Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 328/2015 (AD BABL), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Bahía Blanca el 5 de mayo de 2015 en la actuación SIGEA Nº 12570-136-2011, mediante la cual se resuelve condenar a P.B.B. POLISUR S.A. al pago de un primer importe igual a $ 66.467,81, en concepto de multa, y un segundo importe igual a U$S 5.720,05, en concepto de tributos.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-148087762-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Diciembre de 2023 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquís y Horacio Joaquín Segura, para resolver en autos caratulados “P.B.B. POLISUR S.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 36.015-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 21/30vta. la firma P.B.B. POLISUR S.A. (en adelante “POLISUR” o “actora”) se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 328/2015 (AD BABL), dictada el 5 de mayo de 2015, mediante la cual, sobre la base de la infracción estipulada por el artículo 954, ap. 1, incs. a) y c) del Código Aduanero (en adelante “C.A.”), se resuelve condenar a la actora al pago de un primer importe igual a $ 66.467,81, en concepto de multa, y un segundo importe igual a U$S 5.720,05, en concepto de tributos, más los intereses que correspondan.
Afirma que, según surge de los antecedentes administrativos, mediante la DDT N° 07 003 IC65 000050 X, POLISUR documentó la operación de importación de consumo de la mercadería por un valor total de U$S 1.399.188,55, de conformidad con lo que surge de la propia factura de importación y del despacho de importación mencionado. Sin embargo, agrega que el organismo aduanero correspondiente no tuvo en cuenta que la firma habría egresado hacia el exterior las divisas correspondientes a la importación mencionada, sin existir diferencia alguna con relación a lo declarado y al valor facturado. Aclara que, según la Dirección General de Aduanas, no se habría aportado la documentación que acredite la transferencia hacia el exterior por el monto correspondiente a la factura en trato, sino por uno mayor igual a U$S 1.420.790. Menciona que la diferencia constatada llevó al servicio aduanero a iniciar un sumario contencioso por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 incs. a) y c) del C.A., que finalizaría con el dictado de la Resolución N° 328/2015 (AD BABL).
Comienza por detallar que las infracciones aduaneras y sus correspondientes sanciones poseen una naturaleza eminentemente penal. En consecuencia, agrega que para que una conducta sea penada por antijurídica, ésta debe necesariamente acomodarse a una figura penal, previamente tipificada. Clarifica, no obstante, que en el caso bajo examen, no se llegó a violar lo estipulado por el art. 954 del C.A. en ninguno de sus tres supuestos y, por consiguiente, el hecho o la conducta en cuestión no sería punible. Adiciona finalmente que, por la naturaleza eminentemente penal de la tipificación prevista por la disposición mencionada, el obrar del administrado debe indefectiblemente mostrar una conducta dolosa, es decir, una voluntad realizadora del tipo objetivo, guiada por el conocimiento de los elementos de éste en el caso concreto.
En lo que respecta específicamente a la infracción tipificada a través del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A., afirma que, a partir del análisis de los hechos acontecidos, no hubo un egreso de divisas distinto al perteneciente a la operación aduanera bajo examen. Aclara que, según las información que surge de la factura correspondiente, la mercadería importada poseía el mismo valor comercial que el indicado en la declaración aduanera. Agrega, a su vez, que la transferencia en trato fue llevada a cabo en concepto de pago anticipado, es decir, el pago de la mercadería a importar se realizó en forma previa al arribo de la mercadería al territorio aduanero. Para ello, informa que a fin de poder efectuar el giro de las divisas al proveedor en el exterior, se debió presentar ante el Banco Central de la República Argentina una orden de compra o cualquier elemento que justifique el giro de divisas en forma anticipada. No obstante, menciona la posibilidad de que, al momento de realizar la efectiva importación de la mercadería, el monto a abonar por la misma sea menor al efectivamente girado como pago anticipado de importación. En esos casos, clarifica que, de acuerdo con lo normado por el Banco Central de la República Argentina en su comunicado “A” N° 4605, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido para la presentación del despacho de importación ante la entidad bancaria, se debe ingresar y liquidar en el Mercado Único y Libre de Cambios (en adelante “MULC”) el monto de la diferencia del giro efectuado por el pago anticipado de importaciones, cuando el valor de la mercadería importada resulte menor al monto del pago anticipado.
Explica que, en el presente caso, se realizó un giro en concepto de pago anticipado de importación por un monto igual a U$S 1.420.790, y que, no obstante ello, al momento de efectuar la destinación de importación en trato, la mercadería se documentó por un monto igual a U$S 1.399.188,55. Manifiesta finalmente que, como bien lo demuestra la documentación adjunta al presente recurso, la diferencia existente entre el pago anticipado de importación y el valor FOB de la mercadería detallado en el despacho de importación fue reingresada y liquidada en el mencionado MULC, según lo indicado por la normativa cambiaria correspondiente. De esta manera, “[…] a la fecha de la declaración, no [habría] habido un ingreso o pago distinto al debido, tal como lo exige la norma en trato (art. 954 C.A.) para que tal conducta sea encuadrada en el mencionado tipo infraccional”. Para fundamentar su posición, cita doctrina y jurisprudencia. Agrega subsidiariamente que, en el supuesto caso de considerar que la declaración aduanera presentada sea inexacta de acuerdo con lo detallado en el art. 954 ap. 1 inc. c), se debe considerar que la actora cumplió con todos los deberes a su cargo y, por consiguiente, según lo estipulado por el art. 902 del C.A., no se debería aplicar sanción alguna.
En cuanto a la infracción tipificada a través del art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A., manifiesta que, en el presente caso, no hubo ni un ingreso menor al que hubiese correspondido por tributos ni inexactitud alguna, debido a que todos los datos declarados en el despacho de importación fueron correctos. Agrega que, como bien se explicó previamente, la transferencia en cuestión fue efectuada en concepto de pago anticipado de importación y, con posterioridad a ello, se realizó la devolución de la diferencia existente entre el referido pago anticipado y el monto finalmente abonado por la mercadería importada. No obstante, menciona que el servicio aduanero estaría forzando la realidad de la operatoria del comercio internacional al intentar encontrar “idénticos valores”, e infiriendo en forma improcedente que la mercadería en trato tuviera un valor distinto al declarado por la actora. Adiciona que esto último sería incorrecto, ya que la presente mercadería es habitualmente importada por la actora y su valor es fácilmente comprobable con el solo hecho de analizar la totalidad de los despachos de importación documentados, o con el de otras firmas que se encuentren importando mercaderías idénticas o similares. Para fundamentar su posición, cita doctrina y jurisprudencia.
En forma subsidiaria, solicita la aplicación del principio de raigambre constitucional contenido en el art. 898 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 45/48 la representación fiscal contesta el traslado y, luego de hacer una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Afirma que las actuaciones administrativas vieron su inicio con el Informe Técnico N° 89/2011 (SE FIBB) practicado por la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca, con relación a la destinación de importación N° 07 003 IC65 000050 X, donde se concluye que los importes transferidos en concepto de pago por la operación de importación (transferencia realizada por intermedio del Citibank N.A. con número de orden interno N° 85/45019422 resultan ser superiores al valor FOB declarados en la destinación aludida. Agrega que la mencionada discordancia no fue debidamente justificada por el importador en los términos del procedimiento sustanciado por el servicio aduanero, en el marco de las facultades delegadas por el Anexo B17 de la Disposición N° 633/99 AFIP y que, como resultado de ello, se determinaría la tipificación de la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. a) y c) del C.A., al haberse producido un egreso al exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Destaca que la valoración en aduana de la mercadería debe realizarse con sujeción a lo dispuesto por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), aprobado por la Ley 24.425 del 7 de diciembre de 1994, donde el sistema de valoración allí detallado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1°, y cuatro criterios secundarios que deben aplicarse, en principio, sucesivamente en el mismo orden en el que se los enumera. Como consecuencia de ello, añade que el valor en aduana de la mercadería importada sería el valor de transacción y constituiría la primera base para la determinación del valor en aduana. En este sentido, agrega que el precio pagado o por pagar sería el resultante de la factura comercial; no obstante, transcribe que “la noción positiva del valor no es lo mismo que el precio de factura.
Este no es más que la expresión documental de una venta y en algunos casos puede no reflejar fielmente su importe. El valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por la mercancía, es decir lo que efectiva e íntegramente se paga por ella. El vocablo “realmente”, expresa la voluntad del Acuerdo de que el valor en aduana se integre con todos los pagos que se hacen por la compra de las mercaderías importadas…”. Aclara, en consecuencia, que el precio pagado o por pagar es el pago total que por las mercaderías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor, o en beneficio de éste; que a su vez, debe ser ajustado, de conformidad con el art. 8° del Acuerdo, debiendo añadirse al precio los costos, entre otros, por comisiones de venta, en la medida que corran a cargo del comprador y no se encuentren ya incluidos en el precio.
De esta manera, agrega que el principio general apuntado reconoce como fundamental la facultad de la Aduana para realizar las investigaciones necesarias para comprobar la veracidad o exactitud de los precios declarados (art. 17 del Acuerdo). Adiciona que esta atribución no es más que la consecuencia directa del ejercicio de la potestad estatal de control de todo aquello que ingresa y egresa del país, por lo que ninguna norma puede aplicarse en un sentido que la restrinja o desvirtúe. En este contexto, agrega que según la decisión adoptada por el Comité Técnico de Valoración en Aduana, si bien se reafirma el valor de transacción como la base principal de valoración de conformidad con el art. VII del GATT, “se reconoce que la administración de aduanas puede enfrentarse a casos en los que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba del valor declarado”. Con respecto específicamente al caso bajo análisis, y de conformidad a todo lo actuado, destaca que la declaración inexacta ha quedado debidamente tipificada, “[…] en tanto la diferencia del valor y por ende un egreso menor del que correspondía, dándose en autos la figura prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A., y también una diferencia en cuanto al pago de los tributos por entender que la mercadería ostentaba un mayor valor (Art. 954 inciso a) del C.A.)”. Aclara que, en sede administrativa, no se ha logrado demostrar ni la veracidad de los precios declarados, ni que dichos valores se corresponden a la realidad de la operación comercial llevada a cabo.
Luego de transcribir el texto del art. 954 ap. 1 del C.A., menciona que la inexactitud de la declaración podría referirse a múltiples elementos, tales como la naturaleza, especie, calidad, peso, cantidad o precio de la mercadería. En este sentido, clarifica que, para que se configure la infracción reprimida a través de la mencionada disposición, es imprescindible que la declaración no se ajuste a la realidad o, lo que es lo mismo, que sea “inexacta”. Adiciona que la acción típica consiste en efectuar ante el servicio aduanero una declaración respecto de destinaciones aduaneras de importación o exportación que difiera de la comprobación practicada por la Aduana, y que produzca o pueda producir, en el caso de pasar inadvertida, alguno de los supuestos previstos por los tres incisos del art. 954 del C.A., o los tres. A los fines de fundamentar su posición, cita jurisprudencia.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, confirmando la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 49 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 58/61 y a fs. 96. A fs. 110 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 120 se elevan las actuaciones a la Sala “G” y se ponen los autos para alegar a fs. 125. A fs. 154/155 obra el alegato de la representación fiscal y a fs. 156/160 el alegato de la actora. A fs. 162 se pasan los autos a sentencia.
IV. Mediante el examen de las actuaciones descriptas con anterioridad, se observa la necesidad de determinar, en primer lugar, si los actos imputados a la actora pueden ser considerados como una clara manifestación de una declaración inexacta y, como consecuencia de ello, ser objeto de la sanción correspondiente, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del C.A. En caso de haber concluido que los acontecimientos bajo examen puedan ser encuadrados dentro de la disposición mencionada, se establecerá si los presupuestos necesarios para la aplicación de lo dispuesto por el art. 898 del C.A, oportunamente invocados por la actora, pueden ser finalmente constatados. Para ello, en un primer momento se llevará a cabo una descripción sucinta de los hechos involucrados, para luego centrar la atención sobre la determinación de la naturaleza jurídica, el alcance y posterior aplicación de las disposiciones mencionadas.
V. Gracias a los elementos de prueba oportunamente presentados por la parte actora tanto en la actuaciones administrativas como en el expediente ante el TFN, se constata que, el 23 de abril de 2007, POLISUR oficializó una solicitud de transferencia ante el Citibank, en concepto de pago anticipado de una operación de importación, por un monto igual a U$S 1.420.790. Dicha operación poseía como documentación de respaldo una factura proforma (N° 85/45019422) realizada por la firma Chevron Phillips Chemical Co., con sede en los Estados Unidos de América, mediante la cual se detallaba la venta de 1.000 toneladas de hexenos por un monto total idéntico al mencionado con anterioridad (U$S 1.420.790).
El 8 de junio de 2007, POLISUR formalizó ante la Aduana de Bahía Blanca la declaración de destinación N° 07 003 IC65 000050 X con el objetivo de documentar la importación de 988.416 kg. de hexenos por un precio total FOB de U$S 1.399.188,55. La presente declaración contaba como documentación respaldatoria, entre otros documentos, con la factura comercial (N° 87388498) emitida el 29 de abril de 2007 por la firma norteamericana mencionada con anterioridad, Chevron Phillips Chemical Co., mediante la cual se formalizaba una venta de 2.179.082 LB de hexenos por un precio idéntico al mencionado con anterioridad (U$S 1.399.188,55).
El 22 de febrero de 2008, POLISUR solicitó al Citibank la liquidación de una operación, en concepto de devolución de pago anticipado de importaciones, por un monto igual a U$S 21.601,45. En virtud de la información que surge del mencionado documento, el pago o transferencia mencionado había sido realizado por la firma Chevron Phillips Chemical Co., sobre la base de la factura proforma N° 85/45019422. Finalmente, la operación es efectivamente liquidada el 27 de febrero de 2008.
VI. Como resultado del estudio de Valor de Importación (Informe Técnico N° 089/11 (SE FIBB) del 2 de diciembre de 2011) llevado a cabo con relación a la mercadería documentada mediante la destinación de importación N° 07 003 IC65 000050 X, la Sección Fiscalización y Valoración de Importación perteneciente a la Dirección Regional Aduanera de Bahía Blanca llegó a las siguientes dos conclusiones: a) en primer lugar, que la mercadería en cuestión fue ingresada a un valor menor que el efectivamente pagado y, como consecuencia de ello, se habría disminuido la base de tributación. De esta manera, se habría configurado una declaración inexacta en los términos del art. 954 ap. 1 inc. a) del Código Aduanero, produciendo un perjuicio fiscal por un monto igual a U$S 5.720,05; b) en segundo lugar, que el egreso hacia el exterior de un importe pagado distinto del que efectivamente hubiese correspondido configuraría también una infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. c) del mismo plexo legal, cuya sanción implica el pago de una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia que, en el presente caso, sería igual a U$S 21.601,45.
Sobre la base del Informe Técnico mencionado en el párrafo precedente, y sin contar con los elementos de prueba suficientes para poder emitir una opinión diferente luego de haber examinado los argumentos presentados por la parte actora, el Señor Administrador de la Aduana de Bahía Blanca, mediante la resolución N° 328/2015 (AD BABL) del 5 de mayo de 2015, terminó condenando a la firma POLISUR al pago de un monto igual a $66.467,81, en concepto de multa, y a un monto igual a U$S 5.720,05, en concepto de tributos adeudados, más los intereses que correspondan, por haberla hallado responsable de la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1 incs. a) y c) del Código Aduanero.
VII. Sin embargo, a los fines de determinar si el comportamiento imputado a la actora pueda o no ser finalmente catalogado como una declaración inexacta, ciertas observaciones concernientes al alcance del art. 954 del C.A. deben ser previamente presentadas. Según lo estipulado por los términos invocados de la disposición menciona “[e]l que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio; […] c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de la diferencia […]”.
VIII. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de la disposición bajo examen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”) ha tenido oportunidad de resaltar que las leyes deben ser interpretadas de forma tal que se evite darles un sentido que coloque en pugna sus disposiciones, y se adopte finalmente como pertinente aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 304:794; 315:929; 315:942, entre muchos otros). A esta primera constatación, habitualmente se le añade que el alcance de las leyes tributarias deba determinarse computando la totalidad de las normas que la integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 307:871; 315:929; 315:942).
IX. A su vez, en cuanto al bien jurídico finalmente tutelado por la disposición bajo análisis, la CSJN ha llegado a señalar que el art. 954 del C.A. “[…] da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante – salvo los supuestos previstos en la propia ley – o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tienden a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:942).
X. No obstante, la configuración del tipo definido por el art. 954 del C.A. no solo presupone la constatación de una declaración inexacta, sino que a su vez la mencionada falsedad debe acarrear la producción o potencialidad de producir, de pasar inadvertida, alguna de las consecuencias perjudiciales finalmente mencionadas a través de sus incisos a), b) o c). En este sentido, la CSJN ha remarcado en su oportunidad que la conducta declarada punible a través de la disposición bajo análisis no se agota con la sola formulación inexacta de la declaración respectiva ante la autoridad aduanera, ya que la norma requiere que a la transgresión de los ya mencionados principios de veracidad y exactitud de las declaraciones, se le sume la existencia o la posibilidad de producir un daño (Caso Ferry Líneas Argentinas SA, CSJN, 17/6/1986). De esta manera, para que una conducta en particular pueda ser finalmente sancionada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954 ap. 1 incs. a) y c) del C.A., los siguientes elementos del tipo infraccional deberían ser claramente identificados: a) se debe estar en presencia de una declaración que difiera con lo resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y; b) la mencionada diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir, o tenga la potencialidad de producir: i) un perjuicio fiscal o; ii) un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. La efectiva aplicación de la sanción estipulada por el art. 954 del C.A. sin la constatación de alguno de los elementos mencionados con anterioridad implicaría una clara violación del principio de legalidad.
XI. A los fines entonces de poder constatar el primer elemento del tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A., una diferencia entre lo detallado en el documento bajo análisis y lo verificado por el servicio aduanero debe ser constatada. De acuerdo con la jurisprudencia del TFN, la mencionada diferencia podría llegar a surgir tanto de la comprobación física como de la verificación documental llevada a cabo por el servicio aduanero (Papelera Tucumán S.A.
v. D.G.A. (expediente: 24.383-A), sentencia del 15 de abril de 2009). No obstante, no configuraría el tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A. la constatación de una diferencia entre la declaración comprometida formulada por el declarante y la consignada en la documentación complementaria adjunta a la destinación (Pasa Petroquímica Argentina S.A. v. ANA (expediente: 7118-A), sentencia del 17 de octubre de 1994). En el caso bajo análisis, sobre la base de los elementos de prueba presentados oportunamente por cada una de las partes, se puede constatar que mediante la declaración de destinación N° 07 003 IC65 000050 X se formalizó el 8 de junio de 2007, ante la Aduana de Bahía Blanca, una operación mediante la cual se importaban 988.416 kg. de hexenos por un precio total FOB de U$S 1.399.188,55; y que el mencionado importe no coincidía con el monto (U$S 1.420.790) efectivamente transferido el 23 de abril de 2007 en concepto de pago anticipado de la operación de importación previamente aludida. De esta manera, se puede comprobar que el monto objeto de la transferencia era efectivamente mayor que el precio total FOB detallado en la declaración de destinación; y que la diferencia entre los dos importes arrojaba un monto igual a U$S 21.601,45. Si bien la actora lograría acreditar la devolución de un monto similar a la referida diferencia, la liquidación de la mencionada transferencia fue recién solicitada por POLISUR el 22 de febrero de 2008, casi nueves meses después de haberse oficializado la operación de importación ante la Aduana de Bahía Blanca.
XII. Si el primer elemento del tipo infraccional quedó finalmente configurado, resta determinar si, como resultado de la diferencia constatada entre lo declarado y lo verificado, se generó, o pudo haberse generado, alguno de los efectos detallados en los incisos a) y c) del art. 954 ap. 1 del C.A. Con respecto al primer inciso de la disposición referida, el art. 956 inc. b) del mismo plexo normativo nos ofrece la siguiente definición de lo que se debería entender por perjuicio fiscal: “se entiende por [el mencionado concepto] la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación”. Al analizar los hechos involucrados en el caso sub examine, se verifica que, al haberse transferido un importe mayor al efectivamente declarado ante el servicio aduanero, la base imponible a tener en cuenta para el cálculo de los correspondientes tributos terminó siendo menor al que hubiera correspondido. Como consecuencia de ello, la inexactitud de la declaración trajo aparejado con toda claridad la generación de un perjuicio fiscal.
XIII. En cuanto al inciso c) del art. 954 ap. 1 del C.A., la CSJN ha sostenido la imposibilidad de dejar de ponderar que la función primordial del organismo aduanero consiste en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas (Fallos: 321:1614). “Es desde esta amplia perspectiva, [continúa afirmando] que excede los fines estrictamente recaudatorios – tutelados por el inciso a) del art. 954 – y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado […], como debe apreciarse lo establecido por el inciso c) del [art. 954 del C.A.], cuyo texto, por lo demás, no autoriza una interpretación contraria puesto que se refiere a importes distintos de lo que efectivamente correspondieren – con lo cual obviamente abarca tanto a las diferencias en más como a las en menos – ya sea que se trate de operaciones o destinaciones de importación o de exportación” (ibidem.). Sobre la base de lo mencionado con anterioridad, se desprende con suma claridad del caso bajo análisis que la diferencia constatada entre lo detallado en la destinación de importación y lo efectivamente transferido desembocó en el egreso hacia el exterior de un importe mayor al que hubiese correspondido; todo ello, con prescindencia del comportamiento que a posteriori hayan podido mantener tanto la parte actora como el organismo aduanero. De esta manera, en virtud de lo analizado hasta aquí, en el presente caso se encontrarían identificados los elementos del tipo infraccional descripto por el art. 954 ap.1 incs. a) y c) del C.A. y, por consiguiente, se estaría en presencia de una declaración inexacta.
Ante la inexistencia de duda alguna con respecto a la constatación de los diferentes elementos que constituyen el tipo infraccional detallado en el art. 954 ap. 1 incs. a) y c) del CA, resulta inaplicable en el presente caso lo estipulado por el art. 898 del mismo cuerpo normativo.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 328/2015 (AD BABL), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Bahía Blanca el 5 de mayo de 2015 en la actuación SIGEA Nº 12570-136-2011, mediante la cual se resuelve condenar a P.B.B. POLISUR S.A. al pago de un primer importe igual a $ 66.467,81, en concepto de multa, y un segundo importe igual a U$S 5.720,05, en concepto de tributos.
2. Costas a la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 328/2015 (AD BABL), dictada por el Señor Administrador de la Aduana de Bahía Blanca el 5 de mayo de 2015 en la actuación SIGEA Nº 12570-136-2011, mediante la cual se resuelve condenar a P.B.B. POLISUR S.A. al pago de un primer importe igual a $ 66.467,81, en concepto de multa, y un segundo importe igual a U$S 5.720,05, en concepto de tributos.
2. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.12.12 16:50:43 ART Date: 2023.12.12 20:04:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.13 09:19:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.13 09:20:20 -03:00
Fin de la sentencia