Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°187/2016 en todas sus partes, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $26.417 por la representación procesal, y $66.044 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la primera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-49436307-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Mayo de 2022 Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 47.596-I caratulado “Oyarbide Emiliano Jesús s/ apelación” La Dra. O’Donnell dijo:
I. Emiliano Jesús Oyarbide interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 187/16, dictada por la División Revisión y Recursos de la Región Río Cuarto de la Administración Federal el 10 de noviembre de 2016, en la que se determina de oficio su obligación frente al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 4/2013 a 12/2013, intimándoselo a pagar $175.315,42, más intereses resarcitorios, y se le aplica multa de defraudación de $525.946,26 (art. 46 y 47, inc. a, de la ley).
Relata que fue objeto de una fiscalización en la que se le cuestionó que en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado presentadas en los períodos fiscales 4/2013 a 12/2013, omitió declarar ventas que surgieron de la información obrante en las bases de datos de la Administración Tributaria, concretamente se detectó que las operaciones con tarjetas de crédito y/o débito fueron mayores a las declaradas.
Señala que a partir de la información aportada a la fiscalización por empresas como Tarjeta Naranja, Prisma Medios de Pago, First Data, Cono Sur y Caja de Créditos Cooperativa La Capital del Plata, se le determinaron depósitos bancarios de $1.130.724,06, mientras que lo declarado era $1.022.180,57.
Se agravia del método presuntivo utilizado para determinar de oficio su obligación y manifiesta que dicho método debe respetar ciertos principios estrictos. De esta manera, concluye que la Resolución es arbitraria por apoyarse en indicios que llevan al organismo fiscal a resultados que se alejan de la realidad de los hechos.
Agrega que se aplicaron dos presunciones. En primer lugar, que el monto de los depósitos bancarios está vinculado con los ingresos gravados; en segundo lugar, que los ingresos omitidos resultan directamente de estas diferencias sin considerar los créditos fiscales emergentes de las facturas de compras realizadas. Además, dice que no se depuraron debidamente los depósitos ya que no se detrajo el crédito fiscal, así como el impuesto a las ganancias.
Sostiene la nulidad absoluta del acto administrativo por no cumplir con los requisitos previstos en la ley de procedimiento administrativo (ley 19.549). A su vez, añade que la pretensión fiscal es ajena a la realidad económica y porque el juez administrativo no valoró la prueba ofrecida, en particular los comprobantes respaldatorios de las compras aportados en la etapa de fiscalización, lo que, según dice, le impidió ejercer su derecho de defensa.
Hace saber que el 25 de noviembre de se adhirió al Régimen de Sinceramiento Fiscal previsto en la ley 27.260 en el que declaró $20.000 y una moto marca Zanella, comprada en su momento por la suma de $18.700. Explica, además, que la cuenta bancaria en la que se le acreditaron las operaciones ya no la tenía al momento de la sanción de la ley 27.260 porque la perdió, consumió o dispuso, y por esta razón también invoca la nulidad absoluta de la Resolución por aplicación del beneficio establecido en el art. 46, inc. d) de la ley 27.260 y el art. 32 de la RG AFIP N° 3919. Entiende así que una vez comprobada la efectivización de la adhesión a la ley de sinceramiento, este Tribunal debe ordenar el archivo de las actuaciones. Cuestiona por último la multa impuesta en la Resolución por considerar que de aplicarse la figura de defraudación, se convierte una presunción del tipo penal en otra presunción del tipo fiscal.
Adjunta prueba documental y ofrece la producción de prueba pericial contable para que los expertos consideren los comprobantes de compra en la liquidación del ajuste y, por todo lo expresado, solicita la revocación de la Resolución, con costas.
II. A fs. 42 contesta el traslado el Fisco Nacional, el que por los argumentos vertidos en la Resolución solicita que se confirme, también con costas.
III. A fs. 85 se rechaza la acumulación con el Exp. N° 47.597-I, que tramitara en la Sala B, Vocalía 4° Nominación. A fs. 95 se rechaza la producción de la prueba pericial contable ofrecida por improcedente; a fs. 103 se elevan los autos a consideración de la Sala; por último a fs. 105 queda en estado de dictar la sentencia.
IV. Corresponde decidir entonces si la Resolución recurrida se ajusta al derecho.
En primer lugar, se debe resolver la defensa de nulidad. Cabe recordar que, para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar.
De la lectura de la Resolución, se evidencia que cumple con los requisitos esenciales establecidos por el art. 7° de la ley nacional de procedimientos administrativos, por lo que, no se advierte que el Sr. Oyarbide haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo o defensa en juicio, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. En esta línea, de su lectura surge la decisión que ha sido debidamente fundada, expuestas las razones de hecho y de derecho que llevaron al juez administrativo a efectuar los ajustes practicados con las que si bien no concuerda la recurrente, dicha discrepancia no otorgasustento a la defensa de nulidad planteada.
Respecto del acogimiento del Sr. Oyarbide al Régimen de Sinceramiento Fiscal, ley 27.260, Título II, si bien el recurrente aduce haber depositado $20.000 en la cuenta especial prevista en el régimen y haber declarado una moto que en su momento compró por $18.700 y que a la fecha del acogimiento su valor era $22.990, según acredita con la valuación que adjunta, lo cierto es que no hay ningún elemento que permita a este Tribunal vincular estos bienes con los ingresos bancarizados con origen en ventas que se acusan como omitidas y de ese modo, como expresamente lo solicitó, comprobar la efectivización de su acogimiento al régimen de beneficios.
En efecto, el F. 2009, con su acuse de recibo presentado el 25 de noviembre de 2016, y el comprobante de depósito de $20.000 en la misma fecha en el Banco Hipotecario que adjuntó como prueba documental en esta instancia, no son suficientes para tener por cumplidos los requisitos que exigía el excepcional régimen de regularización previsto en el Título II de la ley 27.260 y sus reglam., ya que allí solamente se da cuenta de la declaración de un bien en el país y de la tenencia de moneda en efectivo y/o depósitos, mas al carecer de información detallada no permite comprobar que realmente la recurrente haya exteriorizado esos bienes y tenencias.
Cabe recordar aquí que el Libro II, Título I, de la ley 27.260 (B.O. 22/7/2016) estableció un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. El art. 46 de la citada ley dispuso que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el art. 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el art. 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del art. 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, gozan de los beneficios que allí se enumeran, entre ellos la liberación del pago de los impuestos que se hubieren omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional.
Por su parte, el art. 32 de la RG 3919/2016 dispuso, en lo que aquí interesa, que: “Respecto del beneficio previsto en el inciso d) del Artículo 46 de la Ley N° 27.260, el mismo alcanza a aquellos bienes y tenencias no declarados que, por haberse consumido, dispuesto o, por cualquier otro motivo, no se mantiene en el patrimonio a la fecha de preexistencia definida en el segundo párrafo del Artículo 37 del citado texto legal”, es decir, a la fecha de promulgación de la ley 27.260, el 22 de julio de 2016. Y el quinto párrafo del art. 30 de la citada reglamentación previó que: “Asimismo, el contribuyente deberá imputar, ante esta Administración Federal, la tenencia y/o bien declarados a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del Artículo 46 del citado texto legal. Una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio”.
En el caso, además de las deficiencias antes señaladas, no surge que la recurrente haya efectuado la imputación obligatoria a la que se refiere la normativa citada, requisito indispensable para gozar de sus beneficios, razón también para declarar la inaplicabilidad de la exteriorización y la de los beneficios previstos en el art. 46 de dicha ley que pretende que se le reconozcan. En función de lo expuesto, corresponde desestimar la defensa de nulidad, sin costas. (Fallos 336:70, “Bolland”). En cuanto a la legitimidad de la Resolución, surge de sus Considerandos que la fiscalización al señor Oyardbide se originó en un cruce de información entre las ventas con tarjetas de débito y de crédito y las declaradas en el impuesto al valor agregado en el año 2013, que arrojó diferencias sin declarar. Ante la manifiesta inacción, como la llama el juez administrativo, derivada de la falta de cumplimiento de los requerimientos cursados por la fiscalización para que el Sr. Oyarbide aportara la documentación sobre las ventas y compras de los períodos fiscales 4/2013 a 12/2013, se la requirió a las empresas de crédito Tarjeta Naranja, Prisma Medios de Pagos, First Data Cono Sur y Caja de créditos Cooperativa La Capital del Plata, las que aportaron los resúmenes mensuales de las operaciones realizadas –v. cpo. “Documentación aportada por tarjetas de crédito”, act. adm-. Con esta información, el juez administrativo determinó los débitos fiscales correspondientes a tales ventas e impugnó los créditos fiscales computados por no haberse aportado la documentación respaldatoria pertinente a la fiscalización a pesar de los requerimientos que se le cursaran con dicho propósito (v. fs. 3, Cpo. IVA, act. adm.).
Correspondía al recurrente rendir prueba en contrario en orden a cuestionar la legitimidad de la pretensión fiscal ya que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, y en tal sentido tenía a su cargo probar el presupuesto de hecho que invoque como soporte de su pretensión o defensa a fin de acreditar la verdad de sus dichos, puesto que, no cabe duda que es el propio contribuyente quien se encuentra en mejor situación de probar, en este caso el origen de la diferencia entre las ventas declaradas y las ventas informadas con tarjetas de crédito y/o débito.
Es así que pese a contar con amplias posibilidades de ofrecer y producir pruebas que le hubiese permitido contradecir la pretensión fiscal, el recurrente no realizó ningún esfuerzo en probar en contrario. Si bien en la instancia administrativa previa solicitó una prórroga para contestar la vista de los ajustes notificada en los términos del art. 17 de la ley 11.683, que fue concedida, no presentó descargo a la fecha de su vencimiento, sino que por presentación del 18 de noviembre de 2016 hizo saber su intención de adherirse al Libro II, Título I del Régimen de Exteriorización de bienes sancionado por la ley 27.260 –v. fs. 63, Cpo. I Ganancias, act.adm.)-.
En esta instancia, la única prueba ofrecida fue la pericial contable que fue rechazada por improcedente toda vez que la documentación de respaldo de los créditos fiscales no fue aportada ni en la instancia administrativa, ni tampoco ante este Tribunal, revelándose así su propósito dilatorio.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución en cuanto al capital y los intereses en ella intimados.
V. Respecto de la multa de defraudación aplicada se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta del recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas con el propósito de evadir el cumplimiento exacto de sus obligaciones, conforme se expuso en los Considerandos precedentes al resolver sobre el fondo de la cuestión. La conducta es, además, ardidosa ya que no podía el señor Oyarbide como comerciante desconocer el monto de las ventas efectuadas con tarjetas de crédito y débito en su negocio, con lo que la presunción de dolo aplicada por el juez administrativo con sustento en el inc. a) del art. 47 de la ley 11.683 carece de objeciones legales o formales. Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683, sin que se hayan invocado razones que justifiquen la recalificación y la eximición de la pena.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la decisión de la vocal instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte en lo sustancial los argumentos expuestos por la Dra. O´Donnell en cuanto que no proceder otorgar en autos los beneficios previstos por la Ley 27.260 en los términos pretendidos por el recurrente, correspondiendo imponerle las costas por el planteo realizado en tanto se articuló como una cuestión de previo y especial pronunciamiento.
II. Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora en cuanto confirma el ajuste practicado en el IVA, debiendo hacer algunas precisiones adicionales.
Cabe señalar que el art. 16 de la Ley 11.683 (t.o. 1998) faculta al organismo recaudador a determinar de oficio la obligación impositiva, cuando el contribuyente no presente DDJJ o, en caso de presentarlas, las mismas resulten impugnables. Ello así, el Fisco podrá realizar dicha labor en forma directa, por conocimiento cierto de la materia imponible, o por estimación, si los elementos conocidos sólo permiten suponer la existencia y magnitud de aquella.
Que, en estas condiciones, no resulta ocioso señalar que la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración; y así la presunción legal se caracteriza “porque la norma escrita describe un proceso de deducción lógica de forma que constatada la existencia de un hecho base, es posible determinar la existencia de otro que normalmente le acompaña del que derivan efectos jurídicos determinados”(Eseverri Martínez Ernesto, presunciones legales y derechos tributarios, Madrid, Marcial Pons 1995). Así se ha dicho en reiteradas ocasiones que “toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que, ‘probabilísticamente’ se acerque más a la real magnitud del hecho imponible”(cfr. CNACAF “González, Diógenes E.” del 27/12/02; “Herrera, Alfredo L.” del 21/10/02; “Banga, Domingo” del 24/4/03 y “Ledesma, Julio César” del 24/3/03).
En el caso concreto, la fiscalización ante el cruce de información que diera cuenta de que las ventas informadas con tarjeta de crédito y/o débito eran mayores a las declaradas y la falta de aporte de documentación de parte del recurrente, procedió a determinar ventas omitidas, las que prorrateó mensualmente en función a las originalmente declaradas. A su vez, se impugnó la totalidad del crédito fiscal computado, siendo que el actor tampoco acompañó ante la inspección de elementos de respaldo de las operaciones que le habrían dado origen (vide fs. 10/12).
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente, sólo redunda en su propio beneficio, a los efectos de evitar que pueda llegar a confeccionarse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del ente fiscal (vide criterio de esta juzgadora in re “Soraide, Mario”, sentencia del 22 de abril de 2016, entre otros).
Por ello si la actora no contaba con la documentación respaldatoria suficiente, resultó válido el proceder del Organismo Recaudador de recurrir a las presunciones para determinar su obligación impositiva (conf. CNACAF -Sala IV- in re: "Rodríguez, Luis A. -TF 15.728-I- c/DGI" del 6/8/2002).
En este sentido, se ha dicho “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), correspondiendo concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, son meras consideraciones dogmáticas que no logran desvirtuar el criterio del organismo recaudador. Que ello así, corresponde confirmar el ajuste practicado en el IVA.
III. Respecto de los intereses liquidados, teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y el cálculo efectuado en el acto determinativo apelado.
IV. Que corresponde dar tratamiento a la sanción aplicada en la resolución apelada, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley de rito y graduada en tres tantos del gravamen dejado de ingresar.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto –según el Fisco- existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o invocando el art. 47 inc. a), el cual dispone que: " medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11”.
Que no escapa a la suscripta el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia in re “Mazza Generoso y Mazza Alberto” del 06/04/1989 (Fallos 312:447), donde se sostuvo que las presunciones otorgadas por la ley para determinar la obligación tributaria, no resultaban aptas para presumir una conducta fraudulenta del contribuyente, doctrina que ha sido mantenida en las sentencias dictadas en las causas "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello (TFN 10.582-I) c/DGI" - 31/3/1999, y "Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva" - 24/8/2000. Que de la jurisprudencia reseñada se advierte que dicha presunción no permite por sí solo tener por configurada una infracción dolosa o un delito penal. En cambio, ello es posible si se acredita con otros medios de prueba que existió una intencionalidad de defraudar al Fisco, mediante el empleo de un ardid o engaño. En esta línea, entiendo que tal situación es la que se verifica en el caso, puesto que, existen operaciones que fueron dejadas al margen de la tributación y que solamente fueron descubiertas merced a la labor fiscalizadora, a lo que se suma la falta de aporte de todo tipo de documentación de parte de la actora al respecto.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la sanción aplicada, no correspondiendo una dispensa, reencuadre o reducción de la graduación impuesta.
V. Por lo expuesto, corresponde confirmar el acto apelado en todas sus partes. Con costas.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N°187/2016 en todas sus partes, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $26.417 por la representación procesal, y $66.044 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la primera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.05.17 15:15:36 -03:00 Date: 2022.05.17 15:17:22 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.17 15:59:09 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.17 15:59:10 -03:00
Fin de la sentencia