Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala III · Causa MO-6168-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, rechazar la inconstitucionalidad planteada y el recurso interpuesto por la parte actora en fecha 21/05/2026; modificando los estipendios según los Considerandos A y C, confirmando la resolución recurrida en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Costas a los apelantes vencidos (art. 68, C.P.C.C.).
MO-6168-2024
En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, reunidos los jueces de esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Mirta Susana Collados y Roberto Camilo Jordá, ambos integrantes de esta Sala III, con la presencia del Sr. Secretario, proceden a celebrar Acuerdo digital, abocándose a pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " OURENSE TRANSPORTES S.A. C/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES " Causa nro.: MO-6168-2024 , habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266, C.P.C.C., Ley 5827), resultó que debía observarse el siguiente orden: COLLADOS - JORDA, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la regulación de honorarios de fecha 27/04/2026 respecto de los profesionales intervinientes y el proveído de fecha 12/05/2026? ¿Es procedente la inconstitucionalidad planteada? ¿Y el pedido de prorrateo?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: la señora Jueza Doctora COLLADOS , dijo:
El representante de la de la parte demandada interpuso recurso de apelación -05/05/2026- contra la resolución de la jueza de primera instancia de fecha 27/04/2026, en cuanto en la misma reguló los honorarios de la mediadora que intervino en la etapa prejudicial obligatoria en la cantidad de 108,88 JUS.
Concedido el recurso fundó luego su apelación considerando elevada la retribución fijada para la mediador y los peritos intervinientes, solicitando que las mismas fueran reducidas, y planteó, en nombre de su representada, la inconstitucionalidad del art. 27 inc. 7° de decreto reglamentario 2530/10 y del art. 31 de la ley 13.951. Asimismo, solicitó la aplicación del prorrateo conforme ley 24.432.
Por otro lado, apela la resolución el perito ingeniero mecánico Dr. Jorge Oscar Cerutti, por considerar bajos los honorarios que le fueron regulados -ver 28/04/2026, cuya fundamentación consta a fecha 29/04/2026-.
Obra, además, el dictamen de la Fiscalía Dtal. el día 09/09/2026.
Al mismo tiempo, el letrado apoderado de la parte actora, Dr. Fusco Ariel Jorge Bernardo, en fecha 21/05/2026, plantea revocatoria con apelación en subsidio contra el auto de fecha 12/05/2026, rechazándose el primero por encontrarse ajustada a derecho la misma y concediéndose en relación la apelación en subsidio en fecha 02/06/2026, teniéndolo por fundado en la misma pieza recursiva -ver 21/05/2026-, mereciendo réplica de la contraria a fecha 29/05/2026.
A.- Para sostener su reclamo el recurrente en su memorial cita, entre otros, un fallo de la jueza Dra. Alejandra Ronsini, titular de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 de La Matanza, en el que se hace expresa referencia a que en el caso tratado en ese juicio la mediadora había celebrado ".una audiencia sin llegar a acuerdo alguno.", lo que habría justificado un apartamiento de las normas arancelarias establecidas para los mediadores desvinculando, en aquel caso concreto, la retribución del mediador del monto del juicio y reducir de esa manera la retribución legalmente prevista.
Por mi parte, no comparto el criterio expuesto en aquella sentencia, que hace suyo el apelante y que por eso me refiero a ella, en el sentido de que la celebración de sólo "una audiencia", y más si concluye "sin acuerdo" , justifique el apartamiento de las normas arancelarias vigentes y la consiguiente reducción de la retribución del mediador.
La razón de esta diferencia con el criterio sostenido por el apelante es muy sencilla y reside en que la eficacia y mérito del trabajo de un mediador no se puede juzgar ni por la cantidad de audiencias que celebra ni por el resultado de las mismas.
En cuanto a lo primero, porque las normas de la experiencia enseñan que en una sola audiencia se puede tanto arreglar un conflicto como concluir la mediación sin arreglo.
Y en cuanto a lo segundo, porque no debe perderse de vista que la obligación del mediador es de medios y no de resultados, y menos aún de determinados resultados.
Más aún el art. 31 de la ley 13.951 nada dice sobre estos dos aspectos que el apelante invoca como fundamento de su apelación, aunque desde luego no los prohíbe.
Lo que sucede es que el legislador ha querido tarifar de determinada manera la retribución del mediador que por cierto no ha sido la mejor, pero es la que ha elegido.
Y en cuanto al fallo "Latanzzio" de fecha 22/8/2012 de la SCBA, que también cita la recurrente, corresponde señalar que el mismo no se refiere al tema ni tiene relación con la cuestión que ventila en este recurso.
En efecto, en "Latanzzio" se trataba de resolver si el monto de la transacción acordada por las partes era o no oponible al letrado como base regulatoria para sus honorarios (art. 25, dec. ley 8904/77), y también había una cuestión de imposición de costas, cuestiones ambas que no tienen relación con el tema aquí tratado.
Con cita de otro fallo de la SCBA (causa Q 70.627 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Telefónica Comunicaciones Personales s/ Medida Cautelar Autónoma o anticipada" , del 13/8/2014 ), en el que se trataba de los honorarios de los letrados representantes de Fiscalía de Estado, y que sólo tiene alguna relación con la cuestión aquí tratada, el apelante sostiene implícitamente, aunque sin decirlo de manera expresa, que los honorarios regulados en primera instancia a la mediadora son exorbitantes y que exhiben una injustificada desproporción entre la retribución resultante de la aplicación de la escala y la importancia de la labor cumplida.
Sin perjuicio de que, en principio, comparto el criterio expuesto por la SCBA en el citado antecedente, ya que en algunos casos puede suceder que esa exorbitancia y desproporción de la retribución de los profesionales se puede presentar, lo cierto es que en el caso sub examine esas situaciones no se presentan ni se advierten.
En efecto, no existe controversia acerca de que la base regulatoria tomada en cuenta por la jueza a quo que es $110.468.359,90, conforme el acuerdo transaccional presentado el día 14/04/2026 ante esta Alzada, homologado en la instancia de origen el día 27/04/2026.
Teniendo en cuenta esa base regulatoria no parece elevado, en el caso concreto, que la regulación de honorarios de la mediadora hayan sido de 108,88 JUS (el art. 31 de la ley 13.951 utiliza expresamente la palabra "honorarios "), pero ateniéndonos a lo establecido por el decreto 600/21 inc. g, adelanto mi opinión en el sentido de que los honorarios apelados deben ser confirmados.
A mayor abundamiento, debe observarse que el actual art. 1255 del CCyCN, en las situaciones previstas por la norma, faculta al Juez a apartarse de la aplicación estricta de las leyes de aranceles locales y a fijar equitativamente la retribución atendiendo a la labor cumplida por el prestador. Pero no dice ni se supone que esa facultad que el juez "puede " utilizar, sólo es otorgada y sólo es aplicable para "reducir" los honorarios de los profesionales (incluidos los abogados que no son mediadores) en los casos de evidente e injustificada desproporción entre la retribución y la labor cumplida, porque la desproporción puede existir, ser evidente e injustificada tanto si el honorario ha sido elevado cuanto si ha sido exiguo.
En otras palabras, y según mi personal concepción, el art. 1255 CCyCN faculta al juez, si se verifican los presupuestos de la norma, a apartarse de las leyes arancelarias locales, tanto para reducir honorarios cuanto para elevarlos.
En esta inteligencia y efectuado un análisis de la retribución de la mediadora desde la óptica de esta facultad excepcional que la norma otorga a los jueces, resulta razonable la retribución de la mentada, teniendo en cuenta que se trata de una abogada especializada en determinada actividad que, para ejercerla, debe cumplir con un cúmulo de obligaciones impuestas por las leyes y que está sujeto al control del Estado.
Lo cierto es que más allá de sus intenciones el legislador provincial ha logrado exactamente lo contrario de lo que se propuso, ya que es indudable que con la implementación del sistema y su forma de retribución ha agregado un costo antes inexistente al servicio de justicia; pero eso no lo transforma, por sí sólo, en inconstitucional.
B.- En cuanto la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 pedida por el apelante propicio que sea rechazada, por las siguientes razones:
1. La cuestión federal ha sido tardíamente planteada por cuanto ha debido serlo en la primera oportunidad posible (Fallos 188:482), que no fue ni nació cuando se regularon los honorarios de la mediadora sino antes, es decir cuando se establecieron en el acuerdo transaccional de fecha 14/04/2026 punto I.3 la imposición de costas a la aseguradora, las cuales han quedado a su cargo y el art. 31 penúltimo párrafo del Decreto 43/2019 dispone, además, que la mediadora tiene derecho a percibir sus honorarios de quien resulte condenado en costas.
Al haberse convenido la imposición en el pago de las costas, entre las que estaban los honorarios de la mediadora, la parte demandada ya sabía que la ley 13.951 era la que se aplicaría porque estaba vigente.
Allí tuvo la primera oportunidad de plantear el caso federal y someter a la decisión del juzgador la cuestión federal que estimara corresponder sobre la aplicación al caso de esta ley.
Por eso es que la cuestión federal, si es que existió, no fue sorpresiva y, consecuentemente ha sido introducida tardíamente (Fallos: 255:31).
2. En cuanto a la inconstitucionalidad del art. 27 de decreto 2530/10, reglamentario del art. 31 de la ley 13.951, deberá correr la misma suerte que la planteada respecto de la norma reglamentada, toda vez que ha sido derogado por el posterior decreto 43/2019, por lo que el planteo a su respecto deviene abstracto.
C.- En cuanto a la remuneración de los peritos, tiene resuelto esta Sala que ha de guardar debida proporción con la establecida para los letrados (cs. 57.848 RH 22/10, cs. C1 59.303 RH 78/11, cs. 58.030 RH 36/12, etc.).
Conforme a ello y atendiendo a la calidad y mérito de los informes técnicos presentados en autos, así también como los términos de los recursos de fecha 05/05/2026 y 28/04/2026, fundado únicamente con el escrito de fecha 29/04/2026, toda vez que el recurso interpuesto por el Dr. Stopiello en fecha 05/05/2026, respecto a los honorarios de los peritos intervinientes no ha sido fundado, entendemos que resultan adecuados los honorarios fijados a favor de los expertos Dr. Cerutti -ingeniero mecánico- y Dr. Martinez -perito contador- y por ello se CONFIRMAN los mismos (arts. 730 y 1.255, Cód. Civil y Com.).
D.- Por otro lado, no encontrándose firmes los estipendios fijados en las presentes, deviene prematuro el tratamiento del pedido de prorrateo introducido por el apelante (art. 730 del C.C.C. -normativa aplicable al caso atento la fecha de regulación-).
E.- Por otro lado, respecto al recurso interpuesto por la parte actora en fecha 21/05/2026, contra el proveído de fecha 12/05/2026, entiende esta Alzada que la documentación exigida a la recurrente no constituye una imposición arbitraria ni novedosa del magistrado de grado, sino que emana directamente de los términos del acuerdo celebrado y oportunamente homologado por el a quo.
En el mismo se estableció expresamente en el punto I.2 que: "...La suma en cuestión será abonada dentro de los treinta (30) días corridos siguientes de suscripto el presente acuerdo y remitida la totalidad de la documentación que le fuera requerida a tales efectos, mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente N° 357509419275872 CBU N° 2850575630094192758721 perteneciente al Banco MACRO a nombre de OURENSE TRANSPORTES S.A..." (el subrayado nos pertenece), como bien puede observarse lo solicitado oportunamente por el a quo, a pedido de la parte demandada, configura una condición previa y necesaria para la percepción del pago regulado.
En este sentido, el cuestionamiento de una exigencia libremente asumida, importa una evidente contradicción con las propias conductas anteriores de la apelante, lo cual resulta jurídicamente inadmisible en virtud de la doctrina de los actos propios.
Esta regla, de raigambre constitucional (art. 1067 del CCCN referente a la protección de la confianza), en concordancia con el principio general de la buena fe (art. 9 del CCCN), impide a los litigantes asumir posturas que vigoricen pretensiones opuestas a sus propios comportamientos jurídicamente relevantes y plenamente vinculantes.
Por ello, habiendo mediado un compromiso explícito de su parte, la providencia de primera instancia no hace más que exigir el estricto cumplimiento de lo pactado, circunstancia que conduce a esta Alzada a determinar que el proveído recurrido no le causa agravio concreto, actual ni reparable en los términos de la ley ritual, decretándose en consecuencia el rechazo del recurso pretendido.
Por estas razones, si mi propuesta es compartida se deberá rechazar la inconstitucionalidad planteada y el recurso interpuesto por la parte actora en fecha 21/05/2026; modificando los estipendios según los Considerandos A y C, confirmando la resolución recurrida en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Costas a los apelantes vencidos (art. 68, C.P.C.C.).
Voto, en consecuencia, PARCIALMENTE la AFIRMATIVA .
A la misma cuestión el señor Juez Doctor JORDA , por iguales fundamentos, votó también PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION: la señora Jueza Doctora COLLADOS , dijo:
Conforme se ha votado la cuestión anterior, se rechaza la inconstitucionalidad planteada y el recurso interpuesto por la parte actora en fecha 21/05/2026; modificando los estipendios según los Considerandos A y C, confirmando la resolución recurrida en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Costas a los apelantes vencidos (art. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Juez Doctor JORDA , por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, rechazar la inconstitucionalidad planteada y el recurso interpuesto por la parte actora en fecha 21/05/2026; modificando los estipendios según los Considerandos A y C, confirmando la resolución recurrida en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Costas a los apelantes vencidos (art. 68, C.P.C.C.).
REGISTRESE y NOTIFIQUESE (conf. Ac. 4013, SCBA).
Firman digitalmente la presente los señores Jueces Dres. Collados y Jordá, por ante el Dr. Pronzati, en la fecha y hora según la referencia. Notifíquese conforme Ac. 4013, SCBA.
Firmas
Funcionario firmante: COLLADOS Mirta Susana - JUEZ
Funcionario firmante: JORDA Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario firmante: PILI Damian Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 357-2026
Fin de la sentencia