Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, y de conformidad con el texto expreso del rito penal aplicable, para el dictado de esta resolución de mérito no se requiere la certeza apodíctica o indudable sobre la autoría del encausado —exigible únicamente para fundar una sentencia condenatoria al finalizar el debate oral—.-
En este carril, este Juez de Recursos ha sostenido invariablemente que en esta fase embrionaria de la pesquisa basta con la existencia de un estado de probabilidad suficiente sobre el acaecimiento del hecho delictivo y la participación culpable del imputado.-
La doctrina más autorizada y concordante enseña que: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612).-
En este sentido, se ha dicho: “Asimismo debe tenerse en consideración el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, toda vez que "...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Por ello, la …
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.221 FOLIO Nº 106/111 PROT. ELECT. JR101 368I.261
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “P.F.A. Y OTRO S/ ROBO”, Expte. Nº P-79977/24 Apelación/Causa JR Nº 10326/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 83/88, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción N° 2, Dra. Y.J.B., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.A.P., en orden al delito de “ROBO Y HURTO EN CONCURSO REAL" (arts. 164, 162 y 55 del Código Penal de la Nación); en tanto en el punto 3) trabó embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000).-
Que a fs. 91/94, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 109 sostuvo el recurso (cód. validación 24bb4416) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
Que, seguidamente, trataremos los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en su presentación.-
I. EL PROCESAMIENTO DEBE SER REVOCADO- EXPRESA AGRAVIOS:
A) NULIDAD DEL AUTO DE PROCESAMIENTO POR VICIO EN LA FORMULACION DE LA IMPUTACION. VIOLACION DEL ART. 281 DEL CPP Y DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO (ART. 18
CN): indicó que el propio auto recurrido reconoce la existencia de un error involuntario en la descripción fáctica atribuida al imputado al momento de recibirle declaración indagatoria, disponiendo su rectificación; sin embargo, esa admisión judicial no subsana el vicio que afecta el acto; si la imputación formulada oportunamente al amparo del art. 281 del C.P.P. contenía una descripción inexacta de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los hechos, la declaración indagatoria rendida sobre esa base defectuosa resulta nula, y su nulidad arrastra al auto de procesamiento que en ella se sustenta.-
Que, ingresando al análisis del agravio de la defensa mediante el cual solicita la declaración de nulidad de la declaración indagatoria prestada por su asistido y, consecuentemente, del auto de procesamiento que en ella se sustenta, argumentando que la jueza de grado admitió la existencia de un "error involuntario" en la descripción fáctica provista al amparo del artículo 281 del Código Procesal Penal (C.P.P.) disponiendo su posterior rectificación, adelantamos que el planteo invalidante será desestimado.-
En primer término, corresponde recordar que es criterio invariable de esta Alzada —siguiendo los lineamientos de nuestro máximo Tribunal de Justicia de la Provincia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva (Criterio seguido en Apelaciones Nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, 9887/25, 9961/26, 10040/26, entre muchas otras).- La sanción de nulidad constituye un remedio de naturaleza excepcional y de extrema gravedad que no procede frente a la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer meros pruritos formales o formalismos vacíos.-
Para que proceda la declaración de invalidez de un acto procesal, es requisito ineludible que la parte que la impetra demuestre y acredite un perjuicio efectivo, real, práctico y objetivo a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio (Postulado adoptada en Apelación N° 10109/26).-
