Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.507-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución (DE PRLA) N° 3037/2016, dictada con fecha 6 de julio de 2016 en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12148-285-2011, con costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-134792552-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 4 de Diciembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, para resolver en los autos caratulados “OUTLANDISH SRL c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 37.507-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 25/36 se presenta la firma OUTLANDISH SRL, mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 3037/2016, de fecha 6 de julio de 2016, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 12148-285-2011, por la que se la imputó por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, incisos a), b) y c) del Código Aduanero, intimándola al pago de $92.672,25 en concepto de multa. Comienza manifestando que a través del Ítem 5, subítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del documento de importación a consumo 11 001 IC04 089245R, se documentó el ingreso al país de sillones de ruedas y demás vehículos para discapacitados con motor, marca LOH, modelos SC714, SC44ELR, SC53HD, SC40ELR, SC4001 y SC4401, provenientes de Estados Unidos, los que contaban con sus correspondientes cargadores de baterías.
Realiza un breve resumen de los hechos, manifestando que para la mercadería en trato se propuso la posición arancelaria SIM 8713.90.00.000U de conformidad con las características técnicas, factura comercial y catálogos de la mercadería declarada. En tanto que, a juicio del servicio aduanero, le correspondía la posición arancelaria SIM 8703.10.00.000K, por cuanto el inspector interviniente consideró a la misma como automóviles para turismo y transporte de personas, la que requiere licencia de configuración de modelo (“LCM”) para su importación, e interpretó que los cargadores de baterías adjuntos a las sillas de ruedas no fueron declarados. De esta manera, se le labró el acta de denuncia por presunta infracción al artículo 954 –inc. a), b) y c)- de la ley 22.415, al entender que el cambio de posición arancelaria implicaba un perjuicio fiscal, una prohibición a la importación por no contar con la LCM correspondiente y una falta de declaración respecto de los cargadores de baterías propias de las sillas.
Plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, ya que la notificación condenatoria fue realizada casi cinco meses de la fecha en que fue dictada, circunstancia que determina que el acto carezca de eficacia y sea nulo. Sostiene que la opinión de la aduana se fundamenta en las conclusiones arribadas por el inspector actuante, formulando una denuncia sin mayores análisis técnicos sobre la compleja mercadería bajo estudio, lo que fue avalado por el Departamento Legal también sin mayor análisis, sobre un informe del área de clasificación arancelaria y una escueta respuesta del ANMAT. Resalta que resulta claro que el criterio determinante para la clasificación de mercaderías en dicha partida es que se trate de vehículos para ayudar el traslado de personas con alguna discapacidad, y que dentro de dicha partida se incluyen los vehículos a motor eléctrico similares a los sillones de ruedas eléctricos, especialmente concebidos para el transporte de personas con capacidades diferentes y que presentan características especiales.
Subraya que la comercialización de dichas sillas requiere un certificado de discapacidad emitido por el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Secretaría Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, y que no podría confundirse un vehículo de tales características con un automóvil de la Partida 8703 que se desprende de la opinión del servicio aduanero. Afirma que la diferencia observada no constituye una inexactitud punible, la inexistencia de la infracción y la inexistencia de prohibición de la mercadería importada. Plantea también, para el presente caso, la aplicación de los principios de razonabilidad e in dubio pro reo, hace reserva de la cuestión federal, ofrece prueba y solicita que, oportunamente se revoque el fallo apelado, con costas.
II. Que a fs. 48/54 la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar realiza un breve resumen del objeto de la causa y de lo actuado en sede aduanera. Asimismo, por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Afirma primeramente que el sistema aduanero descansa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las aduanas, como también de todos los demás datos relevantes que puedan ser requeridos en la destinación u operación de que se trate. Sostiene que el dictamen técnico de fs. 121/123 es contundente en el sentido que deja plasmada la inexactitud en la clasificación arancelaria de la mercadería denunciada en autos, como la falta de certificación de parte de ella, lo que la torna de importación prohibida. Remarca que el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas carece de sustento, toda vez que la prescripción del artículo 937 del ordenamiento de rito resulta aplicable a casos en que la resolución definitiva no fuera dictada dentro de los cinco años de configurada la infracción, y que el código aduanero nada dice respecto del plazo para ser notificadas las resoluciones aduaneras. Remarca que el servicio aduanero ha obrado ajustándose a la normativa aplicable y dentro de los plazos previstos. Contesta los planteos respecto al principio de razonabilidad y el beneficio de la duda, ofrece prueba, hacer reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12148-285-2011 se inician a fs. 1 con el sobre contenedor del despacho de importación N° 11 001 IC04 089245 R, a fs. 2 obra el acta de denuncia N° 11 001 003275 y a fs. 3/8 la liquidación por diferencias en importación. A fs. 10 se presenta la firma OUTLANDISH SRL y solicita se remitan las actuaciones al área denunciante y pide reconsideración de la denuncia, en tanto que a fs. 20 solicita se designe sumariante y a fs. 33 solicita la liberación de las mercaderías. A fs. 37 obra la nota 315/2011 a través de la cual la actora solicita la liberación de la mercadería a través de un monto garantizado. A fs. 45 luce la Resolución DE PRLA N° 4525 mediante la cual se procede a liberar la mercadería bajo el régimen de garantía. A fs. 56 se corre vista de todo lo actuado a la firma OUTLANDISH SRL y a la despachante de aduana, a quien se les imputa la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 inc a), b) y c) del C.A. A fs. 57/72 la actora contesta la vista conferida. A fs. 96 la actora acompaña los manuales de usuario de los productos ELITE TRAVELER PLUS, ELITE TRAVELER, CELEBRITY Y PURSUIT. A fs. 118/119 se incorpora a las actuaciones administrativas la decisión del comité del sistema armonizado, en tanto que a fs. 12/123 luce el dictamen técnico 42/16. Asimismo, a fs. 125/127 y vta. surge la Resolución DE PRLA N° 3037 mediante la cual se condena a la firma OUTLANDISH SRL por la infracción prevista en art. 954 inc. a), b) y c) C.A. De manera anexa se acompaña la contestación del oficio dirigido a la ANMAT.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, interpuesta por la actora en su líbelo inicial. Se agravia la firma recurrente de que la resolución condenatoria ha sido notificada casi cinco meses después de su dictado, por lo que a su juicio ha operado el término de prescripción legal, con cita de jurisprudencia.
Que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
Conforme la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la Destinación de Importación en cuestión (oficializada el 11 de mayo de 2011) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2012), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 13/06/2011 (el Código Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inciso a), de la ley 22.415.
Asimismo, corresponde añadir a lo expuesto que una vez reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución aduanera condenatoria, de fecha 6/7/2016, en los términos contemplados en el citado artículo 937, inc. d), del referido cuerpo normativo.
Por lo tanto, y toda vez que la resolución aduanera apelada en autos fue notificada el 2 de diciembre de 2016, es decir, dentro del nuevo plazo quinquenal que opera a partir de su dictado, de ello se desprende que no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde desestimar el planteo articulado por la recurrente en tal sentido.
V. Que, asimismo, tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros -introducida por esta Sala “F” en el ámbito nacional tributario a partir del año 2012- atento que la recurrente es una compañía importadora y no una persona física.
En efecto, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
Bajo tales premisas, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como “un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Que, por su parte, y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
Por lo demás, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550- APN-SGASAD- TFN), de fecha 3/2/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva –extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/16 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa- difiere sustancialmente de la presente litis, por lo que la referida solución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen.
VI. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que la mercadería documentada mediante el D.I. N° 11 001 IC04 089245 R (ítem 5 – subítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9) fue consignada en la PA 8713.90.00.000U, la que textualmente describe los vehículos de la siguiente manera: “Los demás SILLONES DE RUEDAS Y DEMAS VEHÍCULOS PARA INVALIDOS, INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSIÓN”, los cuales tributan un derecho de importación del 2%, mientras que el servicio aduanero -sobre la base de las decisiones del Comité del Sistema Armonizado- consideró que la mercadería se trata de “Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehículos similares AUTOMÓVILES PARA TURISMO Y DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR (“BREAK” O “STATION WAGON”) Y LOS DE CARRERAS” a los que les corresponde un derecho de importación del 20%, una tasa estadística del 0,5% y es considerada mercadería prohibida. Que en base al Dictamen Técnico N° 42/16, la mercadería no cumpliría los requisitos para ser clasificada en la P.A. 8713.90.00.000U, debiendo ser clasificada, tanto para el subitem 5.1 como para el 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9, en la P.A. 8703.10.00.000 K; asimismo consideró que existe mercadería sin declarar consistente en veintidós cargadores de baterías posición SIM 8504.40.10.000T, a la que le correspondía derecho de importación del 18% y tasa estadística del 0,50%, además siendo esta mercadería prohibida.
VII. Que, sobre dicha plataforma fáctica, el servicio aduanero imputó a la aquí actoras la infracción prevista en el artículo 954, incisos a), b) y c) del Código Aduanero. Es decir, el Fisco Nacional considera que se ha ocasionado un perjuicio fiscal al pagar menos tributos de los que correspondía respecto a los vehículos declarados bajo la posición SIM 8713.90.00.000U, que los citados vehículos son considerados mercadería prohibida toda vez que no se ha acompañado la correspondiente Licencia de Configuración de Modelo, y que también se encontraba mercadería sin declarar consistente en veintidós (22) cargadores de baterías, lo cual genera el egreso hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto al que efectivamente correspondiere. Estas circunstancias han generado, a criterio del servicio aduanero, un perjuicio fiscal, una trasgresión a una prohibición a la importación y el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto al que efectivamente correspondiere. De esta manera considera que se ha configurado la infracción prevista en el referido artículo 954, incisos a), b) y c), de la ley 22.415.
VIII. Que la actora justifica su proceder manifestando que la opinión de la aduana se fundamenta en las conclusiones arribadas por el inspector actuante y formulando una denuncia sin mayores análisis técnicos sobre la compleja mercadería bajo estudio, lo que fue avalado por el Departamento Legal también sin mayor análisis, sobre un informe del área de clasificación arancelaria y una escueta respuesta del ANMAT. Resalta que resulta claro que el criterio determinante para la clasificación de mercaderías en dicha partida es que se trate de vehículos para ayudar en traslado de personas con capacidades disminuidas, y que dentro de dicha partida se incluyen los vehículos a motor eléctrico similares a los sillones de ruedas eléctricos, especialmente concebidos para el transporte de personas con capacidades diferentes y que presentan características especiales. Subraya que la comercialización de dichas sillas requiere un certificado de discapacidad emitido por el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Secretaría Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, y que no podría confundirse un vehículo de tales características con un automóvil de la Partida 8703 que se desprende de la opinión del servicio aduanero sin que ello mereciese reproche u observación alguna del servicio aduanero. Asimismo, acompañó prueba documental mediante la cual pretendió demostrar que la mercadería se ajustaba a la posición arancelaria declarada y solicitó se libre oficio a la ANMAT para que informara si contaba con autorización de dicho organismo para su comercialización en Argentina, cuya respuesta es acompañada a fs. 65/82.
IX. Que, por su parte, el servicio aduanero argumenta que la firma importadora a través de su despachante documentó la importación a consumo de la mercadería clasificada en la P.A. 8713.90.00.000U cuando de su verificación resultó ser de la P.A. 8703.10.00.000K para el D.I. N° 11 001 IC04 089245 R (ítem 5 – subítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9). Utiliza la intervención del Comité del Sistema Armonizado con la que se distingue entre los vehículos con motor “normales principalmente concebidos” y los “especialmente concebidos”, haciendo énfasis en que los primeros serían para el transporte de personas para efectuar compras, ir de pesca, desplazarse sobre un terreno de golf, etc., pero que pueden ser utilizados por personas con capacidades diferentes, en tanto que los segundos corresponderían a los vehículos con motor para personas que sufren problemas médicos, cuya movilidad está alterada, etc. Destaca, mediante el Dictamen Técnico N° 42/16, se especifica que el comité en su decisión ha descartado la partida 87.13 debido a que en ella se excluyen los vehículos simplemente adaptados para el uso por personadas con capacidades disminuidas, y que los mismos tienen una concepción y estructura mecánica que son análogas a las de ciertos vehículos descriptos en la Nota Explicativa de la partida 87.03, siendo similares a los vehículos para el transporte de personas sobre los terrenos de golf de la subpartida 8703.10, a pesar de poder ser adaptados para ser utilizados por personas con capacidades disminuidas.
X. Que respecto a los argumentos utilizados por el Servicio Aduanero para justificar la imputación realizada, vale decir, que los mismos se realizaron en base a las decisiones del Comité del Sistema Armonizado, a partir del cual elaboró el Dictamen Técnico 42/16, corresponde precisar que dicho informe clasificatorio fue realizado en base a cierta mercadería que no guarda relación alguna con la mercadería que es objeto de autos. Es efecto, el único argumento en que se sostienen los dichos del servicio aduanero son producto de un decisorio anterior y no de la verificación y constatación de la posición arancelaria de los vehículos importados.
Asimismo, y a mayor abundamiento, de la prueba documental acompañada en las actuaciones administrativas, surgen intimaciones realizadas por particulares hacia la empresa OUTLANDISH SRL en las que reclaman la entrega inmediata de los equipos de movilidad, ya que los mismos resultan indispensables para dichas personas. Se acompaña, a su vez, documentación que acredita las discapacidades de los reclamantes. Este aporte documental da indicios de que los vehículos efectivamente son utilizados especialmente por personas con capacidades disminuidas y no son vehículos de diferentes usos que podrían eventualmente utilizarse por personas con algún tipo de discapacidad tal como afirma el servicio aduanero.
Por otro lado, de la contestación del oficio librado a la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) obrante a fs. 65/82 del expediente que tramita ante este Tribunal, surge que la firma OUTLANDISH SRL se encuentra habilitada como Empresa Importadora de Productos Médicos y que los productos médicos consultados (los modelos de vehículos que fuera importados) se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM). La inscripción y el registro ante el citado organismo demuestran que los productos importados resultan ser netamente de carácter médico y no para el uso recreativo o simplemente para el desplazamiento de cualquier persona.
Dicho esto, y toda vez que de la compulsa de autos no se advierte ninguna otra medida probatoria destinada a desacreditar la posición arancelaria que fuera declarada por la actora, resulta inevitable determinar que los vehículos importados por la firma OUTLANDISH SRL han sido clasificados correctamente mediante la P.A. 8713.90.00.000U. Es decir, su descripción como sillones de ruedas con motor u otro mecanismo de propulsión, y sus respectivos cargadores, coincide con la finalidad de la mercadería que fuera importada, y, por lo tanto, cabe concluir en que no se ha configurado la infracción prevista en el artículo 954, incisos a), b) y c) del Código Aduanero.
En consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la Resolución (DE PROLA) N° 3037/2016 por la que se condena a la firma OUTLANDISH SRL al pago de una multa que asciende al importe de NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 25/100 CENTAVOS ($ 92.672,25).
Que en virtud de los fundamentos expuestos en lo Considerandos que anteceden, VOTO por:
Revocar la Resolución (DE PRLA) N° 3037/2016, dictada con fecha 6 de julio de 2016 en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12148-285-2011, con costas a la demandada.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Revocar la Resolución (DE PRLA) N° 3037/2016, dictada con fecha 6 de julio de 2016 en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12148-285-2011, con costas a la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Ignacio Olivera (20- 21963384-0). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.12.04 17:47:07 ART Date: 2025.12.04 19:21:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.04 19:21:57 -03:00
Fin de la sentencia