Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 60482
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre de fs. 258 que contiene el pliego de absolución de posiciones presentado por la actora, y se glose dicho pliego precediendo a la presente sentencia;
II. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 324 en lo referente a la condena en costas;
III. Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda, condenando al accionado Gustavo Raúl Di Giorgio a abonar al actor Mario Oscar Oses, en el término de diez días de aprobada la liquidación que al efecto habrá de practicarse, la suma de $ 39.266,61 con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, en su variante de “tasa pasiva digital”, los que se devengarán desde la fecha de la recepción de la carta documento (04.07.2012, conf. fs. 92) hasta el efectivo pago;
IV. Con costas en ambas instancias al demandado (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.), dejándose sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia (art. 274 del C.P.C.C.) y difiriéndose dichas regulaciones para las oportunidades previstas en los arts. 51 y 31 de la ley 8904, lo que torna en abstracta la apelación formulada a fs. 324 por el letrado de la demandada;
V. Poner en conocimiento de los hechos ventilados en la presente causa a la Justicia Penal a través de la notificación de la presente a la Fiscalía General Departamental.
"OSES, MARIO OSCAR C/ DI GIORGIO, GUSTAVO RAUL S /DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Nº Reg. ............
Nº Folio ..........
En la Ciudad de Azul, a los 17 días del mes de Mayo de 2016 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Esteban Louge Emiliozzi, Lucrecia Inés Comparato y Ricardo César Bagú, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"OSES, MARIO OSCAR C/ DI GIORGIO, GUSTAVO RAUL S /DAÑOS Y
PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80) ", (Causa Nº 1-60482-
2015), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores LOUGE EMILIOZZI - BAGU - COMPARATO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Corresponde proceder a la apertura del sobre de fs. 258 para glosar el pliego de absolución de posiciones al expediente?
2da. ¿Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 324 en lo referente a la condena en costas?
3ra. ¿Es justa la sentencia de fs. 315/321?
4ta. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N–
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
Si bien al tratar la tercera cuestión reseñaré los antecedentes del presente proceso, basta señalar, a los fines que ahora interesan, que a fs. 261 se labró acta en la que se dejó constancia de la incomparecencia del accionado a la audiencia de absolución de posiciones y del pedido de la actora de que se lo tenga por confeso en forma ficta en los términos del art. 415 del C.P.C.C.
Con posterioridad no hubo más actuaciones vinculadas con esta prueba, al punto que al certificarse sobre la producción de las pruebas simplemente se hizo alusión a las constancias de la mentada acta (fs. 313).
Así las cosas, advirtiendo en este estado que la anterior magistrada no procedió a la apertura del sobre de absolución de posiciones presentado por la actora obrante a fs. 258, entiendo que ello debe ser efectuado en esta instancia para ser eventualmente valorado al tratar la tercera cuestión (S.C.B.A.; Ac 50263 S 10-5-1994, “López”; Ac 50514 S 6-9-1994, “La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales”; Ac 55593 S 14-6-1996, “Ugarte y Compañía S.A.”; C 99982 S 4-3-2009, “Cerrato”, todos disponibles en base Juba; esta Sala, causas n° 54940, “Arias”, del 15.10.13.; n° 59605, “Bayala”, del 15.09.15.; n° 60373, “Martino”, del 17.12.15., entre otras).
En consecuencia, propicio al acuerdo que se disponga que por Secretaría se proceda a la apertura del mencionado sobre y se glose el pliego precediendo a la presente sentencia.
Así lo voto.-
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
En cuanto ahora interesa destacar, la sentencia de primera instancia obrante a fs. 315/321 fue apelada a fs. 324 por el demandado y su letrado, aclarando el primero que su recurso era deducido contra la imposición de costas respecto de una de las citaciones de terceros, mientras que su letrado apeló sus honorarios por bajos.
Elevados los autos a la Alzada se dicta la providencia de fs. 352, por la que se llama a expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del C.P.C.C., sin que la parte demandada haya cumplido con tal carga procesal (conf. informe de Secretaría de fs. 363).
Sentado lo expuesto, atento a lo normado por el art. 261 del C.P.C.C., corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido a fs. 324 por la parte demandada, no así respecto al letrado pues la fundamentación de su recurso es meramente facultativa y en su caso debió ser hecha junto con la interposición (art. 57 de la ley 8904).
Va de suyo que la solución que propongo al acuerdo no obsta a las eventuales adecuaciones de costas y/u honorarios que corresponda efectuar en caso de prosperar el recurso que se analizará al tratar la siguiente cuestión (art. 274 del C.P.C.C.).
Así lo voto.-
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
I.a. El presente proceso es iniciado por el Sr. Mario Oscar Oses, quien acciona contra el Sr. Gustavo Raúl Di Giorgio reclamando la indemnización de daños y perjuicios por la suma de $ 39.950 con más sus intereses, costos y costas.
Relata el actor en el escrito de inicio que se dedica a la intermediación en la compraventa de automotores, y con motivo de dicha actividad el día 12 de enero de 2012 suscribió con el demandado un contrato de compraventa –agregado a fs. 23- mediante el cual se obligó a entregarle al accionado un automotor marca Volkswagen Passat 2.0 TDI, Año 2006, dominio FTP431, el cual fue recibido prestando plena conformidad con su estado de conservación en el momento mismo de la firma del boleto, estipulándose como precio de venta la suma de $ 112.000. El precio se abonó con la suma de $ 22.000 en efectivo y un automotor de su propiedad y uso particular, dominio ICH193, marca Toyota Corolla XEI Pack 1.8 MT, año 2009, al que ambas partes convinieron en tasar en la suma de $ 90.000.
Agrega que el Sr. Di Giorgio realizó sin problema los trámites de trasferencia del rodado que le fue entregado ante el Registro pertinente, en tanto que el actor retrasó los trámites de la transferencia del automóvil Toyota recibido en parte de pago a la espera de su venta. Añade que inclusive tuvo la posibilidad de realizar un viaje familiar, ante lo cual el Sr. Di Giorgio le otorgó una autorización para circular a fin de trasladarse con toda su familia. Sin embargo, al encontrarse circulando en la ruta, sintió un ruido extraño que, no obstante su experiencia trabajando con automotores, no podía identificar y, aprovechando la presencia de un mecánico con cuyos servicios cuenta en su agencia, le solicitó que controlara en forma conjunta el andar del vehículo para determinar la procedencia del ruido que sentía, y ante su sugerencia decidió solicitarle que desarmara el motor a fin de dar con la causa.
Que ante su sorpresa al desarmar el tablero, se le informó que el automóvil no contaba con ninguno de los air bags funcionando y que el ruido existente se debía a que ninguno de los cinturones de seguridad del auto se encontraban funcionando, es decir en caso de un siniestro, ningún air bag hubiera estallado y ninguno de los cinturones de seguridad hubieran trabado a los ocupantes del habitáculo; todo el sistema de seguridad del auto se encontraba dañado y esta circunstancia estaba oculta con goma espuma negra colocada en las luces que posee el tablero para alertar sobre fallas.
Que sin poder salir de su asombro, con la congoja de haber puesto en riesgo a toda su familia habiendo realizado un viaje en esas condiciones, puso inmediatamente en conocimiento de lo ocurrido al Sr. Di Giorgio quien le indicó que a fin de corroborar lo que le comentaba se dirigiría a Uzcudun S.A.F.I.M., concesionario oficial de la marca Toyota en la ciudad de Tandil. Refiere que según surge de la documentación adjunta expedida por la firma (fs. 17/19), el demandado se presentó el día 17.05.12. ante dicha concesionaria indicando que el auto poseía un choque frontal, por lo que solicitaba se le revisen air bags y cinturones de seguridad, como así también el funcionamiento de todo el sistema de seguridad, expidiéndose presupuesto. Que la factura fue expedida por el mencionado concesionario oficial a nombre del Sr. Di Giorgio corroborándose las fallas referidas. Al colocar el automotor en el sistema computarizado, inmediatamente se detectó la falta de los sensores frontales, sensor de air bag, laterales de air bags, del air bag propiamente dicho, faltaban los dispositivos del cinturón de seguridad, air bag del volante, cinturón de seguridad delantero y piezas faltantes del tablero con un costo total de reparación de $ 33.266,61 al 27.08.2012 (conf. fs. 22).
Añade que habiendo transcurrido más de tres meses desde la emisión del presupuesto sin que el demandado respondiera por los daños que presentaba el vehículo, decidió certificar su existencia por ante el Escribano Público Speroni, Titular del Registro N° 18 de Tandil, quien se constituyó en su domicilio comercial con el Sr. Alberto Galbán, mecánico, y el Sr. Walter de Pian, fotógrafo, constatándose los defectos descriptos, plasmándose en 9 fotografías que acompaña (fs. 13/15 y 25/34). Que por ello, insistió con el demandado a fin de que afrontara su responsabilidad y, atento su negativa, intercambiaron cartas documento sin resultado positivo, por lo que resolvió promover la presente acción judicial.
Refiere que sin lugar a dudas el demandado conocía el estado del automóvil, ya que tuvo intención de desprenderse de él sin éxito hasta que se lo entregó en parte de pago.
Practica liquidación de los rubros resarcitorios reclamados, funda en derecho, ofrece prueba y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda intentada, en todas sus partes.
b) Bilateralizada la demanda bajo el cauce del proceso sumario (fs. 77), a fs. 106/116 se presenta el accionado a contestarla y oponer excepción de prescripción.
Admite la celebración del negocio, aunque señala que se trató de una permuta y no de una compraventa, a la par que afirma que el reclamo del actor se funda en los típicos “vicios redhibitorios”.
Es sobre esa base que asienta la excepción de prescripción, ya que entiende que es aplicable al caso el plazo de tres meses establecido en el art. 4041 del Código Civil. Al oponer esta defensa el accionado admite que la carta documento que le envió el actor con fecha 04.07.12. –y que él mismo acompaña a fs. 92- tiene efectos suspensivos en los términos del art. 3986, pero también entiende que una vez concluido el tiempo de suspensión el plazo se completó el 18.11.2013 (rectius 18.11.2012). Y añade, para concluir con esta defensa, que el pedido de mediación prejudicial no obsta a su progreso, ya que el art. 40 de la ley 13.951 es inconstitucional por ser una norma provincial que contraría lo dispuesto por el art. 3986 del Código Civil, a lo que suma que la demanda fue promovida cuando ya había operado la nueva prescripción. Subsidiariamente alega que compró el Toyota Corolla el día 16.09.2011 en la agencia "Gama", sita en Av. Marconi Nº 1520 de Tandil, realizándose la transferencia a su favor el día 05.10.2011. Aclara que el ejemplar del boleto fue extraviado pero se requerirá a esa firma por oficio. Agrega que el día 12 de enero de 2012 se celebró la permuta con el actor quien no hizo la transferencia registral puesto que su intención era revenderlo a un tercero como parte de su actividad comercial de compraventa de automotores; no obstante lo cual la posesión le fue transferida a la fecha de la celebración del contrato y nunca más su mandante tuvo contacto con el vehículo.
Afirma que a fines de mayo de 2012 el actor se presentó ante él refiriéndole que el vehículo presentaba defectos en su sistema de seguridad, que ello había sido corroborado por un mecánico de confianza del actor y por la propia agencia concesionaria oficial de Toyota en Tandil, Uzcudun S.A., de la cual contaba con el presupuesto que agrega en autos. Consecuentemente, afirma que no fue su mandante quien encomendó a la firma referida el examen del vehículo, sino el propio actor, lo que fue admitido por él en la Escritura Pública que acompaña como prueba documental, circunstancia que concuerda con el hecho de que era el actor quien detentaba la posesión del rodado, lo que permite suponer que fue él quien lo llevó a examinar a la concesionaria aludida y el hecho de que el presupuesto figure a nombre de su mandante se explica porque esos datos se corresponden con la documentación del vehículo al tiempo de la consulta, siendo el titular registral en ese momento, el Sr. Di Giorgio, completándose la ficha transcribiéndose los datos de la tarjeta verde, advirtiéndose a su vez que en los datos de contacto no figura su mandante, sino el teléfono celular del actor, quien dejó el automóvil para su examen y pagó el importe indicado en el documento de fs. 42.
No cuestiona que al tiempo del examen en “Uzcudun S.A.” el automóvil tenía los defectos de seguridad que se denuncian, pero aclara que de ello no se sigue que su mandante deba responder por ello. Afirma, en sustento de esta defensa, que durante el tiempo que su mandante tuvo el Toyota Corolla, entre el 16 de septiembre de 2011 y 12 de enero de 1012 el vehículo no sufrió ningún golpe ni otro evento que activara el sistema de seguridad, por lo que no resultó menester realizar reparación alguna menos aún su camuflaje como denuncia el actor, de modo que los vicios por los que reclama no se suscitaron durante el período mencionado, debiendo justificar el actor que los vicios existían al tiempo de su adquisición.
En función de lo antes dicho plantea dos hipótesis posibles: que los vicios existían antes de que el demandado adquiriera el vehículo o que se produjeron con posterioridad al 12.01.12. cuando el automotor fue recibido por el actor en virtud del contrato de permuta.
Solicita la citación como terceros de intervención obligada de la agencia concesionaria de automotores "Gama Multimarcas" y de los anteriores titulares registrales del automóvil Sres. Ángel Daniel Salvatori y Salvador Ramón Urga (conf. informe de dominio que acompaña a fs. 100/102, del que surge que el Sr. Salvatori fue titular desde el 18.06.09. al 05.07.10., el Sr. Urga desde el 05.07.10. al 05.10.11. y el Sr. Di Giorgio –demandado- desde el 05.10.11. en adelante).
Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se rechace la acción, en todas sus partes, con costas al accionante.-
c) A fs. 117 se dispone la citación como terceros de intervención obligada de los Sres. Ángel Daniel Salvatori y Salvador Ramón Urga, y a fs. 121 se dispone lo propio en relación a “Gama Multimarcas” en la persona de su titular Sr. Marcelo García.
d) A fs. 122/125 el actor contestó el traslado de la documentación y de la excepción de prescripción opuesta por el demandado. e) A fs. 137 el accionado denunció como hecho nuevo que con fecha 20.08.13. el automóvil se vendió al Sr. Matías Manuel González, lo que –a su entender- puede tener incidencia en la existencia de los daños patrimoniales reclamados en la demanda.
f) A fs. 149/151 se presenta el tercero citado Sr. Salvador Ramón Urga, contestando la demanda interpuesta y oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva al progreso de la acción.
Argumenta que ninguno de los dos supuestos previstos por el art. 94 del C.P.C.C. se verifican en autos para habilitar la citación a su respecto, que el demandado pretende tenerlo por parte sobre bases inexactas y falsas ya que el vehículo le fue vendido como rezagos y transferido registralmente para que luego el Sr. Di Giorgio proceda a su venta, desconociendo en qué condiciones fue entregado el vehículo; que no teniendo vínculo alguno con el actor, no existe causalidad para que la demanda o citación proceda a su respecto. Subsidiariamente contesta la demanda negando los hechos allí expuestos. Relata a continuación que el 22 de diciembre de 2010, aproximadamente a las 15,30 hs. circulaba por la Autopista Buenos Aires - La Plata por el carril lento, a bordo del Toyota Corolla individualizado en la demanda, cuando a la altura de Hudson con sentido a Capital Federal, antes de llegar al peaje, un tercero le “toca” el lateral izquierdo, lo que ocasiona que pierda el control del vehículo cruzando el guarda-rail para caer en un zanjón impactando de frente en una alcantarilla de cemento. Sufrió diversas lesiones y luego de efectuada la denuncia policial, trasladó mediante grúa el automotor a un galpón en la localidad de Morón, realizando la denuncia correspondiente ante su compañía de seguros "La Caja" quien luego de enviar la inspección respectiva, determinó que el siniestro revestía el carácter de destrucción total.
Agrega que después de unos meses se le informó que los rezagos del automotor serían comprados por la firma Polo Autos S.R.L. por la suma de $ 38.100 y la diferencia para completar la indemnización, de $ 50.000 fue abonada por la aseguradora mediante cheque del Banco Francés. Que no tiene dudas de que el demandado conocía esta situación, no obstante lo cual e inexplicablemente comercializó el vehículo, y al momento de entregar los restos solicitó que le certifiquen que el mismo había sido transferido, para lo que le entregaron copia del nuevo título a nombre del demandado principal Gustavo Raúl Di Giorgio; por lo que, luego de fundar en derecho y ofrecer prueba, solicita se rechace la demanda a su respecto, con costas.
g) A fs. 201 el demandado desiste de la citación como tercero del Sr. Ángel Daniel Salvatori.
h) A fs. 219/226 se presenta el tercero citado Marcelo Oscar García, titular de "Gama Multicargas", contestando la citación y demanda interpuestas.
Argumenta que la demandada promueve la citación sin dar fundamento o justificativo en los términos del art. 94 del C.P.C.C.; que no existen razones de economía procesal ni de mejor administración de justicia que impliquen intereses de un tercero al que deba imponérsele una condenación. Agrega que entre las partes del proceso y el que suscribe no existe relación común ni conexa que convenga resolver de acuerdo a los antecedentes descriptos en la demanda. Que sólo existe una relación de entrega y comercialización del rodado objeto del reclamo entre la agencia que representa y el Sr. Di Giorgio, quien si bien adquirió el rodado marca Toyota Corolla, dominio ICH193 en Gama Multimarcas; no es menos cierto que el rodado fue entregado en óptimas condiciones para su uso, siendo recibido previa revisión y de conformidad por el propio demandado, quien reconoció la ausencia de toda falla y/o vicio oculto. Niega los hechos invocados en la demanda.
Agrega que el demandado utilizó el Toyota Corolla por varios meses, hasta que lo mandara a revisar a la firma Uzcudun S.A. por supuestos vicios, cuando en verdad, ni actor ni demandado efectuaron queja o reclamo alguno hasta el mes de mayo de 2012; que el actor pretende justificar lo injustificable debido a un supuesto vicio que apareciera nueve meses después de que su parte entregara el rodado aludido al demandado Di Giorgio, no pudiendo ahora atribuir responsabilidad alguna.
Solicita la citación como tercero del Sr. Ramón Casanovas, quien de acuerdo al boleto de compraventa que acompaña a fs. 218 sería quien entregó el automóvil en cuestión a “Gama Multimarcas” para permutarlo por un Honda Civic.
Funda en derecho, ofrece pruebas y solicita el rechazo de la citación, con costas.
i) A fs. 236 se abrió la causa a prueba, proveyéndose los distintos medios a fs. 241/242, lo que luego se amplió a fs. 244 en relación a las pruebas ofrecidas en relación al hecho nuevo introducido por el demandado. La Actuaria certificó sobre el vencimiento y resultado del período probatorio a fs. 310 y 313.
II. De este modo arribamos al dictado de la sentencia que viene apelada, obrante a fs. 315/321, en la que se hizo lugar –por otros fundamentos- a la excepción de prescripción opuesta por el accionado, se rechazó la demanda, se impusieron costas a la actora dada su condición de vencida -con excepción de las correspondientes al tercero Sr. Salvador Ramón Urga que se impusieron al demandado- y se regularon honorarios a todos los profesionales intervinientes. A fs. 323 se amplió este último aspecto del decisorio regulándose honorarios también a la mediadora interviniente Dra. María Marta Vicente. Para así decidir –y en lo que sucintamente interesa destacar a fin de entender en la apelación- la Sra. Juez de grado comenzó por puntualizar que el reclamo efectuado en autos gira en torno a los vicios redhibitorios, y que en tal situación el comprador no tiene la posibilidad de ejercitar en contra del vendedor la acción por cumplimiento o rescisión de contrato y los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sino la redhibitoria o cuanti minoris que la ley prevé en forma específica para el supuesto descripto, según lo establece el art. 2174 del Código Civil.
No obstante, también puntualizó la “a quo” a continuación que por estar reconocido por ambas partes que el actor se dedica a la compraventa de automotores la operatoria que en este caso nos ocupa es comercial (art. 7 del Código de Comercio), por lo que el plazo prescriptivo a computar es el semestral previsto por el art. 473 del mismo cuerpo legal, aunque el cómputo deberá efectuarse con aplicación de lo dispuesto por el Código Civil dada la remisión que contiene el art. 844 del Código de Comercio.
Sentada tal premisa, la anterior sentenciante concluyó que la prescripción operó a los seis meses de la entrega de la cosa, lo que ocurrió antes de la presentación del Formulario para la Mediación, lo que a su entender torna abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 40 de la ley 13951.
III. La aludida sentencia de fs. 315/321 fue apelada por el demandado y su letrado a fs. 324 y por el actor a fs. 331, aunque el primero de los recursos fue declarado desierto –respecto al demandado- al tratar la segunda cuestión.
El actor expresó agravios a fs. 354/362, sin obtener respuesta de la contraparte (conforme informe de Secretaría de fs. 364). Dos son las críticas puntuales que esgrime el Sr. Oses tras admitir que resulta acertado que la anterior magistrada haya considerado que la cuestión es de naturaleza comercial y por ende le haya aplicado la normativa correspondiente.
Por la primera de ellas considera incorrecto que se entienda que la víctima por vicios redhibitorios se vea impedida de reclamar por daños y perjuicios, limitándose así sus alternativas a la única posibilidad de plantear una acción redhibitoria o quanti minoris.
Por la segunda –que en rigor resultaría subsidiaria de la anterior- se desconforma por el cómputo de la prescripción, apuntando básicamente a que se omitió considerar los efectos suspensivos de la carta documento enviada por el actor al demandado el día 04.07.12.
IV. A fs. 364 se llamó autos para sentencia y a fs. 366 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
V. Antes de abordar el tratamiento puntual de los agravios creo necesario referirme a la normativa aplicable al caso, ya que, como es sabido, desde el día 1 de agosto del pasado año se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994 promulgada según Decreto 1795/2014 y publicado en el Boletín Oficial N° 32.985 del 8-10-2014; con la modificación introducida por la Ley 27077 cuyo art. 1° sustituyó el art. 7° de aquella y dispuso su entrada en vigencia a partir de la fecha antes mencionada). También es conocido que el art. 7 del nuevo cuerpo legal regula la cuestión atinente al denominado “derecho transitorio”, sentando pautas muy similares a las ya plasmadas en el art. 3 del Código Civil derogado conforme a la reforma que le introdujera la ley 17.711.
El caso de autos presenta la particularidad de que la sentencia de primera instancia fue dictada bajo la vigencia del Código derogado. Frente a esta situación, y sin desconocer posturas en contrario, esta Sala ya ha adherido a la tesis de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en la que sostiene que el estadio procesal en el que el expediente se encuentra (primera o ulterior instancia) no afecta la aplicación de las normas de transición dispuestas al efecto por el nuevo Código Civil y Comercial (“El art. 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en lo que no existe sentencia firme”, L.L. del 22.04.2015, citado por esta Sala en causa n° 59.891, “Banco Patagonia S.A.”, del 11.08.15., y subsiguientes en idéntico sentido).
Sin embargo, entiendo que el caso de autos no debe resolverse de acuerdo a las normas incorporadas al nuevo ordenamiento, ya que el contrato que vinculó a las partes se celebró antes de la entrada en vigencia del nuevo Código y el supuesto incumplimiento que se achaca a la accionada también se habría verificado bajo la vigencia del Código derogado. En rigor, y para ser más precisos, en este caso puntual el incumplimiento que el actor achaca al demandado se habría producido al momento mismo de celebrarse y ejecutarse el contrato, ya que las partes son contestes en que el contrato habría sido de ejecución instantánea y -a estar a los dichos de la actora- en ese mismo momento se habría entregado el automóvil con vicios ocultos.
De modo que, al margen de lo que se decida sobre la existencia de los supuestos vicios ocultos y sus efectos, no se presenta en autos la situación que sí podría generar dudas en orden al derecho transitorio, como es la que podría plantearse en el caso de contratos celebrados bajo el régimen anterior pero cuyo incumplimiento se verifique bajo la vigencia de la ley nueva (Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal Culzoni, 2015, pág. 104, con cita de Moisset de Espanés; Galdós, Jorge Mario, “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, La Ley del 16.11.2015.).
Por otro lado, si bien a lo largo del presente voto se deberán abordar cuestiones atinentes a la prescripción liberatoria, las mismas también deberán ser resueltas en base a los textos legales derogados, pues la cuestión del derecho transitorio sólo se presenta ante los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley (art. 2537 del Código Civil y Comercial; esta Sala, causa n° 59.492, “Camplone”, del 17.11.15., primer voto del estimado colega Dr. Ricardo C. Bagú). Es dable aclarar que esta conclusión sería válida aún en caso de prosperar el primero de los agravios planteados por la actora, ya que en tal caso el plazo de prescripción aplicable sería el decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil, pero habría sido definitivamente interrumpido por la demanda entablada el día 20.03.13, por lo que tampoco se trataría de una prescripción “en curso” al momento de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento.
De todas maneras, va de suyo que la conclusión arribada no obsta a que se recurra al nuevo Código Civil y Comercial como fuente –no formal- del derecho o, conforme también se ha dicho, como argumento de autoridad o como doctrina interpretativa del régimen derogado (Galdós, “La responsabilidad…”, cit.).
VI.a. Como punto de partida para el correcto abordaje de los agravios es dable tener presente que el actor en autos promovió “… formal demanda por daños y perjuicios (…) como reparación integral por los daños y perjuicios padecidos por el accionar del (demandado) con más intereses, costas y costos …” (fs. 66vta.).
Sin embargo, el accionado argumentó que el reclamo giraba en torno a supuestos vicios redhibitorios (art. 2164 del Código Civil), y con apoyo en esa calificación interpuso la excepción de prescripción de tres meses prevista en el art. 4041 del Código Civil (fs. 108/110).
A su turno, la Sra. Juez de grado entendió que asistía razón al accionado al afirmar que asistimos a un supuesto de garantía por vicios redhibitorios, por lo que consideró –adhiriendo a una postura estricta, conforme se explicará en el desarrollo que efectuaremos infra- que el actor sólo cuenta con las acciones redhibitoria o quanti minoris que la ley prevé en forma específica para el supuesto descripto, según lo establece el art. 2174 del Código Civil (fs. 319vta./320). No obstante, la anterior Magistrada también consideró que por ser la operación de naturaleza comercial es aplicable el plazo de prescripción semestral previsto en el art. 473 del Código de Comercio, lo que la llevó a concluir que en el caso de autos dicha prescripción ya había operado (fs. 320 y vta.).
Como vimos, a través de la primera de las críticas contenidas en la expresión de agravios se cuestiona que la víctima por vicios redhibitorios se vea impedida de promover una acción “ordinaria” por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, limitándose así sus alternativas a la única posibilidad de plantear una acción redhibitoria o quanti minoris. Mientras que por la segunda objeción –que en rigor resulta subsidiaria de la anterior- se desconforma por el modo en que se efectuó el cómputo de la prescripción, apuntando básicamente a que se omitió considerar los efectos suspensivos de la carta documento enviada por el actor al demandado el día 04.07.12.
b) El primero de los agravios nos enfrenta a un interrogante que ha sido formulado y respondido –en diversos sentidos- antes de ahora, cual es el de “si resulta admisible una acción de cumplimiento contractual o de resarcimiento de daños contractuales por vicios ocultos distinto de la acción redhibitoria y de la quanti minoris” (esta Cámara, Sala II, causa 47143, “Roitero”, del 16.09.2004, primer voto del Dr. Galdós).
Antes de pasar revista a algunos de los distintos precedentes y autores que han abordado el tema creo importante hacer notar que el interrogante tiene raíces muy profundas. Es que, tal como lo explica Noemí Nicolau, la doctrina clásica se ha esforzado por diferenciar la garantía por redhibición de la responsabilidad civil por incumplimiento, a partir de comparar los regímenes legales, que presentan diferencias de regulación. Pero, en la actualidad, existe una tendencia a simplificar esos regímenes, porque ambos institutos con análoga estructura no merecen una diferenciación tajante. De modo que se propicia armonizar un régimen minimalista de incumplimiento contractual, que incluya los supuestos de garantía por redhibición (“Fundamentos de derecho contractual”, La Ley, T. I, págs. 396/397).
Además, es evidente que la diferencia de regímenes a la que alude la eminente jurista rosarina tiene proyecciones prácticas muy importantes. Una de ellas –que interesa especialmente en este caso- se da en materia de prescripción, donde la diferencia de plazos es sorprendente, ya que la prescripción de los derechos emergentes de la redhibición es corta, de tres o seis meses según se trate del régimen comercial o civil, mientras que la prescripción de las acciones derivadas del incumplimiento contractual es la ordinaria decenal, salvo excepciones (Noemí Nicolau, ob. cit., pág. 397).
Como ya fuera anticipado, el interrogante al que da lugar el primero de los agravios ha dado lugar a distintas respuestas por parte de la doctrina y la jurisprudencia.
Comenzando por la jurisprudencia local, el tema fue abordado en el precedente de esta Cámara ya citado, que también fue invocado por el actor en su sólidamente fundada expresión de agravios (causa 47143, “Roitero”, del 16.09.2004). Se trataba de un caso de vicios ocultos en un inmueble que había sido adquirido por los actores, quienes promovieron demanda de “daños y perjuicios por incumplimiento contractual” contra los enajenantes y contra el maestro mayor de obras. La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de prescripción opuesta por los accionados e hizo lugar a la demanda contra ellos, aplicándose el régimen de la garantía redhibitoria –más específicamente, de la acción estimatoria o “quanti minoris”-. Apelado el decisorio, la Sala II de esta Cámara lo confirmó, explayándose, en primer término, sobre cómo se computa el plazo de prescripción de tres meses del art. 4041 del Código Civil, aspecto éste que era dirimente para la resolución del caso y en el cual se centraban los agravios. Empero, el fallo no se detuvo en ello, ya que mediante consideraciones vertidas a mayor abundamiento se advirtió que en rigor no se había promovido ninguna de las acciones específicas a las que da lugar la garantía redhibitoria, sino “… una suerte de acción indemnizatoria por incumplimiento contractual, con invocación –y fundamento- en los vicios ocultos del inmueble.” Ello llevó al tribunal a formularse el interrogante al que antes aludiéramos y a anticipar que la respuesta “es compleja y dudosa”. Pero no obstante ello, tras compulsar nutrida doctrina y jurisprudencia -que naturalmente se cita en el fallo-, se inclinó por la respuesta afirmativa. Se dijo, además, que una de las consecuencias de esta conclusión es que la prescripción es la decenal del art. 4023 del Código Civil, por lo que en el caso la acción de incumplimiento no se encontraba ni remotamente prescripta.
Unos años más tarde esta Sala debió entender en un caso análogo, ya que también se trataba de un inmueble que presentaba vicios ocultos, aunque también aparecían involucradas otras temáticas de singular interés que fueron abordados por esta alzada y luego por la Excma. Suprema Corte Provincial, tales como la distinción entre la locación de obra y la compraventa –ya que en el caso se trataba de adquirentes originarios que habían adquirido el inmueble a una cooperativa que construyó la vivienda- la compatibilidad del “acto cooperativo” con el régimen general del Código Civil y con la Ley de Defensa del Consumidor, etcétera (esta Sala, causa n° 51649, “Auguste”, del 21.05.08., primer voto de la estimada ex colega Dra. Leticia Fortunato de Serradell al que presté mi adhesión). En lo que aquí interesa, el fallo recogió la doctrina sentada por la Sala II en la causa “Roitero” y arribó a conclusiones análogas, ya que se puso de resalto que no se había promovido una acción redhibitoria ni “quanti minoris” sino un resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento en la obligación de entregar la cosa en debida forma o en condiciones que la hagan apta para su destino. Y, nuevamente, se dijo que en estos casos el plazo de prescripción es el decenal del art. 4023 del Código Civil. Entre la nutrida doctrina y jurisprudencia citadas en las dos causas de esta Cámara mencionadas precedentemente se destaca un fallo de la Cámara Nacional Civil que fue parcialmente trascripto en ambos fallos, y yo me permitiré hacer lo propio en honor a su profundidad y a su claridad expositiva (CNCiv., Sala E, “Semino de Médici, Mabel A. c/ Bulneco S.A. y otro”, LL 1986-E- 483, primer voto del Dr. Dupuis):
“Entre las obligaciones impuestas por la ley al vendedor se encuentran la de garantizar al comprador por los vicios redhibitorios de la cosa. Así lo expresa el art. 1414 del Cód. Civil cuando señala que "debe también responder de los vicios redhibitorios". Y el art. 2174 concede al comprador la acción redhibitoria, que tiene por fin dejar sin efecto el contrato, volviendo la cosa al vendedor, quien la restituirá al precio pagado, o la llamada "quanti minoris" o "estimatoria", cuya finalidad consiste en sufrir una disminución del precio proporcional al menor valor de la cosa. Además, en la hipótesis contemplada en el art. 2176 se prevé la acción por daños y perjuicios. No obstante, al fijar el régimen de la compraventa nada dice el codificador sobre la posibilidad de reclamar, en lugar de la devolución de una parte del precio, que el vendedor se encargue de la reparación de la cosa, cuando ello es posible.”
“En general, nuestros tratadistas no se han planteado la cuestión, aunque la doctrina francesa, forjada en base a previsiones legales análogas a las de nuestro Código -aunque con alguna discrepancia- se ha pronunciado en sentido afirmativo. (…)”.
(…)
“A mi modo de ver, la circunstancia de que el art. 2174 del Cód. Civil prevea únicamente dos acciones la redhibitoria y la "quanti minoris" o de disminución de precio, no importa negar al comprador la posibilidad de exigir el exacto cumplimiento de la obligación asumida por el vendedor, cuando una vez entregada la cosa prometida, surgen defectos que estaban ocultos y que la hacen impropia para su uso o disminuya considerablemente su utilidad para el comprador, siempre -claro está- que no medie culpa de su parte o que empleando la razonable diligencia para ese negocio la hubiera podido advertir, supuesto en el cual media renuncia tácita a cualquier reclamo, salvo pacto en contrario.” “Es que el vendedor está obligado a entregar exactamente la cosa vendida, con sus dependencias y accesorios, conforme lo entendieron las partes al celebrar el contrato (arts. 1197, 1198, 1323, 1409, 1426 y concs., Cód. Civil). Y si no lo hace, incurre en incumplimiento que autoriza al comprador a solicitar el cumplimiento o pedir la resolución, con más los daños y perjuicios, pudiéndose negar -incluso- a pagar el precio (ver art. 1426). El cumplimiento defectuoso, queda asimilado al incumplimiento total (conf. LLambías, "Tratados de derecho civil. Obligaciones", t. I, núm. 100; Busso, "Código Civil comentado", t. III, p. 240, núm. 13 y p. 287, núm. 77 y sigts.; Borda, "Obligaciones", núm. 68, p. 50, etc.). Por tanto, si antes de entregada la cosa al comprador está autorizado a reclamar lo prometido, en la forma estipulada, el solo hecho de su entrega no exonera al vendedor de la obligación asumida, impidiendo al comprador, ante la aparición de un defecto oculto, la posibilidad de exigir que sea reparado, en la hipótesis de ser ello posible y siempre -claro está- que los gastos que ello demande tengan una adecuada proporción con el valor de la cosa.”
“Son aplicables los principios generales de las obligaciones y los contratos (en especial, arts. 505, 1197, 1198), que a mi juicio no se ven derogados por las normas de la compraventa que únicamente tienen por fin concederle al comprador una mayor tutela, permitiéndole la resolución del contrato o una disminución del precio abonado, con independencia de la culpa en que se pudiera encontrar incurso el vendedor.”
“Hay en el fondo una razón de moral, de buena fe, de probidad y de equidad impuesta por la interdependencia de las prestaciones del vendedor y el comprador, la que impone aquel que se obligue a hacer tener útilmente la cosa para el comprador, el deber de responder por sus defectos ocultos, que la hagan impropia para su uso, o que disminuyan considerablemente su idoneidad o utilidad para el comprador (Rezzónico, obra y tomos cits., p. 230). Estas garantías constituyen, en verdad, no otra cosa, que un remedio específico que derivan de los principios generales, en virtud de los cuales el acreedor está facultado a pedir el cumplimiento exacto de la obligación, a salvo -lógicamente- la hipótesis en que ello no fuera posible u opte por el ejercicio de otra acción. Una aplicación concreta de un principio, no puede negar el principio mismo.” “Por lo expuesto, estimo admisible la reparación es especie o cumplimiento específico de la obligación, sin perjuicio de las otras acciones contempladas.”
“Debo destacar que, si como en el caso, el comprador pretende que se le repare la cosa y, en subsidio, se condene al accionado a pagar los daños y perjuicios, que en gran medida equivalen al valor de esa reparación y en la otra al lucro cesante (privación del uso del inmueble), pese a la imprecisión conceptual y, en alguna medida, equivocada fundamentación jurídica, ningún obstáculo había en que "iuria curia novit", el juez determine la norma jurídica que rige el caso, porque como dice Chiovenda, "son los hechos los que en realidad determinan la norma que rige la relación jurídica. Un mismo hecho puede caer bajo distintas normas, y entonces se trata de ver cuál de ellas es aplicable al caso concreto" ("Principii", ps. 63 y 281 y sigts., 3ª ed.). Y en el caso, el a quo hizo el encuadre jurídico al considerar que se estaba en presencia de vicios redhibitorios. No obstante desestimó la pretensión, fundándose en que el actor demandó por cumplimiento, aunque a su juicio no era ésa la hipótesis que surgía de los hechos relatados. De haber sido consecuente con su postura inicial, nada impedía entonces que considerara la posibilidad de la reparación en especie, y al no considerarla viable, la condena a abonar una suma de dinero equivalente al costo de la reparación, como, en parte, se reclamó. En un caso que tiene analogía con el de autos, en lo relativo a la pretensión subsidiaria, la sala D de este tribunal, con voto del doctor Cichero, consideró viable la acción, luego de encuadrar los hechos dentro del supuesto de vicios ocultos (Rev. LA LEY, t. 99, p. 185).” “Es más, siempre en lo relativo a la pretensión subsidiaria, lo pedido por el actor y que él llamó "daños y perjuicios" en gran medida coincidía con lo que concede la acción "quanti minoris", aunque en concepto de disminución del precio, pues la desvalorización de la cosa afectada por vicios redhibitorios, se aprecia en función del costo de los trabajos que deban realizarse para subsanar el vicio o defecto (CNCiv., sala F, E.D., t. 86, p. 561 - Rep. LA LEY, t. XL, J-Z, p. 2566, núm. 8-).”
Continuando con esta secuencia jurisprudencial, un hito muy importante estuvo dado por el dictado de un fallo de la Excma. S.C.B.A., que como es sabido reviste el valor de doctrina legal para los tribunales inferiores (C. 99.164, “Smietniansky”, del 09.06.2010; arts. 161 inc. 3 ap. a) de la Const. Prov., art. 278 y sig. del C.P.C.C.).
En rigor se trataba de un caso en el cual se había ejercido la acción estimatoria o “quanti minoris”, es decir, una de las acciones propias de la garantía redhibitoria, y lo que resolvió la Corte –revocando en ese aspecto el decisorio recurrido- es que en ese caso no procede la indemnización del daño moral por expresa aplicación del art. 2176 del Código Civil. Ahora bien, no obstante que el tema a decidir en ese caso se circunscribía a lo ya señalado, es lo cierto que en el voto del Dr. Pettigiani –que conformó la mayoría- se recurrió a una batería de argumentos, algunos de los cuales guardan relación con el tema específico que nos ocupa, por lo que nuevamente me permitiré transcribir los párrafos pertinentes:
“Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reiteradamente afirmado que los efectos que en materia de compraventa genera la responsabilidad por vicios redhibitorios se exteriorizan en la posibilidad de encausar tres acciones básicas, a saber: a) la redhibitoria, b) la estimatoria, y c) la de daños y perjuicios (que es complemento de la resolutoria para el supuesto de mala fe del vendedor), a las cuales se suelen agregar -no unánimemente- otras dos acciones: d) la de reparación de la cosa, sea por el deudor o por terceros, y e) la de cumplimiento del contrato (como variante de la anterior) (conf. Stiglitz, Rubén; "Contratos. Teoría General", Depalma, Buenos Aires, 1993, Tomo II, págs. 420/421).”
“Con ello, la acción estimatoria constituye un instituto específico de esta materia, permitiendo al adquirente perjudicado reclamar al enajenante una disminución del precio de la venta, en proporción al deterioro de la cosa como consecuencia de los vicios ocultos en ella detectados. Para su procedencia no se exige que los vicios hagan a la cosa impropia para su destino, sino sólo que el adquirente demuestre que el defecto tiene relevancia suficiente como para haberlo inducido a pagar un precio menor, si lo hubiere conocido.”
“No se encuentra dirigida a resolver el vínculo contractual (pretensión a la que es posible agregarle la reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por dicha ruptura -art. 2176 del Código Civil-), ni se encuentra dirigida a exigir el estricto cumplimiento de lo pactado por los cocontratantes (pretensión a la que la doctrina que la considera viable, por aplicación de los principios generales en la materia, permite su acumulación con la indemnizatoria de los daños y perjuicios padecidos -conf. Casas de Chamorro Vanasco, María L.; "Una correcta aplicación de la garantía por vicios redhibitorios", "La Ley", 2006-A-780-)” (el destacado me pertenece). Por último, y como ya fuera anticipado, el Superior Tribunal de nuestra provincia también falló en el caso que previamente había tramitado ante esta Sala, pues contra el mismo la Cooperativa demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se reeditaron varias de las cuestiones abordadas en esta sede (C. 104.744, “Auguste”, del 26.06.13.). Cabe recordar que en dicho precedente, y a diferencia del anterior caso resuelto por la Excma. S.C.B.A. (C. 99.164, “Smietniansky”, del 09.06.2010), era dirimente dar respuesta al interrogante al que nos venimos refiriendo, ya que los actores no habían deducido ninguna de las dos acciones propias de la garantía redhibitoria sino una acción de indemnización de daños y perjuicios.
En lo que aquí interesa el Dr. Hitters –que fue quien votó en primer término- dijo lo siguiente:
“El restante agravio, que atañe a la denunciada violación de los arts. 2166, 2174, 2175, 2176 y 4023 del Código Civil tampoco es de recibo.”
“Atribuye tal infracción al a quo en tanto resolvió -con cita de doctrina autoral- que "los efectos que en materia de compraventa genera la responsabilidad por vicios redhibitorios se materializan en el nacimiento de tres acciones básicas, a saber: a) la redhibitoria, b) la estimatoria y c) la de daños y perjuicios (que es complemento de la resolutoria para el supuesto de culpa o de mala fe del vendedor), a las cuales agrega dos más cuya fundabilidad resulta discutida por los autores: d) la de reparación de la cosa, e) la de cumplimiento de contrato" (fs. 343 y vta.). Sobre esa base, concluyó el sentenciante que "es lo cierto que no se dedujo una acción redhibitoria ni quanti minoris sino un resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento de entregar la cosa en debida forma o en condiciones que la hagan apta para el destino que tiene la misma ... Se trata sin duda alguna de una acción distinta de las que regula el art. 2174 del Código Civil" (fs. 345 vta.).”
“Afirma el recurrente que lo así decidido importa infracción al art. 2174 del Código Civil y demás normas antes transcriptas, pues "de la simple lectura de las disposiciones citadas surge que el Código Civil, en materia de contrato de compraventa, ha creado un sistema cerrado que sólo admite el ejercicio de dos acciones, en el supuesto de vicios redhibitorios: 1) la acción redhibitoria para dejar sin efecto la venta o 2) la acción 'quanti minoris' para reducir el precio" (fs. 362).”
“Ahora bien, también en torno al tópico este Tribunal ha sentado doctrina legal en tono coincidente con la resolución en crisis.” (el destacado me pertenece).
“En efecto. En C. 99.164 (sent. del 9-VI-2010, y en una conformación del Tribunal que no integré), esta Suprema Corte dejó en claro a partir del voto del doctor Pettigiani (al que adhirieron los doctores de Lázzari, Negri, Genoud y Soria) que "los efectos que en materia de compraventa genera la responsabilidad por vicios redhibitorios se exteriorizan en la posibilidad de encausar tres acciones básicas, a saber: a) la redhibitoria, b) la estimatoria, y c) la de daños y perjuicios (que es complemento de la resolutoria para el supuesto de mala fe del vendedor), a las cuales se suelen agregar -no unánimemente- otras dos acciones: d) la de reparación de la cosa, sea por el deudor o por terceros, y e) la de cumplimiento del contrato (como variante de la anterior)".
“Esta circunstancia sella la suerte adversa del embate, en tanto no encuentro en la pieza recursiva argumentos eficaces para modificar la interpretación que sobre el tópico ha realizado este Tribunal de casación.” El fallo culmina con el voto del Dr. Soria, quien se pronuncia en el mismo sentido que el Dr. Hitters pero por sus propios fundamentos, aunque en la parcela que especialmente nos interesa también remite a la doctrina legal ya sentada en la causa 99.164.
Todo lo dicho permite concluir que si bien el tema puede haber sido debatido, la jurisprudencia local y especialmente la de la Corte provincial –que tiene el valor de doctrina legal- admite que ante la constatación de vicios ocultos no solo se promuevan las acciones propias de la garantía por vicios redhibitorios sino también –y en lo que aquí interesa- una acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
También surge de algunos de los fallos citados que si el actor opta por esta vía alternativa la prescripción no es la trimestral sentada en el art. 4041 del Código Civil sino la decenal establecida en el art. 4023 del mismo Código.
En el sub-lite cabe efectuar un razonamiento análogo ya que, habiendo quedado firme que la relación es de naturaleza comercial, el plazo de prescripción no es el semestral establecido en el art. 473 del Código de Comercio sino el decenal previsto en el art. 846 del mismo Código. Esto, a su vez, nos permite concluir que la prescripción no se encontraba ni remotamente operada si tenemos en cuenta que la permuta se celebró el 12.01.2012 y la demanda se promovió el 20.03.2013, lo que torna innecesaria toda consideración acerca del comienzo del cómputo de la prescripción –que naturalmente podría ser posterior a la celebración de la permuta, tal como el propio demandado lo admite-, los efectos suspensivos de la carta documento enviada por el actor y de la solicitud de mediación, etcétera. Por los mismos motivos deviene abstracto el agravio subsidiariamente planteado por el actor, ya que el mismo sólo hubiera mantenido virtualidad si –al igual que la anterior sentenciante- hubiésemos considerado aplicable al caso el plazo de prescripción semestral establecido en el art. 473 del Código de Comercio.
c) Despejado lo anterior, entiendo que la demanda debe prosperar.
En efecto, conforme surge de lo antes dicho, el vendedor está obligado a entregar exactamente la cosa vendida, con sus dependencias y accesorios, conforme lo entendieron las partes al celebrar el contrato (arts. 207, 450, 451 y conc. del Código de Comercio, arts. 1197, 1198, 1323, 1409, 1426 y conc., Cód. Civil). Y si no lo hace incurre en incumplimiento que autoriza al comprador a solicitar el cumplimiento o pedir la resolución, con más los daños y perjuicios, pudiéndose negar -incluso- a pagar el precio (art. 1426 del Código Civil). Ello -claro está- siempre que no medie culpa de parte del adquirente o que empleando la razonable diligencia para ese negocio la hubiera podido advertir, supuesto en el cual media renuncia tácita a cualquier reclamo, salvo pacto en contrario (CNCiv., Sala E, “Semino de Médici, Mabel A. c/ Bulneco S.A. y otro”, LL 1986-E-483).
En el caso de autos el accionado no cuestiona que al tiempo del examen del vehículo en “Uczudum S.A.” (17.05.2012) éste ya tenía los defectos de seguridad que se denuncian en la demanda (contestación de demanda, fs. 111vta., primer párrafo).
Abro un paréntesis para señalar que el accionado sí cuestiona quién llevó el automóvil a la concesionaria oficial para que se le efectuara tal revisión, pero más allá de la solidez y claridad de sus argumentos entiendo que son circunstancias intrascendentes para la solución de la litis. Volviendo a lo que venía diciendo y a un aspecto que sí es trascendente, el accionado afirma en su contestación de demanda que no le consta cuándo se provocaron los daños al automóvil, es decir, si lo fue antes de que su parte adquiriera el vehículo o después de que lo entregara el actor (fs. 111vta.). Sin embargo, ello ha quedado totalmente esclarecido con la contestación del tercero Sr. Salvador Ramón Urga (fs. 149/151), que fue el titular registral del vehículo entre el 05.07.2010 al 05.10.2011, quien explica en detalle cómo ocurrió el accidente que determinó la activación de los “air bags”, avalándolo además con distinta documentación cuya autenticidad no ha sido cuestionada.
En otro orden, y adentrándome en un aspecto que también es planteado por el accionado al contestar demanda –y que debe ser considerado no ya por aplicación del art. 2170 del Código Civil sino por los principios generales de la responsabilidad civil antes expuestos-, entiendo que no ha mediado culpa por parte del adquirente por no advertir los defectos ocultos de la cosa.
En efecto, si bien no está cuestionado que el actor se dedica desde hace muchos años a la intermediación en las compraventas de automotores, él explica en la demanda que ni él ni su mecánico de confianza podían determinar el origen del “ruido” que escuchaban, por lo cual hubo que “desarmar” el automotor y puntualmente el tablero (fs. 67vta.). Esto se ve avalado por la constatación notarial y las fotografías adjuntas (fs. 13/15 y 25/33), de donde surge que para constatar la ausencia de los air bags y del sistema de seguridad en general hubo que desarmar el volante y el tablero. A ello se suma que se colocaron pedazos de goma espuma negra en el tablero para ocultar las luces que alertaban sobre la falla en el sistema de seguridad.
Las máximas de la experiencia, que integran la sana crítica (doctr. art. 384 del C.P.C.C.), nos indican que es frecuente que los intermediarios de autos usados efectúen una revisión de los vehículos que toman en parte de pago o adquieren para su reventa. Sin embargo, no es habitual que se proceda a “desarmar” el vehículo, dado el tiempo que ello insume y sus consecuentes costos, máxime para detectar eventuales fallas que por su trascendencia son detectadas por el propio sistema instalado en el automotor y de las cuales se toma conocimiento a través de las múltiples “luces de alerta” que se encienden en el tablero de todos los automóviles modernos bien equipados. Queda claro, entonces, que alguna persona inescrupulosa –que aún no se sabe quién es- reparó el auto chocado para poder colocarlo nuevamente en el mercado, pero omitió reemplazar el sistema de seguridad que necesariamente debía ser reemplazado tras el estallido del air bag, seguramente con la intención de no afrontar sus importantes costos. Y para perpetrar esa estafa llegó al extremo de colocar pedazos de goma espuma negra en el tablero, por lo que no era dable exigirle al actor una diligencia tan extrema que lo lleve a advertir maniobras de tal naturaleza.
d) Cabe abordar ahora la cuestión atinente a la procedencia y en su caso cuantificación de los rubros resarcitorios reclamados.
i. En virtud de todo lo dicho hasta aquí no es dudoso que debe prosperar el reclamo de daño material por la suma de $ 33.266,61, monto que, según se desprende de la documental obrante a fs. 22 –presupuesto emitido por “Uzcudun S.A.F.I.M.”-, resultaría necesario para reparar el automóvil. En cambio no han de integrar el monto de condena los gastos afrontados por el actor con motivo de la constatación notarial, ya que ellos integran el concepto de costas (doctr. art. 77 del C.P.C.C.) y como tales habrán de ser incluidos en la liquidación que en su momento se practique.
No soslayo que a fs. 137/138 el demandado denunció como hecho nuevo la enajenación del automóvil al Sr. Matías Manuel (rectius: Emanuel) González, quien figura como nuevo titular registral a partir del 20.08.2013 (conforme informe de dominio de fs. 136), lo que a entender del accionado podría tener incidencia en la existencia de los daños patrimoniales reclamados en la demanda. Más aún, este hecho nuevo fue admitido a fs. 244 y en la misma resolución se amplió el proveimiento de prueba relativa al mismo. Sin embargo la declaración testimonial del Sr. González no se produjo por haber sido desistida por el propio accionado (fs. 267), y la contestación de oficio de la AFIP (fs. 303/307), además de no ser de sencilla interpretación, no aporta datos que graviten a favor del accionado, ya que de allí surge que el automóvil se habría vendido en un valor inferior al de su valuación (esp. fs. 306). Por lo demás, aún si por hipótesis se hubiera demostrado que el automóvil se hubiese vendido a un valor mayor al de su adquisición, lo cual es natural en las compraventas comerciales (doctr. art. 8 inc. 1 y 2 del Código de Comercio derogado), cabría en principio inferir que ello fue posible gracias a los arreglos efectuados por el actor, por lo cual seguiría teniendo derecho a solicitar su reembolso.
Al monto por el cual prospera este rubro ($ 33.266,61)
se le adicionarán los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, con la salvedad que de acuerdo al nuevo criterio sentado por el tribunal se aplicará la mentada tasa en su variante de “tasa pasiva digital” (esta Sala, causa n° 60446, “Longo”, del 18.02.16., voto del estimado colega Dr. Ricardo Bagú, con sus citas). Los mismos se devengarán desde la fecha de la recepción de la carta documento (04.07.2012, conf. fs. 92) hasta el efectivo pago (art. 509 2do. párrafo del Código Civil; esta Sala, causa n° 51649, “Auguste”, cit.).
ii. También reclama el actor la suma de $ 6068 en concepto de daño moral manifestando –en lo medular- haberse sentido estafado en su buena fe y angustiado ante la dificultad económica que le generó haber invertido la suma de $ 90.000 en un automóvil sin posibilidad alguna de ofrecerlo en el mercado.
Sabido es que los arts. 1078 y 522 del Código Civil derogado –aplicable a este caso- se referían al daño moral, y que estas normas eran de aplicación a las órbitas de la responsabilidad extracontractual y contractual, respectivamente.
Ciñéndonos al ámbito contractual por ser el que en este caso nos ocupa, la Excma. Suprema Corte Provincial tiene sentada una pacífica doctrina legal según la cual “En materia contractual –donde resulta de aplicación el art. 522 del Código Civil- el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido. En tal sentido se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios (Ac. 39.185, sent. del 27-XII-1988 en "Acuerdos y Sentencias", 1988-IV-631; Ac. 40.197, sent. del 21-II-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-149; Ac. 46.042, sent. del 23-IV-1992 en "Acuerdos y Sentencias", 1992-I, 769; Ac. 57.527, sent. del 20-XI-1996; Ac. 58.441, sent. del 30-IX-1997; Ac. 73.965, sent. del 21-III-2001 en "D.J.B.A.", 160, 192) (C. 89.068 “Flores...” del 18.07.07., con sus citas; puede consultarse “in extenso” esta Sala en causas nº 53.580, “Carotti”, del 10.12.09. y n° 53789, “Vicente”, del 13.05.2010, entre muchas otras).
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala tiene reiteradamente dicho que las diferencias de régimen que a primera vista parecerían desprenderse de la distinta redacción de los arts. 522 y 1078 del Código Civil son más aparentes que reales, ya que la primera de esas normas no debe ser interpretada en el sentido de otorgar al Juez facultades arbitrarias para conceder o no la indemnización, de lo que se sigue que de comprobarse una lesión a un interés espiritual (ya sea por prueba directa o por presunciones) el Juez deberá conceder la reparación del daño moral (puede verse in extenso la causa de esta Sala n° 56681, “Armendano”, del 27.09.12., con sus citas, en especial de la S.C.B.A.; ídem Vázquez Ferreyra, “Los presupuestos del deber de reparar”, La Ley 2012-C, 671).
Haciendo aplicación de dicho criterio esta Sala ha considerado procedente el daño moral contractual en una innumerable cantidad de precedentes (vgr. causas n° 53.830, “Augelli”, del 24.02.11., en el que se reclamaba –entre otros conceptos- el daño moral por la privación de uso de un inmueble destinado a vivienda; n° 56003, “Lalli”, del 30.03.12., con ilustrado primer voto de mi estimada colega Dra. Lucrecia Comparato en el que se profundizan diversos aspectos del daño moral contractual; n° 59.268, “Zampieri”, del 22.12.14.).
En un precedente muy cercano en el tiempo esta Sala denegó el daño moral contractual en un supuesto que tenía aristas similares al presente, ya que se trataba de una demanda incoada por un intermediario de autos usados a quien se le había ocultado que el auto entregado para su comercialización se encontraba embargado (causa n° 60563, “Splendore”, del 22.03.16.). Para así decidir se tuvo en cuenta que esa es una contingencia habitual para quien se dedica a dicha actividad, a lo que se sumó que – contrariamente a lo que se había afirmado en la demanda- la persona que compró ese automóvil embargado y tuvo que devolverlo por no poder efectuar la transferencia a su nombre luego adquirió otro automóvil a la misma concesionaria, lo que echaba por tierra el argumento de que se había llevado una pésima impresión del comerciante.
Sin embargo entiendo que en este caso la solución ha de ser distinta, ya que el automóvil no estaba afectado por una medida cautelar sino que carecía de partes esenciales de su sistema de seguridad, por lo que – más allá de que el actor no probó haberlo utilizado con su familia- si lo hubiera comercializado se podría haber visto involucrado en una grave denuncia o reclamo económico, que podría haber sido muy elevado en caso de producirse un siniestro. Desde esta óptica es comprensible la angustia que refiere el actor, lo que torna procedente este reclamo, que propongo al acuerdo fijar en $ 6000 en atención al monto estimado en la demanda que encuentro razonable dadas las circunstancias del caso. El mismo estará sujeto al régimen de mora e intereses previsto para el daño patrimonial.
e) Me referiré ahora a los efectos subjetivos del presente decisorio, cuestión que reviste complejidad pues en este proceso se ha dado intervención a terceros y el automóvil que da origen a esta litis pasó por distintos dueños, o intermediarios, o personas que de algún modo u otro –que en algunos casos no está totalmente esclarecido- tuvieron cierta vinculación con el mismo. A continuación procuraré efectuar un detalle temporal de estas circunstancias para luego sí considerar los alcances subjetivos de la sentencia. El primer titular registral del automóvil fue el Sr. Ángel Daniel Salvatori, quien revistió tal condición desde el 18.06.2009 hasta el 05.07.2010 (fs. 101vta.). Recordemos que Salvatori fue citado como tercero por el demandado Di Giorgio (fs. 114) pero luego el propio accionado desistió de su citación (fs. 201). Si bien ese desistimiento se basó en las dificultades para concretar la notificación, es lo cierto que para ese entonces ya constaba en el proceso la presentación del segundo titular registral Sr. Salvador Ramón Urga, que fue quien admitió haber sufrido el siniestro que produjo la activación del sistema de seguridad (fs. 149/151), por lo cual ya no tenía sentido integrar la litis con Salvatori.
Como acabamos de ver, el segundo titular registral del automóvil fue el Sr. Salvador Ramón Urga, quien revistió esa condición desde el 05.07.2010 hasta el 05.10.2011 (fs. 101vta.). Esta persona también fue citada como tercero por el accionado (fs. 114) y compareció a fs. 149/151, admitiendo haber sufrido un siniestro el día 22.12.2010 y denunciando haber vendido los restos del automotor a “Polo Autos S.R.L.” el día 15.03.2011 (conf. fs. 143 y 150).
Otro dato que surge del expediente es que el día 05.07.2011 –es decir, cuanto el automóvil aún estaba registrado a nombre del Sr. Salvador Urga pero ya había sido vendido por éste a “Polo Autos S.R.L.”- se dio de alta una cobertura de seguro a nombre del Sr. Antonio Chena Pérez (respuesta de “Federación Patronal Seguros S.A.” de fs. 290), sin que existan más detalles acerca de qué relación tuvo esa persona con el automóvil.
Con posterioridad el automóvil fue adquirido por el Sr. Gustavo Raúl Di Giorgio (demandado en autos), quien fue su tercer titular registral desde el 05.10.2011 hasta el 24.08.2012 (fs. 102). El demandado refiere en su contestación que adquirió el vehículo el día 16.09.2011 en la agencia “Gama”, aunque aclara que extravió el boleto de compraventa pero se le requeriría a esa firma por oficio (fs. 110). Sin embargo el Sr. Di Giorgio también solicitó la citación como tercero de la mentada agencia (fs. 113vta.), quien se presentó a fs. 219/226, explicando que el automóvil en cuestión habría sido entregado en la agencia el día 29.08.2011 por el Sr. Ramón Casanovas (conforme “boleto de compraventa” de fs. 218, que junto con el “boleto de compraventa” de fs. 217 permiten apreciar que en la misma fecha -29.08.2011.- se habría producido una permuta entre Di Giorgio y Casanovas haciendo la agencia las veces de intermediaria en la misma). A su vez “Gama” solicitó la citación como tercero de Casanovas (fs. 225/vta.) aunque ello no fue proveído.
A partir de allí ya es historia conocida, pues el día 12.01.12. el Sr. Di Giorgio entregó el automóvil en parte de pago en la concesionaria del actor.
La reseña que antecede deja en claro que se puede saber con cierta dosis de certeza que el Sr. Urga vendió los restos del automóvil a “Polo Autos S.R.L.” y que “Gama Multimarcas” habría recibido el auto de un tal Ramón Casanovas. Sin embargo, ni “Polo Autos S.R.L.” ni Ramón Casanovas tuvieron intervención en el proceso, ni se sabe cómo llegó el auto al “dominio” –no registrado- de éste último.
Ello me lleva a concluir que la responsabilidad última sólo podría ser determinada en un proceso en el cual tomen intervención todas las personas que han sido mencionadas precedentemente –con excepción del primer titular registral Sr. Salvatori, a quien en principio la cuestión resultaría totalmente ajena- y las eventuales otras personas cuya intervención se requiera, tal como fue sucediendo en el sub-lite, donde –como quedara dicho- el demandado pidió la citación de tres terceros, y a su vez uno de ellos (“Gama Multimarcas”) pidió la citación de otro tercero (Ramón Casanovas).
Pero lo cierto es que en este caso sólo se ha concretado la citación como terceros del Sr. Salvador Ramón Urga (fs. 149/151) y de “Gama Multimarcas” (fs. 219/226) por lo que naturalmente es sólo en relación a ellos –y no a otros terceros que no han sido citados- que corresponde preguntarnos acerca de cómo los afectará la presente sentencia (doctr. arts. 18 CN y 15 Const. Prov.).
A fin de dar respuesta a ese interrogante, es dable tener presente que el accionado solicitó el emplazamiento de los terceros en los términos del art. 94 del C.P.C.C. y así fue dispuesta su citación (fs. 113vta./114, 117 y 121).
El art. 94 del C.P.C.C. regula la denominada "intervención obligada" de terceros, cuya nota diferenciadora respecto a la “intervención voluntaria” es que la comparecencia al proceso no se produce por una iniciativa espontánea del tercero, sino que es provocada por una de las partes (Viano Carlomagno, María M. - Césari, Fernando J., "Efectos de la citación de terceros a partir de la sanción de la ley 25.488", J.A., 2002-II, fascículo nº 8., pág. 49, citas 9 y 10; Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código...", tomo I, págs. 374 y 383; esta Cámara, Sala II, causa nº 45.661, “Marcos”, del 06.05.03). Siendo pues que en estos casos son las propias partes quienes deben instar la citación del tercero “... a cuyo respecto consideraren que la controversia es común” (art. 94 del C.P.C.C.), el pedido de citación debe ir avalado por una explicación del interés del citante y de por qué considera que existe tal interés en común (esta Cámara, Sala II, causa nº 49.587, “Miguelena”, del 20.06.06.; Sosa, Toribio E., “Terceros en el proceso civil”, La Ley, pág. 80). En el caso de autos, si bien la demandada fue muy clara al brindar su propio relato de los hechos, plantear distintas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido con el automóvil, calificar el negocio jurídico que la vinculó con el actor, explicar que a su entender el reclamo era por “vicios redhibitorios” y oponer la prescripción relativa al mismo, etcétera, es lo cierto que al pedir la citación como terceros de los dos anteriores titulares registrales y de “Gama Multimarcas” (fs. 113vta./114) no explicó concretamente qué pretendía con esa citación, limitándose a señalar –en otro pasaje- que contra todos ellos el actor debería redirigir o codirigir su pretensión (fs. 112, segundo párrafo in fine). Ahora bien, es lo cierto que el actor en ningún momento manifestó su intención de redirigir o codirigir su pretensión contra los terceros, limitándose a efectuar el reclamo a su co-contratante. Y el demandado, por su parte, no propuso una pretensión propia contra los terceros, ya que, como acabamos de ver, dejó la decisión en manos del actor.
Así las cosas, si bien en otras ocasiones he defendido enfáticamente la posibilidad de condenar a un tercero cuando el fin perseguido con su citación es claro y su condena es de utilidad para el proceso, por considerar además que ello encuentra sustento en el art. 96 del C.P.C.C. (causa n° 53467, “Rubino”, del 14.10.2009), entiendo que en este caso no cabe considerar la posibilidad de hacerles extensiva la condena pues al citarlos no se formuló una pretensión expresa en tal sentido.
Abonando lo expuesto, debemos tener presente que la citación de un tercero puede obedecer a múltiples circunstancias, y el caso típico es el de la existencia de una acción regresiva con la finalidad de evitar que el tercero pueda alegar que la derrota fue consecuencia de la deficiente defensa (Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código...", cit., tomo I, pág. 385), lo que corrobora que la citación de terceros al proceso no lo es siempre a los fines de evaluar en ese mismo proceso la posibilidad de su condena.
Por todo lo expuesto, concluyo que en este proceso no cabe emitir juicio sobre la responsabilidad de los terceros citados. f) Para concluir, a lo largo de este voto ha quedado en claro que el actor fue víctima del obrar inescrupuloso de alguna persona que con la finalidad de obtener un lucro mal habido puso en riesgo la integridad o la vida de otras personas, ya que no es difícil representarse lo que hubiera ocurrido si el automóvil en cuestión hubiera sufrido algún siniestro.
Así las cosas, toda vez que los repertorios jurisprudenciales dan cuenta de muchos fallos dictados por tribunales penales en los cuales se ha condenado a los enajenantes de automóviles por alterar su kilometraje, entiendo que con mayor razón debe investigarse un hecho que es notoriamente más grave.
Por lo tanto, propongo al acuerdo poner en conocimiento de los hechos a la Justicia Penal a través de la notificación de la presente sentencia al Sr. Fiscal General Departamental.
Así lo voto.-
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA CUARTA CUESTION, el Señor Juez, Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al
I. Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre de fs. 258 que contiene el pliego de absolución de posiciones presentado por la actora, y se glose dicho pliego precediendo a la presente sentencia.
II. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 324 en lo referente a la condena en costas.
III. Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda, condenando al accionado Gustavo Raúl Di Giorgio a abonar al actor Mario Oscar Oses, en el término de diez días de aprobada la liquidación que al efecto habrá de practicarse, la suma de $ 39.266,61 con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, en su variante de “tasa pasiva digital”, los que se devengarán desde la fecha de la recepción de la carta documento (04.07.2012, conf. fs. 92) hasta el efectivo pago.
IV. Con costas en ambas instancias al demandado (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.), dejándose sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia (art. 274 del C.P.C.C.) y difiriéndose dichas regulaciones para las oportunidades previstas en los arts. 51 y 31 de la ley 8904, lo que torna abstracta la apelación formulada a fs. 324 por el letrado de la demandada.
V. Poner en conocimiento de los hechos ventilados en la presente causa a la Justicia Penal a través de la notificación de la presente a la Fiscalía General Departamental.
Así lo voto.
Los Señores Jueces Doctores Bagú y Comparato adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC.; se Resuelve: I) Disponer que por Secretaría se proceda a la apertura del sobre de fs. 258 que contiene el pliego de absolución de posiciones presentado por la actora, y se glose dicho pliego precediendo a la presente sentencia; II) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 324 en lo referente a la condena en costas; III) Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda, condenando al accionado Gustavo Raúl Di Giorgio a abonar al actor Mario Oscar Oses, en el término de diez días de aprobada la liquidación que al efecto habrá de practicarse, la suma de $ 39.266,61 con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, en su variante de “tasa pasiva digital”, los que se devengarán desde la fecha de la recepción de la carta documento (04.07.2012, conf. fs. 92) hasta el efectivo pago; IV) Con costas en ambas instancias al demandado (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.), dejándose sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia (art. 274 del C.P.C.C.) y difiriéndose dichas regulaciones para las oportunidades previstas en los arts. 51 y 31 de la ley 8904, lo que torna en abstracta la apelación formulada a fs. 324 por el letrado de la demandada; V) Poner en conocimiento de los hechos ventilados en la presente causa a la Justicia Penal a través de la notificación de la presente a la Fiscalía General Departamental. Notifíquese y devuélvase Esteban Louge Emiliozzi Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ricardo César Bagú Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ante mi Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul- En la misma fecha dí cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia