Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 37.209-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 3.333 (pesos tres mil trescientos treinta y tres) por la representación procesal y de $ 5.333 (pesos cinco mil trescientos treinta y tres) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.768 (pesos mil setecientos sesenta y ocho), equivalente a 0,27 (cero con 27/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 4.421 (pesos cuatro mil cuatrocientos veintiuno), equivalente a 0,68 (cero con 68/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-17681512-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Febrero de 2022 Impuesto sobre los Bienes Personales”
En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´ Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº 37.209-I caratulado “OZORES JUAN CARLOS s/recurso de apelación – Impuesto sobre los Bienes Personales”
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 166/173 Juan Carlos Ozores interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 200/2012 (DV MRR2) de fecha 11 de diciembre de 2012 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Microcentro de la A.F.I.P.-D.G.I., por la que se determinó el Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2005 con más intereses resarcitorios y se aplicó una multa equivalente a dos veces del impuesto evadido en los términos de los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Explica que el ajuste se basó en un legajo remitido por el Ministerio Público de la Nación bajo el Nro. 56, del cual surgían datos de una supuesta cuenta bajo el Nº 54118 del BNP Paribas de Luxemburgo con un saldo aproximado de u$s 407.683 que pertenecía a una firma denominada “International General Fruits Corp.”, de la cual sería el beneficiario según el ente fiscal.
Advierte que para el Fisco al aparecer su nombre en la documentación que conforma dicho legajo, aunque se trate de fotocopias simples en inglés, resultó suficiente para considerarlo el titular del saldo depositado en la cuenta del exterior.
Considera que las fotocopias simples en inglés sobre las que se sustentó la determinación de oficio son inoponibles y no constituyen prueba suficiente para pretender la injustificada suma de dinero reclamada y la sanción aplicada. Insiste en que dichas copias carecen de valor jurídico alguno, en razón de que no hay datos sobre la cantidad de movimientos, descripción de cada uno, características de los mismos, fechas y demás datos que brinden sustento válido al ajuste.
Señala que el proceder fiscal demuestra un afán recaudatorio, lo que vulnera normas de orden público, ya que dichas fotocopias fueron traducidas por la inspección actuante cuando todo documento en idioma extranjero para ser válido y oponible a terceros debe ser traducido por traductor público matriculado. Cita jurisprudencia en dicho sentido.
Se queja de que se haya rechazado la prueba ofrecida y que se pretenda trasladar a su cargo la prueba de un hecho negativo, como es la no tenencia del dinero en la cuenta del BNP Paribas y que no guarda ningún tipo de vinculación con la firma “International General Fruits Corp.”.
Se agravia de que se fundamentó el ajuste en la causa penal “BNP Paribas s/ encubrimiento”, Nro. I-49- 18.362/2009, en la que se investiga una serie de operaciones financieras que habrían sido realizadas por distintas personas, entre las que se encontraría, cuando en dicha causa se ha reconocido que no se cuenta con el “estado de sospecha” por “cuando se adolece de las fechas en las cuales estas maniobras se habrían llevado a cabo, como así también de los montos de dinero exactos que presumiblemente habrían sido extraídos de nuestro país…” Afirma que se carecen de indicios concluyentes para atribuirle la titularidad de la cuenta bancaria involucrada en autos, además de las incongruencias mencionadas, todo lo cual pone de relieve que se ha vulnerado su estado de inocencia.
Con relación a la multa aplicada apunta que en ningún momento efectuó maniobras tendientes a ocultar su realidad, habiendo aportado pruebas más que suficientes en contrario de la pretensión fiscal, sin que se reúnan los elementos que hacen a la sanción endilgada, ya que el Fisco presume que los fondos le pertenecen y parte de esa premisa falsa para a partir de otra presunción sustentar una multa.
Por último, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable y solicita se revoque la resolución apelada conforme argumentos expuestos y jurisprudencia citada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 181/193 el Fisco Nacional contesta el traslado recurso de apelación deducido en autos. Manifiesta que el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría Única, en el marco de la causa Nro. 1-49-18362/09 caratulada “BNP Paribas s/ encubrimiento” libró oficio al organismo fiscal para remitir copias de las piezas de interés de los legajos correspondientes a las personas físicas y jurídicas que presuntamente eran titulares de inversiones en el exterior, administradas desde la sucursal de la República Argentina del “BNP Paribas”, quienes no habrían declarado impositivamente dichas inversiones, ni la renta por ellas producidas.
Indica que así se observó que el legajo Nº 56 correspondía a la cuenta identificada bajo el número 56118 del “BNP Paribas” de Luxemburgo, con un saldo aproximado de u$s 407.683, perteneciente a la firma “International General Fruits Corp.”, cuyo beneficiario resultó ser el Sr. Ozores.
Sostiene que el recurrente expuso los mismos agravios ya respondidos en sede administrativa, por lo que allí remite para su contestación.
Remarca que resultan erradas sus afirmaciones en cuanto a que no se ha demostrado que los fondos en el exterior eran de su titularidad, cuando fue el Sr. Ozores el que confirmó la información suministrada por el Juzgado interviniente, al haber reconocido, entre otros datos, el domicilio y número de pasaporte en el legajo. Sostiene que se limita a criticar la prueba al aducir que se trata de una fotocopia simple que no fue traducida por traductor público, sin que se advierta vulneración de su derecho de defensa.
En cuanto a lo manifestado sobre la falta de demostración del hecho imponible enuncia que el Sr. Ozores no aportó elemento alguno tendiente a verificar la variación del saldo, es decir que no probó su disminución ni en la instancia administrativa ni en la presente apelación al no observarse prueba alguna dirigida a así demostrarlo. Sobre la vulneración del estado de inocencia, pone de resalto que existen diferencias entre el proceso judicial y un procedimiento jurisdiccional como el de autos, en razón de que en el primero se discute la aplicabilidad de la ley penal tributaria mientras que en el segundo la procedencia o no del pago del tributo con la consiguiente sanción, por lo que, conforme lo sostuvo el Juez Administrativo, no corresponde merituar las conclusiones arribadas en sede penal.
En cuanto a la multa, considera que ha sido adecuadamente encuadrada su conducta en virtud de los elementos colectados en la etapa de fiscalización, al estar acreditadas las circunstancias objetivas y subjetivas que conducen a su aplicación.
Sobre los intereses resarcitorios intimados señala que son debidos por la falta de pago en término de los tributos y al haber sido calculados según el art. 37 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) pide que sean confirmados. Por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con costas, y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 209 se admitió la producción de la prueba pericial contable e informativa ofrecidas y a fs. 251 se dio por decaída la prueba informativa dirigida al exterior y se declaró cerrado el período de instrucción. Que por PV-2021-99382300-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF- 2021-101055874-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, encontrándose agregados los alegatos del Fisco Nacional a fs. 261/263, sin que haya hecho uso de tal derecho la recurrente.
Por último, se ponen por IF-2021-14048861-APN-VOCXII#TFN los autos para dictar sentencia.
IV. Que el cargo en discusión reconoce origen en las copias remitidas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría Única, en el marco de la causa Nro. I-49-18362/09 caratulada “BNP Paribas s/ Encubrimiento”, entre las que se encontraba un legajo referido a personas físicas y jurídicas que presuntamente poseían inversiones en el exterior administradas desde la sucursal de la República Argentina del “BNP Paribas”, las que no habrían sido incluidas en sus declaraciones juradas.
Que en lo que aquí interesa el legajo Nro. 56 correspondía a la cuenta identificada bajo el número 54118 del “BNP Paribas” de Luxemburgo, con un saldo aproximado de U$S 407.683, perteneciente a la firma “International General Fruits Corp.”, cuyo beneficiario sería el recurrente, dicha copia obra agregada en las act. adm. en un cuerpo compuesto de 17 fs. Que por lo tanto, el organismo fiscal inicio una fiscalización bajo la Orden de Intervención Nº 659.374 al Sr. Juan Carlos Ozores, quien desarrolla la actividad principal de “servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizado por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas” y la secundaria de “servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditorias y asesoría fiscal”. Que la documentación proporcionada se encontraba en idioma inglés y al ser traducida se obtuvo información personal y asimismo surgió que la firma “International General Fruits Corp.” poseía activos al 31/12/2004 y 21/09/2005 valuados en U$S 383.715,89 y U$S 403.515,19 respectivamente, razón por la cual el personal actuante procedió a requerir el aporte de distinta documentación.
Que el recurrente respondió que no poseía bienes ni deudas en el exterior respecto de los períodos consultados (2005 a 2008) ni bienes registrables, manifestó que su actividad es la de director de la firma Jelomar S.A. y que no había realizado deducciones por cargas de familia en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias en dichos períodos. También acompañó los papeles de trabajo determinativos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2005 a 2008. Con relación a la firma “International General Fruits Corp.” negó toda vinculación. (act. adm., cpo. Impuesto a las Ganancias, fs. 14 y 15/38).
Que teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio Público de la Nación y que el Sr. Ozores no aportó elementos ni brindó explicaciones tendientes a desvincularlo se consideró como tenencia de un activo en dólares en el exterior al cierre del período fiscal 2005 la suma de $ 403.515,19.
Que a los efectos del cálculo del Impuesto sobre los Bienes Personales se dejó constancia que se valuó dicha tenencia conforme lo establecido en el pto. b) del art. 23 de la ley del impuesto y se tomó el último valor de cotización del dólar -tipo comprador- del Banco de la Nación Argentina al 31de diciembre de cada año.
V. Que corresponde resolver si la determinación de oficio apelada se ajusta a derecho, debiendo tenerse en consideración que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
Que la principal defensa del recurrente radica en que la documentación que sirvió de base para practicar el ajuste no cuenta con la debida traducción, mientras que el ente fiscal sostiene que si bien el legajo estaba redactado en idioma inglés, del mismo se extrajeron datos numéricos y que los datos textuales estaban referidos, en su mayor parte, a datos personales que no logran modificar el ajuste practicado, para concluir que la falta de traducción por traductor público matriculado no invalida su valor probatorio, siendo suficiente los datos extraídos (act. adm., cpo. Impuesto a las Ganancias, fs. 39).
Que ello así no se puede admitir como causal nulificante la falta de traducción de las copias referidas, ya que como lo sostiene el representante fiscal los datos versan básicamente sobre nombres, domicilios, datos familiares, nro. de pasaporte y montos de dinero, es decir que son de fácil comprensión, por lo que en caso de haber considerado el recurrente que alguna de las referencias que hace dicho instrumento podría dar lugar a un equívoco, pudo acompañar su traducción y no lo hizo.
Que dicha información fue obtenida por la Fiscalía interviniente en una investigación penal, conforme ya fuera mencionado, sin que surja de autos que el procedimiento llevado a cabo hubiera adolecido de vicio alguno, la que luego fue remitida a AFIP, organismo que se encuentra facultado a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los responsables, y en tal sentido, los datos que emplea el organismo recaudador para determinar el tributo adeudado en autos admiten prueba en contrario. Que a mayor abundamiento, cabe agregar que la Fiscalía encomendó la realización de una fiscalización de los períodos fiscales 2004 a 2008 en el Impuesto sobre los Bienes Personales y a las Ganancias con el objeto de determinar la posible existencia de evasión fiscal en el orden administrativo y/o penal (act. adm., cpo. Impuesto sobre los Bienes Personales, fs. 44/51 y cpo. Actuación SIGEA, fs. 1/12).
Que en este caso el recurrente asevera que no es titular ni beneficiario de los fondos depositados en la cuenta bancaria del exterior, lo que será objeto de análisis junto con la prueba producida ante este Tribunal, debiendo descartarse los motivos en los que se basa para restarle validez a los datos que motivaron la fiscalización y verificación de su situación tributaria.
VI. Que corresponde considerar los agravios expuestos junto con el análisis de la prueba documental agregada en las actuaciones administrativas, la prueba informativa y pericial contable producidas en autos.
Que a fs. 221/224 se agregó la respuesta de la Dirección Nacional de Migraciones con el detalle de los movimientos de ingreso y egreso del Sr. Ozores, sin embargo, como bien sostiene el ente fiscal, dichos datos no resultan relevantes para la resolución del caso, ya que lo que se encuentra en discusión es la atribución de la condición de beneficiario de la cuenta del “BNP Paribas” de Luxemburgo.
A fs. 248 el Juzgado de Instrucción Nº 35, Secretaría Nº 120 respondió sobre el estado de la causa Nro. 19.888/09 (83.992) caratulada “BNP PARIBAS”, lo que tampoco brindó elementos en apoyo de la postura del recurrente. Por último, el exhorto dirigido al Banco “BNP Paribas” de Luxembergo no fue respondido.
Que a fs. 238/239 fue incorporado el informe pericial contable, el que consta de un único punto de pericia consistente en determinar el Impuesto sobre los Bienes Personales al 31/12/2004 y al 31/12/2005. El representante fiscal, a fs. 241/241vta., impugnó la respuesta dada por la profesional actuante por el actor al responder que “del legajo 56 no surge que la firma International General Fruits Corp., de la cual el Señor Juan Carlos Ozores era beneficiario, poseía activos al 31 de diciembre del 2005” al no indicar en qué piezas del legajo se basó para arribar a dicha conclusión. Que la experta contable contestó, a fs. 244, que en el legajo Nº 56 no existen piezas o documentos que determinen saldos al 31/12/2005 ya que solo se detalla un saldo al 21/09/2005, conforme expuso en el informe.
Que se advierte que las defensas articuladas hacen hincapié en la validez de la información utilizada para fundar el dictado de la resolución apelada, lo que ya fue objeto de tratamiento, pero el Sr. Ozores no expone otras críticas convincentes sobre la falta de vinculación con la cuenta del exterior de la que sería su beneficiario directo, a lo que se agrega que con la prueba informativa y pericial contable producidas en autos no logró contradecir la postura fiscal. Y si bien también sostiene que no se configuró el aspecto temporal del hecho imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales al no surgir saldos al 31/12/2005 tampoco arrimó ningún elemento que demuestre su disminución o incremento al 31/12/2005, por lo que se tomó así el saldo que constaba en la documentación, al 21/09/2005.
VII. Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que por lo tanto, resulta procedente el cargo practicado por el Fisco Nacional con relación a la existencia de la cuenta bancaria del exterior, cuyo resultados fueron omitidos de declarar, por lo que, corresponde convalidar el ajuste efectuado en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
VIII. Que en lo que se refiere a los intereses resarcitorios intimados, debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), procede disponer su confirmación.
IX. Que cabe hacer mención a la multa aplicada en los términos de los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos V y VI ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta del aquí recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas.
X. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiere en lo sustancial a lo expuesto por el Dr. Martín en cuanto confirma el ajuste practicado y la liquidación de intereses.
II. Resta referirse a la sanción aplicada, en los términos del artículo 46 y 47 inciso d) de la ley de rito. Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CNACAF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto –según el Fisco- existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas en virtud del art. 47 inc. d), esto es que: “En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”.
Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En cuanto al argumento arrimado por el recurrente en su recurso en el sentido de que la presunción del artículo 47 no sería de aplicación en la especie por no revestir ella el carácter de comerciante, cabe recordar que el precepto, además de referirse a los libros de contabilidad y registraciones, alude a los “documentos de comprobación suficiente” (cfr. Sala III de la Alzada in re “Rosen Graciela”, sentencia del 21 de abril de 2021), resultando en este caso que la inversión detectada por el organismo recaudador y que fuera motivo del ajuste confirmado, carecía del respaldo correspondiente.
Que en esta línea, el Cimero Tribunal sentenció in re “Industrias Delta S.A.I.C. y Otros”, sentencia del 11/09/84: “de la frase referida a la "inversión de la carga de la prueba", no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de toda imputación huérfana de apoyo que se le formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue tienen visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponde probar a la parte acusadora”.
Por lo expuesto, toda vez que la presunción de dolo contemplada en el inciso d) del art. 47, no fue debidamente desvirtuada por el apelante y no advirtiendo razones para reencuadrar o reducir el monto de la sanción impuesta en los términos del artículo 46 de la ley de rito, corresponde su confirmación.
III. En efecto, voto por confirmar el acto apelado en todas sus partes. Con costas.
La Dra. O´ Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Martín.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 3.333 (pesos tres mil trescientos treinta y tres) por la representación procesal y de $ 5.333 (pesos cinco mil trescientos treinta y tres) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 1.768 (pesos mil setecientos sesenta y ocho), equivalente a 0,27 (cero con 27/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 4.421 (pesos cuatro mil cuatrocientos veintiuno), equivalente a 0,68 (cero con 68/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
4. Regular los honorarios del contador José Luis Domper por la labor desarrollada como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $ 3.000 (pesos tres mil), la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.02.22 16:00:42 -03:00 Date: 2022.02.23 16:47:00 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.23 17:07:43 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.23 17:07:44 -03:00
Fin de la sentencia