Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la queja deducida.
II. Rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto, con la recomendación enunciada en el apartado VI) j) del presente; ENCOMENDANDO la instrumentación de la misma al "a quo". Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 1.1, 5.1, 5.2, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 45 y 144 ter inciso 1° del Codigo Penal; 448, 450, 451, 456, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro. 555 Año 2014"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el trece de agosto de dos mil catorce se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Benjamín Ramón Sal Llargués (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 64104 caratulada “OZUNA HECTOR G, CASTILLO JOSEN D, PEREZ NELSON A, VERON RUBEN E,LOPEZ GUILLERMO, SOSA RAUL E,MENDEZ JOSE E, PARNISARI WALTER A Y QUINTANA IGNACIO S/RECURSO DE QUEJA (ART.433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – SAL LLARGUÉS (conforme artículo 451 in fine del C.P.P.).
La Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Quilmes denegó –fs. 25- el recurso de casación articulado por la defensa oficial de los imputados Ozuna, Castillo, Pérez, Verón, López, Sosa, Méndez, Parnisari y Quintana – fs. 18/22-, frente a la resolución que confirmó la decisión del Juzgado de Garantías Nª 3 departamental, en cuanto no hizo lugar a la prescripción de la acción penal deducida por la defensa de los nombrados (fs. 12/14). Contra dicho resolutorio de fs. 25 vino en queja la defensa oficial de los interesados (fs. 29/34), indicando –en lo sustancialque aún cuando la decisión del juez de garantías –opuesta a los intereses de la recurrente- fue confirmada por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes -lo cual dejaría el caso fuera de los supuestos de admisibilidad del recurso de casación-, se trata de un supuesto excepcional que compromete la correcta administración de justicia, de lo que se deriva la procedencia de la impugnación deducida.
Con la radicación de la queja en la sala, se notificó a las partes (fs. 37vta).
El Sr. Fiscal ante este tribunal postuló el rechazo de la queja articulada (fs. 38/40), por entender que se encuentra satisfecho el derecho a la doble instancia que consagra el artículo 8 inciso 2ª “h” de la C.A.D.H., sin advertir las causales de excepción alegadas por la recurrente. En subsidio, solicitó el rechazo del recurso de casación deducido por la contraparte, en virtud de considerar que el planteo de prescripción de la acción penal fue correctamente denegado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja interpuesta? En caso afirmativo, ¿es procedente el recurso de casación?
Segundo: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Si bien en el supuesto en trato se encuentra satisfecha la garantía fundacional del doble conforme, advierto que se encuentran en juego agravios de naturaleza federal, habida cuenta que la defensa ha invocado la violación del derecho de sus asistidos a ser juzgados en un plazo razonable –art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y la errónea aplicación al caso del Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, normativa en la que se sustentó el rechazo de la prescripción de la acción penal.
Por tales motivos, entiendo admisible la apertura del arbitrio casatorio.
II. La Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes, al confirmar la decisión del Juez de Garantías, no hizo lugar a la prescripción de la acción penal (fs. 12/14).
Consideró el “a quo” que el hecho investigado, calificado en el tipo penal previsto en el art. 144 ter, inciso 1ª del C.P. – tortura-, constituye un delito de lesa humanidad, siendo una de las características de ese tipo de ilícitos, su imprescriptibilidad (conforme Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, Resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de 1968, aprobada por la ley 24.584, y con jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22 –ley 25.778-).
III. De inicio, resulta oportuno acudir a los autos principales para dejar establecido cuáles son los hechos investigados en esta causa.
a) El 5 de enero de 1997, en horas de la tarde, personal de la Comisaría 4ª de Florencio Varela se dirigió al Complejo Habitacional Presidente Perón, en virtud de haberse recibido llamados de varias personas que solicitaron su presencia a la altura de la entrada 83 u 84 del mencionado complejo, ya que había una persona –identificada como “chino”- causando disturbios o molestias a los vecinos.
Los funcionarios policiales se constituyeron en el lugar, donde observaron a un sujeto que “… caminaba en forma zigzagueante, empuñando en su mano derecha un arma de fuego…”, a raíz de lo cual fue interceptado, percibiendo aquéllos un fuerte aliento etílico de la persona aprehendida –quien resultó ser Gabriel Alejandro Gutiérrez-, y un evidente estado de sobreexcitación.
Se dejó constancia en el acta inicial (fs. 2/vta), que los integrantes del móvil policial que intervinieron en la aprehensión de Gutiérrez, advirtieron que este último presentaba “… un gran chichón en su frente y un tajo a la altura de su ceja derecha, creyendo además que presentaba un corte a la altura de la ceja izquierda…”.
Gutiérrez fue trasladado a la Seccional preventora, a la que ingresó aproximadamente a las 17.00 horas (ver fotocopias del libro de guardia de la dependencia: fs. 149/52). A las 18.25 horas fue examinado por la Dra. Marina Rebón, médica integrante del Cuerpo de Reconocimiento Médico (fs. 12vta), quien en base al estado de Gutiérrez (“se encuentra somnoliento y no responde a las preguntas, con disminución de la sensibilidad superficial, y disminución del reflejo fotomotor bilateral, con taquipnea y diagnóstico presuntivo de intoxicación con psicofármacos”), indicó su urgente traslado a un centro asistencial.
Cabe agregar que la mencionada profesional consignó en su informe que Gutiérrez presentaba lesión cortante en párpado superior derecho, hematoma en región frontal, escoriación en hombro izquierdo y pupilas midriáticas, lesiones que tenían una evolución aproximada de menos de 12 horas.
De la constancia obrante a fs. 21, firmada por el médico cirujano Juan Daniel Giordani, surge que el paciente ingresó a las 18.55 al Hospital Municipal General de Agudos Mi Pueblo, de Florencio Varela. A las 19.40 sufrió un paro cardio-respiratorio, realizándosele maniobras de reanimación que no tuvieron resultado positivo.
Se agregó a fs. 32/35 el informe de autopsia, del que se desprende que en el examen externo del cuerpo se observaron numerosas y variadas lesiones traumáticas.
La conclusión sobre las causas de la muerte fue la siguiente: “… ante la ausencia de signos macroscópicos de lesiones traumáticas que pudiesen justificar la presencia de una muerte violenta, dado a que las lesiones traumáticas anteriormente descriptas, no revisten la suficiente gravedad ni comprometen órganos de interés vital, un paro cardiorespiratorio no traumático y que podría ser consecuencia de un episodio de asfixia por broncoaspiración de vómito sumado a depresión cardiorespiratoria descompensada aguda que podría haber sido desencadenada por un cuadro de intoxicación etílica o medicamentosa aguda, a un cuadro epileptoide o a un shock neurogenico producido por la suma de los factores anteriormente descriptos agravados por un estado límite de tensión emocional…”.
b) En oportunidad de dictar el pronunciamiento de fs. 1011/1017, por el cual la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, revocó el segundo sobreseimiento dictado en la causa, los Sres. Jueces del aludido Tribunal destacaron que las lesiones vitales constatadas y detalladas por el informe de autopsia, diferían en número y calidad con las que describió la Dra. Rebón, médica que –como se dijo- había examinado a Gutiérrez a las 18.25 en la sede policial preventora.
Asimismo, los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones tuvieron en cuenta los testimonios de personas que estaban alojadas el 5 de enero de 1997 en la comisaría 4ª de Florencio Varela, quienes relataron que Gutiérrez “fue sometido a un sistemático y duro castigo de golpes y puntapiés”, por parte de distintos funcionarios policiales (ver fs. 1013/vta).
Consideraron también, que en atención al resultado de la autopsia, y los distintos informes ampliatorios efectuados con posterioridad, no podía afirmarse con suficiente convicción que los golpes que presentaba Gutiérrez hayan sido la causa de su fallecimiento. Por tales motivos, concluyeron “que Gabriel Alejandro Gutiérrez, una vez alojado en la dependencia a la que pertenecían los funcionarios policiales que lo detuvieran, sufrió diversos golpes y vejámenes a manos de algunos policías que prestaban servicio en aquella, lo que si bien le produjo una variedad de politraumatismos, no puede afirmarse con suficiencia que los mismos lo hayan conducido irremediablemente al óbito, aserto que surge de las conclusiones de los numerosos peritajes ejecutados en autos y que se reseñaran convenientemente “ut supra”.”
“De conformidad con lo antedicho, a esta altura se encuentra configurada la semiplena prueba de la existencia material del ilícito que se estima configurativo de la conducta descripta en el artículo 144 tercero, inc. 1ª del Código Penal…”.
c) En ocasión de recibírseles declaración a los imputados, a tenor del artículo 126 primera parte de la ley 3.589, el hecho que se les atribuyó fue descripto de la siguiente manera: “que el día 5 de enero de 1997, entre las 16.20 y 18.55 horas aproximadamente, haber efectuado golpes con sus puños, puntapiés y provocado vejámenes, a quien fuera en vida Gabriel Alejandro Gutierrez, produciéndole múltiples traumatismos en distintas partes de su cuerpo, a saber: excoriación de 3 cm. de largo en cara anterior de hombro derecho; excoriación de 3x1 en cara posterior del hombro antes mencionada, igual lesión 2 cm por debajo de la anterior; excoriación de 2x2 cm en cara externa del brazo izquierdo; hematoma en tercio inferior de brazo izquierdo y codo respectivo, con múltiples excoriaciones y signos; hematoma en tercio inferior del brazo derecho (cara dorsal) y codo, con varias excoriaciones y signos de arrastre en tercio inferior de antebrazo de ese lado (igual cara); tres improntas en forma redondeada e igual tamaño (tipo contusivas) en cara externa de codo izquierdo; hematoma en muñeca izquierda (ambas caras) y dorso de la mano correspondiente lesiones excoriativas lineales en su interior (compatibles con ataduras o colocación de esposas); excoriación de 3 x 5 en cara anterior de rodilla derecha, y 5 lesiones del mismo tipo, mas pequeñas por encima y por debajo de la anteriormente mencionada; excoriación de 1 cm en cara externa de rodilla derecha, y múltiples excoriaciones redondeadas, y pequeños hematomas en rodilla izquierda. Que dichas lesiones se habrían producido no solo en oportunidad de ser trasladado por personal policial, desde el complejo habitacional “Pte. Perón”, también denominado Barrio Pepsi, sito en la ruta provincial nª 36, a la altura del kilómetro 31.500 de Florencio Varela, a la seccional cuarta de dicha localidad; sino también durante su permanencia en el interior de dicha dependencia policial y desde ésta, al Hospital Mi Pueblo de la ciudad de Florencio Varela” (fs. 1583, 1612/27, 1633/34, 1640/41, 1730/31, 1739/40).
IV. Los hechos aludidos en el apartado anterior, han sido considerados por el “a quo” como constitutivos del delito de tortura, previsto en el inciso 1ª del art. 144 tercero del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta u perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho…”.
El órgano de alzada también citó -en la resolución por la cual rechazó la prescripción de la acción penal- la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 (fs. 13), en cuanto allí se establece que es tortura “… todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
V. a) Sentado lo anterior, corresponde analizar si el ilícito investigado –con el grado de provisoriedad de la etapa procesal en la que se encuentra la causa- se adecua a la tipología del derecho internacional establecida en el auto impugnado -delito de lesa humanidad-, puesto que esta cuestión constituye el principal motivo de agravio de la recurrente.
Para ello, resulta imprescindible acudir al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fuente normativa del derecho internacional humanitario positivizado, que en su artículo 7 establece: contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; … f) Tortura; … 2. A los efectos del párrafo 1: a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política…” (el resaltado me pertenece).
b) El texto citado prevé, como nota característica de los delitos de lesa humanidad, que las conductas enumeradas en el primer inciso se den en una trama conformada por un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.
Tal elemento de contexto, en mi opinión, no se verifica en la presente causa.
En tal sentido, resulta imperioso dejar sentado que no caben dudas de la gravedad de la conducta investigada, en cuanto al ataque y menoscabo a la dignidad de la víctima que conlleva una agresión como la descripta precedentemente, de la que habrían sido responsables - en principio- integrantes de una fuerza de seguridad del Estado Provincial. c) Sin embargo, para que un ilícito de esas particularidades, constitutivo del delito de tortura en los términos previstos por el código penal y por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pueda ser considerado “delito de lesa humanidad”, es necesario también que los hechos sean parte de un embate generalizado o sistemático contra una población civil.
La razón de ser de tal distinción ha sido explicada en términos claros y precisos por el Procurador General de la Nación, en el dictamen que se citará a continuación (a cuyos fundamentos se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 11 de julio de 2007 en causa 24.079, “Derecho, René Jesús s/incidente de prescripción de la acción penal”), al referirse a los distintos intentos de la dogmática para determinar cuál es la esencia del bien jurídico protegido en los crímenes contra la humanidad:
“Uno de esos intentos ha consistido en sostener que el propósito de los crímenes contra la humanidad es proteger la característica propiamente humana de ser un “animal político”, es decir, de agruparse y formar organizaciones políticas necesarias para la vida social (conf. Luban, David. A Theory of Crimes against Humanity. Yale Journal of International Law 29, año 2004, p. 85 y ss.). El razonamiento del autor mencionado consiste en lo siguiente. La característica humana de vivir en grupo, la necesidad natural de vivir socialmente, tiene por consecuencia la exigencia de crear una organización política artificial que regule esa vida en común. La mera existencia de esa organización, sin embargo, implica una amenaza, al menos abstracta, al bienestar individual. Los crímenes de lesa humanidad representan la amenaza más grave: se trata de casos en los que la política se ha vuelto cancerosa o perversa. El ser humano no puede vivir sin una organización política, pero la constitución de un orden institucional crea el riesgo y la amenaza permanente de que éste se vuelva en contra del hombre (op cit., p. 90 y ss. Y p. 117 y ss.). Los casos de crímenes de lesa humanidad son justamente la realización de la peor de esas amenazas, la de la organización política atacando masivamente a quienes debía cobijar. “Humanidad”, por lo tanto, en este contexto, se refiere a la característica universal de ser un “animal político” y la caracterización de estos ataques como crímenes de lesa humanidad cumple la función de señalar el interés común, compartido por el género humano, en que las organizaciones políticas no se conviertan en ese tipo de maquinaria perversa. El criterio de distinción entonces radicaría no en la naturaleza de cada acto individual (es decir, por ejemplo, cada homicidio) sino en su pertenencia a un contexto específico: “El alto grado de depravación, por sí mismo, no distingue a los crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi-gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control” (op. cit., p. 120)” –Incidente de Prescripción de la Acción Penal de René Jesús Derecho. S.C. D. 1682; L. XL.B. 1 de septiembre de 2006-.
d) De acuerdo con las reflexiones efectuadas, no puede sino concluirse en que la descripción del objeto procesal de la causa, carece de referencia alguna que permita sospechar que la agresión sufrida por la víctima de parte de funcionarios policiales, haya tenido lugar en el marco de un ataque o de una política del gobierno o de organizaciones cuasi-gubernamentales contra la población civil.
En esas condiciones, una de las características que la comunidad internacional requiere para considerar a un acto como constitutivo de un delito de lesa humanidad, se encuentra en este caso ausente.
No huelga señalar a este respecto, las reflexiones consignadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Buenos Alves vs. Argentina” –sentencia del 11 de mayo de 2007-, referidos a los mismos hechos analizados en el dictamen del Procurador General de la Nación antes citado –se trataba de una serie de ilícitos que habrían comprendido una detención ilegal, aplicación de golpes y privación de medicamentos por parte de funcionarios de la Policía Federal Argentina-, los que reúnen características similares a los investigados en esta causa. En aquel precedente, el Tribunal Interamericano estableció: “Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, la Corte comparte el criterio del Estado expresado en su contestación de demanda respecto a que “si bien los actos de tortura perpetrados contra el [señor Bueno Alves] han quedado alcanzados por la protección […] de la Convención [Americana], ello no significa que deban ser calificados per se como delitos de lesa humanidad”, como lo pretende la representante de la víctima, debido a que tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil” (párrafo 87).
VI. De lo verificado se deriva -en mi opinión- que no es acertado considerar que el ilícito investigado en esta causa constituya un delito de lesa humanidad, lo cual, sin embargo, no implica que la resolución del “a quo” que rechazó la prescripción de la acción penal, deba ser anulada.
a) En efecto, se hizo mención en párrafos precedentes al fallo “Derecho”, dictado por la C.S.J.N. –Rta. el 11/7/2007, por remisión al dictamen del Procurador General de la Nación-, por el cual se confirmó la decisión que había declarado prescripta la acción penal. Aquel fallo fue dejado sin efecto por la propia C.S.J.N. –sent. del 29/11/2011, que hizo lugar al recurso de revocatoria deducido por el querellante Carlos A. B. Pérez Galindo-, a raíz de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los mismos hechos en el caso caratulado “Buenos Alves vs. Argentina”.
También deben ser estudiados y citados, por su relación con el tema en cuestión, los precedentes “Espósito, Miguel Angel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por la defensa” de la Corte Suprema de Justicia (23/12/2004), y “Bulacio vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia del 18/III/2003), que al igual que en el asunto citado en el párrafo anterior, se refieren a un idéntico acontecimiento histórico.
b) Tanto en “Bulacio vs. Argentina” como en “Buenos Alves vs. Argentina”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo por acreditadas graves violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por agentes estatales, aunque no fueron consideradas delitos de lesa humanidad, razón por la cual no resultaron de aplicación las reglas del derecho internacional incorporadas al ordenamiento jurídico nacional en materia de imprescriptibilidad (“Convención sobre desaparición forzada de personas” ley 24.556, art. VII y “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” ley 24.584).
Pese a ello, al resolver ambas controversias, la Corte Interamericana sostuvo la inadmisiblidad de las disposiciones del derecho interno referentes a la prescripción de la acción penal, como obstáculo para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (párrafo 116 en “Bulacio vs. Argentina”, párrafos 89 a 91 en “Buenos Alves vs. Argentina”).
En tal sentido, en la segunda de las sentencias mencionadas, el Tribunal Internacional se refirió a la obligación del Estado de investigar sucesos de aquellas características, en los siguientes términos: del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, de acuerdo con los cuales el Estado se encuentra obligado a “tomar[…] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”.
“89. En igual sentido, el Tribunal ha señalado anteriormente que: a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura” (párrafo 89). “90. En definitiva, el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Como ya ha señalado este Tribunal, en caso de vulneración grave a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obligación de investigar constituye un medio para alcanzar esos fines, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado” (“Buenos Alves vs. Argentina”).
c) La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en ambas causas (“Espósito, Miguel Angel s/incidente de prescripción de la acción penal” -23/12/2004-, y “Pérez Galindo” - 29/11/2011), dejar sin efecto las decisiones que habían declarado extinguida por prescripción la acción penal, puesto que si bien los delitos se encontraban prescriptos conforme a las reglas de derecho interno, dicha resolución había sido impuesta por los pronunciamientos dictados por la Corte I. de D.H. en esas mismas actuaciones.
De lo expresado en el párrafo anterior se sigue que lo decidido por el Máximo Tribunal de la Nación en los dos precedentes citados no resulta de directa aplicación a esta causa, puesto que, a diferencia de aquéllos, los hechos investigados en este legajo no fueron materia de un pronunciamiento por parte de la Corte I. de D.H. (conforme, además, “Castañeda, Carlos Antonio s/sustracción y destrucción de medios de prueba –causa 768-, sent. de 29/XI/2011, C.S.J.N.).
d) Sin embargo, ello no resulta obstáculo para que la doctrina sentada por la Corte Intermaericana de D.H. -citada en el apartado V. b) de la presente-, pueda ser considerada a la hora de evaluar la vigencia de la acción penal respecto de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos violatorias de la Convención Americana de D.H. –en el caso, artículo 5: derecho a la integridad personal-, puesto que así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la sentencia dictada el 8 de mayo de 2013, en la causa P. 109.447, “G., M. –Particular damnificada s/Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa Nª 26.782 y acum. 27.062 y 33.681”. En esas actuaciones, el Máximo Tribunal de la Provincia descartó que los hechos investigados configuren un delito de lesa humanidad, no obstante lo cual casó el fallo recurrido, dejando sin efecto la decisión que había declarado prescripta la acción penal.
Los Sres. Jueces del Tribunal Superior de la Provincia, entendieron en esa ocasión que la obligación del Estado de investigar asuntos de extrema gravedad que constituyen violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de D.H., exige un alto estándar que “… no se cumpliría a cabalidad de asumirse posturas hermenéuticas que conlleven al cierre de la investigación, como se ha resuelto en el caso”.
“En consecuencia, apreciada bajo esa perspectiva las implicancias de la doctrina emergente de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves” antes referida, y pudiendo considerarse el ilícito de torturas seguidas de muerte por parte de agentes policiales perpetrado contra (…) como “grave vulneración de derechos humanos” en el contexto allí establecido, que impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables, la decisión puesta en crisis debe ser revocada”.
e) El fallo mencionado de la Suprema Corte de la Provincia no ha sido un precedente aislado, sino que, por el contrario, su doctrina fue reiterada y mantenida en la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2013, en la causa P. 114.826, “Córdoba, César Osvaldo; Saladino, Carlos; Mantel, Norberto; Lorenzón, Osvaldo; Gómez, Eduardo; Dudek, Pablo; González, Marciano; Gatto, Julio; Reyes, Hugo; Rodríguez, Marcos s/homicidio”.
f) La aplicación del criterio aludido, a estas actuaciones, importa a mi juicio la confirmación de la decisión del “a quo”, que rechazó el planteo de prescripción de la acción penal articulado por la defensa de los imputados.
En efecto, la gravedad de la hipótesis fáctica que constituye el objeto procesal de la causa -descripta en el apartado III de la presente-, y su calificación legal –tortura-, permite considerar que en autos se investiga una grave violación a los derechos humanos cometida – presuntamente- por funcionarios policiales.
g) Dicho lo anterior, y teniendo en mira la obligación del Estado de investigar posibles actos de tortura (derivada del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el art. 1.1 del mismo tratado), cabe hacer mención al trámite que ha tenido la causa hasta el momento.
En ese andarivel, la compulsa de los autos principales muestra una actividad que lejos está de poder cumplir con aquella manda de investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de tales sucesos.
1. La causa se inició el 5 de enero del año 1997 – fs. 1- (es decir, hace más de 17 años y medio).
2. El 17 de julio de 1997 el Sr. Juez que se encontraba a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nª 8 del Departamento Judicial de Quilmes, resolvió “Sobreseer Provisionalmente” la causa en los términos del artículo 382 inciso 1ª del C.P.P. (ley 3.589), por no encontrar “debidamente justificada la perpetración de delito alguno” –fs. 259- .
Esa decisión fue apelada por la Fiscal de la instancia, y por el particular damnificado (fs. 262).
3. El 11 de noviembre de 1997 la Sala Primera de la Excma. Cámara de Quilmes resolvió revocar, por prematuro, el sobreseimiento provisional de la causa, y ordenó 13 medidas de prueba –fs. 282/283-.
4. El 15 de junio de 1999 el particular damnificado solicitó la producción de diversas medidas probatorias, en reiteración de distintas y variadas presentaciones anteriores.
En esta ocasión, señaló que “… con respecto a las medidas ordenadas por la Excma. Cámara Departamental a fs. 283, de las mismas (13 en total), sólo algunas pocas fueron llevadas a cabo, otras no han sido debidamente cumplimentadas durante la intervención que le cupo al Dr. Pons (Juez), y en tanto que otras permanecen incumplidas hasta el presente…” (fs. 514/517).
5. El 19 de diciembre del año 2003 el particular damnificado reiteró su petición anterior de encuadrar los hechos investigados en el delito de tortura seguida de muerte, y de ordenar las medidas de coerción personal correspondientes (fs. 991/992).
La solicitud no fue acompañada por la Fiscal de la instancia, quien no encontró “elementos suficientes para pasar la causa a plenario ni para el cambio de carátula” (fs. 994).
6. El 30 de diciembre de 2003 el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Transición Nª 1, resolvió sobreseer provisionalmente en la causa, en los términos del art. 382, inciso 2ª del Código de Procedimientos Penal, en atención a “lo manifestado por la Sra. Agente Fiscal, y en mérito a lo dispuesto en los arts. 146 y ss del C.P.P., no pudiéndose avanzar en la investigación, y no habiéndose podido a esta altura individualizar al autor o autores del delito de tortura seguida de muerte, art. 144 tercero, inc. 2ª del Código Penal, del que resultó víctima Gutiérrez Gabriel Alejandro” (fs. 995).
7. La resolución citada en el punto anterior fue consentida por la Fiscal de la instancia, y apelada por el particular damnificado (fs. 1002).
8. El 7 de octubre de 2004 la Sala Primera de la Excma. Cámara de Quilmes decidió revocar el auto por el que se dispuso el sobreseimiento provisional de la causa “debiendo el Sr. Juez de intervención proceder según se indica en el considerando precedente, “in fine” (arts. 299 y ccdes del Código de Procedimiento Penal; ley 3.589)”.
En esa oportunidad, la Cámara entendió que se encontraba “configurada la semiplena prueba de la existencia material del ilícito que se estima configurativo de la conducta descripta en el artículo 144 Tercero, inc. 1ª del Código Penal”.
“Así las cosas, esta Sala de Cámara, estima que el Sr. Juez a-quo, deberá avanzar en la investigación en atención a la nueva calificación prefijada para el hecho y las pruebas recolectadas, en relación al personal policial integrante de la dotación de la seccional involucrada”.
9. Entre el 11 de noviembre de 2004 (fs. 1031) y el 13 de diciembre de 2005 (fs. 1077), se realizaron distintas diligencias por parte del Juez a cargo del Juzgado de Transición, a petición de la Agente Fiscal interviniente, tendientes a individualizar a los funcionarios policiales que prestaron funciones en la Comisaría 4ª de Florencio Varela, el día en que ocurrieron los hechos investigados, y a los ocupantes del móvil de “la Patrulla Comando Florencio Varela que patrullara la zona del Barrio Pepsi entre los días 04.01.97 y 05.01.97”.
10. El 9 de febrero de 2006 el particular damnificado recusó a la Agente Fiscal interviniente (fs. 1078/1084). El 1 de marzo de 2006 el Sr. Juez de Transición aceptó la recusación planteada, y remitió la causa al Fiscal de Cámara para la designación de un reemplazante (fs. 1087/88).
11. La nueva Agente Fiscal interviniente solicitó, en fecha 19 de abril de 2007, que se convoque a todo el personal policial que pudo haber tenido contacto directo o indirecto con la víctima, a prestar declaración informativa en los términos del art. 126, segunda parte del CPC (Ley 3.589) –fs. 1092/93-, lo cual así fue ordenado por el Magistrado a cargo del Juzgado de Transición –fs. 1103/1104-.
Luego de recibidas las declaraciones informativas (fs. 1147/1232), la causa fue remitida por el Juez a la Agente Fiscal, funcionaria que, en fecha 4 de junio de 2008, solicitó que se cite a tenor del artículo 308 del C.P.P. –según ley 11.922-, a distintos funcionarios de la Comisaría de Florencio Varela, en orden al delito de “tortura” previsto en el art. 144 ter inciso 1 del C.P. (fs. 1234).
Tal pedido no fue receptado favorablemente por el Sr. Juez, que devolvió las actuaciones a la Fiscal para que “se sirva aclarar conforme los argumentos aquí vertidos, en qué términos y normas desea requerir la declaración de los presuntos imputados de autos, y por qué motivos” (fs. 1235/vta).
Por motivos ajenos a su función, la Agente Fiscal interviniente fue reemplazada por el Titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nª 2, a quien en consecuencia le fue remitida la causa (fs. 1242).
12. El 23 de diciembre de 2008 el Agente Fiscal solicitó el sobreseimiento de las personas a quienes se les recibió declaración informativa, por no encontrar suficiente motivo para remitir la causa a juicio ni preveer razonablemente la incorporación de nuevos elementos dirimentes de cargo (fs. 1243/49).
El 6 de febrero de 2009 el Sr. Juez a cargo del Juzgado dio traslado al particular damnificado –en los términos del art. 82 del C.P.P. de acuerdo a la ley 11.922-, del pedido de sobreseimiento formulado por el Fiscal (fs. 1255).
La contestación fue presentada el 18 de mayo de 2009 (fs. 1256/1287).
El 2 de diciembre de 2009 la Defensora Oficial interviniente efectuó un planteo de nulidad y solicitó el sobreseimiento de los imputados (fs. 1298/99).
El 11 de marzo de 2010 el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Transición resolvió declarar la nulidad de la presentación efectuada a fs. 1256/87 por el letrado patrocinante del particular damnificado.
Esa decisión fue recurrida por el particular damnificado (fs. 1307/09).
El 6 de mayo de 2010 la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelaciones resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el letrado patrocinante del particular damnificado a fs. 1307/09.
No obstante ello, los Sres. Jueces de Cámara dejaron constancia que “… llama la atención a este Tribunal que desde el año 2004, fecha en que se dictara el resolutorio que obra agregado a fs. 1016/1022, haya sido tan deficiente la investigación en orden a escuchar a los presuntos autores, cómplices y encubridores del hecho ilícito que se tuvo por justificado en su momento, siendo que el farragoso legajo se nutrió de diligencias procesales nimias, dilatorias y algunas de dudosa validez, que nunca fueron tenidas en cuenta por los encargados de la persecución penal y que serán objeto de una nueva compulsa de tener nuevamente abierta la instancia en lo sucesivo” (fs. 1321/2).
13. El 22 de diciembre de 2010 el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Transición Nª 1, resolvió sobreseer definitivamente en la causa a los imputados, en aplicación de los arts. 381 incisos 1ª y 3ª, 385, 386 y concordantes del Código de Procedimientos en Materia Penal (texto ordenado según ley 3589) –fojas 1325/45-.
Aquélla decisión sólo fue recurrida por el particular damnificado (fs., 1353/74).
El 29 de diciembre de 2011 la Sala Primera de la Excma. Cámara de Quilmes declaró la nulidad del sobreseimiento dictado a fs. 1325/45.
En esta ocasión, los Sres. Jueces consideraron:
“… no podemos dejar de poner de resalto que el proceso bajo estudio ha sido dilatado y obstaculizado en forma incomprensible ya que a más de 14 años del suceso y a más de 7 años de lo resuelto por esta Sala departamental (fs. 1016/1022), en cuanto a la existencia de prueba suficiente para tener por probado la comisión del delito, al menos, de torturas y apremios por parte del personal policial; llegamos al 2011 con un pedido de sobreseimiento por parte del Sr. Fiscal y el dictado del mismo, sin cumplimentarse con las normas esenciales de procedimiento…”.
El 22 de marzo de 2012 el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nª 2 –que había dictado el sobreseimiento de fs. 1325/45-, se excusó de seguir interviniendo en la causa (fs. 1500), la cual quedó radicada el 11 de mayo de 2012 en el Juzgado de Garantías Nª 3 (fs. 1506).
El 27 de septiembre de 2012 el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantias Nª 3 decidió convocar a prestar declaración indagatoria –art. 126 primer párrafo de la ley 3.589-, a los imputados Héctor Gabriel Ozuna, José Daniel Castillo, Nelson Adrián Pérez, Rubén Ejidio Verón, Osvaldo Portillo, Guillermo López, Raúl Eduardo Sosa, José Eduardo Mendez, Walter Alfredo Parnisari, Ignacio Quintana, José Luis Luceri, Luis Alberto Ferreira y Eduardo Manuel Herrera (fs. 1583/85).
Todos los nombrados a excepción de Walter Alfredo Parnisari comparecieron ante el juzgado, mientras que respecto de este último se dispuso la averiguación de su paradero (fs. 1762). Este es el estado procesal en que se encuentra la causa.
h) Resulta innecesario y redundante argumentar sobre las falencias de una investigación como la descripta, para cumplir con el estándar exigido al Estado en el esclarecimiento y sanción a los responsables de una grave violación a los derechos humanos.
De ello se derivan dos conclusiones.
i) La primera. La acción penal no puede ser declarada prescripta, de acuerdo con el análisis normativo y jurisprudencial precedente, habida cuenta la obligación del Estado de investigar seriamente hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por agentes estatales, que comprende la identificación y sanción de los responsables de tales ilícitos. Este compromiso hasta el momento no ha sido honrado.
j) La segunda. La celeridad que corresponde imprimir a la tramitación de esta causa debe ser sustancialmente mayor a la que recibió hasta el momento.
Las vicisitudes procesales ocurridas durante la tramitación de la causa (ver apartado VI. g)), incluida la influencia que pudo haber tenido en ellas la reforma del código procesal que rige la materia, no son una explicación aceptable para los 17 años de tramitación de una causa que luego de todo este tiempo, ni siquiera llegó a la etapa del plenario. Tampoco los hechos revisten una complejidad tal –más allá de su gravedad por la afectación a la dignidad de la víctima y sus familiares- como para encontrar en esa circunstancia el motivo de la lentitud con la que ha avanzado la investigación.
En razón de ello, los operadores judiciales intervinientes en la causa deben dedicar todos los esfuerzos posibles a partir de ahora para un rápido y total esclarecimiento de lo ocurrido, puesto que mas allá de lo que se decida sobre el fondo de la cuestión, esa veloz y completa respuesta debe ser brindada por el Poder Judicial tanto al particular damnificado, como a la sociedad en su conjunto.
En ese andarivel, cabe hacer mención, una vez más, a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “… ´el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos´, y … “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario “se conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”) –“Gutiérrez y Familia vs. Argentina. Sentencia del 25 de noviembre de 2013, párrafo 99-.
k) En síntesis, por las razones aquí explicitadas, entiendo que el pronunciamiento del tribunal sentenciante debe ser avalado. En consecuencia, propicio el rechazo de la casación articulada y la confirmación del fallo impugnado, con la recomendación enunciada en el apartado VI) j) del presente.
Por lo tanto, en base a las consideraciones desarrolladas precedentemente, a la presente cuestión voto por la NEGATIVA (artículos 18 de la Constitución Nacional; 1.1, 5.1, 5.2, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 45 y 144 ter inciso 1° del Codigo Penal; 448, 450, 451, 456, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal).
A la primera cuestión el señor juez doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA. A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral expresó:
Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde DECLARAR admisible la queja deducida, RECHAZAR -con costas- el recurso de casación intentado por la defensa de Héctor Gabriel Ozuna, José Daniel Castillo, Nelson Adrián Pérez, Rubén Ejidio Verón, Guillermo López, Raúl Eduardo Sosa, José Eduardo Méndez, Walter Alfredo Panisari e Ignacio Quintana y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución recurrida en todo lo que fuera materia de agravio, con la recomendación enunciada en el apartado VI) j) del presente; encomendando la instrumentación de la misma al "a quo".
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 1.1, 5.1, 5.2, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 45 y 144 ter inciso 1° del Codigo Penal; 448, 450, 451, 456, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal.
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Sal Llargués dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
ASI LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. DECLARAR admisible la queja deducida.
II.RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto, con la recomendación enunciada en el apartado VI) j) del presente; ENCOMENDANDO la instrumentación de la misma al "a quo". Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 1.1, 5.1, 5.2, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 45 y 144 ter inciso 1° del Codigo Penal; 448, 450, 451, 456, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal. Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO.: BENJAMIN RAMON SAL LLARGUÉS - DANIEL CARRAL
Ante Mi: JORGE A. ALVAREZ
Fin de la sentencia