Abriendo la norma
Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Plata · Causa 27.780
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, 1. Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, se revoca la sentencia atacada, se anula el decreto n°1399/14, se reconoce su derecho a la estabilidad propia en el cargo en el que fuera dado de baja, desde su designación (01.01.2009) y se ordena su reincorporación al mismo.
2Y, por mayoría, se condena a la demandada al pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, computados al valor actual que corresponda al salario de revista del actor, más los intereses calculados con arreglo a la pauta del apartado IV.b del presente, con costas del proceso a la demandada por resultar vencida (conf. arts. 14 bis CN, 166 CPBA, 12 inc. 1, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y ccs. ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437 y 274 del CPCC). Asimismo, se ordena adecuar a ese nuevo resultado la regulación de honorarios, en la oportunidad del artículo 51 de la ley 14.967 (conf. arts. 77 ley 12.008 cit. y 274 del CPCC).
Difiérase la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31, 51, ley 14.967.
27780 - P - CARPIO JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO CAUSA Nº 27780-P CCALP “CARPIO JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO”
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Junio del 2024 reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “CARPIO JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI S/PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Quilmes (expte. Nº -27780-P), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gustavo Daniel Spacarotel y Claudia Angélica Matilde Milanta.
El Tribunal resolvió plantear la siguiente C U E S T I Ó N ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
I. A fojas 9/15 se presenta el actor, Juan Carlos Carpio, a través de su letrado apoderado, promoviendo acción contencioso administrativa contra la Municipalidad de Berazategui de esta Provincia.
En ese marco, procura obtener la nulidad del Decreto n°1399/14, la reincorporación al cargo, la modificación del tipo de relación laboral (planta permanente) y el pago de los salarios caídos.
En el relato que aporta la demanda da cuenta que el día 31 de julio de 2014 se le comunicó que quedaba cesante por haberse revocado su contrato de trabajo, sin notificar el contenido de ese acto, ni las razones de servicio que podrían explicarlo.
Seguidamente, describe sus antecedentes laborales con la demandada, como trabajador temporario, considerando que ese encuadramiento resultaría incorrecto, toda vez que las tareas encomendadas habrían importado un desempeño propio de planta permanente.
Luego, resalta que, en 5 años y 9 meses, no tuvo ningún tipo de conflicto con su empleadora. Considera así que la baja decidida constituye un abuso, y que, además, fue despedido sin preaviso ni indemnización y pasando por alto una situación de estabilidad que describe.
Califica la conducta municipal como violenta y discriminatoria hacia su persona.
Cuestiona así al acto administrativo de cese, al que también le reprocha falta de motivación, entendiendo que a mayor discrecionalidad debe ser mayor la motivación del acto, para que no resulte arbitrario.
Cita jurisprudencia al respecto.
De ese modo se plantea la litis.
II. Toma intervención la comuna demandada y contesta demanda a fojas 52/62.
En esa ocasión procesal, luego de la negativa singular a las manifestaciones de promoción y de desconocer la documental acompañada, se opone al progreso de la acción con fundamento en el contorno temporario del vínculo del actor con el municipio.
Sostiene su ingreso el 1 de enero de 2009 como personal de servicio I con 48 horas semanales, dependiente de la Secretaría de Seguridad y en planta mensualizada, disponiéndose su baja mediante Decreto n°1399 (31.07.14), en orden a lo estipulado por los artículos 101 y 102 de la Ley 11.757.
En ese marco, sostiene que no podría establecerse una relación de empleo público que generara derecho a permanecer en el cargo, toda vez que para ello deberían cumplirse requisitos previos de ingreso.
Respecto a la falta de motivación del acto de baja, que invoca el actor, refiere primero a la presunción de legalidad que le es inherente y también a la necesidad de un desarrollo argumental que sostenga la predica de invalidez relativa, sin que resulte suficiente su mera enunciación.
Cita jurisprudencia en ese sentido.
Subsidiariamente, observa la procedencia del pago de las diferencias salariales que el demandante solicita y deja planteada la prescripción, para todos aquellos créditos que tuvieran su origen más allá del lapso quinquenal (cfr. art. 4.027 inc. 3° del Cód. Civil – ley 340).
Con ese perfil queda trabada la controversia.
III. Así las cosas, superada la etapa de admisibilidad, cumplidos con los trámites procesales de rigor y consentido por las partes el llamamiento de autos para sentencia, sobreviene el pronunciamiento de mérito por el que el juez de la causa decide rechazar la pretensión deducida, en todos sus alcances. Así se pronuncia, a fojas 198/201.
Impone las costas a la parte actora, en su calidad de vencida, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 12.200 y regula honorarios.
En esa labor, circunscribe el conflicto a la validez del decreto n°1399/14 que dispusiera la baja del actor con fundamento en las disposiciones de la ley 11.757 (arts. 101 y 102).
Destaca que la decisión a la que arribara la comuna se informaría adecuada a las previsiones que regulan el empleo público, en la especie que ventila el contradictorio.
Ve autorizado el pronunciamiento adoptado por razones de servicio y ausente la necesidad de instruir un sumario administrativo previo (cfr. arts. 101 y 102 cit.).
Reclama una prueba de ilegalidad que aprecia sin presencia, después del desarrollo precedente.
Por esa ruta, considera que la decisión de cese, en las funciones transitorias del actor, se encuadraría en el régimen de la ley 11.757, con la consigna de sus disposiciones específicas (cfr. artículos 101, 102 ley cit.). No obstante, refiere que de la documental acompañada (copia de legajo personal - fs. 26), sólo se advertiría la calidad de agente de planta mensualizada, sin apreciarse el contorno permanente que invoca el dependiente.
En esa línea, señala que el cambio de agrupamiento de personal (panta temporaria a permanente) no es automático, ni posible, mientras no promedie el dictado de un acto administrativo de alta que sea relativo.
Con ese marco, concluye en el rechazo de la petición del actor, en razón de no comprobarse un alejamiento por parte de la administración del marco de legalidad, así como tampoco que su comportamiento resulte arbitrario, en orden a las probanzas desplegadas.
Así se clausura el litigio en primera instancia.
IV: El actor deduce recurso de apelación (e.e del 27.08.20).
Se agravia de la sentencia dictada en autos por pieza impugnatoria cuya admisibilidad declarara esta cámara (res. del 01.09.22), circunstancia esta que autoriza el tratamiento de sus fundamentos para dar respuesta a la cuestión planteada por el tribunal (art. 59 y concs. ley 12.008).
Advierte una errónea apreciación para la relación laboral que mantuviera con el municipio demandado el actor.
Le reprocha al pronunciamiento de mérito afirmaciones dogmáticas, desde una reseña doctrinaria y jurisprudencial acerca de la validez de las contrataciones temporales, que prescindiría de las particulares circunstancias de la causa y la real sustancia de la pretensión.
En párrafo singular, despliega su embate alegando una errónea interpretación del marco legal aplicable y, en especial, la afectación a la garantía constitucional de la estabilidad del empleo público (conf. art. 14 bis CN). En ese marco, sostiene que el fallo atacado viola la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Madorrán", en relación con esa misma garantía.
Es amplio el desarrollo de queja relativo a ese aspecto, como también a los que sostuvieran el escrito inicial, que yan han sido motivo de consigna, aunque en esta ocasión en la dirección de impugnación que es propia de la labor de embate contra la sentencia de clausura.
A ese progreso me remito para dar respuesta a la cuestión planteada. Tal el conjunto de agravios.
Pues bien, con los autos en estado, consideraré el recurso deducido. Esa tarea habré de abordar en lo inmediato.
a) Con ese propósito, diré que no se encuentra controvertido que el actor ingresó a la Municipalidad de Berazategui el día 1 de enero de 2009, como personal de servicio I con 48 horas semanales y en planta temporaria, dependiente de la Secretaría de Seguridad, y que esa situación se mantuvo con continuidad hasta el 31.07.14, fecha ésta en la que por decreto n°1399/14 fuera dado de baja.
Tampoco luce controversia acerca de las labores de custodia encomendadas en la plaza pública del municipio demandado (DUCILO), como destino punto fijo (QTN).
En ese contexto, la contienda, como llega a esta alzada, se confina a un objeto litigioso delimitado por un reclamo de reincorporación y pase a planta permanente, pero bajo una plataforma de cuestionamiento que parte de los óbices de legalidad que el actor le censura al distracto decidido por el municipio (Decreto 1399/14).
Los agravios procuran demostrar una situación de revista con estabilidad, desde una línea lógica que supera a la que diera lugar a la doctrina legal aplicada en casos antecedentes por este tribunal (causas SCBA “Villafañe” A 69.913 y CCALP n°14.262 y CCALP n°18.962) que, aunque sin sitio en un planteo de validez constitucional de las normas de aplicación al caso de la ley 11.757 (arts. 92 y sigs. 101, 102 y concordantes), sin embargo, logra consistencia, en cuanto se asienta, tanto en la naturaleza de las labores encomendadas al actor en su desempeño como personal de la comuna, como en el lapso de continuidad laboral con renovaciones anuales (durante 5 años y 6 meses) y, también, en la falta de motivación del acto de baja.
Con ese conjunto y con un planteo de impugnación para el ejercicio de una atribución que, en su concreto ejercicio, valora reñida con la garantía del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el recurrente da forma a una pretensión que transita por esas aristas de debate y que corresponde considerar a la luz de los principios generales del derecho que, en su vigor aplicativo a cualquier situación laboral, más allá de su perfil público o privado, se informan en el contorno de protección del trabajador como común denominador.
El empleo público no es excepción.
Su naturaleza de contrato administrativo no modifica la desigualdad natural con la que aquél (el trabajador) concurre a su celebración y que en la relación de empleo público se potencia con la garantía constitucional de estabilidad propia, que supera, por cierto, a la protección contra el despido arbitrario que la Constitución Nacional reconoce para el empleo privado (arts. 14, 14 bis CN). Su finalidad, con tributo a la gestión que es inherente a la función administrativa, no modifica la caracterización de derechos del trabajador, como tal, ni altera la sustancia de una relación jurídica siempre desigual para éste. En ella es irrelevante el destino de su esfuerzo personal para determinar su perfil jurídico, lo es, en cambio, la subordinación que, con sus tres componentes (jurídica, técnica y económica), se encuentra presente y sin cortapisas, igual que en el empleo privado, en el sector público.
Desde ese vértice, en la solución del suceso judicial, habré de considerar a la justicia social, a los principios de equidad, indemnidad y progresividad y, en caso de duda, la regla hermenéutica del artículo 39 inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de la que se deriva en la interpretación más favorable al trabajador, pero sin perder de vista, en ese cuadro, a la cláusula 14 bis de la Constitución Nacional y, en el ámbito local, al artículo 103 inciso 12 de la Provincial en el mismo sentido.
Junto a esas reglas, también formaré convicción sobre las de primacía de la realidad, la de buena fe y la prohibición del abuso del derecho (arts. 9, 10 y concordantes del CCYCN, 11, 63 y concordantes de la ley 20.744), para delinear una respuesta que abasteceré en la presencia de una situación susceptible a cuanto regula la disposición del artículo 14 de la ley 20.744 (y sus modificaciones), también con vigor aplicativo desde su jerarquía de principio general. Ello así, en cuanto advierto un comportamiento estatal que, bajo la apariencia de transitoriedad autorizada por la ley 11.757, para un supuesto que no la registra, procura sortear la garantía de estabilidad propia que establecen las indicadas cláusulas constitucionales (art. 14 bis CN y 103 inciso 12 CPBA), para una relación de empleo que no sólo no acredita esa variable de designación, sino que ofrece una continuidad (cinco años y seis meses) que la desmiente. En tal sentido, debo decir que, más allá que la vigencia de la ley 14.656 es posterior a la extinción de la relación de empleo entre la comuna y el actor, lo cierto es que consigna, además de los enunciados, una respuesta, también con rango de principio general, para los supuestos de inobservancia, y que el caso revela con impacto en la garantía de estabilidad del empleado público (art. 14 bis CN).
Surte aplicación, por lo tanto, la variable de nulidad del párrafo quinto del artículo 70 (ley 14.656) que, desde las reglas predicadas, expresa, con aquel rango, la respuesta que cabe desde el orden jurídico para situaciones de inobservancia como la que ofrece el suceso judicial, con lesión a la garantía en consideración.
Bien entendido que esa solución no deriva del vigor del texto aplicativo, sin vigencia al tiempo de la relación jurídica de autos, sino del valor de principio general que conlleva, aplicable en todo tiempo.
En tal sentido, la restricción temporal de la designación inicial, como motivación excluyente del decreto de baja, sin más, frente a un cuadro de situación como el descripto, conduce a la inevitable consecuencia de invalidez para una conducta administrativa en pugna con aquel conjunto de principios. Aunque también deba anticiparlo, por eso mismo, ofrece carencias de motivación al dejar sin explicar las razones de servicio que condujeran el distracto, pasando por alto la exigencia del artículo 102 de la ley 11.757 y cuanto resulta del artículo 108 del Decreto Ley 7647/70, configurando así un acto nulo por ausencia de ese requisito de constitución (art. 113 y concordantes decreto ley cit.). A esta altura debo decir que la estabilidad del actor no se consolida por el transcurso del tiempo, sino por una conducta administrativa al momento de la designación inicial con inobservancia de la ley y de los enunciados principios jurídicos, a cuyo respecto la continuidad laboral es un componente de prueba que desmiente el propósito por soslayar aquella exigencia jurídica (estabilidad). Ubicada la relación laboral con la administración pública bajo el enunciado perfil conceptual, que participa de la naturaleza contractual que es regla general en la especie, le son aplicables los principios generales enumerados. Sentado aquél y el marco preceptivo del caso que llega a esta alzada advierto, en sus circunstancias constitutivas, atributos de estabilidad para la situación de revista del demandante, pues lo cierto es que desde los términos de su designación transitoria se derivan unos contornos de actividad laboral que superan la posibilidad de esa variable, para ofrecerse propios de planta permanente con estabilidad.
Los artículos 12 inciso 2 apartado a) y 92 de la ley 11.757, disposiciones estas que dieran contexto normativo inicial a la situación que agraviara al demandante, son elocuentes para abastecer esa inferencia, pues no sólo promedia prueba colectada que es relativa a las funciones encomendadas al actor (véanse declaraciones testimoniales de fs.92/94, 107/109 y 180/181), sino que no ha sido materia de discusión la naturaleza de unos servicios que, ni desde el acto de alta, como tampoco del de baja, se enuncian diferenciados de los regulares de planta permanente.
En tal sentido, el actor laboraba en el agrupamiento servicios, como ya fuera consignado (cuidador de plaza pública) sin que los elementos colectados permitan distinguir los encomendados de otros prestados por empleados estables. La declaración del agente deponente a fojas 107/109, quien supo afirmar que el actor cumplía las mismas funciones que las que le fueran encomendadas al declarante y una situación de revista en planta permanente con estabilidad, es elocuente en el descripto sentido.
Tampoco el caso da cuenta de una circunstancia distinta, ni la conducta procesal de la demandada se ha encaminado hacia otro destino, que no sea el de justificar la designación en las potestades discrecionales que le atribuye y reconoce a la administración, sin otro fundamento.
Ha pasado por alto así que las funciones públicas requieren sujeción estricta al bloque de legalidad y que, por lo tanto, no promedia variable discrecional sin ella, sino, en todo caso, otra de mérito o conveniencia que, en el caso de las designaciones de personal no reconoce posibilidad, más allá de la idoneidad como requisito común (art. 103 inciso 12 CPBA).
Ello así porque en esa especie, el ejercicio de las atribuciones estatales es siempre reglada y por lo tanto carece de otra variante que no sea el apego a la norma. Esta, para las designaciones transitorias, exige requisitos de validez que no se muestran con presencia reinante en autos.
Para más y por esa misma razón, debo decir que no es el criterio discrecional del órgano administrativo la fuente de las designaciones en la administración, sino el perfil de la vacante a cubrir, siempre ligada a una fuente causal que sólo se identifica con la necesidad del servicio y con un correlato en la planta pertinente, sólo diferenciable por lo transitorio o permanente, según resulten las labores a realizar.
El caso de autos no deja dudas acerca de una fuente causal determinante de un nombramiento en planta permanente.
Ello así, más allá de la voluntad del funcionario y de la literalidad del acto de designación, siempre confinado a esos presupuestos.
Las tareas acreditadas en el desempeño del actor escapan a las exigencias de transitoriedad del artículo 92 de la ley 11.757, pues nada de lo que aporta el caso las muestra con imposibilidad de realización por personal permanente. El transcurso del tiempo, en la continuidad del vínculo, aporta en más a esa lógica.
La conclusión no puede ser otra que la nulidad del acto de baja con sus consecuencias concernientes al reconocimiento de estabilidad y por lo tanto a la reincorporación y al derecho a una composición justa de los salarios caídos. E n este estado, debo decir que el criterio que me inspira difiere del sostenido en los antecedentes que consignara más arriba, pues en éste se ofrece un planteo con prédica de violación de la garantía constitucional de estabilidad, con el reclamo consecuente de restitución laboral y salarios caídos, que supera la plataforma de resarcimiento que fuera común en aquéllos.
También lo informo en una evolución hermenéutica inspirada en los principios generales enunciados más arriba, que la precisión con la que el reclamo llega a esta alzada autorizan.
Desde ese vértice pues puedo inferir en una conducta administrativa incompatible con los derechos del trabajador y el bloque de legalidad que ha sido consignado, dando cuenta de una expresión de voluntad, plasmada en el decreto n°1399/14, que se reporta contraria a ese conjunto y, en particular, a la garantía de estabilidad propia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cláusula ésta orientada, precisamente, en dirección contraria a toda variable de despido sin causa en la administración pública.
Sus fundamentos, por todos conocidos, inspirados en impedir toda posibilidad para las administraciones de decidir sobre la relación laboral de empleo público, por cuestiones de oportunidad o contingencias políticas circunstanciales, son desoídos en las circunstancias que expone el presente. Su pleno vigor pues exige anular los actos administrativos que deriven de esa inobservancia, reponiendo la relación jurídica laboral a la situación de revista existente al tiempo del cese, reconociendo la garantía de estabilidad desde la designación inicial y el porcentaje que corresponda para los salarios devengados, pues se trata del único modo posible de restituir la legalidad, quebrada por el comportamiento administrativo.
Tal mi conclusión.
No obstante, a mayor abundamiento, he de señalar un último, pero no menos importante vicio de legalidad en el decreto n°1399/14, que es relativo a la ausencia de motivación suficiente que porta como carencia insanable de validez. En efecto, el indicado acto administrativo carece de una mínima explicación que permita a su destinatario conocer las razones de servicio cuya sola enunciación se erige en único fundamento de baja.
Va de suyo, que esa sola consigna no sufraga la precisa exigencia del artículo 102 de la ley aplicable a la relación de empleo que ventila el caso (11.757), en tanto determina la necesidad de acto expreso, fundado, que informe la baja.
Ciertamente, la sola lectura de los términos del indicado decreto es más que elocuente para connotar una falencia de constitución cuya inobservancia deriva en su insanable nulidad.
En causas pretéritas he fijado criterio relativo, al que reenvío en lo pertinente (mi voto en causas CCALP n°12.760 y CCALP n°20.001).
Siguiendo esos lineamientos y el valor de principio general del enunciado del artículo 7 inciso e) de la ley 19.549, integrado al régimen administrativo del Decreto Ley 7647/70 (conf. art. 108) y el perfil del vicio por falta de motivación, como su efecto invalidante insanable con alcance retroactivo (conf. arts.14, 17 y 19 de la ley 19.549 y 113 y 114 del decreto ley 7647/70), dada su fuente en las normas del derecho común, también desde ese vértice, aunque con otros alcances, derivo en el contorno de invalidez para el acto que viene impugnado (conf. arts. 1050 y concordantes del Código Civil; arts. 386 sigs. y ccs. CCYCN ley 26.994).
Dije en aquella ocasión y lo reitero en ésta, que no puede prescindirse de la respuesta excluyente que provee el sistema normativo, siempre asentada en el deber de sujeción que reportan a su respecto las actividades estatales y que colocan en el máximo rango de interés público, por sobre todo otro, a la respuesta extintiva de los actos de poder que se hallen afectados de nulidad absoluta. Y, asimismo, la necesidad de uno válido que lo retire de la vida jurídica, o su sustituto por sentencia judicial, sin más variable de posibilidad (mi voto en causa CCALP n°29.264).
En el tratamiento propuesto también remito a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (causa SCBA B-62.241). Reenvío a los fundamentos de esa jurisprudencia en la labor de informar, en la motivación, un elemento esencial de todo acto administrativo y en la necesidad de exponerlo desde el análisis de unas razones de servicio que no se explicitan en el decreto que es objeto del proceso.
La impronta constitucional de esas reglas (arts. 16, 18 y 28 CN y 175 CPBA) da sostén a una derivación que guarda plena armonía con la doctrina judicial citada y cuya aplicación también constituye plataforma de mi respuesta al recurso deducido.
Las consideraciones precedentes conducen mi razón y abastecen el pronunciamiento con el que habré de proponer la procedencia de la demanda anulatoria del decreto n°1399/14 y el reconocimiento de estabilidad propia en la relación de empleo que, conforme a los alcances que siguen, auspiciaré restituir. Sentada esa conclusión pasaré al detalle de las demás consecuencias de la nulidad que propicio.
b) Con ese horizonte, corresponde me expida, conforme lo peticionado en el escrito de promoción.
En esa labor diré que, si la fuente del restablecimiento del derecho del actor se conforma a partir de la revocación de un acto ilegítimo, la inferencia no puede ser otra que la de restituirlo plenamente a la situación preexistente al acto nulo con el agregado de una situación de revista estable conforme me he pronunciado (conf. mi voto en causa CCALP n°5051, entre otras).
Con ese alcance, la variable adoptada exige ajuste a las fronteras inherentes a las consecuencias ex tunc que supone esa invalidez y su perfil insanable, toda vez que afecta componentes esenciales en el acto administrativo, según así resulta de los principios generales de derecho recogidos por la legislación con vigor aplicativo (doct. arts. 14, 15, 16, 17 y ccs. Ley nacional 19.549; arts. 1047, 1052 y ccs. C. Civil ley 340 y 390, 392 y ccs. CCYCN). Ello así, una lógica elemental impone volver las cosas a un estado tal equiparable a la ausencia del acto declarado inválido, con el componente de estabilidad propia que auspicio.
Vale decir, debe interpretarse que éste no ha tenido existencia.
La consecuencia patrimonial pues es el reconocimiento de los salarios caídos, con la extensión con la que habré de expedirme (conf. arts. 1047, 1052 y ccs. Código Civil, ley 340 y 390, 392 y ccs. ley 26.994 CCYCN).
No obstante, esa opinión, que dejo a salvo, la aplicación de la doctrina legal que guía esta intervención, sostenida en el daño emergente por la baja ilegítima, me fuerza a remitir a ella también en esta especie, dejando establecido el porcentaje del 35% de cuanto corresponda al cálculo por salarios caídos, conforme ha quedado expuesto, pero computado a valores actuales de la categoría de revista del agente al tiempo del cese, tal y como lo determina ese mismo entendimiento (causa SCBA A 74.138).
A la suma que así resulte se le agregará el accesorio por interés a la tasa del 6% anual, desde la fecha de cese, operado a partir del 31.07.14, hasta ejecutoriada la sentencia (conf. SCBA causa B 60.558 "González"), y de allí en más y hasta la del efectivo pago la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488 “Ubertalli” sent. del 18-V-16, es decir, la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación (arts. 7º y 10º, ley 23.928, texto según ley 25.561; 622 y 623 Cód. Civil, 7, 768 inc. “c” y 770 Código Civil y Comercial). Tal mi pronunciamiento.
c) Cabe, por último, el tratamiento de la defensa de prescripción de los créditos que considera devengados la demandada, en la hipótesis que articula, toda vez que el desenlace del recurso de apelación modifica la situación con la que llega a esta alzada y actualiza esa defensa, que así, cabe considerar. Pues bien, resultando el crédito reconocido la consecuencia patrimonial de la declaración de nulidad del acto administrativo de baja, su exigibilidad parte de esa plataforma singular y, por lo tanto, un cómputo extintivo por el transcurso del tiempo que no ha comenzado a correr.
Bajo ese orden argumental, cabe desestimar la defensa de prescripción (art. 20 inciso 2 ley 12.008, t. seg. ley 13.101 y demás normas citadas). De ese modo me expido.
d) En materia de costas, corresponde su imposición a la comuna vencida en el proceso (conf. arts. 51, 77 y concordantes de la ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437, 274 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial). Así propongo se declare.
Por todo ello, propongo:
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, revocar la sentencia atacada, anular el decreto n°1399/14, reconocer su derecho a la estabilidad propia en el cargo en el que fuera dado de baja, desde su designación (01.01.2009) y ordenar su reincorporación al mismo, más el pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, computados al valor actual que corresponda al salario de revista del actor, más los intereses calculados con arreglo a la pauta del apartado IV.b del presente, con costas del proceso a la demandada por resultar vencida (conf. arts. 14 bis CN, 166 CPBA, 12 inc. 1, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y ccs. ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437 y 274 del CPCC). Y, adecuar a ese nuevo resultado la regulación de honorarios, en la oportunidad del artículo 51 de la ley 14.967 (conf. arts. 77 ley 12.008 cit. y 274 del CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
Adhiero a los fundamentos y solución propuesta por el magistrado que abre el acuerdo en cuando considera fundado el recurso deducido por la parte actora y propone revocar la sentencia atacada, anular el decreto n°1399/14, reconocer el derecho a la estabilidad propia en el cargo en el que fuera dado de baja y ordenar su reincorporación al mismo.
Asimismo adhiero a la solución propuesta en cuanto, desestima la defensa de prescripción y en relación a la forma de calcular los salarios caídos a valores actuales y el cálculo de los intereses (conf. SCBA causa B 60.558 "González" y causa B. 62.488 “Ubertalli”).
No obstante, discrepo con los alcances de las consecuencias patrimoniales reconocidas, es decir los salarios caídos, lo cual propicio que la indemnización sea calculada sobre el ciento por ciento (100%) de las remuneraciones dejadas de percibir computados a valores actuales de la categoría de revista del agente al tiempo del cese, ello en función del criterio que vengo sosteniendo en causas CCALP n° 21.843 “Gardinetti”, sent. del 16/04/19; n° 16.183 “Sotelo”, sent. del 16/04/19; n° 23.069 “Diaz” y n° 24.806 “Ordoñez” 10/06/21 y n° 24.979, “Peralta”, sent. del 31/08/21, de las cuales no encuentro motivo para apartarme. En efecto ninguna duda cabe en cuanto a que, resuelta la ilegitimidad del cese, deviene como correlato el deber de indemnizar al actor por los salarios que dejó de percibir en base a la medida dejada sin efecto, pues tal como lo sostuve en el precedente “Sarraille” de este Tribunal (CCALP n° 5947, sent. del 2/10/08), “…tanto en los supuestos en los que el agente público es suspendido preventivamente por la autoridad y luego reincorporado tras decretarse su absolución sumarial, como en aquéllos en que la medida segregativa resulta declarada ilegítima por el órgano judicial -como ocurre en el sub examine-, el ordenamiento jurídico admite la posibilidad de acordar una indemnización equivalente a los salarios caídos en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente estatal”.
Cabe destacar que en el caso "Baena" de la CIDH se ponderó que, a la luz del principio de derecho internacional en virtud del cual toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y ante el incumplimiento advertido en tal caso –que conllevara la reincorporación de los 270 trabajadores separados de sus puestos de trabajo-, el Estado debía afrontar los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales que de acuerdo con su legislación correspondan a los trabajadores destituidos (CIDH, "Baena" cit., consid. párr. 212; ap. 6, parte Resolutiva).
Asimismo, también sostuve en los precedentes citados, que no es menos cierto que ante cesantías declaradas ilegítimas, en diversos pronunciamientos, el Superior Tribunal provincial –si bien con Tribunal integrado- hubo fijado indemnizaciones en resarcimiento del daño material causado, que a tenor de las particularidades de cada caso, llegaron a alcanzar porcentuales como el aquí propuesto del 100% de los salarios dejados de percibir por tal motivo (conf. SCBA, causas B. 62.104, "T., D. J.”, sent. del 5/8/09 y B. 62.897, "Maestropiedra”, sent. del 22/8/12; cabe citar otros precedentes en los que se reconoció una indemnización del 90% y del 80%, respectivamente, in re SCBA causa B. 57.811, "Doré", sent. del 7/8/13, y B. 60.125, "Manrique”, sent. del 13-11-13). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la viabilidad del pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas en casos de agentes dados ilegítimamente de baja, en la medida que exista disposición expresa y específica o hubiere mediado una aplicación irregular de regímenes de prescindibilidad (Fallos 324:1860; cfr., asimismo, doct. C.S.J.N. “Reyes” Fallos 297:415; entre otros). En especial, dicho Máximo Tribunal federal hubo –inclusiveconfirmado en lo sustancial, pronunciamientos de las instancias inferiores en los que se admitiera la reincorporación de los agentes demandantes junto al pago de los salarios caídos y otros conceptos indemnizatorios (v. CSJN, R.129.XXXVII, "Ruiz, Emilio D. v. DGI s/despido", sent. del 15/5/07, con cita de la causa M. 1488. XXXVI "Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación", sent. del 3/5/07; también en autos “Monteagudo Barro, Roberto José Constantino c/ Banco Central de la República Argentina s/ reincorporación”, Fallos: 337:1142, sent. del 28/10/14; v. en sentido análogo, SCBA causa A. 73.274, "Quijada, German Ricardo contra Municipalidad de Tres Arroyos. Proceso sumario contra sanción en materia de empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sent. del 29/8/17; A. 74.004, "Moscheni, Carlos contra Provincia de Buenos Aires-Ministerio de Seguridad- sobre Pretensión Indemnizatoria. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", sent. del 8/11/17).
Cabe encuadrar, asimismo, en la tesitura expuesta, diversos precedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los que se expidiera a favor de la procedencia “in integrum” de los salarios caídos (v. CCont. Adm. Fed., Sala I, "Calero Teresa E. c/ E.N.", sent. del 27/10/92; Sala II, “Villa Uria, Carlos Guillermo c/ Instituto Nac. de Ciencia y Técnicas Hídricas s/ empleo público” sent. del 6/4/95; misma Sala, “Blasnik, Juan Jesús Vladimiro Lucas c/ Instituto de Obra Social -Mº de Economía- s/empleo público”, causa 32.934/94, sent. del 7/12/99 y su cita del caso CSJN "Díaz Melogno, Gustavo c/Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco", del 6/10/92, Fallos 315:2366; Sala II, causa 159.710/02, "Figueroa Amalia c/ Congreso de la Nación -Cámara de Diputados-Resol 806/02", sent. del 16/3/04; Sala IV, “Rochi, María del Carmen c/ E.N. (Mº de Cultura y Ed.) s/ empleo público”, causa 41.196/94, sent. del 23/12/99; v. asimismo, Sala V, voto del Dr. Gallegos Fedriani en la causa 39.642/11, “Farías Héctor Lorenzo c/ EN-M Economía s/ Empleo Público”, sent. del 27/12/16).
En tal entendimiento, y sin soslayar que en la temática aquí abordada atinente a la íntegra procedencia de los "salarios caídos" subyace –en definitivael derecho al trabajo y su efectivo y pleno goce, es dable advertir que los lineamientos hasta aquí expuestos enraízan la plena vigencia de la justicia social que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico, reivindicando la importancia de la reforma constitucional de 1957 en materia de constitucionalismo social, y con ello, el principio protectorio que ha de imperar en materia laboral, sumado a la inviolabilidad de los derechos del trabajador y la pauta hermenéutica jurídica interpretativa de rango constitucional de “in dubio pro justitia socialis" (arts. 14 bis , 75 inc. 22 y concs. de la Const. Nac.; 27, 39 y concs. de la Const. Prov.). Mi acuerdo alcanza también a las costas del proceso que se imponen a la demandada en su condición de vencida (art 51 ley 12008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437)
Así lo voto.
A la cuestión planteada la Sra Jueza Dra Milanta dijo:
Adhiero al voto del Dr. De Santis en la medida que las particulares circunstancias fácticas del caso y procesales determinan la justicia de la decisión que propone el juez del primer voto como surge de los fundamentos jurídicos que la sostienen. en particular los de orden constitucional y principios generales de aplicación a la relación laboral inherente al empleo público, dejando a salvo la naturaleza del vínculo.
Cabe destacar, especialmente, la progresividad que informa el análisis y solución de los casos contenciosos en esta materia, tal como lo valora el primer voto, en un desarrollo argumental que, desde el vértice y perspectiva jurídica superior, se comparte, como así también, en cuanto de allí deriva la interpretación congruente del pleno normativo que menciona.
En virtud de lo expuesto, acompaño la propuesta de hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, revocar la sentencia atacada, anular el decreto n°1399/14, reconocer su derecho a la estabilidad propia en el cargo en el que fuera dado de baja, desde su designación (01.01.2009) y ordenar su reincorporación al mismo, más el pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, computados al valor actual que corresponda al salario de revista del actor, más los intereses calculados con arreglo a la pauta del apartado IV.b de su intervención , con costas del proceso a la demandada por resultar vencida (conf. arts. 14 bis CN, 166 CPBA, 12 inc. 1, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y ccs. ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437 y 274 del CPCC).
Mi acuerdo alcanza también la adecuación a ese nuevo resultado la regulación de honorarios, en la oportunidad del artículo 51 de la ley 14.967 (conf. arts. 77 ley 12.008 cit. y 274 del CPCC).
Así lo voto.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, 1. Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, se revoca la sentencia atacada, se anula el decreto n°1399/14, se reconoce su derecho a la estabilidad propia en el cargo en el que fuera dado de baja, desde su designación (01.01.2009) y se ordena su reincorporación al mismo.
2. Y, por mayoría, se condena a la demandada al pago de una suma equivalente al 35% de los salarios caídos, computados al valor actual que corresponda al salario de revista del actor, más los intereses calculados con arreglo a la pauta del apartado IV.b del presente, con costas del proceso a la demandada por resultar vencida (conf. arts. 14 bis CN, 166 CPBA, 12 inc. 1, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y ccs. ley 12.008, t. seg. leyes 13.101 y 14.437 y 274 del CPCC). Asimismo, se ordena adecuar a ese nuevo resultado la regulación de honorarios, en la oportunidad del artículo 51 de la ley 14.967 (conf. arts. 77 ley 12.008 cit. y 274 del CPCC).
Difiérase la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31, 51, ley 14.967.
Regístrese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen, oficiándose por Secretaría.
Fin de la sentencia