Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-1.974/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 447/457 vta., y en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 459 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-1.974/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.083.-
Actor: OYARZUN SANDRA Demandado: AGRARIA DEL SUR S.A Objeto: COBRO DE PESOS- DESPIDO-INDEMNIZACIONES Fecha: 17-10-14 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J.- REGISTRO Nº 3.083 FOLIO Nº 5.020/5.023 PROT. ELECT. TSS1 0 053 I.141 Río Gallegos, 17 de octubre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “OYARZUN SANDRA c/ AGRARIA DEL SUR S.A. s/ COBRO DE PESOS – DESPIDO – INDEMNIZACIONES”, Expte Nº O – 10.096 BIS/08 (O-1.974/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes a consideración de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso extraordinario de casación que articulara la parte actora a fs. 447/457 vta. contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 434/444 y vta. por cuanto confirma el pronunciamiento dictado en primera instancia a fs. 406/409.-
Analizando los antecedentes de la causa, observamos que la Sra. Oyarzun inició la presente acción reclamando la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por despido incausado y por otros rubros (confr. fs. 42 vta./43). Sin embargo, la sociedad demandada para justificar el distracto invocó que la actora había cometido una injuria grave que hacía imposible la continuidad del vínculo laboral de conformidad con la previsión contenida en el artículo 242 de la citada normativa, imputándole distintos incumplimientos que dieron lugar a oportunas sanciones. La falta grave que motivó el despido era haber propinado insultos, agravios y amenazas a otras compañeras de trabajo, empleadas junto con ella en el Hotel Suyay propiedad de la firma demandada. Estas empleadas efectuaron una exposición policial y prestaron declaración en autos sosteniendo la denuncia contra la accionante (confr. fs. 76 vta./77 y 437/438). Ésta, por su parte, negó haber realizado los actos que se le atribuyen aduciendo que se trataba de una maniobra que sólo tenía por finalidad despedirla sin abonarle la indemnización correspondiente.- La sentencia de Primera Instancia, desestimó la demanda interpuesta por la Sra. Sandra Oyarzún contra Agraria del Sur S.A tendiente al pago de indemnización por despido incausado y diferencias por el rubro antigüedad, condenando en costas a la actora por aplicación del “principio de derrota” (confr. fs. 408 vta).-
La Cámara, por su parte, confirmó el veredicto de primera instancia, considerando que la injuria revestía gravedad suficiente como para justificar el distracto, encontrando probado el hecho alegado por la empleadora, fundamentalmente mediante las exposiciones policiales y las declaraciones testimoniales de Susana Riquelme, Marcela Vega y Luisa Marta Avellaneda diciendo: “…Por ello valoro que esta sola imputación de acoso contra sus compañeras constituye una injuria que no consiente la prosecución de la relación laboral y vuelve justa la denuncia del contrato de trabajo. Sin perjuicio de ello, se han acreditado otros incumplimientos que, frente a éste, adquieren un carácter de menor, por lo que se vuelve abstracto considerar si ya fueron sancionadas, si lo fueron temporalmente o si no se sancionaron en su oportunidad y tienen sólo el carácter de antecedentes…” (confr. fs. 443).- Ante esta solución, la accionante recurre el fallo de segunda instancia acusando violación de la ley conforme lo prescripto por el artículo 3º inciso a) de la ley 1687 (confr. fs. 447) sosteniendo que: “…viola abiertamente disposiciones de la LCT, en el (sic) particular los Artículos 242º y 243º; lo que la tacha de arbitraria; sin dejar de resaltar que la misma viola el artículo 17º y 18º de la Constitución Nacional; sumado a ello, estima esta parte que se ha efectuado una erróneo (sic) valoración de los elementos de convicción obrantes en autos, y expresándose de manera contradictoria en sus afirmaciones; todo lo que da lugar a la existencia de un supuesto de absurdo; violando; a su vez, en virtud de haberse abstenido de resolver temas atinentes a los presentes autos, y debidamente expuestos en agravios que causan este pronunciamiento en crisis …” (confr. fs. 448).
Además de ello, se agravia porque, entiende, que no se acreditó la causa invocada para despedirla, que no son ciertas las causales de despido alegadas y menos aún, que se las haya comprobado en autos. Al efecto, hace una interpretación de las declaraciones testimoniales y de las razones brindadas por los magistrados para fundar su decisión; a partir de los cuales concluye que los juzgadores no han valorado en debida forma los elementos de la causa. Aduce que “…el razonamiento del Tribunal de Alzada, hubo de incurrir en una absoluta contradicción, la cual al humilde entender de esta parte configura un supuesto de absurdo, cuando no, incurre en arbitrariedad manifiesta, dando por cierta causales –no acreditadas en su totalidad- y la situación de encuadre en bullyng laboral, sin que la misma, al entender de esta parte, no satisfaga requisitos mínimos de la figura […] En el pronunciamiento recurrido se advierte un defecto en la fundamentación por el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica racional y de la lógica, pues la construcción intelectual de la sentencia evidencia un defecto lógico que parte de la contradicción entre diversas premisas utilizadas en el fallo que atenta contra la coherencia sistemática que debe guardar todo juicio…” (confr. fs. 456 y vta).
Hace reserva del caso federal.- A fs. 459 y vta, la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
II. Que, en primer término, corresponde verificar el cumpli- miento de los requisitos de admisibilidad mínimos que debe sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial; teniendo en cuenta que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (confr. Carnelutti, “Sistema del Derecho Procesal Civil”, v. III, pág. 639). Los requisitos formales, se insiste, hacen a la admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc. (confr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, L.E.P. SRL, pág. 183), significando ello en suma que, los requisitos de admisibilidad apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (confr. Tomo XIV, Interlocutorio, Reg. 1807, Folio 2647/2649; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).- Del estudio de los fundamentos de la casación, se advierte, que los planteos de la recurrente remiten a cuestiones de hecho y prueba, en principio, ajenas al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
En el sub lite, las impugnaciones de la recurrente se basan en la falta de demostración de las injurias que motivaron el distracto, circunstancias que se vinculan con aspectos referidos a hechos y prueba cuyo juzgamiento, en principio, es privativo de los jueces de grado, irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, vicio que no se acredita ni se avizora en los presentes.-
Nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio sosteniendo: “…En la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad…” (confr. Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero “Santillán Ramón Horacio y Otros c. Panificadora García y/u Otros”, 19/10/2009, publicado en La Ley Online, Cita online: AR/JUR/56855/2009). “…determinar si las circunstancias del caso constituyen o no injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, involucra cuestiones de hecho y prueba, cuya fijación y análisis es facultad exclusiva de los Tribunales de mérito, no revisable a menos que se demuestre su ejercicio arbitrario…” (confr.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, “Varela Carlos Armando c. Lotería De La Provincia De Córdoba S.E.”, 09/06/2010, LLC 2010 (octubre), 1003, DJ 20/10/2010, 42, Cita online: AR/JUR/37178/2010). “Evaluar, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo…” (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Pucheta, Luis B. v. Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido”, 08/07/2008, publicado en La Ley Online, Cita on line: 14/147184, SCBA, fallo L89160, Acuerdo 2078, del 8 de julio de 2008).
“La apreciación del material probatorio, así como el análisis y establecimiento de conclusiones referidas a la categoría laboral del trabajador y su salario, la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y, en tal caso, si existió -o no- injuria que justifique aquella disolución, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo” (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Trojelli, Oscar Raúl v. Lemarchand, Sergio Benjamín s/ Despido”, 28/05/2008, publicado en La Ley Online, Cita on line: 14/145728).- Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, el tribunal de grado consideró justificada la causal de despido, ello constituye una cuestión fáctica.
Como también lo es el evaluar, precisamente, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido. Materias todas reservadas a las instancias ordinarias.
Dicho en otras palabras, la valoración de la entidad de la injuria en principio escapa al control excepcional de esta instancia por comprometer materia de resorte exclusivo de los Tribunales de Mérito (confr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, autos: Berrios, Alejandro Gabriel c. Amuchastegui, Jorge Omar s/ ordinario – despido – recurso de casación, 26/07/2012, Publicado en: LLC 2012 (noviembre), 1076, DJ 13/02/2013, 39, Cita online: AR/JUR/39374/2012), “…tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.”, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011, Cita online: AR/JUR/6602/2013)…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3.034, Folio 4.906/4.909).-
Se advierte, también, que la actora, para sostener su recurso, intenta cuestionar la valoración del material probatorio y el mérito que, en particular, de las testimoniales, hicieron los Jueces preopinantes. Sin embargo ésta es una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (confr.
Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.034, Folio 4.906/4.909).- Los magistrados de alzada han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar porque no se ha configurado (confr.
Hitters, Juan Carlos. Técnica de los recursos extraordinarios y de casación, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIV, interlocutorio, Reg. 2977, Folio 4.800/4.803).- En este contexto, observamos que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba.
Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante "...un desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial..." (confr. Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; idém Reg. 255, Fº 1390/1394, entre otros).-
III. Asimismo, la impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria -como alega a fs. 456 segundo párrafo- es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (confr. Bidart Campos, Germán J, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T° II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- No se observan en el pronunciamiento impugnado los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "... No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común y procesal..." (confr. autos: “G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro”, La Ley 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803, RCyS 2002, 1088, Cita fallos corte: 325:2192, Cita online: AR/JUR/3157/2002).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación”. Por lo tanto “debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas…“ (confr. SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54 citado por Hitters, Juan Carlos, en su obra “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, L.E.P. SRL, pág. 479/480).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- En el sub lite, la recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.
No surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios de la actora pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.
IV. En resumen, del libelo recursivo surge que los agravios de la recurrente se basan en cuestiones fácticas y en el análisis del material probatorio; sin lograr demostrar que el fallo impugnado sea arbitrario, o se hubiera apartado de la solución normativa prevista para el caso o careciera de fundamentación; tampoco la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria. Razón por la cual, el recurso de casación articulado a fs. 447/457 vta., no logra abrir la presente vía; por lo que deberá declarárselo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 459 y vta., de conformidad con lo establecido en los arts. 7 y ccs. de la Ley 1687 -Recurso de Casación-.-
V. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, y ante la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso a) de la ley Nº 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 447/457 vta., y en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 428 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible, y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 457 vta.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 447/457 vta., y en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 459 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, ley Nº Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1053I.141 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.083.-
Folio N°: 5.020/5.023.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia