Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36750-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 91/92vta.; con costas al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párr., del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
69222/2022 “OVERWHEELS SA (TF 36750-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, junio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 91/92vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD MEND 810/15, dictada en la actuación SIGEA 12434-36-2012, y por consiguiente dejó sin efecto los cargos 6 y 7 de 2012, resultantes del ajuste de valor que se practicó sobre las destinaciones 08 038 IC04 300014/1 y 08 038 IC04 300015/8, registradas por Overwheels SA para la importación para consumo de varias motocicletas de distintas marcas, modelos y años de fabricación.
Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver de tal modo, recordó que la cuestión se centraba en determinar la procedencia del ajuste efectuado en los términos del artículo 3º, apartado 1.a), del Acuerdo relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de Valoración), porque los precios documentados habían resultado inferiores al “valor de transacción de mercaderías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado”. Destacó que, en el caso, el rechazo de los valores de transacción se había basado en antecedentes obtenidos del sitio web “Kelly Blue Book”, con fundamento en que dicha página se especializaba en determinar los valores de mercado de motos usadas importadas (v. impresiones de pantalla de fs. 7/12 y 30/34 de los antecedentes). Sin embargo, entendió que esos elementos no eran idóneos para sustentar el ajuste, toda vez que: (i) el objeto principal del referido sitio web era exhibir precios promedio ofertados –no pagados– en el mercado estadounidense, y para clientes minoristas, es decir, sin tener en cuenta el volumen comercial (fs. 60, act. adm.); y (ii) no era posible conocer si las motocicletas allí ofertadas fueron fabricadas en el mismo país que las involucradas en este caso caso.
Precisó que el servicio aduanero debió haber recabado más información, ya sea de otros oferentes o, mejor aún, de los propios fabricantes de las motocicletas, para justificar adecuadamente la determinación del valor, y concluyó que, al no haberlo hecho, el ajuste practicado devenía infundado y carente de respaldo documental.
2. Que, disconforme, a fs. 97 interpuso apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 98, se fundó a fs. 99/102, y fue replicada a fs. 105/109vta. Explicó que la empresa actora había importado un total de 29 motocicletas, 24 de origen japonés y 5 de origen alemán; todas provenientes de Japón.
Precisó que las destinaciones involucradas en el caso presentaban diferencias con relación a los valores declarados en otras registradas en el mismo momento y lugar, y con respecto a mercadería de igual calidad.
Sostuvo que se había invertido indebidamente la carga de la prueba, requiriéndole acreditar la viabilidad del ajuste practicado, cuando la normativa y jurisprudencia aplicables establacían que era obligación de la contraria justificar la veracidad de sus declaraciones.
Refirió, en general, a las pautas contenidas en el Acuerdo de Valoración y a los métodos sucesivos para determinar una base apropiada de tributación. Además, hizo especial referencia a que se preveía la realización de consultas entre la administración aduanera y los importadores a los efectos de intercambiar información.
Insistió en que los valores de transacción pudieron válidamente ser objetados por la Aduana en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 9º, apartado 2, incisos a, b y d, del decreto 618/97.
Concluyó que la autoridad aduanera contaba con un relativo margen de discrecionalidad para fijar el valor de las mercaderías, y que la empresa actora no había aportado elementos objetivos para justificar los precios disminuidos; por lo que, a su entender, el ajuste debía ser confirmado.
3. Que el Acuerdo de Valoración, incorporado a nuestro Código Aduanero por medio de la ley 23.311 (B.O. 15/7/86), establece como principio general la preeminencia del “valor de transacción”; es decir que éste, tal como es definido en su artículo 1º (el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación), es la primera base para determinar el valor en aduana de conformidad con el Acuerdo (confr. Introducción General del Acuerdo), quedando excluido el empleo de valores ficticios o arbitrarios, e instaurándose una noción positiva de valor.
En la Introducción General del Acuerdo se expresa también que el artículo 1º debe considerarse en conjunción con el artículo 8º, que dispone el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos –que, se considera, forman parte del valor en aduana– corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías importadas. A su turno, los artículos 2º a 6º prevén métodos alternativos para establecer el valor en aduana cuando éste no pueda determinarse sobre la base del valor de transacción; y el artículo 7º contempla cómo calcularlos en los casos en que no pueda determinarse con arreglo a ninguno de los artículos anteriores.
Asimismo, debe recordarse que conforme al artículo 17 “…ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que pueda restringir o poner en duda el derecho de los Administradores de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de cualquier información, documento o declaración, presentados a efectos de la valoración en aduana. Ello con la finalidad de hacer CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 69222/2022 “OVERWHEELS SA (TF 36750-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cumplir al importador la obligación de declarar en forma completa, precisa y veraz, todos los elementos que puedan incidir en la determinación del valor” (confr. esta Sala, causa “Kossakoff, Mario José –TF 8499-A- c/ A.N.A.”, sent. del 30/4/98).
4. Que, sin perjuicio de la facultad que reconoce la última de las disposiciones citadas, debe contemplarse que en el procedimiento de ajuste de valor quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero. Por lo tanto, él es quien debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras).
También debe contemplarse que, así como la Aduana no está obligada a aceptar valores de transacción declarados que resulten irrazonables o arbitrarios, tampoco se encuentra facultada para, a través de los métodos alternativos, fijar valores que adolezcan de similares vicios (confr. esta Sala, causa 133/13 “Albareda, Marcelo (TF21626-A) C/ DGA”, sent. del 4/7/13).
Estas mismas observaciones son las que dieron sustento a la decisión –aquí apelada– de revocar el ajuste de valor practicado con relación a las destinaciones 08 038 IC04 300014/1 y 08 038 IC04 300015/8.
Nótese que el servicio aduanero había admitido que se veía obligado a acudir a la consulta en páginas especializadas para determinar el valor de mercado de las motos por tratarse de bienes usados y en atención al tiempo transcurrido desde sus respectivos años de fabricación (v. notas SE FVIM 103 y 104 del 2012, a fs. 1 y 24 act. adm.). Frente a esto, el tribunal de origen indicó que las impresiones de pantalla incorporadas a los antecedentes no reflejaban valores correspondientes a ventas para la exportación a nuestro país; no tomaban en cuenta las condiciones comerciales; ni permitían determinar si se trataba de mercancías del mismo origen y similares carácterísticas.
Aquella advertencia del Tribunal Fiscal de la Nación apuntó al incumplimiento de los requerimientos expresos del artículo 3º del Acuerdo Valoración, que –en concreto– dispone: “1. a) Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. b) Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del valor” (énfasis añadido).
Resta señalar que, en esta instancia, el recurrente se limitó a efectuar observaciones de carácter general, sin rebatir las observaciones que justificaron la revocación del ajuste, ni individualizar datos que comprobasen la razonabilidad y exactitud del pretendido aumento del valor.
En esas condiciones, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de lo decidido.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 91/92vta.; con costas al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párr., del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por el demandado (arg. pto. 10, in fine, de la ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia