Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
TOMO: XXI REGISTRO: 003 FOLIO: 029/047
Caleta Olivia, 05 de Agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “P. Á. A. ANGEL S/Denuncia Robo Calificado en Grado de Tentativa” Expte. Nº 63927/26, N° de Juzgado de Recursos 8490/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 274/293, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…I.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de P. Á.
A., D.N.I. N° 28.702.569, de demás circunstancias personales obrantes en el encabezamiento del presente resolutorio, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de HURTO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO SIMPLE, ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA y ENCUBRIMIENTO AGRAVADO POR ACTUAR CON ÁNIMO DE LUCRO, todos ellos en concurso real entre sí, previstos y penados por los arts. 162, 164, 167 inciso 4°, 277 inciso 1° apartado c) e inciso 3° apartado b), 42 y 55 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 289, 295 y concordantes del C.P.P.”
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial de Pico truncado, doctora Karina Tor, interpone recurso de apelación a fs. 301/302, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 303.
En esta instancia es mantenido a fs. 317 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal.
Que a fs. 321 se ordeno correr vista al Sr. Fiscal de Cámara Subrogante de los planteos de nulidad esgrimidos por la defensa, y a fs. 325 contesta la vista conferida expresando: “…Analizadas las presentes actuaciones, entiendo que el argumento esgrimido por la defensa no debe tener acogida favorable en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas que expongo seguidamente...En relación al planteo de nulidad por arbitrariedad y falta de motivación del auto de procesamiento se observa que en el mismo se hace una expresa valoración de las razones que ha considerado el instructor, sustentando mínimamente los distintos elementos probatorios, todo ello, en armonía con las prescripciones del código de rito. Dicho lo anterior, entiendo que el juzgador analiza las probanzas de autos conforme lo requiere el art 199 del C.P.P, reuniendo con los requisitos exigidos por el art. 116 del código de forma. En lo que respecta a la motivación, nuestro precepto normativo (art. 116) exige que todas la decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llego al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinadas normas, aspecto que se cumplimenta en el resolutorio en cuestión, por lo que la nulidad deviene, a mi juicio, improcedente. De las formulaciones expresadas por el presentante, a criterio de la fiscalía, no existe causal de nulidad alguna, no hubo lesión a garantía constitucional que requiera extirpar del proceso algún acto viciado de nulidad. Por el contrario, considero que se han respetado tanto el derecho de defensa como así también las garantías constitucionales…" quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que, existe arbitrariedad y falta de fundamentación del procesamiento, expresando que la resolución en crisis deviene nula por violentar las reglas de la sana critica racional y el principio de fundamentación en las decisiones judiciales, exponiendo que el juez reconoce que aún restan producir diversas medidas de prueba conducentes a profundizar la investigación, enumerando las pruebas ordenadas en la parte resolutiva recurrida, concluyendo que dictar un procesamiento antes de conocer el resultado de las medidas fundamentales destinadas a acreditar la autoría penal constituye una flagrante violación al principio de Inocencia.
Destaca que en los autos bajo número de expte. 62056 existe una contradicción entre lo que declara el testigo en su declaración en sede policial a fs. 63 en donde aduce que la permuta ocurrió hace meses, entregando documentos informales de Transporte Lito. Sostiene que sin embargo en sede judicial a fs. 259 declara que guardó las máquinas medio año en su casa antes de llevarlas al mecánico, y que ni siquiera recordaba el mes de la transacción.
Lo cierto es que no existe un solo registro documental, boleto de compraventa o transferencia de los supuestos rodados meriva y Clio, que dejen constancia de que dicha operación comercial efectivamente existió. Sostiene que su pupilo al declarar a fs. 271 y 272, al ejercer su derecho material de defensa, fue categórico negó haber vendido o permutado dichas máquinas y manifestó la existencia de problemas personales previos con F. derivados de negocios de dinero. Pero ante dos versiones contrapuestas y una orfandad de prueba documental que respalde la hipótesis de cargo de F., el juez optó arbitrariamente por otorgarle plena validez al testimonio de un tercero interesado en mejorar su propia situación procesal, violando el principio de in dubio pro reo.
En relación a los hechos atribuidos en expte 63880 la defensa expresa que no se ha acreditado científicamente que el autor de esa fuerza sea el Sr. P. Á. A.. Sostiene que el informe policial destaca el avistamiento de su defendido en secuencias fílmicas a las 15:49 hs empujando un motovehículo que no arrancaba, esa conducta analizada a la luz de los dichos de P. Á. A., quien afirmo que terceros le pidieron asistencia técnica mecánica para intentar darle arranque al rodado, resulta compatible con una figura menor, encubrimiento simple y no con la autoría material de una sustracción violenta en horas previas no determinadas.
Por otra parte en relación al hecho imputado bajo autos 63.927 refiere la defensa que el agravante art 167 inc. 4 C.P. fundándose únicamente en que el predio posee un cerco perimetral de 1,62 metros de altura, expresa que tal altura no constituye un obstáculo insalvable que justifique la mayor respuesta punitiva de la figura agravada, debiéndose en todo caso encuadrarse en el tipo penal de la tentativa de robo o hurto simple.
Se agravia de la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta indicando que el juez de Instrucción justifica la medida cautelar como indicio de riesgo que en el hecho denunciado por T., su defendido habría arrojado unas herramientas para huir al ser increpado por particulares, al respecto, el temperamento de retirarse ante la agresión o el reclamo de civiles en la vía pública no equivale a una voluntad de eludir la acción de la justicia en el marco del proceso penal. P. Á. A. posee arraigo en esa localidad domiciliado en calle xxxxx SN.
Asimismo expresa que no se explica de manera objetiva como la producción de pericias informáticas y declaraciones testimoniales de B. y R., podrían verse afectadas su producción encontrándose su defendido en libertad.
Por último se agravia por el monto del embargo dispuesto, expresando que el mismo es exorbitante, arbitrario y de imposible cumplimiento por parte de su asistido por encontrarse desocupado.
III.-Establecido ello, corresponde en primer término que me expida en relación a la nulidad planteada por la defensa, fundada en la arbitrariedad y falta de fundamentación del procesamiento.
En los autos caratulados: “CARRAZAN, EMANUEL ORLANDO S/ Homicidio en Grado de Tentativa” Expte. Nº C-37108/23, N° de Recursos 7022/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "III.- Establecido ello, corresponde en primer término que me expida en relación a la nulidad planteada por la defensa, fundada en la presunta parcialidad del Sr. Juez de Instrucción. Ante todo, cabe tener presente lo resuelto por el suscripto y por el Tribunal Superior de Justicia en orden al planteo de nulidades. En los autos “SCANDIZZO, MAURICIO S/ DENUNCIA ESTAFA” Expte. Nº 14.447/19, N° de Recursos 6480/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "Como cuestión preliminar corresponde tratar el planteo de la irregularidad de la que adolecería toda la instrucción realizada por el Dr.
M., en base a la insignificancia de la afectación del bien jurídico. Lo planteado por el Defensor Particular no se encuentra siquiera mínimamente motivado como para analizar su tratamiento, razón por la cual deben rechazarse. En materia de nulidades mínimamente se debe fundar teniendo en cuenta qué acto procesal se cuestiona, la irregularidad del mismo conforme a las normas que regulan su producción y materialización, o las normas constitucionalesconvencionales que le sirven de sustento en caso que el mismo efectivice una garantía, un derecho o imponga un deber constitucional-convencional, que perjuicio concreto ocasionó teniendo en cuenta los hechos y las particularidades de cada causa, no siendo procedentes fundamentos de carácter dogmáticos o generales sin expresar los agravios y los perjuicios en concreto, que le causan a quien los alegue.
Tildar de "nulo" todo el proceso sin especificar lo señalado en el párrafo anterior, solo puede ser considerado como una simple opinión respecto del sistema de enjuiciamiento penal que no tiene ningún impacto en autos, ni en cada juicio en particular que se sustancie, pues el mismo no es disponible por las partes, en virtud del principio de legalidad y del sistema representativo, republicano y federal de gobierno adoptado por nuestro constituyente originario en el artículo 1° de nuestra carta magna, en su hermenéutica armónica y pacífica con los arts. 75 inc. 12, 121 y 122, donde queda claramente establecido que los ordenamientos procesales son facultades no delegadas por las Provincias al Estado Federal.
En autos "RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del 31 de octubre de 2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "En este sentido, conforme a el principio de trascendencia, no hay nulidad sin perjuicio, siendo lo señalado un requisito esencial para que proceda la declaración de invalidez de un acto procesal; en otros términos se tiene que acreditar de manera indefectible la existencia de una limitación de un derecho del imputado, vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa. Lo expuesto precedentemente obedece a que rige en materia procesal, el principio de conservación de los actos procesales en virtud del cual no corresponde declarar la invalidez por la invalidez misma, esto es en aras al purismo de las formas, en mero beneficio de la ley, porque ello importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, en tanto la invalidez debe ser observada en relación con su función que es la situación de indefensión en que deja a la parte que alega.
(Cfr. Jauchen, ob. cit. pág.85). Como bien lo sostiene la doctrina, las formas procesales no constituyen un fin en si mismas, sino que se orientan al logro de una meta principal en el procedimiento; dice Arocena "...ellas establecen el modo en que debe realizarse la actividad procesal, con la finalidad inmediata o mediata de hacer efectivas las garantías que consagra la Constitución Nacional para proteger los intereses involucrados en el ejercicio de la función judicial del Estado en lo penal. Por consiguiente, deberá escudriñarse la garantía constitucional implicada en la consagración de determinada forma procesal para, de ese modo, dilucidar si la observancia de las pautas de actuación establecidas por la última debe necesariamente acarrear la privación de los efectos jurídicos del proceder defectuoso..." (Arocena, ob. cit.)".-
Teniendo en cuenta el planteo de nulidad realizado por la Defensa, respecto de la violación de las reglas de la sana crítica racional y el principio de fundamentación de las decisiones judiciales, corresponde iniciar el estudio de los presentes actuados tratando esta cuestión de manera preliminar, por el impacto que la misma transmite en el proceso penal, sobre todo con base en el principio de preclusión procesal.
Cabe señalar que no surge expresamente del planteo de nulidad, ni tampoco puede deducirse implícitamente de lo expresado en el mismo, la valoración errónea de los elementos de prueba recabados hasta la fecha y que fundamentaron el auto de merito cuestionado, refiriéndose exclusivamente a que restan de pruebas por producir, y que esta situación ameritaría considerar que el Juez no posee elementos de prueba para sostener su decisión. Debemos recordar que en la presente etapa procesal se requiere probabilidad positiva, vale decir la existencia de indicios que permitan tener por acreditado los hechos investigados, lo que si sucede en los presentes, y sin perjuicio de restan pruebas que permitan profundizar la presente investigación.
Que la parte se oponga a la posición sostenida por el Juez al decidir sobre la situación del imputado, no implica, en primer lugar, agravio hábil si no se señalan los vicios "in iudicando" o " in procedendo", y tampoco puede extrapolarse tal situación para transformar la oposición de la parte, en la pretendida Arbitrariedad y falta de fundamentación en su resolución por parte del Juzgador, por no coincidir con las conclusiones a la que arribó el Magistrado interviniente.
Así se ha sostenido que: "En estas condiciones … no se verifican defectos que impongan la anulación por alguna violación concreta a las garantías constitucionales citadas, pues no resulta conforme a derecho la declaración denulidad por la nulidad misma, por el sólo interés de la ley.” (Conforme causa Nro. 123.510 - "Thomsen, Máximo Pablo;
Pertossi, Ciro; Comelli, Enzo Tomás; Benicelli, Matías Franco; Viollaz, Ayrton Michael; Cinalli, Blas; Pertossi, Luciano y Pertossi, Lucas Fidel s/ Recurso de Casación // Viollaz, Ayrton Michael; Cinalli, Blas Y Pertossi, Lucas Fidel s/ Recursos de Casación interpuestos por Fiscal y Particular Damnificado" - TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES – SALA III - 22/03/2024 elDial.com – AADECB). En este sentido, entiendo que le asiste razón al Sr. Fiscal de Cámara Subrogante en la motivación y la conclusión a la que arriba en el escrito en donde contesta la vista conferida, agregado a fs. 325/326.
Por todo ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la defensa particular.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. Que procederé a dar tratamiento a los agravios expresados por la defensa, concretamente con los esgrimidos en relación a los hechos investigados bajo expte 62.056//25 que fueron imputados EN ACTA INDAGATORIA DE FS. 271/272 como HECHO CUARTO.
En los autos caratulados “SUARES, SALINAS ADOLFO RAMON S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 76.406/21, N° de Recursos 6435/21, sostuve que: "Que y si bien el A quo subsumió la conducta en el artículo 277 Inciso 1° apartado b) del C.P., entiendo que la figura delictiva que corresponde en autos, es la establecida en la misma norma e inciso pero en el apartado c) que establece textualmente que: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiere, recibiera u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito", es decir encubrimiento por receptación, compartiendo si la calificante de ánimo de lucro, establecida en el inciso 3° apartado b) del mismo artículo, que establece "La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: b) El autor actuare con ánimo de lucro".
Ello así, pues la diferencia entre el favorecimiento real en la cual el A quo subsumió la conducta del imputado, que establece que la acción de ocultar esta referida estrictamente a todos los rastros, pruebas o instrumentos del delito, es decir elementos con que el mismo se cometió, el inciso c) se refiere, como en el caso de marras, a la recepción u ocultación de los efectos y cosas que se obtuvieron y fueron objeto del delito en si, en este caso las herramientas, el motovehículo y el resto de los efectos secuestrados en autos. Sobre el particular se ha sostenido que: “...Sin perjuicio de todo ello, y en atención a la ubicación sistemática que consideramos correcta, este delito consiste en ocasionar primordialmente una lesión a la administración de justicia y sólo secundariamente una configuración lesiva de la propiedad ajena.
En efecto, esta modalidad ilícita tiene por un lado la característica de aquellos actos que constituyen un favorecimiento real en tanto el autor del ilícito precedente se ve favorecido por la colocación que de los objetos del delito hace en otro lugar y a favor de una tercera persona, lo que obstaculiza la acción investigativa de la justicia. Y por otro lado, tiende a diluir la ilicitud de la infracción anterior de modo que el tercer adquirente del producto o del objeto entrará en posesión del mismo legitimado, de cierta manera, la procedencia de tales cosas.... Se trata de un tipo complejo alternativo compuesto por varias conductas típicas sin que sea necesaria la realización de todas ellas, bastando por el contrario con la configuración de una sola de ellas para que el delito quede perfeccionado.
Las conductas típicas son aquellas que veremos a continuación: La acción de adquirir significa comprar, conseguir, obtener el objeto en carácter de propiedad. Recibir quiere decir tomar, admitir, percibir. Por cierto, el que recibe es el encubridor del delito anterior cometido por el autor de este último. Se trata de toda aceptación del bien o de la cosa que no implique una adquisición, ya que en tal supuesto la acción comitiva quedaría alcanzada por la conducta anterior. Ocultar tiene la aceptación de hacer desaparecer o esconder la cosa, no siendo necesario su desplazamiento, bastando la disimulación para que no sea vista. Las acciones precedentes deben recaer sobre los objetos mencionados en el tipo penal.
El delito de receptación recae sobre dinero, cosas o efectos. El dinero es la moneda de curso legal en el país. Las cosas son aquellas consagradas por la ley civil, en el sentido de los objetos susceptibles de tener un valor económico, pero quedando, por cierto, excluidos los inmuebles (ver arts. 255 y ss. del Cód. Civ. y Com.). La figura en estudio también hace referencia a efectos, debiéndose entender por tales a los bienes muebles de cualquier naturaleza, como ser los documentos mercantiles y los documentos de crédito público. El dinero, cosas o efectos que se adquieren, reciben u ocultan tienen que provenir de un delito, como reza el inciso 1º, letra c) del artículo 277 del texto punitivo, o sea de cualquier delito del Código Penal o de leyes complementarias.
Desde el punto de vista subjetivo es un delito doloso que sólo admite el dolo directo, siendo necesario que el encubridor sepa que las cosas que adquiere, recibe u oculta provienen de un delito. Caso contrario el hecho podría dar lugar a la figura menor prevista por el inciso 2º del mismo artículo, como veremos en su oportunidad...” (Conforme Alejandro Tazza. CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO.
PARTE ESPECIAL. TOMO II. Arts. 226 a 316. Rubinzal- Culzoni. Editores. Págs. 370/373). Sobre el ánimo de lucro, se ha sostenido que: “…Este elemento subjetivo en la actualidad constituye una agravante de cualquiera de las modalidades del encubrimiento previstas en el inciso 1º del artículo 277 del Código Penal. Por ánimo de lucro debe entenderse toda ventaja patrimonial apreciable económicamente, siendo indiferente que consista en la adquisición o en el simple uso de la cosa, en tanto ello le reporte un beneficio...". (Conforme obra citada págs. 379). En base a lo expuesto, cabe modificar la calificación legal adoptada por el A quo en el sentido expresado precedentemente, pues y allende la falta de existencia de recurso acusatorio, dicho cambio no modifica ni la plataforma fáctica ni reagrava en perjuicio del imputado su situación, manteniendo la misma pena en expectativa al momento de articular su recurso de apelación...". Analizadas las probanzas obrantes en autos, en cuanto a este hecho, no puede tener acogida favorable lo expresado por la defensa en cuanto a la existencia de denuncia previa respecto de la sustracción de las motosoldadora, ordenándose desde la sede judicial numerosas medidas probatorias, logrando identificar a una de las motosoldadora en un taller mecánico.
Que resulta espontáneo el testimonio tanto del propietario del taller mecánico, como del Sr. F. F. quien expresa claramente que el Sr. P. Á. A. le entrego en permuta dos motosoldadoras.
Que este testigo hace entrega voluntariamente de la otra motosoldadora que se encontraba en su poder y que resultó de la transacción que hubiera realizado con P. Á.
A..
Coincido con el A quo que el testimonio de F. como del propietario del taller mecánico resultan una coherencia interna, siendo que, es el propio F. quien voluntariamente hace entrega de la otra motosoldadora que se encontraba en su poder en virtud de la transacción realizada con P. Á. A..
Por su parte corresponde sostener que P. Á. A.
conocía el origen ilícito de las motosoldadoras por resultar bienes industriales de elevado valor económico, y que la operación comercial realizada fue ejecutada sin acreditar fehacientemente su propiedad, valiéndose del engaño hacia la persona de F., quien al consultarle al Sr. P. Á. A. el origen de los elementos, le afirmo que eran de su propiedad, por lo que dando valor a la palabra realizaron la transacción, haciendo entrega el Sr. F. de dos vehículos automotores.
La prueba reunida, la modalidad desplegada por el imputado para efectuar la transacción comercial con F. nos permiten tener por acreditado en el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal, el hecho como la autoría en cabeza de ANGEL ANDRES P. Á. A.. Ahora bien en relación a los agravios expresados por la defensa de los hechos investigados bajo expte 63.880/26 imputados a fs. 271/272 bajo la descripción de SEGUNDO HECHO.
Al respecto en los autos caratulados: “DIVISIÓN COMISARIA PRIMERA S/ Investiga Robo” Expte. Nº 33308/23, N° de Juzgado de Recursos 7136/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Toda la conducta imputada, subsume claramente en la figura delictiva establecida en el art. 164 del C.P., es decir en la de Robo simple. La dogmática señala que: "...Como es una figura calificada del hurto, guardan vigencia todas las explicaciones realizadas acerca de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contenido en el art. 162...en efecto, se trata de un hurto agravado por el uso de fuerza sobre las cosas o por el ejercicio de violencia sobre las personas....La fuerza es la que el agente dirige a superar la resistencia que le opone la cosa misma y otros reparos relacionados con ella, con el fin de lograr el apoderamiento.
La cosa opone resistencia en sí misma cuando, por sus características, requiere una actividad del sujeto activo que va más allá del esfuerzo necesario para transportarla o simplemente removerla del lugar donde estaba (el esfuerzo debido al peso de la cosa o a su volumen con constituye la fuerza típica; y opone resistencia por sus reparos cuando éstos son los que exigen del agente aquella actividad (p. ejemplo, cortar una cadena que ata la cosa a la pared, romper la caja que la contiene, cortar el cableado del arranque de un automóvil y unirlo como puente, raspar el cable del teléfono para realizar una conexión clandestina, arrancar el precinto de seguridad de una prenda de vestir en un supermercado, arrancar el celofán de un disco compacto que contiene una alarma de seguridad, sin importar que no hayan sido dispuestos para la defensa, siempre que cumplan con esa función.
La doctrina coincide mayormente en que la fuerza debe ser destructiva (romper, cortar, deformar, cualquier acción que provoca una modificación permanente) y anormal (superior a la que realiza el legítimo tenedor cuando toma la cosa) puede ser desplegada a través de un esfuerzo físico o por medio de mecanismos u otros procedimientos dañadores, pero debe tratarse de una actividad realizada por el agente o por un tercero que actúa por él o participa en su hecho (el simple aprovechamiento de la fuerza realizada por un tercero extraño al apoderamiento del agente, no califica al hurto como robo....La violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo o un tercero opone o puede oponer al apoderamiento (vis absoluta) no importa la intensidad de la energía ni es necesario que medie contacto físico entre el agente y la víctima (el arrebato de la cartera de un tirón constituye robo). la violencia puede recaer sobre el mismo sujeto pasivo del robo o sobre un tercero que se oponga o pueda oponerse físicamente al apoderamiento o a la consolidación de él....Se trata de un tipo doloso.
Tanto la fuerza como la violencia tienen que estar vinculadas objetiva y subjetivamente con el apoderamiento, en algunas de las circunstancias enunciadas en la parte final de la norma. Es decir que para el agente, la finalidad de la fuerza o la violencia debe ser el apoderamiento o su consolidación; no basta que ése haya sido el resultado de la acción, si el agente no la ejerció con ese sentido (por ejemplo el que se divierte simulando ser un asaltante, y recibe un reloj de alguien asustado). como se ha dicho en el párrafo anterior, para que la violencia ejercida con posterioridad al desapoderamiento sea típica, es indispensable que esté destinada a lograr la impunidad; por lo que el empleo de violencia posterior para "lograr el fin propuesto" ya no tipificará el delito como robo, en tanto no importe, a la vez, una procuración de impunidad."
CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACION, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR D´ALESSIO CORRDINADOR DIVITO, LA LEY, TOMO II, PÁGS.591, 592 Y 593.".
Sobre este extremo tampoco podemos coincidir con la defensa en cuanto a la falta de acreditación del daño del vidrio del portón del galpón en cabeza de su defendido, siendo que, conforme lo expresado por el propietario Sr. T., el portón del mencionado se encontraba con candados de cierre, como medidas de seguridad para impedir el acceso de extraños a su propiedad, lo que nos permite inferir que para ingresar al interior, el Sr. P. Á. A. se valió de la rotura del vidrió del Portón.
Es claro que el Sr. T., al ser anoticiado por su hijo que observó el vidrio roto del portón del galpón, se acerco a la policía para efectuar la denuncia correspondiente, e iniciando una búsqueda de los elementos que le fueran sustraídos.
Es a partir de allí, que el damnificado logra interceptar en la vía pública al imputado de autos Sr. P. Á. A. quien portaba las herramientas propiedad del Sr. T., las cuales se encontraban en el interior del galpón violentado. Asimismo surge de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad cuyo informe obra a fs. 185/191, se observa al imputado de autos Sr. P. Á. A. empujando la motocicleta propiedad del hijo de T., la cual se encontraba en el interior del Galpón, la cual también había sido denunciada como sustraída.
Se encuentra acreditado en el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal, que el Sr. P. Á. A. se valió de la rotura del vidrio del portón para el ingreso al interior del galpón de propiedad del Sr. T.
Por otra parte en cuanto a los agravios expresados por la defensa en relación al hecho investigado en expte.063.927/26 atribuido al imputado en acta indagatoria de fs. 271/272, como HECHO TERCERO., tampoco puede tener acogida favorable en esta instancia en cuanto al cuestionamiento en cuanto al agravante atribuido a la figura penal endilgada.
Al respecto en los autos caratulados: “OJEDA, JONATHAN SAMUEL S/ Denuncia Hurto” Expte. Nº 82.747/24, N° de Juzgado de Recursos 7420/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que la materialidad histórica de los hechos se encuentra acreditada no solo con el testimonio del Sr. Ojeda (fs. 25 y vta., 63/65) sino con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio en el que los mismos sucedieron, conforme lo informado por la División de Investigaciones de Caleta Olivia, sobre de la extracción de las imágenes, obrante a fs. 2/8. En lo referente a la identidad del autor, existe prueba suficiente en esta etapa, que permite afirmar que el imputado Luis Andrés Poblete resulta el autor de los hechos investigados.
La pericia scopométrica obrante a fs. 74/82 es elocuente en ese sentido. Allí puede observarse con claridad, de las imágenes que fueron extraídas de las cámaras de seguridad del lugar, los diversos tatuajes de gran tamaño que el autor posee en el extremo inferior de sus piernas, los que, confrontados con los existentes en igual partes del cuerpo de Luis Andrés Poblete, resultan idénticos. Así como también algunos aspectos del rostro tales como una marca o lunar en el pómulo y la barbilla que guardan concordancia entre sí. La queja de la defensa en relación a la pericia de la Lic. Calgaro resulta inconsistente y contradictoria. Por un lado la defensa expresa que de los términos utilizados por la perito puede afirmarse que las cicatrices, tatuajes y características morfológicas y cromáticas o semejantes hacen única a la persona, o al menos con muy poca probabilidad de ser encontradas en otro sujeto de las mismas características; lo que lleva a la defensa a concluir que esas posibilidades existen y no se descarta que sea otra persona de género masculino con características similares.
Luego reconoce que la prueba en cuestión es una prueba científica que goza de alto poder de fiabilidad. Sin embargo le resta eficacia probatoria contrastándola solo con el descargo del imputado realizado en la indagatoria. Tal como lo afirma la defensa, la prueba pericial resulta una prueba científica que posee un alto valor probatorio. Y en el caso de autos, no existe ningún elemento que permita restarle dicha eficacia, pues no hay prueba alguna que la contradiga. El descargo del imputado se desvanece frente a la contundencia de lo que surge de la prueba pericial referida. En síntesis, el A quo valora los dichos del imputado, lo que sucede es que concluye que los mismos no pueden ser sostenidos como coartada, pues toda la información que surge de la prueba realizada en autos, lo lleva, crítica racional mediante, a concluir que la teoría del caso de la defensa no puede, seriamente, ser sostenida.
Valorar es una cuestión distinta a lo pretendido por la defensa, que, al cuestionar al Juez, lo hace porque éste no acepta su teoría del caso, bajo el ropaje que valoró de manera incorrecta los hechos, porque reitero, no aceptó, a pié juntillas, lo dicho por su asistido. Debe aceptar la defensa que una cuestión es valorar la información producida por la prueba de manera integral y contrastarla con las proposiciones fácticas a fin de establecer si las mismas pueden acreditarse, y otra es concluir de la manera en que pretende el imputado. Para concluir como la defensa y el imputado pretende, debe haber información que respalde su teoría del caso, de lo contrario, despejada la duda razonable como en este caso, la conclusión será contraria a dicha pretensión.
La teoría del caso de la defensa se basa, al pretender el cambio de calificación a encubrimiento, en negar, por esa misma circunstancia, que los hechos fueran cometidos por su asistido. No es un cambio menor, pues de una figura a otra, lo que en realidad existe es un cambio de conductas materiales, pues el hecho antecedente, por propia naturaleza, siempre es ajeno al consecuente para hablar de encubrimiento, donde las conductas son de otro tenor y las mismas presuponen una ausencia de intervención en el primer hecho. (Conf. Art. 277 del C.P. “…el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado…”) A rigor de verdad, cuando refiero a la teoría del caso de la defensa, en este caso comprendo lo expresado por la defensa técnica como así lo manifestado por el imputado al ejercer su defensa material.
Y la información agregada en la causa, por la prueba sustanciada, la que no está demás señalar, ha sido incorporada al proceso de manera regular, indica directamente, la presencia del imputado en el lugar del hecho ingresando en las dos ocasiones que le fueran imputadas. El requisito típico del encubrimiento es que, para que éste sea considerado procedente, la autoría del encubridor lo sea en un delito que ha sido cometido por otra persona y en el caso, al establecimiento educativo ingresó una misma persona, en soledad, en dos ocasiones y esa persona es el acusado. Este fue el que sustrajo, en ambos ingresos, los elementos descriptos y detallados en las proposiciones fácticas que le fueran descriptas en el acto su defensa, léase su declaración indagatoria.
El relato que ensaya como coartada y que trata de sostener su teoría del caso, allende la recomendación que se realizará oportunamente, no alcanza a desvirtuar la evidencia empírica y material que obra en la causa, sobre todo el análisis comparativo de imágenes y del presunto autor (pericia scopométrica) la que es de difícil refutación como señalé, pues a ella se le suma el momento y las condiciones del imputado al momento de su aprehensión, sumado a los secuestros de prendas de vestir realizados en el allanamiento de su residencia. La pericia scopométrica cuestionada, en su resultado, tiene un grado de certeza similar a los establecidos en los estudios genéticos, conocidos como análisis de ADN.
También hay que señalar que no es la única información que ha ingresado al proceso, pues en este sentido, la misma debe valorarse con el resto de la evidencia agregada en autos. Respecto de la crítica a la calificante “ESCALAMIENTO”, y su falta de descripción, corresponde señalar que, en este caso, frente a la existencia de un muro conformado en su mitad con pared y la restante con una reja, de casi dos metros de altura (1,80 mts. específicamente), es difícil imaginar otra modalidad de franquear el mismo, al menos con la información agregada en autos, que no haya sido el escalamiento (saltar, trepar, escalar, etc.), es decir el “trasvasar” el muro por su parte superior, pues no hubo rastros o evidencia de una efracción del mismo.
Ello, además, pues se trata en ambos hechos de la intervención de una sola persona, por lo que, reitero, la información agregada en autos y analizada según la sana crítica racional y las “máximas de experiencia” (Léase “Si el juez debe formar su juicio “de conformidad con las reglas de la sana crítica” entre las cuales se encuentran las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano” -Conf. Palacio- Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.8, p. 140°), hacen concluir en la mecánica de ingreso imputada en la declaración indagatoria, es decir: "...saltó el cerco perimetral..." , es correcta y se encuentra acreditada en autos con un grado de probabilidad positiva, más que suficiente.
No existen dudas sobre la modalidad del ingreso del imputado al predio, como señalé, en el que se encuentra el edificio de la escuela CODEDCO, dentro del cual fueron sustraídas las computadoras en las dos oportunidades en que lo hizo. Del acta de inspección ocular 26/29 surge que el terreno se encuentra rodeado de un cerco perimetral compuesto de bloques en su parte inferior y rejas en su parte superior, con una puerta de metal y rejas que se hallaba cerrada y con la alarma activada. Como la puerta de acceso no se encontraba forzada, necesariamente el imputado tuvo que saltar el cerco para poder ingresar, y no habiéndose constatado la presencia de escalera o similar, ni forzamiento alguno del cerco o puerta de ingreso, puede sostenerse que Poblete ingresó con su propio cuerpo, tal como le fue imputado al describírseles los hechos en la indagatoria.
Allí se le imputa haber saltado el cerco, y esa acción no se realiza sino con un movimiento coordinado de los miembros inferiores y superiores. Con lo cual el agravio de la defensa en este sentido se aprecia endeble. Respecto de la calificante del inciso 4º del art. 163 (escalamiento) se ha entendido que: "...la sanción se ve agravada como reflejo del mayor esfuerzo que realiza el sujeto activo para vencer los obstáculos o defensas que se oponen al apoderamiento, aquí ingresando o escapando por una vía no destinada al efecto. Si bien la doctrina ha calificado a estas defensas como predispuestas, ello no significa ineludiblemente que el legítimo tenedor las haya concebido como protección; alcanza con que actúen como defensa de la cosa, dificultando su apoderamiento, sin importar cómo estén construidas.
Así una verja colocada con una principal finalidad estética o un seto colocado con la finalidad de otorgar privacidad a un predio, pueden perfectamente desempeñar aquella otra función. No tienen el carácter de defensas predispuestas los obstáculos que permiten el paso a través de ellos o que pueden salvarse con un salto sin esfuerzo, ni aquellos cuya función defensiva ha perdido efectividad, toda vez que el escalamiento no resulta necesario para perpetrar el hurto...". (Conf. CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO II, PÁGS. 583, 584, ss. y cc.) Además, la jurisprudencia en un caso similar ha señalado que: “…el local comercial se encontraba tapiado y que el imputado debió escalar aproximadamente dos metros para ingresar.
Las dos sillas y las dos mesas retiradas se encontraban así a debido resguardo de terceros, lo cual resulta razonable si se considera que, de acuerdo a lo informado por el perito en la causa, tienen un valor aproximado de $ 25.000” (Conf. CCC 25435/2022 - “Meza, E. R. s/ procesamiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV - 21/06/2022, elDial.com - AACE19) Además de ello, la crítica confronta con la propia teoría del caso de la defensa, pues la misma parte del supuesto de que el hecho lo cometió otra persona. Sobre este piso de marcha, no se explica como la defensa sosteniendo que su defendido solo se limitó a recibir los objetos sustraídos por otra persona, puede afirmar que el supuesto autor de ambos hechos ingreso sin escalar dicho muro.
Sin perjuicio de entender que la defensa puede argumentar lo que entienda conveniente a los fines de asistir eficazmente a su defendido, las contradicciones en la teoría del caso no pueden dejar de ser señaladas. Reitero, para que sea plausible la intervención del imputado como autor del delito de encubrimiento, la defensa acepta, expresamente, que hubo antes la comisión de un delito y teniendo en cuenta el lugar del hecho, no puede sostenerse otra imputación, respecto a los delitos antecedentes y conforme la información agregada en la causa, que no sea la adoptada por el A quo. Sin perjuicio de ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 287 del C.P.P. y a fin de garantizar al máximo el derecho de defensa del imputado, se recomienda la citación a prestar declaración testimonial del Sr.
Jesús Emanuel Belarde, a quien hace referencia Poblete en su defensa material. Ello así, pues allende la inconsistencia de la teoría del caso de la defensa, ésta tiene derecho a intentar acreditarla con la información que puedan aportar los distintos medios probatorios que puede requerir al órgano jurisdiccional u ordenar éste de oficio, cuando lo entienda pertinente y relevante, al planteo del caso defensista. La circunstancia de que no se hayan encontrado todas las computadoras sustraídas (recordemos que solo una estaba en poder del imputado al ser aprehendido-fs. 13/17-), no impide que se tenga por acreditada la sustracción, ya que el primero de los hechos había ocurrido algunos días atrás, y el último el día anterior, con lo cual tuvo el imputado tiempo más que suficiente para obtener un producto por las mismas o ponerlas a buen resguardo, es decir, contó con la disponibilidad de los objetos, por lo que ambas conductas han sido consumadas.
Así las cosas, debo ingresar al análisis de la subsunción jurídica de los hechos que ha efectuado el A quo. En principio, a tenor de todo lo expuesto en los párrafos anteriores respecto a la acreditación de la autoría, corresponde rechazar la pretensión de la defensa de que se modifique la imputación por la de ENCUBRIMIENTO del art. 277 del C.P..- Cabe señalar que en relación al primer hecho imputado, la subsunción jurídica efectuada por el A quo se estima correcta. Existió un ingreso al predio del lugar por medio de escalamiento, y luego a través del forzamiento de una ventana, Poblete logró entrar a una de las aulas del colegio, lo que le permitió llevarse una parte de las computadoras sustraídas.
No cabe duda que la acción imputada como primer hecho encuadra en la figura penal de ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO (Art. 167 inc. 4 y por su conducto, art. 163 inc. 4 del C.P.).- Ahora bien, si analizamos detalladamente las constancias de autos y las proposiciones fácticas que describen la imputación al Sr. Luis Andrés Poblete en su declaración indagatoria como Hecho 2, debemos concluir que el segundo hecho no se trata de un ROBO sino de un HURTO CON ESCALAMIENTO (Art. 163 inc. 4 C.P.) Afirmo ello en razón que, y si bien para ingresar al predio hubo de saltar el cerco en ambas ocasiones, para entrar en el edificio en esta ocasión, no aplicó fuerza en las cosas ni violencia en las personas, requisitos típicos objetivos que requiere el tipo básico de ROBO previsto en el art. 164 del C.P, habiendo utilizado, a tal fin, la ventana que había quedado abierta por haberla forzado en su primer ingreso, y así es como se lo intiman al describirle las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que el acusado pueda defenderse.
Por lo cual, corresponde modificar solo la calificación legal escogida por el A quo, de ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO REITERADO EN UNA OPORTUNIDAD (Art. 167 inc. 4, y 45 C.P.), por la de ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO EN CONCURSO REAL CON HURTO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO (Art. 167 inc 4, 163 inc. 4, 55 y 45 del C.P.)".
Surge de las constancias obrante en los actuados, de la existencia de un cerco perimetral conforme acta de inspección ocular obrante a fs. 3/5 y croquis ilustrativo de fs. 6, con una altura del cerco perimetral que era considerable, lo que denota la existencia de un esfuerzo físico por parte del imputado, y que sin perjuicio de no contar con la medida exacta del cerco, el mismo si constituye un obstáculo que concuerda con lo descripto por el agravante seleccionado.
Vale decir que la propiedad se encontraba rodeada por el cerco perimetral para brindarle al inmueble protección, la que sin duda fue vulnerada por el imputado P. Á. A., quien sin perjuicio del obstáculo dispuesto para evitar el ingreso a la vivienda, logra sortearlo mediante el despliegue de un esfuerzo y energía física a fin de vencer el obstáculo e ingresar a la propiedad a fin de sustraer los elementos de valor existentes en su interior.
El accionar desplegado por el imputado, que fue aprehendido por personal policial en el interior de la vivienda cita en calle xxxx N° *** de la ciudad de Pico Truncado, se encuentra acreditado como fuera imputado por el A quo en la forma y modalidad descripta , con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal. Prisión Preventiva. En referencia a la detención cautelar, en los autos caratulados “REYNOSO, GUILLERMINA S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA:
30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS
S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.” (Acosta, Jorge Eduardo y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas."Y en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS:
"ALMENDRA, SERGIO EMILIO S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES,
AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que:"Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal."Sobre este piso, en primer lugar débese señalar que el fundamento sentado por el A quo para dictar la medida cautelar, se encuentra explicitado en el primer y segundo párrafo de la fs. 168 vta.
En el primer párrafo individualizado, el A quo señala que la calificación en la cual subsume la conducta enrostrada a los coimputados no daría lugar a la aplicación de una condena de ejecuición condicional, pues para que ello sea posible, el mínimo de la escala penal no debe exceder los tres años de pena de prisión. Ahora bien, el delito de robo en poblado y en banda, del artículo 167 inc. 2° del C.P, establece una pena mínima de tres años de prisión, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por erróneo. Respecto del segundo párrafo, el Sr. Juez de Instrucción señala que la defensa no ha acreditado arraigo ni grupo familiar que los contenga, ni la inexistencia de riesgos procesales, respecto de los coimputados M. y S.C..
Sin embargo, si bien se comparte que en autos falta información para poder establecer la falta de arraigo suficiente de los coimputados S.C. y M., es incorrecto trasladar la carga de la prueba de la acreditación de la existencia o inexistencia de riesgos procesales a la defensa. Débe partirse siempre, como eje central del proceso y enjuiciamiento penal, del principio de inocencia. En este sentido, se ha señalado que: "El principio de inocencia es una garantía elemental, forjada por el movimiento constitucionalista, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad y confianza a todo habitante de la Nación, ya que toda persona, es decir todo habitante de la Nación, se reputa inocente hasta tanto una sentencias firme declare su responsabilidad.
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del sistema de garantías en materia penal cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable tras un proceso justo." (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 630). La persona goza de un "estado de inocencia" que se quiebra cuando exista una condena firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, que haya declarado su responsabilidad penal por un hecho, pero, y para ser claro, el estado de inocencia se pierde respecto de ese hecho, pues es un "estado" que siempre permanece pues es inherente a la persona humana, por su condición de tal.
Es en esta clave que y allende las facultades de la defensa para acreditar la inexistencia de riesgo procesal, cuando se dispone una medida de este grado de afectación humana, es el Estado a través del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción de la causa y de la disposición de la medida, quien debe verificar si existe existencia o inexistencia de riesgos o peligros procesales. Esta verificación no puede ser una acción pasiva y que dependa únicamente de la parte, es tan activa como la instrucción misma de la causa, y es el Juez de Instrucción quien debe arbitrar los medios probatorios, no solo para la acreditación del hecho, sino y además, para la procedencia de las medidas cautelares que dispone.
En este sentido, resulta claro que no se ha acreditado en autos el arraigo suficiente de ambos coimputados, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada hasta tanto este aspecto sea corroborado o modificado, debiendo disponerse un informe socioambiental sobre los tres coimputados. Asimismo, la medida se justifica por la conmoción que a la víctima y a la tesigo y amiga de ésta, les causó el hecho. Esta cuestión no ha sido valorada y con ello, es motivo suficiente para mantener, por ahora, la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto de la víctima y la testigo no se ha brindado intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, pues es el órgano encargado de llevar adelante un abordaje sobre la problemática que transitan ambas.
Cumplido el abordaje, y de la resultas del informe respecto del estado actual de las jóvenes, podrá valorarse, junto a los informes socioambientales, nuevamente, la existencia de peligros procesales, y juzgar, aún cuando los mismos existan, si pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la prisión preventiva. Todo lo expresado deberá hacerse teniendo en cuenta la situación de la víctima, la testigo, y la situación personal y familiar de cada uno de los coimputados, con la premura que implica la situación en la cual se encuentran los mismos respecto del proceso. En los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIO DE OMAR NICOLÁS GOMEZ EN AUTOS: ANDREADE NORMA ELIZABETH S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte.
Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." En los autos caratulados:
“ESCOBAR G., JHENNY S/ DENUNCIA LESIONES LEVES AMENAZAS Y DESOBEDICIENCIA JUDICIAL”
Expte. Nº 32807/23, N° de Juzgado de Recursos 6995/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que:" Sin perjuicio de ello en cada una de las deposiciones, la denunciante solicita la prohibición de acercamiento o implementación de dispositivo dual de manera provisoria, pues su principal objetivo desde el inicio de las actuaciones era regresar con sus hijas al hermano Estado Plurinacional de Bolivia, donde el encartado, por expresiones textuales de la Sra. Escobar: "...no puede pisar, por no pasar la pensión a su familia" a lo que se suman las lesiones que sufriera su ex-pareja y por las cuales el imputado recibiera represalias de parte de sus hermanos. (fs. 105/106) Esta expresión de deseo también se ve reflejada en la presentación de fs. 92, cuando se compromete a quedar en la localidad hasta tanto se culmine la pericia y su voluntad expresa de renunciar al patrocinio letrado de la Dra.
Vanesa López. Si bien no se ignora la gravedad del delito investigado y en términos generales se coincide con el Sr. Agente Fiscal, cabe señalar que todo lo expresado por éste debe ser valorado previo a decidirse la forma más conveniente de neutralizar los riesgos. Surge claro además, que si bien el riesgo procesal puede ser evaluado y neutralizado desde el inicio de la investigación, verbigracia en un caso de flagrancia, y que, descartada ésta, en base a la “notitia criminis” y su mínima acreditación, se pueden inferir, “prima facie” las proposiciones fácticas más importantes y la subsunción de las mismas, lo cierto es que a partir del llamado a prestar declaración indagatoria y del auto de procesamiento y su calificación legal, el riesgo procesal se torna más evidente y tangible, pues existen actos jurisdiccionales que fijan el objeto procesal.
Ahora bien, la facultad y el deber de cautelar es dinámico, no estático, como todo lo relacionado con la etapa de instrucción (art. 294 primer oración), y de los hechos, su calificación, las conductas asumidas por las partes, su comportamiento durante el mismo, sumado al agravamiento o morigeración de la situación procesal, pueden impactar en un aumento o disminución del peligro procesal. Es siempre una actividad interpretativa y valorativa que tiene que ver con la dinámica y la “identidad” de cada caso. Debe tenerse en cuenta la conducta del imputado desde el comienzo de la investigación como así el estado y opinión de la víctima, para resolver la procedencia de una medida cautelar, que siempre se basa en una valoración sobre la probabilidad de materialización de los riesgos procesales.
Ahora bien, el A quo decidió una forma menos grave de cautelar que la prisión preventiva regulada en los arts. 295 y ss. del CPP. para garantizar la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Resulta claro además, que en autos, va de suyo, por todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva, a priori, era formal y materialmente procedente. También es claro que, y ante el menor incumplimiento en base a todo el cuadro probatorio, el A quo seguramente revocará la libertad otorgada y ordenará, fundado en ello, la prisión cautelar. La decisión de cautelar gradualmente, entiendo obedece a la propia manifestación de la víctima, y la decisión que se adopta ha tenido, seguramente, el repaso de las distintas expresiones de ésta.
En este sentido, cabe poner de relieve que la denuncia fue judicializada y se garantizó a través de la constitución en parte querellante su acceso a la justicia de manera autónoma. Durante el desarrollo de las actuaciones la damnificada logró que se preservará su integridad y la de sus hijas mediante el resguardo en la casa abrigo y apoyo terapéutico, logrando canalizar sus pretensiones de manera reiterada a lo largo de todo el desarrollo de la instrucción. Se realizó la pericia psicológica ordenada y se citaron a deponer a los testigos propuestos por la defensa dejando prácticamente conclusa la instrucción para ser elevada a juicio, por lo cual el riesgo de entorpecimiento a esta altura del proceso deviene prácticamente estéril.
En relación al peligro de fuga y las manifestaciones del impugnante en referencia a la nacionalidad del incuso, no solo quedan zanjadas a través de las expresiones vertidas por la damnificada y transcriptas previamente, sino también por el hecho de que el imputado tiene documento nacional de identidad y arraigo en la ciudad donde reside hace años desempeñándose laboralmente..... Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que la decisión del Sr. Juez adoptada en autos, hasta el presente, ha sido hábil y eficaz para neutralizar los riesgos procesales porque no se indica ni informa, luego de su adopción, incumplimiento alguno.
Por ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
Juez de Instrucción, quien revoque de oficio o a pedido de parte, la libertad otorgada. Debemos tener en cuenta que si actuáramos solo movido por el hecho y la calificación aún en el contexto de violencia de género, procederíamos de forma automática a dictar la prisión preventiva como si fuera una pena propiamente dicha y cuando los delitos sean leves, no la dictaríamos, de la misma manera automática. Poder cautelar correctamente implica valorar el hecho y las circunstancias como bien señala el apelante, pero también la situación de la víctima y su voluntad, como garantía del derecho que tiene a ser oída, aportar pruebas y acceder a la justicia de una manera efectiva, teniendo en cuenta y valorando su opinión.
(Conforme lo normado en los arts. 5, 11, y cc. de la ley 27.372).- Juzgar con perspectiva de género atendiendo a la enumeración efectuada por el apelante, la que se comparte y que ha sido referida por el suscriptos en numerosas causas, implica partir del supuesto que la mujer víctima de violencia no puede objetivarse ni instrumentalizarse en pos de los derechos legales y constitucionalesconvencionales que se invocan, sino escucharla, valorar lo que expresa y tener en cuenta y resolver, en muchos casos, conforme lo peticiona. Juzgar con perspectiva de género es hacerlo partiendo de los derechos humanos y considerando a la mujer y a las víctimas en general como sujetos de derecho, sin que por el rol de parte que asuman en un proceso, pierdan la calidad de persona humana establecida en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.).-....
En el devenir del proceso cuando la víctima expresa su opinión, no se puede, por su sola condición de mujer y por su condición económica y cultural, no valorar su libre determinación y al menos considerarla, luego de lo cual se podrá resolver en definitiva. Decidida una medida cautelar menos grave que la prisión preventiva, debe controlarse su cumplimiento y además, tenerse en cuenta el comportamiento asumido por quien se encuentra sujeto al proceso penal, pues y como bien lo señaló el propio Ministerio Público, el principio general que gobierna el rito penal es la libertad durante el proceso (art. 3 del CPP.) Lo expuesto, reitero, no implica que, y ante un cambio de los hechos y su subsunción legal, como ya lo expresé, sea en el propio Juzgado de Instrucción o en una instancia revisora, se evalúe nuevamente y a la luz de dichos cambios, la procedencia de una medida cautelar como la prisión preventiva.
Pero cuando la plataforma fáctica y la calificación no ha sido motivo de recurso, y ante los hechos y su calificación se decide, reitero de manera gradual, dictar medidas menos gravosas, si no media incumplimiento alguno y si las mismas han sido eficaces, como hasta el momento se avizora, el cambió dejaría de inscribirse en el universo de medidas cautelares para transformarse, vicariamente, en un anticipo de pena. En este sentido, al enumerar los principios constructivos del sistema de derecho penal en la obra “ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL” de la editorial EDIAR el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni señala: “Principio De buena fe y pro homine: El enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta.
Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad”.- Es por ello, que, y conforme el estado de autos, corresponde confirmar el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, en cuanto fuera materia de apelación."Complementando el criterio expresado en dicha causa, en autos caratulados:
“MOLINA, EVA S/ DCIA. LES. LEV., DAÑOS, AMEN.,
VIOL. DCILIO. Y DESOB. JUDICI.” Expte. Nº 33285/23, N° de Juzgado de Recursos 7239/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.2.- Finalmente, cabe señalar que lo que atañe a las medidas cautelares que se dictan en el proceso penal, las mismas pueden serlo a pedido de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional. A manera de ejemplo y cuando se trata de pedidos de Exención de Prisión o de Excarcelación, el código de rito dispone la vista previa a la decisión jurisdiccional, del Ministerio Público Fiscal a los fines que emita opinión sobre el particular. Como señalé, las medidas cautelares respecto del imputado, son actos y decisiones jurisdiccionales que se basan en el análisis de la probabilidad del acaecimiento de conductas que pueden implicar riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En casos como el de autos, en los cuales la persona se encuentra detenida desde la indagatoria o antes de ella y hasta que se resuelva la situación procesal en donde el Sr. Juez de Instrucción deberá resolver sobre su situación procesal y sobre la forma de cautelar en caso de procesamiento, no existe impedimento para que el Sr. Agente Fiscal peticione en autos no solo la medida cautelar que entienda adecuada al caso, sino y además, si, conforme a su teoría del caso, el imputado debe o no ser procesado, ello con antelación al dictado de la resolución judicial. Que no exista la obligación de expedirse previamente por parte de la Fiscalía interviniente, no implica que no pueda hacer saber al órgano jurisdiccional, a la defensa y a las restantes partes del proceso si la hubiere, cual es la posición del Ministerio Público Fiscal en un caso determinado.
Dicha competencia se encuentra de manera implícita del artículo 6 del CPP. que pone en cabeza del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. En este sentido, en los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión” Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema". Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales.
No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes.
Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona."Además, en los autos caratulados:
“INC. DR. ALBERTO LUCIANI S/SOLICITA EXCARCELACIÓN EN AUTOS: ROLON FERNANDO S/
INFRACCIÓN ART. 119 del C.P” Expte. N° I-53.729/21, N° de Recursos 7146/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N °1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso, es importante recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena es expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta. A pesar de lo expresado y aun cuando el imputado fue procesado por hechos de suma gravedad, con una elevada pena en expectativa, recuerdo que el Estado le brindó al imputado la posibilidad de transitar el proceso en libertad, imponiéndole una cautela menos gravosa, reglas respecto de las cuales hizo caso omiso, en dicha oportunidad vislumbrando un desapego a las normas y a las disposiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.
No cambiando su postura a lo largo del presente proceso. Esto es así teniendo en cuenta que ya analicé la media cautelar de prisión preventiva al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos principales, sobre los que recayera resolución en fecha 29 de septiembre de 2022, la cual se encuentra registrada bajo Tomo: LXXX Registro: 070 Folio 193/196, en la cual exprese en parte pertinente" En este caso al imputado se le brindó la oportunidad de permanecer, luego del primer dictado de la prisión preventiva, en libertad el resto del proceso. esa posibilidad, por libre voluntad del mismo, fue desechada cuando contacto a la víctima sabiendo previamente que le está prohibido.
Si bien ello puede tener una explicación en su motivación...lo cierto es que, allende el mismo, objetivamente incumplió su obligación y que subjetivamente, el fin, surge claro de la denuncia de la víctima, fue ofrecerle dinero en primer término para amenazarla cuando obtuvo una negativa de ella. Hay argumentos más que suficientes para sostener la continuidad de la prisión preventiva, por lo que entiendo que la misma debe ser confirmada." Es por ello que el riesgo de entorpecimiento de la investigación es cierto y objetivo y debe ser neutralizado, no pudiendo ser efectivizado de otra manera que no sea inevitablemente restringiendo la libertad del imputado. No pudiendo a esta altura del proceso asegurarse que el imputado mantendrá su conducta a derecho. ...
Es necesario destacar que el Estado a través de la función jurisdiccional le otorgó la posibilidad de transitar el proceso en libertad, luego de haber sido detenido cautelarmente. Ello también puede operar desde el inicio de las actuaciones. Esta situación implica para la persona que se encuentra imputada en un proceso penal, por parte del Estado, la garantía de cumplir el proceso en libertad cuando se estima que los peligros procesales pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria. Es decir que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, si cumple con las reglas y pautas de conductas que se le asignan, podrá mantener esta situación hasta la sentencia definitiva, para dotar de plena vigencia al derecho de transcurrir el "juicio" con medidas restrictivas menos graves que su detención cautelar, evitando que el mismo sea restringido por incumplimiento de la persona a quien beneficia.
Pero cuando la persona a quien se le reconoce el derecho de transitar el proceso penal en libertad, voluntaria e injustificadamente decide incumplir las pautas de conductas, no puede ese cumplimiento trasladarse al Estado, pues es claramente, responsabilidad exclusiva y excluyente de quien no se motiva en la norma pudiendo hacerlo. El principio de gradualidad en la aplicación de las medidas cautelares, impone al estado un uso razonable de la fuerza que detenta monopólicamente, pero no lo exime de ejercerlo cuando la persona que se encuentra sujeta a proceso penal incumple las normas, por el contrario, se encuentra obligado a asegurar los fines del proceso. Existe la responsabilidad de cada persona de cumplir con las normas, máxime cuando estas la benefician y están pensadas en su favor, pero es la libre decisión del sujeto que puede hacer caso omiso de las mismas, sabiendo además que deberá responder por sus actos.
Esta libre decisión no puede trasladarse al estado, es de cada ser humano. No puede perderse de vista que los riesgos procesales se integran con dos materias diferentes entre sí, una que hace al peligro de fuga, pues no puede haber juicio en ausencia. Y la otra está relacionada con el peligro de entorpecimiento de la investigación, en donde la autoridad jurisdiccional deberá valorar la situación no solo de los testigos y de la evidencia material (pericias, informes, etc.) sino y especialmente de la víctima y de su grupo familiar, para que las medidas cautelares que se adopten protejan efectivamente los derechos de todas las personas afectadas directa o indirectamente por la conducta objeto de investigación.
Por todo ello, la posibilidad y oportunidad que el Estado le brindara al imputado, fue aprovechada por éste para incumplir las normas que se le impusieran e intentar entorpecer la investigación, razón por la cual, el auto debe ser confirmado."Y finalmente, en los autos caratulados:
“INC. DE COPIAS EN AUTOS: TORRES RODOLFO ABDON Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A.
(RECARATULADO)” Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso de marcha, corresponde analizar si en el caso concreto existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso. Para ello, cabe tener en cuenta las pautas establecidas por el legislador provincial en el art. 302 del C.P.P., entre las que se encuentra la objetiva valoración de las características del hecho. En este ritmo de marcha cabe señalar que el primer nivel de análisis es el hecho y la gravedad o violencia que el mismo pueda tener. Sobre este tópico cabe señalar que la modalidad de los abusos que se investigan en autos fueron violentos desde el punto de vista psicológico, lo que está claro no solo del relato de la víctima, sino y en especial, de las graves consecuencias psicológicas que las mismas le causaron a la víctima, sumado a la intervención de dos personas agresoras en el hecho.
A ello debe sumarse la clara advertencia final realizada a la víctima por el coautor Torres, al decirle “esto muere acá”; una clara advertencia que no solo confirma el conocimiento pleno del delito que acaba de cometer el autor, sino y en especial, que la víctima debería silenciar el abuso, pues de lo contrario podría ser objeto de futuras represalias por parte del mismo. En segundo lugar, débese tener en cuenta que la calificación legal en la cual subsumen las conductas investigadas, establecen por si mismas, un incentivo, allende el arraigo de los coimputados, para eludir la justicia, o entorpecer la investigación y la realización, a todo evento, del juicio oral. En tercer lugar, el estado de salud psicológica de la víctima implica que, en virtud de la vulnerabilidad que padece, debe ser resguardado por el Estado de forma tal que, las decisiones jurisdiccionales no la afecten o revictimicen más allá de lo que lo hizo el propio hecho.
En cuarto lugar, el rol central como órgano de prueba en la presente causa, pues sobre ella pesa toda la carga de la prueba de la instrucción, y si la misma se ve afectada por cualquier acción de los coimputados, implicarían un claro entorpecimiento de la investigación. De los distintos niveles de análisis realizados, se puede proyectar, teniendo en cuenta todos los informes psicológicos, que no existe otra forma de cautelar que no sea la prisión preventiva, teniendo en especial consideración, la nula importancia y reconocimiento como ser humano, que los autores le dieron a la víctima, poniendo su interés subjetivo por la satisfacción de su deseo sexual, por sobre la propia integridad de la víctima.
Estamos frente a un hecho grave que ha acarreado a la víctima serias y perjudiciales consecuencias. Si bien el A quo al dictar la prisión preventiva, pone el acento en la víctima y la protección que el Estado debe brindarle en consonancia con lo dispuesto por las leyes en la materia, y las obligaciones asumidas en los tratados internacionales suscriptos, entiendo que, sin dejar ello de lado, el énfasis en la elección de esta forma de cautelar a los imputados, debe estar en velar por que se cumplan los fines del proceso, neutralizando para ello los riesgos procesales que puedan existir. No puede pasarse por alto lo manifestado por la testigo S.A. (fs.335), hermana de D.T.P. en relación a que la familia de T. intentó contactarse con su familia, lo que resulta un indicio de que T. en libertad pueda intentar contactar a la víctima a fin de hablar sobre lo sucedido, con las consecuencia que ello puede implicar para la víctima, dado su estado de salud referenciado supra.
No es óbice a ello, que antes de ser detenido viviera en la ciudad de Bahía Blanca, pues hoy en día existen diversas formas y tecnología para mantener un contacto a la distancia. Por último, debe tenerse presente que la ciudad en que sucedieron los hechos es una comunidad relativamente pequeña, por lo que estando los imputados en libertad, es probable que aún cuando cumplan con medidas cautelares de protección a la víctima, de todos modos se produzcan cruces casuales, con las consecuencias que ello acarrea en el caso concreto dado lo que un gesto o una mirada de cualquiera de los imputados puede implicar para D.T.P. Es así que entiendo que la prisión preventiva amerita ser confirmada. Sin perjuicio, comparto con lo expresado por el A quo, que si el avance de la investigación permite variar lo sostenido en autos, podrá reevaluarse la medida cautelar.
En este sentido, entiendo pertinente realizar la atención y abordaje de la víctima por el Centro de Asistencia a la Víctima, y requerir conclusiones respecto al estado de la misma, y la posibilidad, a todo evento, de analizar, conforme al mismo, una valoración de medidas cautelares menos grave que la dispuesta, sin que implique, como se dijo, situación de entorpecimiento de la investigación, fuga, ni de revictimización. Por último, y en relación a la no aplicación del Plenario “Diaz Bessone” invocado, me remito a lo expresado por nuestro cimero tribunal provincial. En los autos caratulados "PONCE, EMILIO ALEJANDRO S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-III (P-719/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "VII.-) Concretamente la defensa se agravia sosteniendo que en autos debió aplicarse el plenario "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de inaplicabilidad de ley" CNCP, fallo plenario nº 13.- Resulta conveniente antes de ingresar al tratamiento del tema de fondo, aclarar la validez que tienen los fallos plenarios.- Que, así Zaffaroni sostiene "...Tampoco la jurisprudencia es "fuente" del derecho penal en sentido estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria.
No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la jurisprudencia plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirigiría a particulares, sin que nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2º del código civil...". Agrega "...Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial..." (Zaffaroni, Eugenio R, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t.I, p.126/127).
En tanto Soler sostiene "...desde el juez de más modesta competencia hasta el tribunal de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al juez ninguna forma determinada de entenderla..." (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, T.I, p.159). De idéntica manera se expide Ricardo Núñez "...No se salvan las objeciones diciendo que no se trata de una ley, sino de un acto del régimen interno de las Cámaras, porque, como ya hemos expresado, a este acto se le reconocen los efectos propios de las leyes: obliga, se dice, a los jueces superiores e inferiores y se extiende su autoridad sobre todas las personas y hechos jurídicos. Si no pueden equipararse a la ley, es obvio que el pronunciamiento plenario no puede ser fuente penal.
Lo que quiere decir, a pesar de los textos legales contrarios, que los jueces en los casos posteriores al que ocasionó el acuerdo, deben buscar el tipo penal y la pena en la ley misma y no en la resolución del tribunal en pleno..." (Núñez, Opúsculos de derecho penal y criminología, 1992, p.75). Por otra parte, el artículo 10 de la ley 24.050 establece que "...la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá en Tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor de sus salas, b) para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias, c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a iniciativa de cualquiera de sus Salas entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal...".-
Bajo estas pautas de análisis hermenéutico, cabe señalar que nos encontramos ante numerosos hechos delictivos, con escaso margen de tiempo entre cada uno de ellos, en los cuales el imputado, conforme la modalidad de los hechos punibles, hace inferir la existencia de riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación.
Ello constituye una circunstancia objetiva demostrativa de un riesgo procesal que no puede ser neutralizado más que con la detención cautelar.
Por otra parte, conforme la lectura del auto de mérito fueron ordenadas numerosas medida probatorias que aun se encuentran pendientes de producción y resultan de relevancia para los hechos aquí investigados, lo que permite presumir fundadamente que en libertad el imputado podría sustraerse y darse a la fuga, razón por la cual debe mantenerse su prisión preventiva.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto de fs.274/293 del presente en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia