Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 171.960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, (a) modificar la sentencia en cuanto rechaza la demanda, ordenando a la Sra. Jueza de primera instancia que, en uso de las facultades contempladas en el art. 34 del CPCCBA, brinde al actor un plazo razonable para readecuar su pretensión, permitiéndole reencausar su reclamo por las vías de conocimiento contempladas en el Capítulo I del Título I del Libro II del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y (b) dejar sin efecto todo cuanto fuera decidido en materia de honorarios;
II. Sin costas, por falta de controversia (art. 68 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967);
IV. Acuerdo 3845/17 -«Reglamento para la notificación por medios electrónicos»- mod. por art. 1 del Ac. 3991/20 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase. En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
REGISTRADA BAJO EL Nº Fo.
Expte. Nº 171960 Juzgado Civil y Comercial N°11 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “OTALEPO, MIGUEL ÁNGEL C/ CLUB ATLÉTICO ALDOSIVI S/ AMPARO”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 12 de marzo de 2020? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La resolución dictada el 12 de marzo de 2020 por la Sra. Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°11 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación promovido por la parte actora el 18 de diciembre de 2020.
En lo que aquí interesa destacar, la jueza desestimó in limine el amparo promovido por el Sr. Otalepo por entender que la vía escogida no es la adecuada para dirimir el conflicto invocado.
Argumentó que la actora no justificó los motivos por los cuales acudió a la vía constitucional, eludiendo carriles procesales naturales que ofrece la legislación procesal, a la vez que tampoco dio cuenta de qué tipo de perjuicio grave o irreparable le hubieran generado utilizar tales herramientas para resolver la controversia o de qué modo hubieran sido inidóneos o impotentes para satisfacer el derecho subjetivo reclamado.
Por último, señaló que admitir una mirada excesivamente amplia en cuanto a la admisibilidad del amparo no habría caso que quede fuera de la vía excepcional.
II. El recurso de la parte actora.
La actora interpuso y fundó su recurso el 18/12/2020. Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Afirma que el art. 584 inc. 4 del CPC (sic) solo permite desestimar in límine la demanda cuando su improcedencia sea patente, clara y no deje lugar a duda alguna.
Dice que la jueza ha hecho un examen superficial sin tener en consideración cuáles han sido los derechos y garantías que se encuentran en juego, vedando al justiciable la posibilidad de obtener de la demandada una explicación respecto a las razones que fundan su actuar manifiestamente arbitrario e inconstitucional.
(ii) Expone que en el caso no se requiere una indagación pormenorizada de los hechos para conocer los perjuicios que generan las flagrantes violaciones de los derechos de la actora, atacados por la demandada. Dice que al haber agotado la vía administrativa no encontró más alternativa que recurrir a la tutela judicial para respaldar sus garantías constitucionales.
Insiste en que el rechazo de la demanda vedó al Sr. Otalepo la posibilidad de conseguir una manifestación de parte del Club Aldosivi, impidiéndole además ejercer la facultad de ampliación del art. 331 del CPCC.
(iii) Considera que en el escrito de demanda demostró de manera acabada que intentó todas las vías verbales y administrativas. Entiende indudable que la accionada se condujo de modo arbitrario al negar el derecho de ingreso a sus instalaciones por haber participado de un plantel directivo. Refiere que negarle el ingreso por una causa penal es inadmisible, y también lo es que no lo admitan una vez que fue sobreseído. Invoca un caso de discriminación y de violación al derecho de igualdad.
Pone en relieve que la demandada no realizó trámite de suspensión alguno y se negó a responder reclamos extrajudiciales, contexto en el cual los derechos constitucionales violados tienen al amparo como vía idónea de tutela. (iv) Se agravia de que la jueza no haya considerado acreditado el daño que le irrogaría al actor la inadmisibilidad de la vía constitucional. Reitera los derechos que considera vulnerados en el caso y agrega que «el transcurso del tiempo por sí mismo, cuando se afectan derechos constitucionales, produce necesariamente daños irreparables». Manifiesta que una dilación en el tratamiento de la cuestión genera una doble vulneración de derechos protegidos por el bloque de constitucionalidad.
(v) Objeta que se le haya reprochado que no demostró por qué los cauces procesales ordinarios eran impotentes para satisfacer el derecho subjetivo. Alega que debió aplicarse el principio iura novit curia que encuadrar la petición y calificarla en la forma que se hubiere considerado adecuada. Cita jurisprudencia en apoyo a su posición.
(vi) Por último, reprueba que se haya considerado inoficiosa su labor y se haya omitido regular honorarios profesionales. Considera que el rechazo de la demanda no autoriza a concluir que el trabajo fue inoficioso y corresponde que sus honorarios sean regulados.
III. Tratamiento del recurso.
III.1.a. La decisión de la jueza de primera instancia de rechazar la vía de amparo es correcta y debe ser confirmada.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires prescribe que el amparo procede siempre que por la naturaleza del caso no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable (art. 20.2 seg. párr. de la CPBA).
Es por ello que la Casación ha señalado que «resulta indispensable para la admisión del remedio excepcional del amparo que quien solicita la protección judicial demuestre, en debida forma, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado o que la remisión a ellas produzca un gravamen de insusceptible reparación ulterior» (SCBA, A.72637 -"Colman, Luis..."- del 17/05/2017).
Ni una ni otra cosa fue debidamente justificada en el escrito inicial. Aun admitiendo que la conducta que el actor le endilga a la demandada existió y es ilícita o susceptible de algún tipo de reproche (premisa sobre la que no abriré juicio y que asumo solo como hipótesis), lo cierto es que ni en la demanda ni en su recurso el actor demuestra los recaudos constitucionales que tornen admisible a la vía escogida.
Este punto es dirimente puesto que: a) efectivamente existen otras vías procesales más adecuadas para dirimir un conflicto como el que postula el Sr. Otalepo y b) no se explica en el escrito inicial —ni pueden siquiera inferirse del relato del caso— que exista o pueda llegar a existir algún tipo de perjuicio real, grave e irreparable de acudir a las vías de conocimiento tradicionales que prevé el Código de Procedimientos (arts. 319 y sig. del CPCCBA).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara en este punto: «[e]l amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva» (CSJN, Fallos: 330:1279).
Señaló además que «su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto» (fallo cit.). Más allá de una genérica referencia a los derechos que se invocan como vulnerados, el conflicto que motiva el presente amparo se reduce a la supuesta imposibilidad del Sr. Otalepo de reincorporarse como socio activo a un club deportivo local, donde —al parecer— no ejerce ningún cargo directivo, no realiza tareas remuneradas ni otra actividad semejante.
Los problemas que acarrean la supuesta conducta arbitraria e ilegal de la contraria, según surge del texto expreso de la demanda, incluyen no poder ingresar a las instalaciones, no poder renovar un carnet y la imposibilidad de acceder a la condición de socio vitalicio.
Reitero que no corresponde en esta etapa del proceso abrir juicio sobre el mérito del reclamo, pero sí puedo afirmar —con absoluta seguridad— que permitir que un conflicto de esta naturaleza tramite por la vía de amparo llevaría a hacer aquello que la Corte Suprema expresamente reprueba en el precedente citado: extender indebidamente su marco de aplicación a situaciones que no justifican una tutela urgente como la que contempla la normativa constitucional (arts. 43 de la CN y 20 de la CPBA).
b. Sobre este último punto (la urgencia) cabe alguna consideración complementaria.
Es doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al interpretar los arts. 20 inc. 2, segundo párrafo de la Constitución provincial, art. 2 de la hoy derogada ley 7.166 y 2 de la ley 13.928 -de similar alcance-, que la procedencia del amparo se justifica principalmente en las razones de urgencia, en atención a sus particularidades, dada la naturaleza de los bienes comprometidos y el derecho que surge conculcado (SCBA, A.73886 -"Martin, Noelia L...."- sent. del 29/11/2017).
No hay en el relato del actor elementos serios y convincentes que tornen perceptible una verdadera urgencia en la tutela requerida: ni por la naturaleza del conflicto (imposibilidad de acceso a un club deportivo), ni por los tiempos implicados en las diligencias que precedieron a la promoción de la demanda. El recurrente argumentó que “el transcurso del tiempo por sí mismo, cuando se afectan derechos constitucionales, produce necesariamente daños irreparables”, premisa que —más allá de su valor retórico— no resulta aplicable al caso habida cuenta la plataforma fáctica en la que se sostiene la demanda y la actitud que el propio justiciable tuvo frente al alegado actuar arbitrario o ilegal de la Asociación Civil accionada.
Según surge de las constancias obrantes en la causa, Otalepo promovió el amparo más de dos años después de que, según dijo, comunicó su sobreseimiento penal a la Comisión Directiva reclamando, sin éxito, el levantamiento de la medida. O sea, acudió a un tribunal de justicia más de dos años después de verificado el hecho que constituiría la primera manifestación del accionar arbitrario que ahora da fundamento a la vía escogida y casi un año después de remitir una misiva al club demandado exigiéndole el cese en la conducta que califica como discriminatoria.
Cualquiera sea el momento en el que le haya sido dada la respuesta a la comunicación del sobreseimiento en la causa penal, cualquiera sea plazo que se considere que hubiera sido prudente para responder a la carta documento remitida en marzo de 2019, e incluso admitiendo otro margen temporal para considerar los alegados reclamos por escrito que no fueron recibidos por personal de la institución (extremos también narrados en la demanda,), no cabe sino concluir que el amparo fue promovido cuando el plazo de treinta días del art. 5 de la Ley 13.928 se encontraba holgadamente vencido (máxime teniendo en cuenta que las intimaciones particulares carecen de efecto suspensivo -art. cit.-). Tampoco pasa desapercibido el tiempo que transcurrió desde el dictado de la resolución apelada (12/03/2020) y la interposición del recurso (18/12/2020). Es cierto que la colega ordenó su notificación en los términos del art. 135 del CPCCBA y el juzgado nunca libró las cédulas ni hay constancia de notificaciones electrónicas. Pero esa omisión del órgano jurisdiccional no impide advertir la ostensible pasividad de la actora para interiorizarse sobre el avance de su reclamo y realizar actividad procesal útil para motivar su impulso. Dictada la resolución que ahora se cuestiona en marzo de 2020, la causa estuvo inactiva durante más de nueve meses sin iniciativa alguna de parte interesada, tiempo durante el cual el accionante tuvo a su disposición herramientas tecnológicas que le permitían fácilmente conocer el estado y avance del expediente, tomar conocimiento efectivo de la resolución que le fue adversa (incluso configurar correos automáticos para anoticiarse de forma casi instantánea de las novedades) y realizar actos procesales de impulso sin siquiera tener que apersonarse en la dependencia judicial (arg. art. 1 de la Res. 2234/14 de la SCBA y 1 del Anexo Único del Ac. 3886/18).
Semejante tiempo de inactividad procesal no solo es incompatible con una verdadera situación de amparo, sino que revela la improcedencia de los argumentos que el actor ahora invoca en su recurso, donde refiere a la “premura” de su acción o la vulneración de derechos por la “dilación en el tratamiento de la cuestión”.
c. La doctrina especializada ha dicho que «[l]a pretensión de amparo podrá desestimarse inicialmente cuando, en forma evidente, suceda que no concurren los presupuestos que habilitan la tutela diferenciada. En otras palabras, estimamos apropiado desecharla cuando resulta incuestionable que no se ha configurado la situación que, según el art. 20 de la Constitución, permite pedir amparo (Rosales Cuello, Ramiro, "El derecho a un proceso breve y sencillo frente a situaciones de amparo en la Provincia de Buenos Aires. Análisis del proceso de amparo en la provincia de buenos aires luego de la reforma de la ley 14192", Jurisprudencia Argentina, SJA 26/09/2012).
Tal es el escenario que se verifica en este proceso.
La vía constitucional escogida por el actor es inadmisible y así corresponde declararlo porque: (1) no versa sobre un conflicto que merezca una tutela excepcional y urgente, (2) ha sido interpuesta fuera del plazo de caducidad contemplado en el art. 5 de la Ley 13.928 y (3) no se han justificado los extremos previstos en el arts. 20.2 de la Constitución Provincial y 2.1 de la Ley 13.928 (esto es, inexistencia de otras vías o que éstas pudieran generar un perjuicio grave e irreparable).
Por estos motivos, considero que la decisión —en este punto— ha sido correcta y debe ser confirmada (arts. 20.2 de la CPBA, 1, 2.1 y 5 de la Ley 13.928).
III.2. Dicho lo anterior, entiendo que tiene razón el apelante cuando afirma que su pretensión puede ser reconducida a una vía de conocimiento ordinaria. En este único tópico el recurso debe prosperar.
El amparo impone una excepción a las normas generales que regulan la competencia según la materia. Por exigencia constitucional, procede «ante cualquier juez» (art. 20.2 de la CPBA) y tiene previsto por vía reglamentaria —legal y administrativa— un sistema especial de sorteos que incluye a cualquier magistrado o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos (art. 3 de la Ley 13.928 y 1 y sig. de la Res. 1358/06 de la SCBA).
La posibilidad técnica de reconducir amparos desestimados in limine puede [y suele ser] problemática en aquellos casos en los que la materia sobre la que versa el conflicto no es la propia del tribunal que resultó sorteado (el tema, en detalle, en Safi, Leandro K., "La competencia en el amparo bonaerense y sus dificultades", Abeledo Perrot Buenos Aires 2010-6, pág. 645).
Pero no es eso lo que ocurre en este proceso. Los hechos que narra el Sr. Otalepo en su demanda refieren a un diferendo entre un particular y una asociación civil, materia comprendida en la competencia civil y comercial del órgano jurisdiccional a quien finalmente le fue asignado el conocimiento de la causa (art. 50 de la Ley 5827).
En este contexto, desestimar la demanda y ordenar el archivo de las actuaciones luce como una solución impráctica que genera un dispendio jurisdiccional y administrativo innecesario (nueva demanda, nuevo sorteo, alta de nuevos registros informáticos, etcétera).
Razones de economía procesal me llevan a proponer al acuerdo que se admita parcialmente el recurso y se modifique la resolución apelada en cuanto rechaza la demanda en su totalidad. Una vez radicadas en primera instancia las actuaciones digitales, la jueza de primera instancia, en uso de las facultades contempladas en el art. 34 del CPCCBA, deberá brindar al actor un plazo razonable para readecuar su pretensión, permitiéndole reencausar su reclamo por las vías de conocimiento contempladas en el Capítulo I del Título I del Libro Segundo del Código de Procedimientos Civil y Comercial (arg. arts. 34.5.b, 36.1 y 331 del CPCCBA).
Por lógica consecuencia de lo anterior, corresponde dejar sin efecto todo cuanto fue decidido en materia de honorarios, los que se regularán en su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967). Los agravios que a esta cuestión refieren quedan desplazados y su tratamiento deviene innecesario (art. 242 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, (a) modificar la sentencia en cuanto rechaza la demanda, ordenando a la Sra. Jueza de primera instancia que, en uso de las facultades contempladas en el art. 34 del CPCCBA, brinde al actor un plazo razonable para readecuar su pretensión, permitiéndole reencausar su reclamo por las vías de conocimiento contempladas en el Capítulo I del Título I del Libro II del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y (b) dejar sin efecto todo cuanto fuera decidido en materia de honorarios;
II. Sin costas, por falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora y, en consecuencia, (a) modificar la sentencia en cuanto rechaza la demanda, ordenando a la Sra. Jueza de primera instancia que, en uso de las facultades contempladas en el art. 34 del CPCCBA, brinde al actor un plazo razonable para readecuar su pretensión, permitiéndole reencausar su reclamo por las vías de conocimiento contempladas en el Capítulo I del Título I del Libro II del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y (b) dejar sin efecto todo cuanto fuera decidido en materia de honorarios; II) Sin costas, por falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); IV) Acuerdo 3845/17 -«Reglamento para la notificación por medios electrónicos»- mod. por art. 1 del Ac. 3991/20 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase. En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Fin de la sentencia