencuadrarse el recurso deducido contra la Resolución n° 1208/18, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones SIGEA N° 12425-76-2009, en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Este reencuadre se basa en la aplicación del “principio del informalismo” que rige en materia administrativa a favor del administrado (cfme. arts. 1 inc. e), 7 y 5 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos).
Que, en consecuencia, corresponde remitir a la Dirección General de Aduanas los documentos: Resolución apelada (RE-2020-15062478-APN-SGASAD#TFN), documentos de representación (RE-2020-15062352-
APN-SGASAD#TFN y RE-2022-96214666-APN-DTD#JGM) y recurso de apelación (RE-2020-
70872029-APN-SGASAD#TFN), a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
Por ello, VOTO POR:
I. Declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal en razón del monto, para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución-Fallo Nro. 1208/18, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones SIGEA N° 12425-76-2009, sin costas, salvo en lo atinente a la tasa de actuación, la cual no se exige en los presentes autos por carecer de interés fiscal.
II. Reencuadrar el recurso de apelación deducido contra la Resolución 1208/18, en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
III. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, mediante oficio, remítanse a la Dirección General de Aduanas, los documentos: Resolución apelada (RE-2020-15062478-APN- SGASAD#TFN), documentos de representación (RE-2020-15062352-APN-SGASAD#TFN y RE-2022-
96214666-APN-DTD#JGM) y recurso de apelación (RE-2020-70872029-APN-SGASAD#TFN), a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
1. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos efectuado en el voto de la Vocal preopinante.
2. Que en atención a las particularidades de la causa y a lo señalado en el referido voto de la Dra. Cora Musso, corresponde dejar sentado que, a juicio del suscripto, de acuerdo a las ideas y principios que vengo sustentando desde mi ingreso a esta Magistratura en el año 2011, esgrimidos tanto en mis respectivos votos, como así también en diversas conferencias y artículos de la especialidad, este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires o a los Juzgados Federales con asiento en las provincias, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto hablar de funciones “jurisdiccionalesjudiciales”-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y se trata de la única magistratura del país especializada en la materia tributaria (aduanera e impositiva), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los referidos tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. del 18.4.85).
3. Que, sentado ello, procede puntualizar, en lo que aquí interesa, el artículo 1025 del Código Aduanero dispone que “corresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación (...) b) de los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infracciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000); (Importe sustituido por art. 76 de la Ley N° 26.784 (B.O. 05/11/2012).
Asimismo, el art. 1132, apartado 1 del Código Aduanero prevé la opción entre el recurso de apelación aquí deducido y la demanda contenciosa ante el juez competente, que en el interior del país resultan ser los jueces federales y cuyo monto mínimo cuestionado debe ser mayor a $ 2.000 (conf. art 1024 del Código Aduanero, modificado por el art. 39 de la Ley 25.986), siendo que, en la especie, el monto de la sanción (multa) apelada alcanza la cifra –escasamente significante- de quinientos pesos ($ 500).
4. Que resulta inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el precedente de Fallos 247:646 (“Fernández Arias”, del 19 de septiembre de 1960) que “La actividad de todo órgano administrativo –como lo es la DGA (la referencia y cursiva me pertenece)- se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es lícito transgredir, entre las que figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de los órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente”.
Por ello, “cuando se trata de pronunciamientos jurisdiccionales emanados de órganos administrativos debe garantizarse su sujeción a un control judicial suficiente, a fin de impedir que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior (Fallos: .Así las cosas, si no se tratara el recurso de apelación contra la decisión recurrida, la multa impuesta por la DGA habrá efectivamente quedado firme y no habrá discusión posible sobre su procedencia sustancial.
En efecto, el propio Tribunal Cimero ha destacado que “si bien el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, tales principios constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente” (confr. doctrina de Fallos 328:651: “Angel Estrada y Cía. S.A.”, del 5 de abril de 2005); siendo que dicho mandato resultaría imposible de cumplimentar en caso de declararse la incompetencia de este Tribunal, en franca violación de los preceptos contenidos en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, pues lisa y llanamente se excluiría en la litis la debida e imprescindible intervención jurisdiccionaljudicial.
Por lo tanto, cabe concluir que lo dispuesto por el artículo 1025 del Código Aduanero en cuanto impide el control judicial de las resoluciones definitivas dictadas en materia de infracciones aduaneras cuando la sanción aplicada sea inferior al monto allí establecido, resulta contrario a la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, al estar en juego derechos como los comprometidos en la aplicación de una multa por la Administración Nacional de Aduanas, los que de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional (confr. Fallos: 310:2159: “Casa Enrique Schuster S.A.I.C. c/ Administración Nacional de Aduanas”, del 27 de octubre de 1987).
5. Que, por su parte, devolver las actuaciones a la DGA no satisface las exigencias que en la especie han de tenerse por imperativas y que por vincularse con el derecho al debido proceso no pueden ser obviadas ni aún por consideraciones acerca de la escasa cuantía que se presenta como condicionante de la apelabilidad de la sanción aplicada.
En efecto, en relación al reencuadre que propicia el voto que antecede, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tiene dicho en forma reiterada que el artículo 1017 del Código Aduanero no consagra una “remisión automática” al bloque normativo conformado por la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamento, sino que simplemente indica que las disposiciones de la ley 19.549 se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero, y sólo en el caso de que en el ordenamiento primariamente aplicable no se encuentre articulada una solución específica para una determinada hipótesis. Por consiguiente, el artículo 1017, apartado 1º, no conduce a que en los procedimientos aduaneros se apliquen directamente todas las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, sino sólo aquéllas que, por defecto de regulación específica, resulten pertinentes en el caso no previsto (confr. Sala IV, in re “Alba Cía Argentina de Seguros SA (TF 30181-A) c/ DGA”, sentencia del 26/02/13, y sus citas).
Asimismo, si la intención del legislador hubiera sido consagrar una remisión en la materia de que se trata, todas las normas relativas a las vías recursivas que contiene el código resultarían superfluas. De esta manera, y teniendo en cuenta que la ley 22.415 constituye un régimen especial de procedimientos administrativos que regula en forma completa los diferentes recursos por medio de los cuales se pueden atacar las resoluciones dictadas por el administrador de la aduana o el –mal denominado, en tanto no goza de los sublimes requisitos de imparcialidad e independencia a la hora de juzgar (la aclaración me pertenece)- juez administrativo, debe concluirse en la improcedencia del recurso jerárquico contra las resoluciones definitivas como la apelada en autos, pues “la vía administrativa queda agotada con su dictado (en igual sentido, confr. Sala V, in re “Josefa SACI (TF 25.180-A) c/ DGA”, Expte. n° 31.864/09, sentencia del 18/02/2010)
A mayor abundamiento, cabe señalar que una solución contraria impediría efectivamente la posibilidad de revisión judicial, pues los artículos 1139 y 1183 del Código Aduanero establecen que las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos de impugnación, repetición y para las infracciones, al quedar firmes, pasan en autoridad de cosa juzgada (en igual sentido, Sala IV in re “Dro pur S.A.”, del 11 de marzo de 2014).
6. Que, bajo tales postulados, habiéndose articulado recurso de apelación ante esta sede, y en la medida que la equiparación funcional entre todos los Tribunales con competencia aduanera supra referenciados es absoluta, no existe razón jurídica alguna que conduzca a sostener que el único Tribunal especializado en la materia del país –que es sólo este Tribunal Fiscal- deba tener menor competencia que aquellos Tribunales que, además de la aduanera, ostentan otras divergentes, por lo que cabe concluir que esta Magistratura tributaria aduanera ostenta en el sublite una indudable competencia para proceder a su tratamiento; y su jurisdicción no resulta de excepción ni limitada, sino totalmente regular, amplia, plena y efectiva y, en el caso, debe anteceder a la del fuero federal, máxime cuando ha sido la vía específica elegida por las recurrentes.
Por lo demás, y si bien las previsiones del Código Aduanero en principio no habilitan –en razón del escaso valor ($ 500) de la sanción recurrida en autos- al Tribunal Fiscal, ni a la Justicia Federal, a actuar como tribunal ordinario de alzada para el análisis y tratamiento de las cuestiones articuladas por las co-actoras, esta Sala “F” deberá avocarse excepcionalmente a actuar como tribunal revisor, pues de lo contrario la resolución condenatoria dictada por la Dirección General de Aduanas no tendría instancia de revisión alguna y se conculcaría la garantía contemplada en el artículo 8, inciso 2, apartado “h”, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que goza de jerarquía constitucional; siendo que cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte por esta última" (confr. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General N° 9, "La aplicación interna del Pacto" (1988), adoptada en el 19° período de sesiones, párrafos 14-15), por lo que la necesaria consecuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna –como lo es el Código Aduanero, en la faz recursiva, ante sanciones de escasa significación económica- que lesione las garantías del Pacto merece quedar inoperante, debiendo imponerse la integración incluyente como criterio de interpretación, lo que conduce inexorablemente a optar, en la especie, por aquella previsión convencional –de mayor condición jerárquica a la ley 22.415- que tutele los principios constitucionales en toda su extensión, sin limitarlos ni excluirlos.
En consecuencia, corresponde declarar la competencia de este Tribunal Fiscal para entender en el recurso de apelación deducido en la litis.
7. Que, en tal sentido, ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
Y si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la referida Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces, de ninguna naturaleza, en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas...”, por lo que cabe colegir que todos los tribunales de justicia de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica –condición que indudablemente ostenta este Tribunal Fiscal- deben “agotar” su capacidad recursiva al momento de resolver, sin limitaciones normativas ni teleológicas, debiendo interpretarse todas las dudas que puede plantear el alcance del accionar de sus jueces en la forma menos limitativa de la amplia jurisdicción de este Tribunal para impartir justicia (confr. voto del Dr. Pablo Garbarino in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. – EX-2020- 24711043-, del 22 de diciembre de 2021).
En tal orden de ideas, no puede prescindirse, a los fines de resolver la litis, que el Sistema Interamericano de Derechos ha trazado un estrecho vínculo entre los alcances de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. De esta manera, se ha establecido que los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrar normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, pero también la de asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte de sus autoridades judiciales. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado en numerosas oportunidades que "los recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal" (Cfr. Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencias de 26 de junio de 1987, párrafos 90, 90 y 92, respectivamente; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 24), por lo que al analizarse el derecho de acceder a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales corresponde establecer en la faz interpretativa un claro y amplio criterio de admisibilidad sobre el debido proceso legal en sede jurisdiccional-judicial, cuando la propia garantía de estos derechos se encuentra en juego.
8. Que admitir lo contrario implicaría cercenar injustificadamente la posibilidad amplia y efectiva de la administrada de acceder de modo pleno a una Magistratura jurisdiccionalmente apta –siendo este Tribunal el UNICO del país con competencia aduanera exclusiva, su jurisdicción en asuntos aduaneros jamás puede ser “limitada”- para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, conculcando, en definitiva, la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra tutelado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” - Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
Por ende, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos. Ello así, en el ejercicio de su sublime misión de impartir justicia tiene la obligación de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto al debido proceso adjetivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, máxime cuando por imperio del bloque convencional supra referido los Estados deben garantizar que los recursos judiciales o jurisdiccionales efectivos sean resueltos de acuerdo con el artículo 8.1 de dicho ordenamiento, por lo que los tribunales de justicia siempre deben adoptar decisiones que permitan resolver el fondo de las controversias que se le planteen; y no eludir la decisión sobre los derechos de la firma peticionaria, pues, de ese modo, se le estaría impidiendo el goce del derecho a un remedio judicial, en los términos del artículo 25 de la mencionada Convención.
Por lo demás, la sociedad le ha encomendado a los Jueces –el “Vocal” de este Tribunal es también un “Juez”, sin que la presencia de Contadores Públicos en la competencia impositiva pueda cambiar dicha circunstancia, al igual que ocurre en la United States Tax Court, que es la fuente primaria del TFN, donde a todos sus integrantes, y no sólo a aquellos que ostentan el título de abogado (“attorney”), se los denomina “JUDGES”- la más alta de las funciones a las que puede acceder un ciudadano, que no es la de aplicar las normas mecánicamente, sino la impartir justicia en todo su esplendor (confr. Sala “F” in re "ALPEMAR S.R.L. c/DGA s/ recurso de apelación” -Expte . N° 36.199-A-, voto del suscripto, en disidencia), sin limitaciones interpretativas de ningún tipo.
9. Que, bajo tales premisas, la solución que se adopta en la litis, se ajusta a reiterada jurisprudencia y resulta acorde con los más elementales principios del derecho procesal, que tienen incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio, y en su expresión del derecho al debido proceso. Es decir, no se obstaculiza ni entorpece la labor recaudatoria cuando se exige que ésta sea desarrollada de modo tal que permita al contribuyente ejercer su defensa.
En efecto, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el art. 18 de la Constitución Nacional, tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, y se traduce en dos facetas, cuyas expresiones son: el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, como así también el derecho a obtener una resolución legítima y fundada. Ello así, el derecho a ser oído contiene circunstancias tales como la publicidad del procedimiento, la posibilidad de que el administrado conozca fehacientemente las actuaciones administrativas, y la pertinente posibilidad de expresar los motivos de sus cuestionamientos antes o después de la emisión del acto administrativo. Y tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, y art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica). Dicha norma, que reconoce expresamente el llamado “debido proceso legal”, ostenta indudable rango constitucional en nuestro ordenamiento, y contiene el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable, tanto en la esfera administrativa como en la jurisdiccional y en la judicial.
10. Que, en consecuencia, la forma en que se resuelve es sin dudas la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los referidos artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
11. Que, por último, corresponde dejar sentado que a los fines de resolver el presente litigio no se pretende desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con dichos principios axiológicos, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjurar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la sublime misión de administrar justicia (doctrina de Fallos: 302:1284; 234:482 y sus citas).
Por ello, VOTO por:
I. Declarar la competencia de este Tribunal Fiscal de la Nación para entender en el presente recurso de apelación.
II. Correr traslado a la Dirección General de Aduanas del recurso interpuesto, por el plazo de ley. El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Musso.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
I. Declarar la incompetencia de este Tribunal Fiscal en razón del monto, para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución-Fallo Nro. 1208/18, dictada por la Aduana de Mendoza en las actuaciones SIGEA N° 12425-76-2009, sin costas, salvo en lo atinente a la tasa de actuación, la cual no se exige en los presentes autos por carecer de interés fiscal.
II. Reencuadrar el recurso de apelación deducido contra la Resolución 1208/18, en el recurso jerárquico “menor” previsto en los arts. 89, 90 y 93 del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
III. Firme la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, mediante oficio, remítanse a la Dirección General de Aduanas, los documentos: Resolución apelada (RE-2020-15062478-APN- SGASAD#TFN), documentos de representación (RE-2020-15062352-APN-SGASAD#TFN y RE- 2022-96214666-APN-DTD#JGM) y recurso de apelación (RE-2020-70872029-APN-SGASAD#TFN), a efectos de que se le dé el trámite pertinente.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Regístrese, notifíquese, remítase a SGAA a los efectos mencionados en la presente y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.06 12:55:38 -03:00 Date: 2022.10.06 14:39:00 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.06 15:09:25 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.06 15:09:26 -03:00
Fin de la sentencia