En segundo término, con relación al alcance del acto de declaración indagatoria regulado por el artículo 281 del C.P.P., la doctrina y la jurisprudencia señalan que su objetivo constitucional se cumple cuando el imputado puede conocer el hecho que se le atribuye en su núcleo esencial para poder ejercer de manera plena su descargo material (Mismo criterio adoptado en Apelación N° 10060/26).-
Que, al respecto, la doctrina señala: “ …el objetivo de la declaración indagatoria se cumple cuando el imputado puede hacer los descargos o aclaraciones respecto a cada uno de los hechos objetos de imputación" y por ello, es la exposición del imputado, valorada en concreto, la que brinda la pauta cabal de la efectiva comprensión de la intimación dirigida y de si su defensa pudo ser ejercida plenamente ” (Romero Villanueva, Horacio J.; Principios de intimación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; SJA; 07/11/2018;
AR/DOC/3348/2018).-
Ello implica que se le brinde una intimación clara, precisa y circunstanciada del suceso histórico investigado; sin embargo, la exigencia legal de delimitación de la imputación en esta etapa preparatoria y provisional no impone al magistrado instructor un estándar de rigidez absoluta ni una reconstrucción definitiva de los hechos, lo cual resultaría incompatible con el carácter embrionario y mutable de la instrucción penal.- El requisito fáctico se encuentra plenamente satisfecho cuando no existe duda alguna de que el procesamiento y la indagatoria comprenden exactamente el mismo suceso histórico, permitiendo al encausado comprender la imputación y ejercer adecuadamente sus medios defensivos (Conforme criterio en Apelación N° 9956/25).-
En tercer término, esta instancia revisora debe trazar una distinción fundamental entre una alteración sustancial y sorpresiva de la plataforma fáctica —que sí vulneraría de manera flagrante el principio de congruencia y el derecho de defensa si se procesara al imputado por circunstancias o delitos sobre los cuales nunca fue oído— y la rectificación de un mero error material, de tipeo o de imprecisión involuntaria en las circunstancias accesorias de tiempo, lugar o modo.-
En nuestro ordenamiento procesal, el artículo 119 del C.P.P. de Santa Cruz faculta de manera expresa a los magistrados a rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenido en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de lo decidido; si el núcleo histórico de la imputación por el delito de robo -consistente en el apoderamiento ilegítimo de bienes ajenos con fuerza en las cosas o violencia física en las personas, en un espacio geográfico y temporal plenamente identificable- se mantuvo inalterado, la subsiguiente subsanación de una imprecisión fáctica accesoria o un error de tipeo involuntario en el auto de procesamiento no invalida el acto de la indagatoria ni deprime la validez del procesamiento. Lejos de conculcar garantías, la aclaración y rectificación judicial del error formal efectuada por la jueza de grado purifica la plataforma de cargo en miras al avance del proceso, resguardando la precisión fáctica que exige la ley de rito.- Finalmente, se advierte que la presentante incurre en una fundamentación meramente dogmática al no haber especificado de qué manera concreta la imprecisión material rectificada le impidió ejercer su defensa material; de las constancias del sumario surge que el encausado compareció en dos oportunidades a prestar declaración indagatoria -fs.72/73 y fs. 80/81- debidamente asistido por su defensa técnica, tomó conocimiento de las pruebas de cargo existentes en su contra y estuvo en condiciones de brindar su versión de los hechos o de abstenerse voluntariamente de declarar conforme a su estrategia defensiva, manteniéndose sus prerrogativas constitucionales incólumes.-
Al tratarse de un planteo nulificatorio basado en un formalismo abstracto, sin correlato en una situación de indefensión real, corresponde rechazar la nulidad impetrada y confirmar el auto apelado en lo que ha sido materia de este agravio.-
B) ERRONEA CALIFICACION LEGAL DEL HECHO 1.
CONTRADICCION INTERNA ENTRE CONSIDERANDOS Y PARTE DISPOSITIVA. AFECTACION DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA:
argumentó que surge de las propias constancias valoradas por el instructor que el supuesto de desapoderamiento no llegó a consolidarse en ningún momento. El estéreo del vehículo jamás salió de la esfera de custodia del damnificado ni existió una efectiva disponibilidad autónoma sobre la cosa.-
Determinó que la valoración efectuada por el instructor transforma automáticamente todo intento de extracción en delito consumado, suprimiendo en los hechos la figura de tentativa prevista por el legislador.-
Consideró que tampoco se encuentra debidamente acreditado el elemento violencia exigido por el tipo penal del robo.-
Expresó que la resolución efectúa una inferencia dogmática sin correlato probatorio concreto, vulnerando las reglas de la sana crítica racional.-
C) CONCURSO REAL: la presentante se agravió de la calificación legal escogida en cuanto considera configurado un concurso real entre los delitos de robo y hurto.-
Continuó con su exposición diciendo que la resolución no desarrolla argumentación suficiente que justifique la autonomía típica e independencia subjetiva de ambos hechos, limitándose a afirmar dogmáticamente la existencia de concurso real por la mera circunstancia temporal diferenciada.-
Alegó que el fallo efectúa una construcción fragmentada y artificial de los acontecimientos con el único objeto de agravar la situación procesal del imputado; agregó, que la ausencia de fundamentación específica sobre la independencia subjetiva de ambos hechos torna arbitraria la aplicación del art. 55 del C.P..-
Referenció que en relación al "Hecho 2" presenta una plataforma probatoria sumamente débil; no existió identificación directa e inequívoca del imputado cometiendo el hecho, la descripción efectuada en las filmaciones resulta vaga e insuficiente, limitándose a características físicas genéricas compatibles con innumerables personas.-
Señaló que la valoración realizada por el instructor se apoya en meras inferencias policiales sin corroboración objetiva independiente.-
Reiteró acerca de la calificación del resolutorio.-
Pues bien, teniendo en cuenta que se ha cuestionado en estos dos puntos B) y C) la calificación legal atribuida a los hechos investigados, cabe señalar que la Instrucción ha expuesto con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta -fs. 83 vta.-, la razón que lo llevó a encuadrar provisoriamente a los hechos en orden a los delitos de “ROBO Y HURTO EN CONCURSO REAL”, (arts. 164, 162 y 55 Código Penal)"; es decir, que los planteos formulados por la defensa del causante, se presentan como un mero disenso con lo resuelto, sin lograr controvertir lo decidido.-
Jurisprudencialmente se ha dicho que, la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase: Cám. Apel.; Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; 28/02/2018; Rubinzal Online;
661/2017 RC J 2642/18).-
Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
Nos resulta menester advertir que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.-
De igual manera, cabe recordar que esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25, 10037/26, 10270/26, entre otras tantas).-
Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: "V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves", Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.-
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los planteos introducidos por la reclamante no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, con lo cual, serán desestimados.-
D) ARBITRARIEDAD EN LA VALORACION PROBATORIA. VIOLACION DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA
RACIONAL: manifestó que el auto recurrido presenta una valoración probatoria que no satisface los estándares de la sana crítica racional, en tanto arriba a conclusiones de autoría que no se derivan necesariamente de los elementos de cargo colectados, sin formular un análisis crítico de sus limitaciones.-
Expuso que el estándar probatorio exigido para el dictado de procesamiento requiere probabilidad suficiente, no meras sospechas.-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
Solicitó que se revoque el auto impugnado o, en su defecto, que se disponga la falta de mérito para procesar a su defendido.-
Continuando con el análisis del agravio referido, corresponde recordar a la parte apelante que el auto de procesamiento regido por el artículo 289 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz no constituye un pronunciamiento definitivo ni causa estado; muy por el contrario, se trata de una resolución de mérito cargoso esencialmente provisional, cuyo objeto primordial no es la aplicación de una pena, sino verificar la viabilidad de la imputación para orientar el proceso penal hacia la etapa del plenario (juicio oral).-
Por ello, y de conformidad con el texto expreso del rito penal aplicable, para el dictado de esta resolución de mérito no se requiere la certeza apodíctica o indudable sobre la autoría del encausado —exigible únicamente para fundar una sentencia condenatoria al finalizar el debate oral—.-
En este carril, este Juez de Recursos ha sostenido invariablemente que en esta fase embrionaria de la pesquisa basta con la existencia de un estado de probabilidad suficiente sobre el acaecimiento del hecho delictivo y la participación culpable del imputado.-
La doctrina más autorizada y concordante enseña que: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612).-
En este sentido, se ha dicho: “Asimismo debe tenerse en consideración el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, toda vez que "...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Por ello, la probabilidad positiva no será suficiente para la condena, pero ocupa un lugar central en la valoración probatoria a efectuar en la etapa de instrucción. En sí, este estándar sirve para afirmar el mérito probatorio necesario que justifique la realización del juicio oral, en el que finalmente se resolverá la contienda por ser la etapa central del proceso penal donde se enaltecen las garantías constitucionales que asisten al imputado. En resumen, de la etapa de instrucción solo puede esperarse una verdad meramente probable de la hipótesis acusatoria. Y será en la siguiente etapa – juicio oral- donde se evaluará si dicha probabilidad positiva alcanza el grado de certeza positivo que resulta indispensable para dictar una condena y aplicar una pena a la persona sometida a proceso..." (CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV S., C. C. y otro c. C., E. F. s/ legajo de casación • 10/06/2022 Cita: TR LALEY AR/JUR/73631/2022).-
Bajo esta inteligencia, para resolver la situación procesal del causante basta la confirmación inicial de la sospecha, sin que resulte admisible la exigencia defensiva de certezas absolutas, las cuales serán objeto de un debate amplio, contradictorio y pleno bajo los principios de inmediación y oralidad en la siguiente etapa del proceso.-
En efecto, se considera que este tipo de pronunciamiento sólo exige un juicio de probabilidad acerca de la materialidad del hecho y la participación del imputado, donde los elementos de cargo prevalezcan sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. No se trata de un pronunciamiento definitivo, sino de una resolución de carácter provisional que no causa estado, bastando para su dictado que la acción penal se encuentre debidamente fundada en derecho (Criterio adoptado en Apelación N° 10037/26).-
De esta manera, entendemos que lo cuestionado no podrá prosperar debido a que la A Quo valoró la totalidad del plexo incriminatorio, con arreglo a las reglas de la sana crítica racional conforme establece el art. 199 del CPP, en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, sin que se observe un direccionamiento de la instrucción o la vulneración de los preceptos constitucionales o garantías de las que goza el imputado.-
La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “…un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones.” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).-
E) DESPROPORCION E INSUFICIENTE FUNDAMENTACION DE LA MEDIDA CAUTELAR REAL. EMBARGO DE
$ 500.000: sostuvo que la medida cautelar real resulta desproporcionada en relación con la entidad patrimonial de los hechos investigados.-
Requirió que se reduzca el monto del embargo a una suma razonablemente proporcional al daño efectivamente verificado en autos.-
Que en relación a este punto, no prosperará.-
Ello así, de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar -asimismoel embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso. El dictado de esta medida cautelar constituye una prescripción legal expresa, de carácter eminentemente precautorio y provisorio, cuya finalidad radica en asegurar los fines del proceso y el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.-
Bajo esa misma inteligencia, cabe aclarar que el monto de la medida cautelar de embargo dictada en esta instancia posee un carácter puramente estimativo y provisional debido al estadio embrionario en el que se encuentra la causa.-
La imposibilidad de fijar de momento una suma definitiva es una consecuencia directa de la provisoriedad de la etapa procesal que se transita -etapa de instrucción-, debiendo postergarse la determinación del quantum final y definitivo al momento de dictarse la sentencia que ponga fin al proceso.- En efecto, a los fines de establecer el monto del embargo en el auto de procesamiento, este debe calcularse en función de los rubros que la ley manda a resguardar y no según la capacidad contributiva o patrimonial del procesado (Criterio seguido en Apelación Nos. 10.117/26; 10.161/26; 10.264; 10.270/26; entre otras).-
Así lo ha consagrado el criterio jurisprudencial rector en la materia, al señalar que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; “D.Y., C.F. s/ Procesamiento”; Expte. Nº 1234/09).-
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
En efecto, y vislumbrando que la Sra. Jueza, en su considerando V) -fs. 87 y vta.-, ha explicado los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria, es que esta Alzada comparte el criterio sostenido, como también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos.-
Así, es que confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante F.A.P., ergo, habremos de rechazar el presente agravio.-
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la Magistrada en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.-
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 83/88 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia