Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.840-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 606/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en el expediente SIGEA 14914-20-2011), en cuanto condena a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana Tomas Mastrángelo por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b), del CA. Con Costas a la demandada.
2Condenar a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana Tomás Mastrángelo en forma solidaria al pago de una multa de $10.000 (diez mil pesos), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del CA la que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP N° 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-46146041-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Abril de 2023 Apelación, expediente nº 36832-A.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “Y.P.F. S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación, expediente nº 36832-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 12-17 se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 606/2015 (AD CORD) dictada el 23/12/2015 en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14914-20-2011, mediante la cual se condenó a Y.P.F. S.A. y al despachante de aduanas Tomás Mastrángelo, por la comisión de la infracción establecida en el art. 954 ap. 1, inc. a) e inc. c) del Código Aduanero (CA), al pago de una multa de $ 1.143.924,25. Asimismo intima al pago de los tributos correspondientes por la suma de u$s 186.111,54. Ello en virtud de la diferencia de 397.300 litros de aerokerosene jet A-1, constatada por el servicio aduanero, entre lo declarado y lo efectivamente abastecido mediante la operación de exportación amparada en el subregimen de rancho para medio de transporte de bandera extranjera, documentado según destinación N° 11 017 ER01 000007 L, para abastecer de combustible los vuelos de la aerolínea Iberia que partieron desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia el exterior durante el mes de enero de 2011. La recurrente se allana parcialmente a la imputación infraccional y al pago de una multa por el excedente de combustible no declarado. Sostiene que la diferencia entre lo declarado y lo efectivamente provisto asciende a 279.430 litros, dado que el servicio aduanero no tuvo en cuenta las cantidades de combustible declaradas en la destinación de exportación N° 10 017 ER01 000132 J —que también formó parte del abastecimiento del rancho de la aerolínea para los vuelos y el período referidos precedentemente—. Cuestiona el monto de la multa determinada y la exigencia tributaria. Sostiene que la Aduana no acreditó, a los fines de justificar el reclamo de tributos, que la cantidad de combustible en exceso a lo declarado con destino a rancho haya sido destinada a consumo. Alega que el subregimen de rancho exceptúa del pago de tributos al combustible exportado con ese destino y del seguimiento para control de ingreso de divisas —ello según comunicaciones “A” 3587 A y “A” 3493 emitidas por del Banco Central de la República Argentina (BCRA)—. Sostiene que el destino a consumo de rancho del combustible excedente quedó demostrado con la prueba producida en las actuaciones administrativas. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
Por su parte, a fs. 18-19 se presenta el despachante de aduana, Sr. Tomás Mastrángelo, con patrocinio letrado e interpone recurso de apelación contra la resolución en cuestión. Adhiere en lo sustancial a los argumentos vertidos por la firma Y.P.F. S.A. en su presentación recursiva. Cuestiona la condena al pago de tributos dado que no reviste la calidad de sujeto de la exportación y no le es atribuible el hecho imponible de la obligación de tributar. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 28-31se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido, niega genéricamente los hechos consignados en la demandada no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones en cuanto a la infracción tipificada en el art. 954. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Ofrece como prueba el expediente administrativo vinculado a la causa, el cual acompaña. Solicita se rechace la apelación, con costas.
III. A fs. 32 se dispone como medida para mejor proveer en los términos del art. 1143 del CA se libre oficio a la DGA a fin de que remita las carpetas correspondientes a las operaciones de exportación en cuestión, cuya respuesta obra a fs. 45- 52 de autos. A fs. 53 se ordena nuevo oficio a la DGA para que acompañe original o copia certificada de las destinaciones referidas, cuya contestación obra a fs. 57-61. A fs. 62 se intima a la recurrente a acompañar copia de las destinaciones Nros. 10017ER01000132J y 11017ER01000007L, cumplida a fs. 63-66 de autos.
A fs. 83 vta. se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 84, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 14914-20-2011 surge que a fs.1 obra Nota N° 21/11 de la Sección aeropuerto de la Aduana de Córdoba, en relación a la destinación N° 11017ER01000007L mediante la cual se informó a la Sección Sumarios un excedente de 397.300 litros de combustible, documentado según 20 remitos de carga aplicados a la destinación referida, con relación a las cantidades allí declaradas. A fs. 2 se labró el acta de denuncia por presunta infracción a la Ley 22.415, contra la firma Iberia Líneas Aéreas de España S.A. y el despachante de aduanas Sr. Tomás Mastrángelo. A fs. 4-6 obra el informe de aerovales emitidos durante la vigencia de la destinación de exportación en cuestión para la aerolínea abastecida, el cual arroja un total de 1.190.190 litros de combustible aerokerosene jet A-1 cargados para rancho de sus vuelos. A fs. 7-26 obran 20 remitos de la compañía de aviación Iberia por las cantidades de combustible en presunto excedente a las declaradas en la destinación en trato. A fs. 28 se realiza la valoración y aforo de la mercadería sobrante. A fs. 34 se determinan los tributos y la multa. A fs. 36 se instruye sumario y se corre vista a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana interviniente, por la presunta infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) e inc. c) del CA. A fs. 40-42 el despachante Sr. Mastrángelo contesta la vista conferida. Por su parte, a fs. 44-51vta. lo hace Y.P.F. S.A. A fs. 55-57 obra informe de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC) en la que se detallan los vuelos realizados por la empresa Iberia en la ruta Madrid/Cordoba/Madrid en el mes de enero de 2011. Dicho informe arroja un volumen consumido en ese período de 1.379.430 litros. A fs. 58-60 la aerolínea Iberia informa que Y.P.F. S.A. realizó el abastecimiento de combustible aerokerosene Jet A-1 durante el mes de enero de 2011 y el volumen total consumido fue de 1.379.430 litros. A fs. 67-75 obra el dictamen 558/2015 (AD CORD). A fs. 76-83 se dicta la Resolución 606/2015 (AD CORD) apelada en autos.
V. Sentado ello, corresponde determinar si la resolución apelada, se ajusta a derecho.
En lo que aquí interesa, el art. 954 del CA tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración y sanciona al que, para cumplir una operación aduanera de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera de la comprobación y que, de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: inc. a) un perjuicio fiscal; inc. c) un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar diferente del que correspondiere. De la compulsa de las actuaciones administrativas vinculadas a la causa y las constancias obrantes en autos, se desprende que, mediante las destinaciones de exportación Nros. 10017ER01000132J y 11017ER01000007L, la firma Y.P.F. S.A. documentó la exportación de 300.000 litros y 800.000 litros, respectivamente, es decir un total de 1.100.000 litros de aerokerosene Jet A-1 clasificado en la posición arancelaria (P.A.) 2710.19.11, amparada en el subregimen de rancho para medio de transporte, conforme lo establecido en el Capítulo 5 del CA y regulado mediante Resoluciones ex ANA N° 1787/78 y AFIP N° 1801/2004. Ello a fin de abastecer el combustible necesario para los vuelos de la aerolínea Iberia en la ruta: aeropuerto internacional de la provincia de Córdoba y la ciudad de Madrid, durante el mes de enero de 2011. La destinación de exportación N° 10017ER01000132J fue oficializada por el despachante interviniente, Sr. Mastrángelo, el 29/12/2010 —según constancias de fs. 63 de autos— y su vencimiento operaba el 29/01/2011. No obstante, la Aduana de Córdoba la tuvo por cumplida el 25/01/2011 y por la cantidad de 189.240 litros de combustible (ver fs. 63 vta.). Asimismo, la destinación de exportación N° 11017ER01000007L fue oficializada el 04/01/2011 —según constancias de fs. 65 de autos— y la Aduana la tuvo por cumplida en la fecha de su vencimiento, operado el 4/02/2011 y por la cantidad de 792.890 litros (ver fs. 65 vta.).
Es decir que el servicio aduanero tuvo por cumplidas las destinaciones de importación referidas por la totalidad de 982.130 litros.
Posteriormente la recurrente, a través de su despachante de aduana Sr. Mastrángelo, presentó las declaraciones post embarque de ambas destinaciones de exportación, en las cuales expuso que las cantidades exportadas fueron 189.240 litros —ver declaración post embarque N° 10017ER01000132J de fecha 03/02/2011obrante a fs. 64 de autos— y de 792.890 litros —ver declaración post embarque N° 11017ER01000007L de fecha 16/02/2011 obrante a fs. 66 de autos—. Es decir que declaró las cantidades de los cumplidos de aduana.
Ahora bien, se desprende del informe obrante a fs. 55-57 de las actuaciones administrativas vinculadas, emitido por la ANAC, que la aerolínea abastecida, realizó durante el periodo en análisis (mes de enero de 2011) la carga de 1.379.430 litros. Por su parte, Iberia Líneas Aéreas de España S.A., confirma, a fs. 58-60 de las actuaciones referidas, que fue abastecida de combustible por la firma Y.P.F. S.A. por las cantidades informadas por la ANAC durante el período en análisis. Asimismo obran en las actuaciones administrativas —fs. 7-26— 20 remitos de carga de combustible proveído a la aerolínea por la firma recurrente en el período entre el 24/01/2011 y el 31/01/2011, los cuales fueron imputados al permiso de embarque N° 11017ER01000007L. Dichos remitos, según lo verificado por Aduana, exceden la cantidad de litros declarados en el post embarque correspondiente efectuado por la firma exportadora.
De lo analizado precedentemente se concluye que existe una diferencia de 279.430 litros abastecidos sin declarar en las destinaciones de exportación en análisis.
No obstante ello, el servicio aduanero, imputó a la firma exportadora un excedente de 397.300 litros, dado que para su cálculo tuvo en cuenta las cantidades informadas en el cumplido de las operaciones de exportación en trato y no las declaradas en las solicitudes de embarque presentadas.
En este orden de ideas, corresponde determinar si la diferencia no declarada resultante de la verificación efectuada por el servicio aduanero, en caso de haber pasado inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (i) un perjuicio fiscal —art. 954, ap. 1, inc. a) del CA—; (ii) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere —art. 954, ap. 1, inc. c) del CA—. Ello a fin de dilucidar si efectivamente se ha configurado la infracción dispuesta en la resolución aquí apelada.
En primer lugar, cabe destacar que el régimen de exportaciones para rancho constituye un régimen especial que establece ciertas particularidades.
El art. 507 del CA define aquello que es considerado rancho, provisiones de a bordo y suministros del medio de transporte. Es decir que se encuentra conformado por mercaderías en los términos del art. 10 del CA. En este sentido, el combustible para su propio consumo, también constituye rancho. Lo que distingue estas mercaderías de las demás, es su destino: cubrir las necesidades del medio de transporte. Esta particularidad — y su tratamiento a través del subregimen especial— permite que mediante el cumplimiento de determinados extremos surjan beneficios tributarios y exención a la aplicación de prohibiciones económicas a la exportación e importación. Dichos beneficios tienen por finalidad principal facilitar la rápida circulación de los medios de transporte.
En este sentido, el art. 508 del CA establece que la mercadería que constituye rancho de un medio de transporte proveniente del exterior no se halla sujeta al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo, así como tampoco le son aplicables las prohibiciones de carácter económico.
Por su parte, la Comunicación “A” 3587 del BCRA enumera las operaciones exceptuadas de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de la obligación de liquidación de divisas de exportaciones de bienes dispuesto por la comunicación “A” 3493 y complementarias, entre las cuales se encuentra el régimen de rancho (art. 506-516 del CA). Asimismo, la Resolución General AFIP N° 1801/2004, en su art. 1.8 del Anexo II establece el plazo de 31 días corridos de vigencia desde la fecha de oficialización para embarcar las mercaderías documentadas mediante el subregimen de rancho. Ello es concordante con lo establecido en el art. 2.5 del mismo anexo en cuanto a la posibilidad de realizar embarques parciales hasta agotar las cantidades documentadas o hasta el vencimiento de la vigencia del embarque para rancho.
Cabe destacar que los beneficios referidos precedentemente tienen como contrapartida el cumplimiento de las formalidades del régimen general y los procedimientos y controles especiales por parte del servicio aduanero según lo establecido en las Resoluciones Generales (RG) ex-ANA N° 1787/78 modificada por la RG N° ex-ANA N° 4045/81 y la RG AFIP N° 1801/04.
Como se ha expresado anteriormente las cantidades declaradas en las solicitudes de los permisos de embarque y las declaradas en los post embarques de ambas, en base a sus respectivos cumplidos, difieren de las cantidades efectivamente abastecidas que surgen de los informes obrantes a fs. 55-57 y fs. 58-60 de las actuaciones administrativas, por lo que existió un excedente de combustible proveído en relación a lo declarado en los permisos en cuestión.
No obstante ello, de los informes referidos, obrantes en las actuaciones administrativas emitidos por ANAC e Iberia se infiere que el destino del sobrante verificado por el servicio aduanero ha sido, sin duda, suministrar de combustible a la aerolínea. Es evidente que las cantidades de combustible proyectadas en base a las cuales la recurrente efectuó las declaraciones de solicitud de embarque en cuestión resultaron insuficientes en relación a las finalmente necesarias para el abastecimiento de sus vuelos en el período de marras.
De lo expresado precedentemente se colige que, si bien como ya se señaló, existe una declaración que difiere en cuanto a las cantidades de combustible total exportado, se ha comprobado que dicho excedente ha sido destinado a proveer combustible para rancho de la aerolínea, por lo que de haber pasado inadvertida no habría producido perjuicio fiscal alguno, dado que, por su destino (exportación para rancho) no se halla sujeta la operación al pago de tributos que gravaren la importación para consumo. Se colige, entonces que no se configura el supuesto previsto en el art. 954, ap. 1 inc. a) del CA.
En cuanto al ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, cabe destacar que, como se ha expresado, en virtud de lo dispuesto por la Comunicación “A” 3587 del BCRA, el subregimen de rancho se halla exceptuado de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de la obligación de liquidación de divisas de exportaciones de bienes dispuesto por la comunicación “A” 3493 y complementarias.
Mediante RG AFIP N° 1281/2002 dicho organismo puso a disposición del BCRA y las entidades bancarias habilitadas una herramienta informática para la consulta y seguimiento de las destinaciones de exportación registradas ante la Aduana en los embarques cumplidos.
Por comunicación “A” 3493 del 26/02/2002, el BCRA instruyó a las entidades bancarias habilitadas en el debido control, a cuyo efecto habilitó la consulta diaria en el sistema SECOEXPO que se encuentra disponible en el sitio web de la AFIP. Ahora bien, algunas destinaciones o regímenes aduaneros justamente amparan operaciones que no generan divisas y consecuentemente se encuentran exceptuadas del seguimiento cambiario. No en todos los casos la operación que sustenta y justifica la destinación aduanera, genera en el exportador un derecho al cobro de divisas. En efecto, el control está supeditado a la destinación/régimen aduanero que ampara la exportación.
La Comunicación “A” 3587 del 29/04/2002 y sus modificatorias ha detallado y consignado algunas de estas operaciones, regímenes y destinaciones que no generan ingreso de divisas, entre las cuales se encuentra —ap. 2°)— el régimen de rancho.
Por lo expuesto hasta aquí se colige que las operaciones de exportación analizadas en autos, amparadas por el subregimen de rancho, se encuentran exentas del control de ingreso/egreso de divisas.
En lo que respecta a las diferencias verificadas por el servicio aduanero entre las cantidades declaradas y las efectivamente proveídas por la recurrente a la aerolínea, ha quedado constatado, según los informes de fs. 55-57 (ANAC), fs. 58-60 (IBERIA) y remitos de fs. 7-26 obrantes en las actuaciones administrativas, que el excedente comprobado no declarado fue destinado a rancho, es decir, ha quedado exento del control de ingreso/egreso de divisas, por ende no podría producir o haber producido el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, dado que por el destino de la mercadería en cuestión, su exportación se encontraba exenta de dicho control.
En consecuencia, no se configura el supuesto previsto en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA.
A mayor abundamiento, cabe destacar, que se desprende del propio título del Capítulo VI del CA, donde se encuentra tipificada la infracción del art. 954: “Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, que resulta esencial para su configuración, además de la verificación de alguno de los supuestos establecidos en sus incisos —en análisis inc. a) e inc. c)—, la falta de justificación en caso de verificarse la inexactitud en la declaración.
En el caso de autos, no solamente que no se verifican los supuestos establecidos en los inc. a) e inc. c) del art. 954 del CA, sino que además, la inexactitud comprobada en la declaración de marras, fue justificada en virtud de las constancias que surgen de las actuaciones administrativas vinculadas y las demás pruebas obrantes en autos. En este sentido, como se expresó, quedó demostrado que el excedente de la carga de combustible verificado por el servicio aduanero fue destinado al consumo (rancho) de los aviones de la aerolínea Iberia para sus vuelos regulares desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia la ciudad de Madrid, durante el mes de enero del año 2011, por lo que la presunción de su exportación para consumo ha quedado desnaturalizada.
Por los fundamentos vertidos en el caso, a mi juicio no corresponde atribuir a las recurrentes la infracción imputada (art. 954 ap. 1, inc. a) e inc. c) del CA.
VI. Sin perjuicio de la conclusión arribada precedentemente, corresponde aseverar que las recurrentes incumplieron con un deber establecido según el Anexo II ap. 1.6 de la Resolución General AFIP N° 1801/2004 y la normativa general de exportación establecida por el CA, en cuanto a la obligación de rectificar mediante la declaración post embarque, en caso de embarques con diferencia, a fin de informar las cantidades de combustible efectivamente abastecidas. En el caso de autos se imputa a la firma recurrente la transgresión en cuanto a que al momento de la declaración post embarque contaba con la información precisa de la cantidad de combustible proveído a la aerolínea que surge de los remitos de carga —cuyas copias quedan en poder del proveedor según lo establecido en el Anexo V ap. 4 de la Resolución General Ex ANA N° 1787/78—.
Asimismo cabe igual imputación al despachante de aduana interviniente, en su calidad de auxiliar aduanero, dado que no ha demostrado en autos que la declaraciones en cuestión fueron efectuadas siguiendo instrucciones precisas de su mandante.
La normativa aduanera autoriza la carga de diferente cantidad de mercadería que la declarada, pero exige la rectificación o corrección del permiso de embarque mediante la presentación de la declaración post embarque, rectificación que constituye una declaración relativa a una operación de exportación e integra la declaración original.
En este orden de ideas, corresponde determinar, si la omisión resulta sancionable en alguno de los supuestos previstos en el CA, para lo cual este Tribunal es competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes.
Dicho ello, estimo que la conducta analizada encuadra en la infracción establecida en el art. 995 del código de fondo, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero.
El reproche aquí formulado, si bien se basa en los hechos tenidos en cuenta por el servicio aduanero en el resolutorio recurrido en la especie, no lo hace sobre la misma conducta endilgada por éste. Lo hace integrándolo con el libre accionar desplegado por la firma imputada que se reprocha como antijurídico, por la afectación de un bien jurídico tutelado que difiere de aquél que conformara el reproche aduanero. En definitiva la condena que se impone en esta instancia comparte con aquél solamente el reconocimiento de una conducta ilícita.
El distinto encuadre legal que se efectúa en autos, de ninguna manera afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos dentro de las normas que resultan aplicables. En este sentido, la CSJN ha afirmado que: “la normativa procesal, indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio, ello no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio” (Fallos 302:1611). A modo de colofón, corresponde señalar que tampoco se está violando el principio de la reformatio in pejus, en atención a que el monto de la multa impuesta por el servicio aduanero es claramente superior.
Corresponde, entonces, revocar la resolución apelada en cuanto condena a la exportadora y al despachante de aduana en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a) e inc. c) del CA y condenarlas por la comisión de la infracción establecida en el art. 995 del C.A., la que, por disposición de la Ley 27260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 606/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en el expediente SIGEA 14914-20-2011), en cuanto condena a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana Tomas Mastrángelo por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b), del CA. Con Costas a la demandada.
2. Condenar a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana Tomás Mastrángelo en forma solidaria al pago de una multa de $ 10.000 (diez mil pesos), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del CA la que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP N° 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Así voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del vocal preopinante.
No obstante, en cuanto a la imposición de la multa objeto de autos corresponde dejar sentado que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013, “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A.
c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A., del 6/3/2020; entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración a tales efectos, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que corresponde que la multa sea impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal); extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno en atención al modo en que se resuelve el presente.
En efecto, toda vez que, en definitiva, la condena es fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación –aplicando lo dispuesto en el artículo 995 del C.A.- y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
ASÍ LO VOTO.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 606/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en el expediente SIGEA 14914-20-2011), en cuanto condena a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana Tomas Mastrángelo por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b), del CA. Con Costas a la demandada.
2. Condenar a la firma Y.P.F. S.A. y al despachante de aduana Tomás Mastrángelo en forma solidaria al pago de una multa de $10.000 (diez mil pesos), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del CA la que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP N° 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.20 14:09:30 -03:00 Date: 2023.04.25 10:29:35 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.25 10:29:37 -03:00
Fin de la sentencia