Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 30327-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los recursos interpuestos por ambas partes y confirmar la resolución apelada, con costas por sus respectivos vencimientos.
—SALA IV-
Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
Buenos Aires, septiembre de 2023.-
VISTOS Y
1. Que, a fs. 893/905 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó las resoluciones 173/07 y 81/08 mediante las cuales se había determinado de oficio la obligación de la actora en el Impuesto a las ¨Ganancias por los períodos 2002, 20003 y 2004, con intereses y multa y confirmó la resolución 5/10, por la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de Procter & Gamble Argentina SRL, en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002, con más intereses y multa, reduciendo la sanción aplicada a su mínimo legal. Impuso las costas por sus respectivos vencimientos. Para así resolver efectuó las siguientes consideraciones:
a.- Con relación a la determinación de oficio efectuada por P&G Holding Company correspondiente a los períodos 2002 a 2004: la controversia había quedado circunscripta a determinar si los gastos (intereses y diferencias de cambio) relacionados con el préstamo del exterior contraído con la firma P&G Financial Services (Irlanda) – integrante del mismo grupo económico-, y que habían sido destinados a la adquisición del 50% del paquete accionario de la empresa Productos Sanitarios SA, resultaban deducibles del balance impositivo.
b.- Al respecto ponderó que con relación al destino de los fondos dados en préstamo por la empresa Procter & Gamble Financial Services (Irlanda), de la prueba pericial producida como también de la aclaración presentada por los peritos surgía que no fueron aplicados íntegramente a la compra del 50% del paquete accionario de Productos Sanitarios SC, sino que una parte se utilizó para otorgar un préstamo a la sociedad antes mencionada, puntualizando expresamente el perito contador del Fisco que el porcentaje que surge de relacionar el monto total del préstamo obtenido con el de la adquisición de la firma Productos Sanitarios SC es de un 93,63 %, correspondiendo el 6,37% restante al otorgamiento de un crédito a esta misma empresa.
c.- Por ello consideró acreditado que formaba parte del objeto social de la actora la compraventa y permuta de toda clase de títulos, acciones y valores públicos y privados y todo tipo de participaciones en empresas mediante inversiones de capital o préstamos, así como también en la adquisición y/o mantenimiento de participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse, situación que ha sido reconocida por el propio organismo fiscal en la resolución apelada. De modo que, no cabía más que concluir que el pasivo contraído por la actora con su vinculada irlandesa resultaba ser un gasto vinculado con la obtención, conservación y mantenimiento de rentas gravadas. Por ello correspondía revocar la determinación de oficio efectuada por P&G Holding Company respecto de los períodos 2002 a 2004 como también la multa impuesta. d- En cuanto a la Res. 5/10, mediante la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de Procter & Gamble Argentina SA, actualmente SRL, en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2002: Toda vez que la cuestión litigiosa refiere a un contrato de mutuo entre sociedades vinculadas, la cuestión debía analizarse con cuidado.
Así, y teniendo en cuenta el principio de la realidad económica previsto en el art. 2º de la ley 11.683, cabía concluir en el caso que el supuesto préstamo celebrado entre la actora y la empresa P&G Holding SA no podía ser caracterizado como una operación de crédito normal en la que la entidad local actuase como un tercero frente a la sociedad vinculada. Sobre ese punto cabía destacar que de la lectura de la resolución apelada, como así también jurisprudencia y doctrina, el ente fiscal había reconocido los movimientos financieros involucrados pero consideró que respondían a una estrategia financiera del holding y no a un mutuo. Para así concluir se tuvo en cuenta que si bien en el contrato de préstamo se fijó el término de un año y dieciséis días, los plazos de devolución fueron incumplidos, toda vez que existieron pagos de intereses con fechas posteriores al vencimiento.
Por otra parte, recién el 30 de junio de 2003, se canceló el préstamo en cuestión, habiéndole cedido la actora a P& G Holding Company SA los créditos que poseía contra otras compañías del mismo grupo. Asimismo, se destacó que no se constituyeron avales o garantías, ni tampoco se constató la existencia de cláusulas punitivas tendientes a obligar al deudor a la cancelación de la deuda a la fecha de vencimiento. Otro indicio al respecto fue que el 23/11/01, de común acuerdo y sin fundamento aparente, convirtieron el préstamo en cuestión de pesos a yenes a la suma de Y 3.769.333.014,74.
e- Del análisis exhaustivo del plexo probatorio obrante en autos, así como de los indicios enumerados anteriormente correspondía concluir que la operatoria llevada a cabo por la contribuyente consistía en una operación excepcional que no podría haber llevado a cabo en análogas condiciones con una empresa independiente, respondiendo a una estrategia de holding, verificándose dicha situación a través de una serie de operaciones complejas en donde la actora había recibido dinero de otra empresa del mismo grupo (P&C Holding Company SA) y a través de un supuesto préstamo, utilizando dicho capital para efectuar un mutuo con otra empresa vinculada (Promotora de Bienes y Valores SRL de México) que devolvió el mismo día para luego suscribir acciones de otra empresa del holding (Procter & Gamble Limited UK) y finalmente cancelar el presunto pasivo a través de una compensación de créditos con otras personas del grupo (deudas que poseía contra P&G Servicios SA, P&G Inversiones SA; Procter & Gamble Interaméricas y Productos Sanitarios SC), todo ello con las características de plazos laxos de devolución y sin garantía alguna para asegurarse su cobro. Así, el informe pericial de fs.747/754 no resultaba hábil para controvertir el criterio fiscal, toda —SALA IV- Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
vez que allí sólo se podía comprobar que los registros contables se encuentran en legal forma, y las operaciones están registradas en los libros de la contribuyente, así como el movimiento financiero efectuado. En función de ello, correspondía confirmar la resolución en cuanto había impugnado las deducciones efectuadas por la actora de las diferencias de cambio y los intereses relacionados con el supuesto contrato de mutuo con la empresa P&G Holding Company SA.
f.- En cuanto al otro aspecto vinculado con el ajuste de las diferencias de cambio originado en la devaluación de activos y pasivos en moneda extranjera, existentes a la fecha de sanción de la ley 25.561, toda vez que la actora no había expresado agravios, correspondía su confirmación.
g.- En relación con la aplicación del instituto de las correcciones simétricas, no correspondía hacer lugar a lo solicitado por la actora en tanto no se daban los requisitos para su procedencia, toda vez que el sujeto que lo solicita debe reunir la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, y esa identidad subjetiva no se cumple en el caso dado que P&G Holding SRL y P&G Argentina SRL son dos sociedades distintas con personalidad jurídica propia.
h- En cuanto a la compensación de sumas ingresadas en concepto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (períodos 2001 y 2002) con el Impuesto a las Ganancias, toda vez que el importe adeudado se redujo y el remanente fue cancelado con saldo a favor del contribuyente del período anterior, el argumento debía ser rechazado.
i- Finalmente, con respecto a los intereses y la multa de omisión, correspondía confirmarlos. No obstante, se debía reducir la sanción al mínimo legal en tanto el Fisco no había justificado el motivo por el que había impuesto la sanción por encima del mínimo contemplado en la norma.
2. Que contra dicha decisión apeló la actora y expresó agravios a fs. 908/934, contestados por su contraria a fs. 954/964.
En primer lugar, se agravia de la aplicación incorrecta del principio de la realidad económica. Al respecto cita jurisprudencia y sostiene que el Fisco debió recolectar pruebas que permitiesen demostrar, a través de hechos concretos, que las formas jurídicas aplicadas al caso no se condicen con la real intención de las partes, lo cual en los presentes actuados no aconteció. Afirma al respecto que tal principio debe ser utilizado con el máximo cuidado a fin de no caer por vía interpretativa en la creación de hechos imponibles que el contribuyente niega haber realizado.
Aduce al respecto que el Tribunal Fiscal realizó un entendimiento erróneo de los hechos y que el referido principio no resulta aplicable en los presentes autos, ya que es excepcional y sólo procede si hay fraude o ilicitud.
Manifiesta sobre el punto que el a-quo reconoció que el contrato de mutuo estableció un plazo y que los montos fueron devueltos, pero consideró que no era un préstamo sino una mera estrategia financiera.
Sostiene que el informe pericial no adoleció de errores manifiestos ni tampoco resultó contrariado por otra probanza de igual o parejo tenor, sino todo lo contrario. En cuanto a la sanción aplicada, afirma que la AFIP no acreditó la conducta que se le imputa a su parte según el artículo 45 de la ley 11.683.
En subsidio, sostiene que existe error excusable como eximente de culpabilidad. Se agravia de la forma en que fueron distribuidas las costas, solicita que en su caso se impongan por su orden.
Finalmente, para el caso que se confirme el acto determinativo, pide que se aplique la teoría de las correcciones simétricas. Ello en atención a que el préstamo en cuestión fue pactado entre dos sujetos residentes que tributan el Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, un eventual ajuste fiscal en P&G Argentina SA incrementando la ganancia gravada debería tener como espejo una menor utilidad gravada en P&G Holding Company SA, que constituyen el mismo ente jurídico, en atención a la absorción existente. En resumen, en caso de afirmarse que la pérdida por diferencia de cambio deducida en P&G Argentina no existe o no es admisible, debe sostenerse lo propio con la diferencia de cambio respecto de P&G Holding Company SA.
3. Que, a fs. 965/975 el Fisco apela y expresa agravios, los que son contestados por la actora a fs. 980/990.
Afirma que agravia a su parte el decisorio del Tribunal Fiscal en cuanto resolvió la revocación de las Resoluciones 173/07 y 81/2008.
Sostiene al respecto que el tema debatido versa sobre si los montos cuestionados pueden ser o no deducidos de los balances contables, no teniendo ello relación alguna con el objeto social declarado por la parte actora.
Entiende que la sentencia no recepta ni analiza los extremos que emanan tanto de la resolución administrativa como de la contestación de demanda en el sentido que dichos préstamos fueron aplicados a la adquisición de un porcentaje del paquete accionario de la empresa Productos Sanitarios SA, cuya renta (dividendos) no resulta computable en el Impuesto a las Ganancias, según lo dispuesto por los artículos 46 y 64 de la ley del gravamen, por lo que es inadmisible la deducción de los referidos cargos negativos, conforme lo establecen los artículos 17 y 80 de la ley de la mencionada normativa.
Aduce que, tal como se desprende de las normas citadas precedentemente, si bien los dividendos no constituyen renta exenta, por tratarse de ganancias “no computables” provoca igualmente la improcedencia de la deducción de los gastos incurridos para su —SALA IV- Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
obtención. Manifiesta al respecto que el Tribunal Fiscal se limitó a analizar el concepto del gasto, perdiendo de vista una cuestión fundamental relativa al ajuste que es el concepto que genera la ganancia gravada y que son los dividendos. Sostiene que atento las características de la actora en su calidad de contribuyente, sus ganancias deben ser consideradas de tercera categoría, en función a lo establecido por el inc. a, del art. 49 de le ley de Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, es necesario considerar lo dispuesto por el art. 64 de la ley del Impuesto a las Ganancias, en cuanto dispone que los dividendos así como la distribución en acciones provenientes de revalúos contables, no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta. Afirma en tal sentido que los dividendos se tratan de ganancias no computables y por esa misma cuestión no corresponde la detracción de dichos ingresos de los gastos como en el presente caso, los intereses y las diferencias de cambio.
En cuanto a la graduación en el mínimo legal de la multa impuesta mediante Resolución Nº 5/10, corresponde señalar que la contribuyente es una empresa de gran magnitud que cuenta con áreas jurídico-contables que tienen la posibilidad y responsabilidad de realizar serios análisis en cuanto a la forma de efectuar la contabilidad de la empresa. Sostiene que no resulta aplicable en el caso el error excusable como eximente de culpabilidad ya que la actora tenía la opción de efectuar una consulta ante el organismo a fin de despejar las dudas que tuviese al respecto, lo que no hizo.
En cuanto a las costas, solicita que se impongan a la vencida en atención al principio de la derrota.
4. Que, con relación a la cuestión referida a la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias efectuada a P&G Holding Company, períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, cabe señalar que la fiscalización constató que P&G Holding SRL había obtenido ingresos, en los períodos fiscales 2002 y 2003, generados por su participación accionaria en sociedades del grupo económico, por actividades de financiación y también por la prestación de servicios de gerenciamiento.
Asimismo, del relevamiento efectuado respecto de los ingresos declarados en el IVA la fiscalización pudo verificar que correspondían a intereses por servicios de administración y recupero de gastos.
En el período 2004 esta contribuyente dejó de prestar servicios a sociedades relacionadas, declarando ingresos derivados de su tenencia accionaria, exclusivamente. A los fines de poder realizar las inversiones mencionadas debió contar con fondos suficientes a efectos de poder desarrollar su objeto social. En función de ello, el 31-3-1998 P&G Holding Company SA recibió la suma de U$S 149.988.000 en concepto de aporte irrevocable, el que fuera aprobado por Acta de Directorio Nº 3 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1, ambas del 16-6-1998.
En esa misma fecha celebró un contrato de préstamo con Procter & Gamble Financial Services (Irlanda), a través del cual este último se comprometió a entregarle la suma de U$S 120.000,00, habiendo sido acreditada en esa fecha en el Banco Citibank la suma de U$S 106.806,000. Dicho contrato fue ratificado por Acta de Directorio Nº 4 del 20-6-1998.
Con respecto a la forma de cancelación del pasivo mencionado, la deuda contraída con la sociedad irlandesa fue extinguida con un préstamo obtenido en el mes de junio de 1999 con P&G del Reino Unido, subsidiaria de Procter & Gamble Company (USA). Dicho préstamo fue posteriormente cancelado en mayo de 2001 con un préstamo contraído con la empresa Max Factor KK (Japón), también subsidiaria de la empresa norteamericana. Finalmente, la deuda contraída con la empresa japonesa, en noviembre de 2002, fue cedida a Procter & Gamble Company (USA) y P&G Industrial SCA (Venezuela), quienes el 15-11-2002 la convirtieron en aportes irrevocables. Es dable señalar que el destino de los fondos obtenidos a través del aporte irrevocable efectuado por la empresa The Procter & Gamble Company (USA) y del préstamo realizado por la empresa Procter & Gamble Financial Services (Irlanda) se vinculó con la adquisición del 50% del paquete accionario de Productos Sanitarios SA, cuyo titular era la empresa chilena CMPC Productos Tissue SA, conforme surgió de lo informado por la actora mediante nota, así como también del Libro de Registro de Acciones Nº 1 de Productos Sanitarios SA, del Acta de Directorio Nº 5 y del Libro Diario Nº 1.
En razón de ello, le fue debitado a la contribuyente la suma de U$S 256.805.250, de su cuenta bancaria Nº 3621-7076 del Citibank Sucursal Nueva York, de acuerdo a lo observado en el extracto bancario.
La fiscalización actuante detectó que la contribuyente dedujo del balance impositivo importes en concepto de intereses y diferencias de cambio negativas, originadas en los mencionados préstamos. Estos fueron aplicados, como ya se dijo, a la adquisición de un porcentaje del paquete accionario de la empresa Productos Sanitarios SA, cuya renta (dividendos), no resulta computable en el Impuesto a las Ganancias, según lo dispuesto por los art. 46 y 64 de la ley del gravamen, por lo que es inadmisible la deducción de los referidos cargos negativos, conforme los arts. 17 y 80, según lo entendió el Fisco (ver resolución 173/2007) (fs. 7/30).
5. Que, la cuestión en debate requiere determinar si los gastos vinculados a la adquisición del 50% del paquete accionario a la empresa Productos Sanitarios SC resultan deducibles en el Impuesto a las Ganancias.
6. Que, en primer término, es conveniente reseñar la normativa vigente en el período fiscal aquí involucrado. Ello así, cabe tener en consideración lo establecido en —SALA IV- Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
los artículos 17, 45, 46, 64, 69 bis y 80 de la LIG (texto vigente con anterioridad a la reforma introducida por la ley 27.430 -B.O. 29/12/17-) y el artículo 117 del decreto 1344/98.
El art. 17 de la LIG dispone que “Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga. Para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categorías las deducciones que autoriza el artículo 23. En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto”.
A su turno, el art. 45 del mismo cuerpo legal reza, en su parte pertinente, que: “En tanto no corresponda incluirlas en el artículo 49 de esta ley (referido a las ganancias de tercera categoría), constituyen ganancias de la segunda categoría: (…) i) Los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso a) del artículo 69”.
El art. 46 establece que “Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de su ganancia neta. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes”.
El artículo 64 prescribe que “Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. A los efectos de la determinación de la misma se deducirán -con las limitaciones establecidas en esta leytodos los gastos necesarios para obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o integrantes”.
Por su parte, en el artículo 69 bis, se establece que “Cuando los sujetos comprendidos en los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, así como también los indicados en el inciso b) del mismo artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que superen las ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, el 35% (treinta y cinco por ciento) sobre el referido excedente. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ganancia a considerar en cada ejercicio será la que resulte de detraer a la ganancia determinada en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, el impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha ganancia en el o los mismos períodos fiscales.”
El art. 80 señala que “Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras”.
Por último, el art. 117 del decreto reglamentario de la LIG precisa que “A los efectos de la proporción de los gastos a que se refiere el primer párrafo del artículo 80 de la ley, cuando los mismos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, se entenderá que estas últimas comprenden también a los resultados exentos del gravamen”.
7. Que, este Tribunal analizó los antecedentes normativos y las modificaciones que fueron incorporadas por el legislador a lo largo del tiempo respecto al tratamiento de los dividendos en el Impuesto a las Ganancias en la causa 9548/2021 caratulada “Telecom Argentina SA (TF 70161445-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 23/08/22 (considerando 7º), a la cual se remite en honor a la brevedad.
En dicha ocasión, concluyó que la evolución normativa supra referenciada: (i) demuestra que los dividendos derivan de renta alcanzada por el Impuesto a las Ganancias en cabeza de la sociedad que los distribuye y comportan ganancia “no computable” para los accionistas receptores a fin de evitar la doble imposición de una misma renta imponible; y (ii) da cuenta de las consecuencias que genera la calificación de rentas “no computables” en materia de deducibilidad de gastos a ellas asociados. Consecuentemente, la expresión utilizada por el Congreso Nacional en el artículo 64 de la LIG no significa que esa renta (de tercera categoría) no se encuentre alcanzada por el tributo. Por el contrario, debe entenderse que es la sociedad la que debe liquidar e ingresar el gravamen correspondiente aplicable sobre los dividendos, de modo tal que el beneficiario no los computará en la determinación de su ganancia neta. De lo contrario, se generaría una doble imposición sobre la misma porción de renta, primero en cabeza —SALA IV- Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
de la sociedad y luego en cabeza del beneficiario (cfr. Sala V, in re “Grupo Financiero Galicia SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/11/18 y Sala II in re “HSBC Argentina Holdings SA – TF 48911-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 1º/ 07/22).
En este escenario, es dable destacar que tampoco corresponde calificar la referida renta como “exenta” puesto que el artículo 18 inc. a, de la LIG vigente en el período bajo análisis, alude al período en que se imputarán los dividendos de acciones y los intereses de títulos, mientras que su artículo 20 no incorpora a los dividendos dentro de las exenciones allí previstas, todo lo cual ratifica su “gravabilidad” (cfr. Sala V, in re “Grupo Financiero Galicia SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/11/18).
Asimismo, las sucesivas reformas legislativas han puesto de resalto la vinculación existente entre la renta “no computable” y la deducibilidad de los gastos asociados (véase, por ejemplo, la alusión expresa a la aplicación o no del prorrateo previsto en el art. 80 y la posterior incorporación del segundo párrafo del art. 64 de la LIG). En consecuencia, es desacertado colegir que la utilización de la terminología “no computable” carece de efectos respecto de la deducibilidad de los gastos vinculados a ella. Por el contrario, es razonable concluir que el legislador incorporó una nueva categoría de renta y determinó el tratamiento aplicable a sus gastos asociados, a propósito de la existencia de “rentas exentas” y “no alcanzadas” y sus correspondientes disposiciones en materia de gastos (art. 17 y 80 de la LIG).
Máxime, si se atiende a la previsión expresa incorporada en el segundo párrafo del art. 64 de la LIG. En efecto, la ratificación del criterio fiscal receptado en el pronunciamiento apelado, equivaldría a desoír y deslegitimar la letra de la ley en cuanto dispone que “(…) se deducirán —con las limitaciones establecidas en esta ley— todos los gastos necesarios para obtención del beneficio”, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación del gravamen (el destacado es propio). En este sentido y recordando uno de los postulados básicos en materia de hermenéutica jurídica, atinente a que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, el que tienen en la vida diaria, la Corte federal ha dicho que, “si la ley emplea determinados términos, la guía interpretativa más segura es la que indica que ellos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito” (del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que se remitió in re “Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo s/ expropiación incidente de desindexación”, sentencia del 8/07/03).
Por otro lado, “no puede entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador” (arg. de Fallos: 328:456), toda vez que “la inconsecuencia del legislador no se presume” (Fallos: 306:721; 307:518 y 319:2249). En esta línea, aquel Tribunal ha sostenido reiteradamente que, al interpretar una norma, se deberá dar pleno efecto a la intención del legislador, y que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto (Fallos: 308:1745; 318:1887). En este sentido, cuando la norma no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquélla (Fallos: 311:1320; 315:727; 321:802; 326:756; 327:5614; 329:3470).
De no respetarse este principio, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (cfr. esta Sala in re “SAF Zona Franca y MSA c/ EN-DGA-Resol 4326/08 (Expte 606669/01) s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 29/12/20). Ello, sin soslayar que, “la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades” [del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema, in re “Martínez, Alberto Manuel c/ Universidad Nacional de Tucumán”, sentencia del 12/12/06 (Fallos: 329:5621); esta Sala en autos “Bona Fields S.A.
(TF 36.594I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 26/5/15; y, in re “Turismo Doss S.A. c/ EN-AFIP-DGI Resol 1/11 (NGDE) s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 21/10/21, entre otros]. Es dable concluir entonces que la definición empleada por la LIG al calificar a los dividendos como ganancia “no computable” adquiere relevancia respecto a la deducción de gastos —y aun cuando podría sostenerse que la referida calificación no implica per se la habilitación a deducirlos puesto que el legislador decidió consignarlo de modo expreso—, lo cierto es que el segundo párrafo del art. 64 de la LIG: (i) despeja toda duda con relación a las ganancias de tercera categoría y (ii) ratifica la improcedencia de asimilar la renta “no computable” a la “renta exenta” o “no alcanzada” en materia de gastos (conf. causa “Telecom” ya citada).
El criterio adoptado por esta Sala se corresponde con los lineamientos aplicados por la Sala I in re “Banco Hipotecario S.A. c/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 23/02/23; la Sala II in re “HSBC Argentina Holdings SA” ya citado; la Sala V en la causa “Grupo Financiero Galicia S.A.” supra referenciada; y la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema en la causa 33717/2021/1/RH1, “Recurso Queja Nº 1 – Ivax Argentina S.A c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, dictamen del 17/08/22 y en la causa “Grupo Financiero Galicia SA.” -ya citada-, dictamen del 14/10/22).
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En este escenario, se colige que las rentas “no computables” no resultan equiparables a las “rentas no gravadas” o “exentas” a efectos de aplicar el “prorrateo de gastos” tal como pretende el Fisco Nacional. En consecuencia, cabe concluir que los dividendos constituyen ganancia gravada por la que la sociedad participada ya pagó el gravamen; circunstancia por la cual aquéllos comportan en todo momento renta no computable en cabeza del accionista: ya sea al determinar el monto de la renta neta o bien al establecer la base de cálculo para obtener el coeficiente de prorrateo de gastos vinculados a ingresos exentos o no gravados destinado justamente a determinar la medida del gravamen adeudado; circunstancia que sella la suerte adversa de la pretensión fiscal relativa a la cuestión examinada en este acápite (de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la causa 71777/2022 BBVA Banco Francés SA (TF 48121-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo del 15 de agosto de 2023).
Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso del Fisco y confirmar la resolución apelada en este aspecto.
8. Que, en cuanto a la segunda cuestión, referida a la determinación del Impuesto a las Ganancias, período 2002, cabe señalar que, conforme surge del acto de determinación de oficio obrante a fs. 449/489, la AFIP fiscalizó a la contribuyente y se observó que Productos Sanitarios SC era la sociedad controlante de Procter & Gamble Argentina SA, con una participación en el capital y en los votos del 99,99 %, al 31 de agosto de 2002. Ambas empresas integran un grupo económico multinacional encabezado por The Procter & Gamble Company de los Estados Unidos de América. Entre las sociedades vinculadas al holding, radicadas en el país se encuentran P&G Servicios SA; P&G Holding Company SRL y P&G Inversiones SA y en el exterior Procter & Gamble Financial Services (Irlanda); Promotora de Bienes y Valores SRL de CV (México) y Procter & Gamble Limited (Reino Unido de Gran Bretaña).
Además existe una concentración de fondos (pool) constituida bajo un contrato denominado “Sistema Latinoamericano de Gestión de Liquidez”, integrado por empresas del grupo económico, cuya finalidad es obtener fondos de las sociedades con excedentes en caja para financiar las que adolecen de faltantes de efectivo, el cual es administrado por Procter & Gamble Financial Services (Irlanda).
En el estado de resultados de Procter & Gamble Argentina cerrado al 31 de agosto de 2002 se registra una pérdida por Resultados Financieros, por tenencia y por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
Bajo ese concepto se incluyeron las diferencias de cambio generadas por los activos y pasivos en moneda extranjera, entre las que se encuentran las relacionadas con un préstamo contabilizado en yenes japoneses otorgado a la rubrada por P & G Holding Company SA, empresa del grupo radicada en la República Argentina y transformada con posterioridad a sociedad de responsabilidad limitada. Además, en el mismo ejercicio económico se computaron intereses devengados por este pasivo. Según la actora, este mutuo fue constituido originalmente el 15 de junio de 2001 por $30.346.893,48 y por una modificación del contrato del 23 de noviembre del mismo año la deuda se convirtió a Yenes japoneses Y 3.769.333.014,74 que originaron las diferencias de cambio deducidas.
Analizada la documentación aportada en relación con este empréstito la fiscalización observó lo siguiente:
-el contrato de préstamo y su modificación a yenes japoneses han sido emitidos por instrumentos privados que carecen de fecha cierta;
-en la hoja del resumen de la cuenta 3678-1435 a nombre de P & G Holding Company SA en una filial del Citibank en Nueva York, que fue aportada por la responsable como prueba de la entrega de los fondos adeudados, se registran el 15 de junio de 2001 dos transferencias en dólares de U$$ 35.000.000, una recibiendo los fondos de Procter & Gamble Financial Services provenientes de una cuenta en la sucursal de Dublín y otra como débito, remitiendo ese importe a la cuenta 3678-0731 a nombre de Procter & Gamble Argentina SA en el mismo banco de Nueva York.
-Según las registraciones contables de la contribuyente, en ese mes la responsable colocó esos fondos en el pool administrado por Procter & Gamble Financial Services.
-Los recursos financieros permanecieron en el pool hasta el 7 de diciembre de 2001, cuando fueron prestados a Promotora de Bienes y Valores de México, integrante del sistema de liquidez, mediante un contrato de U$S 37.850,000, con la finalidad de realizar inversiones a largo plazo, con fecha de vencimiento el 7 de diciembre de 2004. - Siete días después, la empresa mexicana rescindió el contrato de mutuo y devolvió los fondos, transfiriéndolos a una cuenta bancaria de la administradora del pool de fondos.
-A través de la administradora del sistema de liquidez, el mismo 14 de diciembre de 2001 se transfirió a Procter & Gamble Limited (UK), según acta de directorio aportada por la responsable y el mismo día resolvió aumentar su capital social y emitir acciones preferidas que adjudicó a Procter & Gamble Argentina SA, considerando que habían sido totalmente integradas con esas remesas de fondos.
-Finalmente, según el Acta de Administrador Nº 5 el 30 de junio de 2003 la responsable cedió a P&G Holding Company SA créditos que poseía contra P&G Servicios SA, P&G Inversiones SA, Procter & Gamble Interaméricas LLC y Productos Sanitarios SC, en cancelación del préstamo en yenes objeto del presente análisis.
—SALA IV-
Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
El Fisco impugnó la diferencia de cambio y de los intereses relacionados con el supuesto empréstito, computados en las declaraciones juradas presentadas en el período 2002, por no cumplir las condiciones de los arts. 17 y 80 de la ley del Impuesto a las Ganancias, en concordancia con los arts. 68 y 97 inc. c, de la misma ley. En efecto, el ente fiscal consideró que los fondos no habían sido aplicados a una fuente para la obtención de ganancias generadas por parte del contribuyente, quien no dispuso libremente de aquéllos, sino que se depositaron inmediatamente en el Sistema de Gestión de Liquidez del holding, que a través de su administradora los remitió a las empresas mejicanas participantes con el fin de optimizar las posiciones de tesorería y posteriormente los transfirió a otra empresa del grupo del exterior a cambio de acciones para Procter & Gamble Argentina SA.
En definitiva, los fondos provistos inicialmente por Procter & Gamble Financial Services (Irlanda) volvieron a ésta como gerenciadora del Sistema de Liquidez, quien los derivó a Procter & Gamble Limited UK, constituyéndose de hecho en la administradora de dichos fondos.
Además, por tratarse de una operatoria entre empresas controladas que responden a objetivos del grupo, donde no existen intereses contrapuestos, la moneda original del contrato fue modificada sin motivo a yenes japoneses, no usada normalmente en las transacciones entre ellas ni en los negocios normales de la contribuyente, que sólo generaría diferencias de cambio negativas a la supuesta deudora para disminuir sus cargas fiscales.
El Tribunal Fiscal, por su parte, confirmó el acto determinativo, para lo cual consideró que el préstamo en cuestión no podría ser caracterizado como una operación de crédito normal en la que la entidad local actuase como un tercero frente a la sociedad vinculada, en atención a los siguientes presuntos indicios: a) la falta de fecha cierta del contrato de mutuo y de su anexo modificatorio; b) la falta de constitución de avales o garantías y la falta de constatación de la existencia de cláusulas punitivas tendientes a obligar al deudor a la cancelación de la deuda a la fecha de vencimiento y c) el hecho de que el 23 de noviembre de 2001, de común acuerdo y sin fundamento, convirtieron el préstamo en cuestión de pesos a yenes a la suma de Y 3.769.333.014,74.
Ponderó al respecto que el informe pericial obrante a fs. 747/54 no resultaba hábil para controvertir el criterio fiscal toda vez que allí sólo se había comprobado que los registros contables se encontraban en legal forma y que las operaciones se encontraban registradas en los libros de la contribuyente, como así también los movimientos financieros efectuados.
9. Que, es dable señalar que, cuando el juez se encuentra frente a operaciones de alcance internacional, debe examinar la proyección en el ordenamiento tributario interno de aquella relación mediante un particularizado y exhaustivo análisis de las probanzas, a fin de que la operación invocada se corresponda con el mecanismo acordado por las partes.
En tal sentido, merece destacarse que la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser, en casos como el presente, particularmente indudable. Para ello, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en especial la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución.
Es que la exigencia de esa actividad probatoria resulta imperiosa para demostrar que los capitales no fueron sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar al país por medio de préstamos o capitalizaciones, incumbiendo la carga de la prueba al contribuyente.
La actora en su expresión de agravios sostiene que el Tribunal Fiscal no valoró el informe pericial elaborado por los peritos de ambas partes. Manifestó en tal sentido que dicha prueba no adoleció de errores ni fue controvertida por otras probanzas, por lo que el a-quo debió valorarla conforme con los principios de la sana crítica.
10. Que, a fs. 747/754 obra el informe pericial elaborado por los peritos de ambas partes conjuntamente. De dicha prueba surge lo siguiente:
a) Se observó el contrato de préstamo entre P&G Holding Company SA y Procter & Gamble Argentina SA, del 15 de junio de 2001, registrado en el Libro Diario de ésta última el 29/6/21 por la suma de $30.346.893,48.
b) Según dicho contrato, el plazo estipulado era de 1 año y 16 días, comprendido entre el 15/6/2001 y 30/6/2002 en pesos. Asimismo, se estipuló una tasa de interés compensatorio del Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos en pesos argentinos. Para el caso de mora o incumplimiento, la prestataria debía pagar intereses punitorios, según la tasa equivalente al 3% nominal anual.
c) El monto del referido préstamo fue convertido con fecha 23/11/2001 a yenes japoneses utilizando un tipo de cambio de Y124,2084 por cada peso argentino, quedando la deuda en Y3.769.333.014,74, siendo el nuevo monto subyacente de Y 3.769.333.014,74.
d) Según surge de los registros contables de Procter & Gamble Argentina SA, en noviembre de 2001 se registró una diferencia de cambio negativa de $286.484,56 que aumentó en dicho importe el saldo de la deuda por el préstamo con Procter & Gamble Holding SA. Asimismo, en diciembre de 2001 se registró una diferencia de cambio positiva de $1.833.335,20 que disminuyó en ese importe el saldo de la deuda por el préstamo con Procter & Gamble Holding SA.
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Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
e) La diferencia de cambio originada por el préstamo referido en el punto 2, correspondiente a la fluctuación del tipo de cambio peso argentino/yen entre el 23/11/2001 y 31/12/2001 registrada por Procter & Gamble Argentina SA fue de ganancia por $1.546.850,64.
f) Según el detalle que se describe en el punto 8 de la pericia, la diferencia de cambio originada en el préstamo entre el 31/12/01 y el 30/6/2002 registrada por P&G Argentina fue de $82.802.071,19 y se dedujo del balance impositivo correspondiente al ejercicio fiscal 2002, de acuerdo con lo estipulado en el art. 17 de la ley 25.561, ese importe menos la reversa de la diferencia de cambio según dicho artículo por $11.443.101,44 o sea $71.358.969,70.
g) Según surge de los registros y documentación analizada el 30/10/2001 Procter & Gamble Argentina SRL adquirió a Bristol-Myers Squibb de Argentina SA los activos relacionados con el negocio de Clairol por U$S 7.285.000 más el Impuesto al Valor Agregado de aquellos activos, para los cuales correspondía liquidar este impuesto. h) Entre el 7/12/2001 y el 14/12/2001 P&G Argentina otorgó en préstamo la suma de US$ 37.850.000 a Promotora de Bienes y Valores SRL de CV, sociedad constituida en México.
i) El 14 de diciembre de 2001 Procter & Gamble Argentina SA suscribió acciones preferidas de Procter & Gamble Limited, de Reino Unido por U$S 37.860.453. j) El 30/6/2003 P&G Argentina canceló el saldo del préstamo contraído con la empresa P&G Holding Company mediante la cesión de diversos créditos. A saber: Código Descripción Debe Haber 2103 Procter & Gamble 12.136.814,75 2538 Productos Sanitarios 107.169,87 2882 Procter & Gamble Servicios 3.734.685,98 2379 Procter & Gamble Inversiones 3.733.786,14 11510701 Other AR –Miscelaneos 19.907.184,39 11) Que, cabe señalar que de la referida prueba, surgen los movimientos que tiene registrada la actora en sus libros y las diferencias de cambio originadas en la operatoria, tal como lo reconoció el propio Fisco, pero no alcanza para acreditar con claridad el circuito completo del cuestionado préstamo, el monto total por el que se terminó cancelando ni la porción de intereses pagados.
A ello cabe agregar que, tal como lo dispone el art. 33 de la ley 11.683 (t.o. vigente); “…todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas”.
En el sub lite, las registraciones contables no se encuentran respaldadas por la documentación pertinente con lo cual carecen de valor probatorio suficiente. Por consiguiente, corresponde desestimar el recurso interpuesto sobre este punto.
12. Que, en cuanto a los agravios referidos a la multa impuesta en los términos del art. 45 de la ley 11.683, cabe señalar que el tipo descripto en la norma es de carácter prevalentemente objetivo, presumiendo al menos negligencia en su autor –por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida no puede considerarse cometida la infracción omisiva, ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia, no paga pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas (Conf. esta Sala, “Frigorífico San Jorge Patagonia S.A.”, resol. del 9 de marzo de 1995, entre muchas otras). Este Tribunal ha afirmado, si bien para otro tipo de infracciones administrativas, que nada impide que a través de los datos de la experiencia pueda naturalmente inferirse de los hechos producidos la ocurrencia de culpa en el acto juzgado. Para ello basta verificar que el hecho probado sea consecuencia normal de negligencia o de falta de previsión por parte de los responsables de dicho hecho. No se trata de una presunción de culpa; es la inferencia de negligencia o imprevisión resultante del hecho mismo, recayendo en el presunto infractor la demostración de la concurrencia –como factor determinante para la configuración de la infracción– de otras circunstancias ajenas a su voluntad y que él no pudo controlar (Conf. esta Sala “Parking Dreams (TF 22.864-I) c/ DGI”, sent. del 20 de julio de 2007, entre otros).
13. Que en el caso, la actora ha presentado una declaración inexacta, generando una disminución en el monto a ingresar, de conformidad con lo previsto en el art. 45 de la ley 11.683, omisión que –por sí misma y a falta de otros elementos de juicio que lleven a la desincriminación de la conducta– conduce a este Tribunal a tener por configurada la culpa o negligencia implícitamente requerida en el artículo mencionado. Asimismo, no se ha demostrado la existencia de error excusable como eximente de sanción en los términos del art. 45 de la ley 11.683. En efecto, de las constancias de autos no surge ningún elemento que excuse la responsabilidad de la actora. Por lo que corresponde confirmar la imposición de la sanción.
No obstante lo expuesto, el Tribunal Fiscal, ponderando la falta de fundamentación en la graduación de la referida sanción, resolvió reducir su monto al mínimo legal. Al respecto cabe señalar que no surge del acto de condena la fundamentación por la que se fijó la multa en el 70% del impuesto omitido, no resultando atendibles al respecto los motivos de que se valió el Fisco a fin de desestimar —SALA IV- Causa Nº 65.031/ 2015/CA3, “ P & G HOLDING COMPANY SRL S/ RECURSO DE APELACIÓN”
el error excusable. Por ello, corresponde confirmar lo resuelto por el a-quo sobre el punto.
14. Que, finalmente, en cuanto a la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas, cabe señalar que ella procede cuando a raíz de una verificación fiscal en la que se modifique cualquier apreciación de un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo y otros gravámenes. En cuyo caso el organismo fiscal compensará los importes pertinentes, aún cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación.
Esta norma resulta de aplicación obligatoria para el Fisco Nacional puesto que con ella se trata de evitar la iniciación de demandas de repetición.
En el caso, no procede la aplicación de esta teoría en tanto el sujeto que la solicita debe reunir la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, lo que no se cumple, tal como lo señaló el Tribunal Fiscal por tratarse ambas actoras de sujetos distintos. Por ello cabe desestimar los agravios esgrimidos al respecto.
15. Que, en cuanto a las costas, corresponde confirmar la imposición de la anterior instancia por sus respectivos vencimientos e imponerlas de igual modo en esta Alzada, en atención a que ambas partes resultaron vencedoras y vencidas (art. 71 del CPCCN).
16. Que, conforme el artículo 2° de la acordada de la CSJN nº 66/90, cuando el Estado Nacional debe integrar la tasa judicial antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
Por ello, corresponde hacer lugar al pedido de diferir el pago de la tasa de justicia respecto de la suma de $ 1.383.854,18 (confr. fs. 180), debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los quince días, las medidas adoptadas por su Superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
17. Que, en atención a lo dispuesto el 15 de febrero de 2023, en el punto V, notificado a la actora ese mismo día, sin que dicha parte haya cumplido con la carga de liquidar y pagar la tasa de justicia correspondiente, aplíquense astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de la notificación de la presente resolución hasta la fecha del efectivo cumplimiento. ASí SE RESUELVE.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente y por considerar, este Tribunal, que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada –CSJN 90/92, remítanse los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir. ASÍ TAMBIEN SE DECIDE.
Por todo lo expuesto SE
desestimar los recursos interpuestos por ambas partes y confirmar la resolución apelada, con costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, remítase al Representante del Fisco y oportunamente devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia