Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método –camino– para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco W. B. (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la autenticidad misma de las fuentes. …
TOMO: CXXVI REGISTRO: 002 FOLIO: 016/035
Caleta Olivia, 05 de octubre de 2026.
Estos autos caratulados: “G. P. N./Amenazas calificadas, Daños y Lesiones Leves” Expte. Nº 44717/26, N° de Juzgado de Recursos 8545/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 62/70, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…I) DECRETAR el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de G. P. N. -titular del DNI N° **.***.***, de demás circunstancias personales obrantes en autos, en virtud de lo establecido por el art. 289 y 298 del CPP, por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable delito de VIOLACIÓN DE DOMICILIO, DAÑOS (tres hechos), LESIONES (dos hechos) y ROBO (dos hechos) (Arts. 150, 183, 89, 164 y 45 del CP) por el que fuera indagado, trabando embargo sobre sus bienes en la suma de pesos Un millón ($ 1.000.000,00) actualizables según la tasa de interés activa del Banco Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (arts. 499 y ccs. del CPP)”
Contra dicha resolución ladoctora Sabrina Petersen Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial de Las Heras, interpone recurso de apelación a fs. 85/86, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 87.
En esta instancia es mantenido a fs. 113 por la doctora María Carolina Costes, Defensora P. Oficial ante las Excmas. Cámaras, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que, el auto de mérito, tuvo por acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal de G. P. N., decretando su procesamiento sin prisión preventiva por los delitos de Violación de domicilio, Daños (tres hechos), Lesiones (dos hechos) y Robo (dos hechos), trabando embargo sobre sus bienes por la suma de pesos un millón ($1.000.000), con fundamento en el informe de novedad policial, las declaraciones testimoniales de B. V. S., D. D. U. y C. M. E., los certificados médicos, el croquis ilustrativo y demás constancias de la causa.
Explica la defensa, que comparte parcialmente el análisis efectuado por el Juez de Grado, pero entiende que la resolución impugnada presenta déficits que ameritan su revisión por el Tribunal de Alzada.
Expone así la recurrente que existe una errónea calificación legal, toda vez que considera que el hecho no configura robo (Art. 164 C.P.) sino hurto simple (Art. 162 C.P.).
Considera que ambos apoderamientos, el del teléfono celular y el del televisor, bajo la figura de Robo (art. 164 C.P.), la cual exige, como elemento típico diferenciador del hurto, que el agente emplee fuerza en las cosas o violencia física en las personas como medio comisivo para lograr el apoderamiento. Sin embargo, del propio relato de los hechos contenido en el auto recurrido surge que dicho extremo no se encuentra acreditado respecto de ninguno de los dos hechos, por los motivos que se exponen a continuación.
Señala la defensa que respecto del televisor, el propio auto de procesamiento no describe ni menciona el empleo de fuerza en las cosas ni de violencia sobre las personas al momento de su sustracción, conforme surge de las declaraciones de la propia denunciante B. V. S. y del informe de novedad, G. P. N. se llevó consigo ilegítimamente el televisor, sin que se relate resistencia, forcejeo o violencia alguna en esa oportunidad, por lo que explica ese hecho carece del elemento típico exigido por el art. 164 C.P., debiendo encuadrarse, en todo caso, en la figura de Hurto simple (art. 162 C.P.).
Subraya la apelante, que igual situación se da respecto del teléfono celular, ya que por el propio relato del auto recurrido da cuenta de que G. P. N. tomó el aparato de encima de la cama (momento en el cual no medió fuerza ni violencia alguna) y recién cuando ya se dirigía hacia la puerta de salida, la damnificada intentó detenerla, produciéndose allí el forcejeo, es decir que, conforme la propia secuencia fáctica reconstruida por el A quo, la aprehensión de la cosa se produjo sin violencia, y el forcejeo posterior tuvo lugar en el contexto de un intento de la víctima por recuperar el objeto ya tomado, y no como medio para vencer una resistencia que se opusiera al apoderamiento mismo.
Insiste la apelante que esta distinción, entre la violencia empleada para lograr el desapoderamiento y aquella ejercida con posterioridad para conservar o sustraerse con la cosa ya aprehendida, resulta central para la correcta subsunción típica, y no ha sido abordada con el rigor que el caso exige, limitándose a afirmar dogmáticamente que el delito de robo queda corroborado sin analizar en qué momento preciso se ejerció la fuerza y con qué finalidad.
Entiende así la defensa oficial que en virtud de ello, y en aplicación del principio in dubio pro reo (art. 4° C.P.P.), corresponde que el Tribunal de Alzada revise la calificación legal atribuida y recalifique los hechos como constitutivos del delito de Hurto simple (art. 162 C.P.), o, subsidiariamente, decrete la falta de mérito respecto de la calificación de Robo, ordenando la profundización de la instrucción en este punto.
Continúa la recurrente expresando que existe falta de acreditación del elemento subjetivo (dolo) respecto de las lesiones atribuidas en perjuicio del Sr. D. R. D.. Hace especial hincapié en que de mantener la imputación entiende que no se ha ponderado adecuadamente un elemento central de prueba que genera una duda razonable sobre la existencia de dolo de lesionar dirigido específicamente contra el Sr. D. R. D.. Alega la apelante que de la declaración de la Sra. C. M. E. que relata que fue su marido quien agarra a la agresora con el propósito de desarmarla o de sacarla del domicilio, y que fue en ese preciso momento, en el marco de dicho forcejeo, que resultó cortado en la mano, que conforme esta secuencia, relatada por la testigo cuya declaración fue valorada como elemento de cargo interroga respecto de si la lesión fue el resultado de una acción dirigida por la imputada específicamente contra el Sr. D. R. D., o si se produjo de manera accidental o refleja en el contexto de la maniobra de éste para desarmarla, circunstancia que no fue analizada en el auto recurrido pese a su relevancia para la correcta atribución subjetiva del hecho conforme el art. 89 del C.P.
Menciona la recurrente que el Juez de Grado se limitó a afirmar que las declaraciones no dejan lugar a dudas sobre la autoría de la lesión, sin efectuar un análisis diferenciado sobre si dicha lesión fue querida y dirigida contra el nombrado o si se trató de una consecuencia no buscada del despliegue defensivo de la víctima al intentar desarmar a la imputada.
Finalmente, solicita la defensa que en virtud del principio in dubio pro reo se decrete la falta de mérito respecto de este hecho en particular, ordenándose la producción de prueba adicional que permita esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo la lesión. III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Comenzando el análisis de las presentes, toda vez que no ha sido motivo de agravio, se tiene por acreditado que el día **/** a las 21.00 hs, aproximadamente la encartada en autos G. P. N., se constituyó en el domicilio sito en DIRECCION xxxxxx N° *** de la localidad de Las Heras, residencia de la Sra. B. V. S..
Así también, se ha corroborado que minutos más tardes la Sra. B. V. S. primero y la Sra. G. P. N. detrás de ella, se dirigieron al departamento N° 3, ubicado en el fondo de ese mismo complejo habitacional, donde reside el Sr. D. R. D. y la Sra. C. M. E..
En ese contexto de tiempo y lugar, se dieron los hechos motivo de instrucción en los presentes, por lo que corresponde adentrarse en el análisis del modo comisivo de los diferentes hechos punibles.
Cuestiona la defensa que los hechos han sido mal tipificados en la figura penal del robo, toda vez que a su entender el desapoderamiento no se produjo con violencia o fuerza en las cosas, sino que el tipo penal correcto es el hurto, ya que no se dan los requisitos configurativos del robo.
En primer término, debo recalcar que si bien son contestes víctima y victimaria al relatar que el teléfono celular sustraído se encontraba sobre la cama y la encartada en autos lo tomo sin impedimento alguno, luego al querer retirarlo del lugar se produjo el forcejeo en el momento en que se trato de consumar el delito, por lo que constituye claramente el requisito del tipo objetivo sistemático de violencia en las personas.
En los autos caratulados: “P. (MENOR) Y OTROS S/ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CON ARMA Y EN POBLADO Y BANDA” Expte. Nº P-5708/22, N° de Juzgado de Recursos 8018/25, procedentes del Juzgado Penal Juvenil de Caleta Olivia, sostuve que: "La defensa se agravia en su planteo de fs. 140/142 respecto a la calificante legal tipificada en el art. 167 inc. 2 del C.P.. Sobre ello cabe señalar que resulta ajustada a la información incorporada a la causa, la aplicación de la agravante “en poblado y en banda”, pues, lo argumentado para así resolver, vincula a los imputados con los hechos investigados. Sobre el alcance de la calificante, en los autos caratulados:
"INC. DE COPIAS EN A. M. G. L. S/ ROBO
CALIFCIADO R/DAMNIFICADO", Expte. Nº I-61713/25, Nº de Juzgado de Recursos 8059/25, procedentes del Juzgado de Instrucción N º 1 de Pico Truncado, sostuve que: "En referencia al agravio de la agravante de robo en poblado y en banda, en autos caratulados “R. J. E. S/Robo Calificado” Expte. Nº R.31.303/21, N° de Recursos 6238/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "El A quo realiza un minucioso examen legal y dogmático para concluir que el mínimo de sujetos integrantes de una "banda" requerido por la calificante es de dos personas, siendo ésta, como tantas otras cuestiones penales, pasible de una determinación valorativa del campo de lo prohibido, es decir de una hermenéutica que permita establecer cuando se verifica en un hecho dicha calificante.
En este sentido, es pacífica la jurisprudencia, en cuanto al número de los integrantes y el concepto de "banda", diferenciado del delito de "Asociación Ilícita", al entender que: "La concurrencia de tres o más personas en la etapa ejecutiva del delito satisface el elemento"banda" del tipo del robo calificado descripto por el art. 167, inc. 2º, C. P., en tanto el fundamento de la agravante radica en el aumento del poder ofensivo de los sujetos activos, con el consecuente crecimiento del riesgo potencial respecto de los bienes jurídicos tutelados por la figura en cuestión (propiedad e integridad física personal). Una interpretación sistemática del ordenamiento positivo impide la asimilación del tipo en estudio en el contemplado por el art. 210, C.
P. De tal modo, más allá de los antecedentes legislativos (art. 78 del proyecto de 1917), es dable afirmar que la asociación ilícita implica siempre la exigencia de una banda, pero no a la inversa. El art. 210 exige que las tres o más personas (la"banda") concierten o acuerden cometer delitos en forma indeterminada, elemento no contemplado en el tipo objetivo del inciso 2º del art. 167. Esta última norma se satisface con la intervención en el hecho (etapa ejecutiva) de una "banda" -pluralidadde personas, sin que resulte típicamente necesario que la misma tenga otras características especiales (como, por ejemplo, permanencia). Dentro de la interpretación sistemática que se propugna y ante el silencio del tipo sobre la cantidad de integrantes legalmente relevante, sólo debe recurrirse al art. 210 para dilucidar dicha cuestión (*) (del voto del Dr.
Rimondi). "El delito de asociación ilícita (art. 210, C. P.), es cualitativamente distinto al robo en poblado y en banda (art. 167, inc. 2º, C. P.) (**), porque, además que el primero requiere la concurrencia de ciertos elementos específicos para su configuración, se encuentra incluido en el Código Penal dentro de un título diferente al restante. En el delito de asociación ilícita el bien jurídico protegido es el orden público, en tanto que el robo en poblado y en banda es una figura incluida dentro del título de los delitos contra la propiedad, resultando éste el bien jurídico tutelado a través de dicha norma. A los fines de la aplicación de la agravante del art. 167, inc. 2º, C. P., es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte de la ejecución del hecho -empleado en el sentido del art. 45-, sin necesidad que tales partícipes integren a su vez una asociación ilícita de las que describe el art. 210, C.
P. P. N. " (***) (del voto del Dr. Barbarosch). Por ello, corresponde confirmar el procesamiento decretado en orden al delito de robo en poblado y en banda". (El subrayado me pertenece) (CONFORME C.N.Crim.
y Correc. Sala I, 8/9/2005, "Gonzalez, M. A.", c. 26.959, Jueces: Barbarosch, Rimondi, Bruzzone (en disidencia parcial). Prosec. Cám.: Fernández de Cuevas), PJN Intranet. Disidencia parcial del Dr. Bruzzone: No resulta de aplicación la agravante prevista por el art. 41 quater del C.P., al no darse las pautas que esa norma requiere, si el encausado al momento del hecho no era mayor de edad en los términos del art. 126 del C.C. Para aplicar la agravante de poblado y banda prevista en el artículo 167, inciso 2º, del C.P., deben darse los mismos presupuestos que el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del mencionado cuerpo legal (***). No obstante, debe modificarse, en favor del imputado, el encuadramiento legal del episodio, por considerárselo constitutivo del delito de robo simple (art. 164 del C.P.). Finalmente, no corresponde disponer la prisión preventiva del imputado, si no se dan los requisitos previstos por el art. 312 del C.P.P.N., en conjunción con los arts. 280 y 319 del citado cuerpo legal, en tanto no existen indicios para presumir que intentará darse a la fuga o entorpecer el curso de la investigación.
Por ello, corresponde la modificación de la calificación legal que se impusiera, y confirmar el procesamiento en orden al delito de robo simple (arts. 45 y 164, del C.P.). Se citó: (*) C.N.C.P., Sala I, reg. 1207, "Botto, Daniel", rta: 29/10/1996; Sala II, reg. 429, "Madotta, Claudio", rta: 16/03/1995; Sala III, reg. 147, "Aguilera, Oscar", rta:
23/03/1994. (**) C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria B, c. 90, "López, Ariel Eduardo", rta: 10/01/2003. (***) C.N.Crim y Correc., Fallo Plenario "Quiróz, Julio A.", rta: 4/9/1989, J.P.B.A. 69, 291. (****) C.N.Crim. y Correc., c 23.499, "Vega, Aníbal Rosario", rta: 12/5/2004. /// -; ; Penal; 26959; RC J 4345/00).- En base a ello, y más allá del preciso desarrollo realizado por el A quo, entiendo que el número de integrantes de la "banda" para que la misma quede configurada a los fines de la agravante del robo, es de tres sujetos activos en el delito de robo que se califica por esta circunstancia, pues considero que el concepto de "banda" esta abarcado por el de la "Asociación Ilícita", como un elemento de ésta.".-Bajo estas pautas, que dan respuesta a parte de los agravios relativos a la “banda” corresponde analizar la situación de autos.
Como expuse en párrafos anteriores, comparto con el A quo en que G. A. Y. C., tomó parte de la ejecución del hecho en el último tramo del mismo en los términos del art. 45 del C.P., habiendo intervenido con conocimiento de la conducta previa desplegada por H. Z. y su consorte procesal, y actuado junto a H. Z. a los fines de asegurar el producto delictivo y lograr la impunidad del hecho, siendo su intervención y aporte sustancial para agotar el delito. La circunstancia del resultado negativo del reconocimiento en rueda de personas en el que participó el testigo A. M. G. L. y el imputado, no tiene la relevancia que le asigna la defensa, pues se buscaba reconocer a quien había participado del primer tramo del hecho, el decir del desapoderamiento con armas, conducta que no le fue atribuida a G.
A. Y. C.. Además, la participación en la etapa final del delito se encuentra plenamente acreditada con los testimonios de los efectivos policiales F. (fs, 140/150), y B. (fs. 161/162), quienes se encontraban presentes e identificaron a G. A. Y. C. como uno de los agresores. Y en los autos caratulados: “INC. DE COPIAS EN AUTOS: D. N. E. S/ Robo doblemente calificado” Expte. Nº 61711/25, N° de Juzgado de Recursos 8064/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Que conforme el informe de las cámaras de seguridad elaborado por la división investigaciones obrantes a fs. 03/20 y en particular a fs. 16/17 donde expresa: "En el horario de 05:49:55, se observa a otra persona de la cual se desconoce sexo, a quien mencionaremos a partir de estos momentos como N., encontrándose vestida con ropa oscura ancha y con capucha y a los minutos se observa llegar a N., con el elementos rectangular de color gris en sus brazo izquierdo y al masculino mencionado como NN. todos con capucha se retiraron del lugar caminando por calle DIRECCION_1 con dirección al punto candinal Este." Así, con lo expresado en dicho informe y las imágenes agregadas como parte del informe, no se puede atribuir participación alguna en el hecho aquí investigado a la persona indicada como N..
De la información agregada y analizada en autos, no se puede establecer que la tercera persona, haya realizado conducta alguna, y en su caso, ni mucho menos, que la misma pueda ser tenida como una intervención “lato sensu” en la ejecución del hecho, conforme lo normado en el art. 45 del C.P. Que le asiste razón a la defensa en cuanto a que el arribo de esta tercera persona en un vehículo de alquiler, descendiendo en la esquina de la cuadra de la vivienda donde ingresaron y perpetraron el ilícito los Sres. D. N. y A. C. D. C. R., no permite acreditar que la misma tuviera participación en el hecho aquí investigado. Que el agravante aquí cuestionado, banda, no resulta aplicable, pues el mismo requiere que todos los integrantes tomen parte en la ejecución del hecho o presten a éstos auxilio o cooperación sin los cuales el mismo no habría podido cometerse, o hayan determinado a los mismos a cometerlo.
No se puede acreditar cual es la participación de esta tercer persona que arriba en un auto de alquiler, del cual desciende y paga el viaje en efectivo, despidiendo al conductor L. ( según lo expresado a fs. 140) en cercanías del domicilio violentado, siendo además que se observa, de la imagen captada en secuencia fotográfica, que la misma se encuentra sola. La misma no mantiene contacto con ninguna de las personas que ingresaron al domicilio de U., se la observa parada en la esquina de intersección de calles DIRECCION_1, y minutos después de su arribo aparecen estas dos personas que si habían ingresado al domicilio donde se comete el ilícito (una de ellas cargando un elemento rectangular de color gris en su brazo y el masculino) retirándose caminando estas tres personas por calle DIRECCION_1.
En esta dinámica descripta precedentemente no es posible establecer cuál es la participación de esta tercer persona en el plan concreto del hecho, discrepando con el A quo en cuanto a que atribuye a dicha persona haber actuado en calidad de "campana". Según el informe, esta tercer persona arriba a la esquina conformada por la intersección de calles DIRECCION_1, permanece unos minutos, para luego reunirse con dos personas portando una de ellas un elemento rectangular de color gris y retirarse caminando, vale decir que el hecho ya estaba siendo cometido por D. N. y A. C. D. C. R. en el domicilio de U., conforme la franja horaria y las secuencias fílmicas analizadas, y sin poder especificarse cuál es el aporte que realiza para la comisión del hecho esta tercer persona identificada como NN2.
Por todo lo expresado, corresponde descartar, al menos con la información agregada en autos hasta la actualidad, la calificante de banda." Cabe señalar que el ejercicio de violencia descarta cualquier participación secundaria en el presente hecho. Se ha dicho en doctrina que: "La violencia puede tener lugar antes del robo (por ejemplo, el sueño producido hipnóticamente por el empleado doméstico al patrón para que luego, por la noche, actúen los ladrones), en el acto de cometer el robo (momento que va desde el comienzo de los actos de ejecución hasta el final de la consumación) o después de cometido el robo para procurar su impunidad (se debe haber consumado el apoderamiento o el desistimiento de la tentativa y, posteriormente, el ladrón ejercer la violencia para lograr su impunidad o la de un participante en la "comisión" del delito, no de quien no tomó parte en el robo, por ejemplo, el que planificó el delito)." (Conforme CODIGO PENAL PARTE ESPECIAL, TOMO II, LA LEY, RUBEN E, FIGARI DIRECTOR, ABELARDO M.
MANZANO, COORDINADOR pág. 272) Ahora bien, la reunión de los tres coimputados con el propósito de cometer el hecho, en el caso especial de robo, constituye el concepto de banda. De esta manera, no puede tener acogida favorable lo expresado por la defensa. Del testimonio del denunciante G. A. surge que, al arribar al lugar, ve que una persona que se encontraba en sector patio, de campana, que forcejearon, sin embargo decide soltarlo cuando escucha un grito de su padre, al dirigirse hacia el interior de la vivienda y observa que su padre estaba junto a los otros dos delincuentes, los cuales fueron posteriormente aprehendido por personal policial. Por dicha situación, la acción del coimputado no se limitó a lo que jurisprudencialmente se conoce como “campana”, sino que tomo acción directa en la violencia que implica el delito de Robo. Lo que debe valorarse en autos es la acción que despliega cada sujeto activo para analizar si estamos en un supuesto de autoría, coautoría o participación, y esa valoración es dinámica, no procede por roles fijos. Continuando que, los imputados le manifestaban "DAME LAS LLAVES DEL PORTÓN PARA SACAR EL AUTO O TE MATO" mientras le apoyaba un cuchillo en el cuello de su padre. Da fuerza a sus dichos el relato de la víctima del hecho investigado (fs. 21), quien es claro al indicar: "...escucho un ruido nuevamente proveniente de la parte frente de la casa, donde ingresan dos personas de sexo masculino y una más que se encontraba en el portón de la casa...". En relación a la utilización de un arma para cometer el hecho, no puede sostenerse lo dicho por la defensa, toda vez que se cuenta con el testimonio de dos testigos que observaron el arma en cuestión.En los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...Sobre el particular se ha señalado que: "Por violencia debe entenderse, como señala C., aquel despliegue de energía física, humana, animal o mecánica, fluida o química que el autor del hecho lleva a cabo sobre la víctima, importando con ello la supresión o limitación material de la libertad de acción de esta última, así como la eventual resistencia que la misma pudiera oponer al apoderamiento ilegítimo...". (Conf.
CODIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO, PARTE ESPECIAL, SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA, TOMO II, ALEJANDRO TAZZA, RUBINZAL CULZONI EDITORES, AÑO
2018, PÁGINA 39) Respecto del concepto de arma como elemento normativo del tipo penal agravado, el autor citado, al comentar el artículo 166 inc. 2 del C.P., expone: “… Por otro lado, la teoría subjetiva o de la intimidación atiende, no la definición técnica del arma, sino al mayor poder intimidante y vulnerabilizante del medio empleado para poder vencer la resistencia de la víctima, ya que la violencia del robo simple puede ser ejercitada por cualquier otra forma que no sea necesariamente el recurso al empleo de un arma. Creemos que las distintas y nuevas modificaciones legales a estas disposiciones penales han consagrado implícitamente en nuestro sistema la tesis subjetiva, ya que de una atenta lectura a los restantes párrafos previstos en este delito puede concluirse que se entendió que las armas a las que alude esta forma punitiva son todas aquellas que aumentan el poder ofensivo del agente independientemente del criterio técnico que puede asignársele a dicha expresión… En tal entendimiento, y coincidiendo en que el concepto de arma constituye un elemento normativo del tipo, es la acepción común que atiende a la finalidad del objeto de acuerdo con su uso la que debe prevalecer a los fines de la integración de dicho concepto…En síntesis, el concepto de “arma” a fin de establecer la posibilidad agravatoria del tipo penal dependerá de la naturaleza del objeto empleado y fundamentalmente, de las especiales circunstancias particulares del caso que permitan asegurar que tenía –en el caso concreto- un poder vulnerante e intimidatorio como para fundar la mayor peligrosidad que justifica la pena superior al tipo básico aquí dispuesta” (Obra citada, páginas 53/55, el resaltado en negrita me pertenece)...".- En los autos caratulados: "N.
B. E. S/ ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO", Expte. Nº 2125 (N-539/07/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "Que, sobre tal cuestión, la Cámara Nacional de Casación Penal, sala III, en los autos caratulados "G. P. N., Horacio" (Causa N° 114, R° 123 del 19/IV/1994), expresó que en "...el diccionario de la Real Academia Española, décimo quinta edición, Madrid 1925, surge que arma es el 'instrumento destinado a ofender o defenderse' (cualquier instrumento que pueda utilizarse para tal fin). Este concepto fue ampliado en la vigésima edición de 1984 del referido diccionario, donde se define arma como: 'instrumento, medio o máquina destinados a ofender o defenderse'. Como es sabido, de la definición de arma se deduce una principal distinción entre armas ofensivas y defensivas.
Las primeras sirven para ofender, es decir, para herir o demoler, y pueden ser armas blancas, arrojadizas o de fuego. Estas (armas ofensivas) a su vez, se clasifican en dos grupos: armas de mano y armas de tiro, comprendiendo las de mano al palo y la maza, la espada, la lanza, el hacha y el puñal; y las de tiro al dardo, el arco con la flecha, la ballesta, ciertas máquinas de guerra antiguas como la catapulta y las armas de fuego (pistola, revólver, escopeta, ametralladora, etc.)...”.- Que, más adelante, concluye “...de lo expresado se desprende que arma es todo aquel instrumento específicamente destinado, diseñado, construido o creado con el objeto de herir, dañar o lesionar a las personas, o todo artefacto que aumente el poder ofensivo del hombre; como así también cualquier otro objeto – sin distinción– que sea transformado en arma por su destino, es decir, al ser empleado como medio, instrumento o elemento contundente, aunque dicha transformación sea temporaria o transitoria.
Esta última es la categoría de las llamadas armas impropias...”.-VII.-) Que, el art. 166 inc. 2 del Cód. Penal prevé reclusión o prisión de 5 (cinco) a 15 (quince) años, "si el robo se cometiere con armas". El tipo legal cuando se refiere a arma no hace distinción alguna -lo hace en forma genéricacontemplando y abarcando todo objeto que incremente el poder vulnerante de quien lo esgrima, o cualquier instrumento que pueda ser utilizado como arma según "ut supra" se expusiera. La amplitud de alcance y contenido del término bajo análisis, encuentra fundamentación suficiente en los antecedentes del actual Código Penal, que R. M. (h) detalladamente expone en su obra "El Código Penal y sus antecedentes" (T°.
V, P.144, n° 134, año 1923), citando la nota que sobre el concepto de arma realizó el Dr. Tejedor en su proyecto, la cual reza “...por la palabra armas se entiende todo instrumento con 'el cual se pueda inferir una herida corporal capaz de poner en peligro la vida...”; “...Todos los legisladores han considerado el uso, y aún 'la simple posesión de armas', como una circunstancia agravante de ciertos delitos. Encuéntrase, en efecto, en esta 'posesión o este uso el indicio de una intención más culpable, que confiere a la acción un carácter más grave'. Era, '...pues, importante precisar los objetos que la ley reputa 'armas, y por eso definimos aquí la palabra, tomando este artículo del Código de Baviera....De todo lo expuesto se 'sigue que el arma toma su carácter, no tanto de la materia que la forma, como del uso a que se destina'; todo lo 'que puede dañar, todos los objetos con los cuales se puede matar o herir, pueden convertirse en armas.
Esta definición más general en los términos es, sin embargo, más restrictiva, por el animus moral que exige en la posesión de un objeto para que se repute una arma. El Código de 1886 también consignó la agravante para el caso de cometerse el robo en despoblado y con armas, y la misma disposición se repite en los proyectos de 1891 y 1906, manteniéndose en el código vigente...”
(Rodolfo Moreno [h], obra citada).- Que, cabe señalar al respecto que la precedente interpretación del concepto de la palabra "arma"; utilizada en el inc. 2 del art. 166 del Cód. Penal, ha sido reconocida casi unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia; así Sebastián Soler en su Tratado de Derecho Penal Argentino T° IV pág. 299, Ricardo Núñez en su obra "Delitos contra la propiedad" pág. 210 y Rodolfo Moreno (h) –ya citado– entre muchos otros; y lo expuesto en cuanto a este concepto por los integrantes de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en el Plenario “Scioscia”, (10/XII/1976, J.A. 1977-I, pág. 431 y ss.; La Ley 1977-A, pág. 1), y en el Plenario “Costas” (15/X/1986, La Ley 1986-E, pág. 376), precedentes citados por este Alto Cuerpo en oportunidad de dictar sentencia en la causa “Soto Poblete” (T° III, Sentencia, R° 76, F° 514/524 del 15/VIII/2000), proveniente de la Excma.
Cámara Criminal de la 2° Circ. Judicial, a cuyos fundamentos remite este Tribunal Superior.-VIII.-) Que, la razón de ser de la agravante de la figura básica del robo, cuando se comete con armas, es el mayor peligro real en la integridad física corrido por el o los sujetos pasivos, que enfrentan un riesgo serio y cierto de agresión corporal inmediato y de gravedad mayor que si no se emplean tales elementos, sean propios o impropios. El uso de un arma (sea o no arma en sentido propio) para cometer un robo, coloca al delincuente en una situación ventajosa sobre su víctima, dado el poder intimidante que el arma ejerce sobre ésta y el mayor estado de indefensión de la misma.-Que, en el precedente “Soto Poblete”, este Alto Cuerpo explicaba que el fundamento para resultar procedente la calificante, radicaba “...en el real peligro corrido por la víctima...”, situación que se verifica en autos por el uso intimidante del destornillador por “C.A.M.” como elemento punzante contra Fernández.-Que, corresponde aclarar que la interpretación que entiende por "arma" solamente a las de fuego, aunque original, resulta incongruente con la acepción legítima del vocablo en análisis expuesta "ut-supra" –ver considerandos 4to. y 5to.– y comporta una significación limitativa del mismo, que deriva de una fragmentación del contenido del concepto genérico y amplio utilizado por la norma, que deviene improcedente e inadmisible en el caso en mérito a que la ley nada distingue, por lo que consecuentemente nada corresponde distinguir.
Y vemos así, siguiendo ese criterio, que se llega a desconocer como armas a ciertos elementos que han sido creados expresamente como tales (espadas, ballestas, lanzas, etc.). Por otra parte, con relación a la interpretación que sólo comprende en el concepto de referencia a las armas propias, esta interpretación restrictiva descartaría el peligro y la potencialidad ofensiva de ciertos objetos como un bastón de mano, un caño o un palo de madera. Este tipo de elementos tienen innegablemente el carácter de "arma" –en sentido impropio– que integra el tipo penal en crisis, porque al ser utilizados como elementos contundentes conllevan un peligro cierto para la vida o para la integridad física de la víctima.-IX.-) Que, concordando con lo expresado, la referida Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, ha reconocido el carácter de arma impropia a numerosos elementos de uso cotidiano tales como destornilladores (Causa N° 6891, "García, Ricardo", sala VI, 13/II/1981), aerosoles (Causa "Rodríguez, Héctor", sala VI, 21/XII/1990), cuchillos –arma blanca– (Causa "Ferreyra Olivera, Alcides", sala I, 21/VI/1990; Causa N° 22.704, "Pertine, Carlos", sala III, 26/XI/1987), alicates (Causa N° 25.501, "Zerudo, Elio", sala I, 18/III/1982), etc.-Que, a mayor abundamiento, debemos señalar que en virtud de la reforma introducida por la Ley N° 25.882 (B.O. 26/IV/2004), que agregó dos párrafos al inc. 2 del art. 166 del Cód.
Penal, la interpretación de la ley que sustenta el recurrente carece del más mínimo fundamento, toda vez que la norma ahora eleva la pena cuando "... el arma utilizada fuera de fuego...", con lo cual resulta evidente (más aún) que el tipo penal en cuestión (robo con armas) se refirió siempre a las "armas" en forma genérica, abarcando a todo objeto que aumente el poder ofensivo de quien lo esgrima.-Que, por consiguiente, en el caso que nos ocupa, entendemos claramente que el destornillador secuestrado que portaba “C.A.M.” en el momento de cometer el ilícito que se enrostra a Núñez (ver fs. 22), se encuentra abarcado por la doctrina expuesta precedentemente, pues aquél adquirió el carácter de arma impropia por su destino, aunque haya sido temporario o transitorio, al ser empleado como medio o instrumento para aumentar el poder vulnerante del imputado contra la voluntad de la víctima.".- Sobre este piso, lo alegado la defensa respecto a que el arma al no poder ser hallada en el lugar no resulta impedimento para subsumir las conductas en el art. 166 inc. 2 del C.P..
Surge de las constancias de autos la utilización de un cuchillo por parte de los encausados en el momento del hecho, quienes se valieron de ella para intimidar, describiéndola como tal, es decir como un arma tipo cuchillo. A lo que corresponde sumar que, la víctima Mariano G. A., manifiesta haber recibido cortes producto de la utilización de dicho elemento, conforme se desprende del certificado médico obrante a fs. 08.Por lo expresado, corresponde rechazar los agravios formulados, y confirmar el auto de procesamiento en todo cuanto fuera materia de apelación."
En su declaración testimonial en Sede Prevencional, la Sra. B. V. S., manifestó (fs. 15) "... tomo mi teléfono celular marca Sansung modelo A53, color blanco con su respectiva funda con brillitos, perteneciente a la empresa Claro, número de teléfono ********, que se encontraba arriba de mi cama y después se dirigió hacia la puerta de ingreso a la vivienda y la detuve por lo que comenzamos a forcejear para que ella me devuelva mi teléfono celular, después la citada G. se escapó de mi vivienda ...". En este punto, si bien es cierto que la encartada en autos tomó el celular de la cama sin mediar violencia, el iter críminis estaba en pleno desarrollo, y para lograr su apoderamiento hubo de forcejear con la víctima, por lo que corresponde rechazar el agravio en este sentido.
Luego, alega la defensa que la instrucción no determinó el modo comisivo en que se sustrajo del domicilio el televisor y su correspondiente soporte. Lo primero en señalar es que rigen, en el análisis de cualquier hecho, las máximas de la experiencia. En los autos caratulados: “P. G. M./ ROBO CALIFICADO”, Expte. Nº 41717/25-F, N° de Juzgado de Recursos 8047/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: “Respecto de los agravios a la hora de analizar y valorar la información para la reconstrucción histórica de un hecho punible, en los autos caratulados: “OJEDA, JONATHAN SAMUEL S/ Denuncia Hurto” Expte. Nº 82.747/24, N° de Juzgado de Recursos 7420/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que la materialidad histórica de los hechos se encuentra acreditada no solo con el testimonio del Sr.
O. (fs. 25 y vta., 63/65) sino con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio en el que los mismos sucedieron, conforme lo informado por la División de Investigaciones de Caleta Olivia, sobre de la extracción de las imágenes, obrante a fs. 2/8… Respecto de la crítica a la calificante “ESCALAMIENTO”, y su falta de descripción, corresponde señalar que, en este caso, frente a la existencia de un muro conformado en su mitad con pared y la restante con una reja, de casi dos metros de altura (1,80 mts. específicamente), es difícil imaginar otra modalidad de franquear el mismo, al menos con la información agregada en autos, que no haya sido el escalamiento (saltar, trepar, escalar, etc.), es decir el “trasvasar” el muro por su parte superior, pues no hubo rastros o evidencia de una efracción del mismo.
Ello, además, pues se trata en ambos hechos de la intervención de una sola persona, por lo que, reitero, la información agregada en autos y analizada según la sana crítica racional y las “máximas de experiencia” (Léase “Si el juez debe formar su juicio “de conformidad con las reglas de la sana crítica” entre las cuales se encuentran las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano” -Conf. P. A. V., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.8, p. 140°), hacen concluir en la mecánica de ingreso imputada en la declaración indagatoria, es decir: "...saltó el cerco perimetral..." , es correcta y se encuentra acreditada en autos con un grado de probabilidad positiva, más que suficiente.
No existen dudas sobre la modalidad del ingreso del imputado al predio, como señalé, en el que se encuentra el edificio de la escuela CODEDCO, dentro del cual fueron sustraídas las computadoras en las dos oportunidades en que lo hizo…” En este orden, la reconstrucción material de una conducta o hecho punible, puede centrarse en la evidencia que establece la modalidad de manera previa al hecho, o durante su desarrollo o a partir de su consumación y/o agotamiento. Esta evidencia, puede establecer la inferencia necesaria para confirmar en un caso, una modalidad de acción y conducta histórica que configura un hecho punible. Asimismo, y tal como señaló la Corte suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal”, el método histórico es el que mejor se ajusta a la reconstrucción de un hecho.
En autos “NEGRETTI XIOMARA BETSABET S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P” EXPTE. Nº 30.608/20-N, N° DE RECURSOS 6675/22, sostuve que: "...Para analizar el contenido de la imposibilidad de proceder, debemos confrontarlo con los parámetros que el propio código establece como fundamentos de la investigación. En este sentido, la norma que guía el accionar judicial y del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria es el artículo 185 del CPP. Cabe señalar que “Toda investigación penal involucra en su misma esencia una reconstrucción histórica, tratando de revivir para el proceso un hecho pasado a la luz de los rastros o recuerdos que pudieron quedar del mismo. Establecer lo que pasó, dando respuesta a las clásicas incógnitas; cuándo, dónde, cómo, porqué y, más tarde, quién.
Para tales fines la ley procesal consagra, como principio general y rector, de aceptación general en el presente, la idea de la libertad probatoria, consistente en la posible utilización para el proceso de cualquier medio de acreditación, previsto o no en la normativa, con tal que el mismo no sea contrario a la ley o menoscabe garantías constitucionales...". (CONFORME DELITOS SEXUALES SOBRE MENORES Pedro A. GUTIERREZ, ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, págs.. 205, ss. Y cc.) ... La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado fallo "Casal", sostuvo sobre la regla de la sana crítica, la investigación penal, la prueba y el análisis y valoración de la misma, que: "Por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez.
Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método –camino– para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco W. B. (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la autenticidad misma de las fuentes. La crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea, a determinar si son creíbles sus contenidos.
Por último, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis respecto del hecho pasado. Es bastante claro el paralelo con la tarea que incumbe al juez en el proceso penal: hay pruebas admisibles e inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas que reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de oficio en su favor. La heurística procesal penal está minuciosamente reglada. A la crítica externa está obligado no sólo por las reglas del método, sino incluso porque las conclusiones acerca de la inautenticidad con frecuencia configuran conductas típicas penalmente conminadas.
La crítica interna se impone para alcanzar la síntesis, la comparación entre las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La síntesis ofrece al historiador un campo más amplio que al juez, porque el primero puede admitir diversas hipótesis, o sea, que la asignación de valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o poco asertiva. En el caso del juez penal, cuando se producen estas situaciones, debe aplicar a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código procesal y de las garantías procesales y penales establecidas en la Constitución, dispone de menor libertad para la aplicación del método histórico en la reconstrucción del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método, sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas impuesta normativamente.
Que conforme a lo señalado, la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia." No siempre existe evidencia directa de todo el iter críminis, pero el mismo se infiere de la evidencia y resultados que toda conducta tiene y deja a lo largo de su desarrollo, no siendo posible, en muchos casos, contar con un testigo presencial de los mismos, por ello adquiere siempre relevancia y trascendencia los dichos de una víctima que ha sufrido el accionar delictivo. Entonces, la materialidad histórica de un hecho se demuestra con la reconstrucción histórica de la conducta, a partir de todo tipo de rastro de evidencia (física, digital, etc.) de los aportes de víctimas y testigos, como así de todo proceso pericial y medidas en general que tiendan a aportar información para su acreditación.
Y su valoración debe ser mediante las reglas de la sana crítica racional y las máximas de la experiencia, y las explicaciones y coartadas que integran una teoría del caso, no pueden prescindir de ellas, pues de lo contrario se estaría vulnerando el principio de supremacía de la realidad. En autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto".
Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional.
Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".
Conforme surge de lo expuesto, la conclusión sobre la información incorporada en este legajo que realiza el A quo, es una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.”
Lo que surge de la declaración testimonial de la Sra. B. V. S., quien refirió (fs. 15) "... Consecuentemente me dirigí a mi domicilio y constate faltante de un (019 televisor marca RSA de 42" color negro,con su respectivo soporte, mismo se encontraba en mi dormitorio ... PREGUNTADA: Para que diga si usted observó a la citada G. P. N. sustraer su televisor. CONTESTA: "... No, observé el momento en que ella sustrajo mi teléfono celular y al querer quitárselo ella me propinó golpes y empujones, pero en cuanto al televisor estimo que fue en el lapso de tiempo en que me encontraba en la casa de mi vecino C.. ...".-
Cabe señalar que, va de suyo, luego que la víctima se refugiara, la imputada se apoderó del televisor de ésta, razón por la cual corresponde rechazar el agravio en este sentido.
En ese orden de ideas, el domicilio no quedó vacío por voluntad de la víctima que se fue y lo dejó abierto, sino que en el derrotero de eventos que sucedieron esa noche, se sustrajo del domicilio el televisor marca RSA de 42", con su respectivo soporte, en momentos en que por la violencia desplegada por la imputada en autos, la víctima tuvo que abandonar su vivienda involuntariamente y con premura, buscando resguardar su integridad física. Amén de ello, la misma imputada G. P. N., refirió en su declaración indagatoria (fs. 26 vta.) "... yo no le robe solo quería que me dé el celular que es mío, por eso le saque el celular. Yo tengo el celular y el tele, yo había ido a la comisaría para que ella también vaya hasta la comisaría y así poder hacer la entrega ahí, pero al final quedé detenida, yo estoy arrepentida de todo esto, no pensé que esto iba a terminar así ..."
En lo referente a la subsunción jurídica de los hechos efectuada por el A quo, la considero correcta, debiendo rechazarse la pretensión de la defensa de que el hecho aconteció con ausencia fuerza o violencia en las cosas o personas, ya que la imputada de autos dirigió su accionar con plena conocimiento y finalidad de sus acciones, y luego del forcejeo inicial logra egresar del domicilio con el celular y despliega más violencia, persiguiendo luego a la víctima hacia la otra vivienda, golpeando no solo a la víctima, sino también a los otros moradores y arrojando piedras contra las viviendas las que provocaron la rotura de los vidrios exteriores de varios departamentos del complejo.
Surge de lo actuado que el hecho fue consumado, en el momento en que mediante el empleo de la fuerza para sortear el obstáculo que se presentó ante la marcha de la imputada,forcejeo con la víctima, y egresó del domicilio portando el celular de la misma, nótese que la autora tuvo la posibilidad de efectuar actos de disposición sobre estos efectos, sin que nadie estuviese en condiciones de impedirlo, toda vez que a la fecha de la indagatoria todavía los mismos se encontraban en su poder.
En los autos caratulados “Q. G. S/ Hurto” Expte. Nº Q-32420/21, N° de Recursos 6470/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sobre el particular, y en lo que existe acuerdo dogmático y jurisprudencial, se ha sostenido que: "Una acción es punible no solamente cuando concurren todas las circunstancias que conforman el tipo objetivo y el subjetivo (consumación), sino también -en ciertos casos- cuando falta alguno de los elementos requeridos por el tipo objetivo (Tentativa). Se sostiene que la tentativa constituye un delito incompleto, más no por la ausencia de sus requisitos típicos estructurales, sino porque éstos no se han podido realizar en el tiempo. En consecuencia se afirma que el art. 42 del C.P. establece un dispositivo amplificador de la tipicidad, mediante el cual se capta la acción desde el momento en que el agente comienza su ejecución...."
(CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS.
685).- En palabras del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, en la obra "Estructura Básica del Derecho Penal" pág. 150 Ed. EDIAR, "El iter críminis: Desde que surge la idea criminal hasta que se agota el resultado hay un camino o iter críminis, que abarca concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, producción del resultado y agotamiento de éste. La tipicidad ampliada temporalmente por tentativa extiende la prohibición a los actos que van desde el comienzo de ejecución (art. 42 del C.P.) hasta el momento inmediatamente anterior a la consumación (que es cuando se completa objetiva y subjetivamente la tipicidad dolosa)." Además se ha señalado que: "...se denomina tentativa acabada (aquella en que el agente realiza toda la acción ejecutiva sin que sea necesaria luego una posterior intervención suya para consumar el resultado, p. ej. instala un aparato explosivo y lo programa para que detone al cabo de unas horas, lo que por alguna razón no acontece) de una tentativa inacabada (aquella en que el autor interrumpe la realización de la acción ejecutiva, p. ej. comienza a acuchillar a su víctima pero, por alguna circunstancia, deja de hacerlo..."
(CONFORME CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS.
710).- Como puede observarse y partiendo de los conceptos señalados, habrá que determinar en cada caso en particular, si la conducta fue consumada, o si por el contrario, quedó en grado de tentativa.".- Continúa el argumento defensista explicando que en el marco de las lesiones producidas esa noche, no se configura el tipo penal toda vez que carecen del elemento subjetivo propio de la acción típica, ya que no era la intención de la imputada G. P. N. agredir a D. R. D., sino que es la víctima quien agarra a la imputada para desarmarla y en ese forcejeo se da la agresión física. Respecto a lo señalado, la defensa invierte la secuencia lógica y fáctica de los hechos. En autos se encuentra probado que el día **/**/2026, a las 22.00 hs., en los hechos que se desencadenaron en el complejo habitacional sito en DIRECCION DIRECCION_2, en la unidad DIRECCION_3, de la localidad de Las Heras, en el contexto señalado, la imputada en autos produjo lesiones en el cuerpo de la víctima B. V. S., conforme certificado médico obrante a fs. 16 y luego la persiguió hasta la unidad funcional que habita el Sr. D. R. D., quien al tratar de sacarla de su domicilio, resultó lesionado en su mano conforme certificado médico obrante a fs. 18, ya que ello no ha sido motivo de agravio por la defensa.
Ahora bien, el argumento defensista, solo es dirigido contra las lesiones provocadas a D. R. D., toda vez que entiende se produjeron en el marco de la discusión de la imputada con B. V. S., cuando este buscaba sacarla de su domicilio, pero en ningún momento hubo ánimo directo contra el mismo, lo que claramente es incorrecto semejante selectividad en cuanto al dolo.
Claramente la imputada arremetió contra D. R. D. con el claro ánimo de lesionarlo, allende la motivación que alega la defensa. Hay que tener presente que una cosa es la motivación de la conducta, y otra muy distinta es la expresión de la misma. En autos, allende la motivación alegada, la finalidad de la conducta fue agredir al Sr. D. R.
D..
A ello se suma el iter violento emprendido por la imputada, lo que queda expresado con el relato de la Sra. C. M. E. en audiencia testimonial (fs. 49) "... el día sábado 14 de junio de 2026, alrededor de las 22:00 horas, ... en ese momento la agresora saca un cuchillo de la cocina y mi marido se asustó ...", por su parte el Sr. D. R. D. expresó (fs. 48) "... en ese momento abrió el cajón del mueble de la casa en donde la chica agarró un cuchillo ...", y en ese mismo orden la Sra. B. V. S., dijo (fs. 15) "... misma se dirigió hacia el sector Living, lugar donde me encontraba y visualice que tenía en sus manos un cuchillo tipo tramontina, quien hizo el amague de agredirme con el mismopero no lo logro ...".
Nótese, que todas las declaraciones testimoniales son contestes y concordantes en que la imputada en autos, ingresó al domicilio de D. R. D. y C. M. E., siguiendo a la víctima de autos G., y ya dentro del domicilio, agredió al Sr. D. R. D., por lo que corresponde rechazar el agravio en este sentido, ya que el dolo se infiere claramente de las acciones descriptas.
En los autos caratulados: “C. J. A. S/DCIA. LES. LEV. Y AMEN.” Expte. Nº 31312/22, N° de Juzgado de Recursos 7788/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "La defensa no niega ni la presencia del Sr. R. en el lugar, el día y hora de los hechos, ni el empujón que le propinara al Sr. C. J. A.. Cuestiona, por el contrario, que el empujón, como acción física, no estaría abarcado por los elementos del tipo objetivo sistemático, que surgen de la figura delictiva en la cual subsume la conducta, allende que, fácticamente, la misma fue una acción hábil a los fines de causar el delito de lesiones, pues claramente hubo nexo de causalidad (causación) entre la acción de empujar, la caída y los golpes recibidos.
El agravio no puede prosperar. Las figuras delictivas que se desprenden de los artículos 89, 90 y 91 del C.P. no establecen una única modalidad de producción y consumación del resultado lesivo. Por el contrario, del repaso de cada una de ellas, corresponde afirmar que el verbo típico que utiliza el legislador en el artículo 89 del C.P. es “causare”. A partir de allí, los artículos 90 y 91 agravan las figuras delictivas, partiendo siempre de la figura básica, y en base y con fundamento en la proposición “…causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño…”. Claramente el medio comisivo puede ser cualquiera, siempre que, el mismo, sea hábil para causar la lesión al bien jurídico o en su defecto, ponerlo en peligro, léase, daño en el cuerpo o en la salud de otra persona.
La dogmática ha señalado sobre la acción típica, que: “La ley prevé dos acciones conceptualmente distintas, pues el delito puede consistir tanto en causar un daño en el cuerpo de la víctima como en dañar su salud, con lo cual se trata de un delito de resultado material… (pág. 263)… La ley no exige ningún medio especial de comisión del delito. Sólo son tenidos en cuenta los medios de perpetración para las figuras calificadas previstas en el artículo 92. Es un delito de comisión que puede ser perpetrado por acción u omisión. Al igual que el Homicidio, también cabe incluir a los “medios morales”, tales como emociones intensas, tratos especialmente desconsiderados, miedo, etc. Resulta indiferente que el autor lesiones con su propio cuerpo o utilice otras armas o instrumentos idóneos.
(pág. 266)” (Conforme DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL TOMO I, TERCERA EDICIÓN ACTUALIZADA DR. EDGARDO ALBERTO DONNA, EDITORIAL RUBINZAL CULZONI EDITORES) En el caso, claramente, el ejercicio de fuerza física sobre el cuerpo de la víctima, el que fue de tal magnitud que implicó la pérdida del equilibrio de ésta y su posterior caída inmediata, y las múltiples lesiones causadas, son más que suficientes para tener por consumado el hecho. Existe información suficiente que permite sostener, con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa del proceso, que el Sr. R. empujó al Sr. C., el día **/**/2022 a las 20.20 hs. y que, producto de dicha acción, la víctima sufrió las lesiones detalladas a fs. 3.
En ello han sido coincidentes las declaraciones del testigo y la víctima. Además de ello, el Sr. C. ese mismo día, veinte minutos más tarde, aproximadamente, se presentó en la Comisaría Seccional Cuarta de esta Ciudad (fs. 2), a prestar declaración testimonial. Más tarde, siempre en el mismo día, a las 23:45 hs, conforme surge del certificado médico obrante a fs. 3, el Dr. A., constató las lesiones sufridas por la víctima, luego de revisarlo en la sede del Hospital Zonal de Caleta Olivia. En base a ello, las lesiones de carácter leves sufridas por el Sr. C., son consecuencia directa del empujón propinado por el Sr. R.. El elemento subjetivo del tipo en análisis (dolo) se infiere claramente de la mecánica del hecho.
La aplicación de una fuerza suficiente sobre el cuerpo de la víctima, para que caiga y se lesione, se deduce de los testimonios de autos en orden a la mecánica del hecho físico, y, por ende, además, de las lesiones sufridas.- Y conforme la mecánica del hecho descripta, la misma no pudo consumarse, sin la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos y requisitos del tipo objetivo sistemático. El acusado empujó para causar un daño en el cuerpo o en la salud de una persona, en este caso C., y lo consumó.".-
En cuanto a la imputación atribuida a la encartada en autos respecto de los delitos de violación de domicilio y daños, no obstante no haber esbozado agravios la recurrente, debo advertir que los mismos se encuentran probados con el grado de probabilidad requerido para esta instancia.
En los autos “S. M. S/ DENUNCIA ESTAFA” Expte. Nº 14.447/19, N° de Recursos 6480/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "Por lo que la defensa confunde una causal de atipicidad objetiva conglobante con la irregularidad de un acto procesal que lleva acarreada la sanción de nulidad, lo que son dos institutos jurídicos diferentes, pues uno hace al análisis estratificado de la teoría del delito, y el otro se centra, básicamente, en la forma de producción de los actos procesales en el dintorno del sistema de enjuiciamiento penal. En este orden de ideas, y sin perjuicio que con lo señalado bastaría para su rechazo, corresponde, a fin de garantizar plenamente el ejercicio efectivo de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) encarrilar y encaminar el agravio, procediendo a su tratamiento, a los fines de agotar la máxima capacidad revisora que conlleva el derecho al recurso, establecido en la doctrina de la Corte Suprema en el precedente "Casal", que implica, que se deba revisar todo lo que surge de manera expresa e implícita de lo expreso en el agravio, y de lo que se desprende e infiere del mismo, aunque se hubiere artículado de manera errónea, o poco clara, no pudiendo esta alzada, como límite, excederse y analizar lo que no ha sido planteado por la parte." En esa línea de pensamiento, respecto de la violación de domicilio la misma ha quedado acreditada del relato de la víctima el Sr.
D. R. D., quien, en Sede Policial manifestó (fs. 17) "... el día de ayer siendo aproximadamente las 21.30 hs., ...observo que mi vecina a quien conozco como nombre Vanina, desconozco demás datos, hubo de ingresar sin autorización a mi vivienda, estaba muy nerviosa y al querer preguntarle por lo sucedido, observé que de inmediato ingresó a mi vivienda una persona de sexo femenino con pelo color pelirrojo, a quien no conozco misma estaba muy agresiva ... observé que mi esposa comenzó a forcejear con la segunda femenino que ingresó ... en ese instante hube de echar a empujones de mi vivienda hasta que logre cerrar la puerta y constate que ocasionaron daños en la cerradura ..." y en Sede Judicial expresó (fs. 48) "... voy a ver estaban las dos chicas (una vecina que vive adelante y otra desconozco identidad) dentro de mi domicilio ... luego sacamos a la agresora de la casa y cerramos la puerta ...".- En otro orden, se le atribuyó a la imputada G.
P. N., los daños provocados en ambas viviendas, los que encuentran corroborados mediante el acta de inspección ocular obrante a fs. 4/5, y su correspondiente transcripción glosada a fs.6/7, más croquis ilustrativo de fs. 8.
Adviértase que las declaraciones testimoniales, son coincidentes con dicha constatación, dijo la víctima B. V. S., (fs. 15) "... en ese momento citada G. comenzó a forcejar la puerta con empujones, en la casa de mi vecino y C., comenzó a sujetar la puerta para que ella no ingresara, logrando G. después ingresar al domicilio, ...después ella comenzó a arrojar piedras a la vivienda de C., ocasionando daños en las ventanas, ... Consecuentemente me dirigí a mi domicilio ... así también constate que hubo de provocar daños en las tres ventanas (de doble hoja) que se ubican en la parte frente de mi vivienda ...".-
Luego, en declaración testimonial el Sr. D. R. D. expresó (fs. 48) "... luego la agresora comenzó a romper los vidrios del cuarto de nosotros (con un fierro creo si no vi mal) y la puerta de mi casa (rompió el marco donde va la cerradura), además hizo daño en la propiedad de la vecina..." mientras que la Sra. C. M. E., manifestó (fs- 49) "... rompió el vidrio de la ventana que da para la cocina con (un caño de gas tipo tubo), y la puerta (donde rompió el marco de la misma).-
Visto los actuados y dado que sobre tales imputaciones no han sido motivo de agravio, entiendo que han quedado acreditados conforme los requisitos de probabilidad positiva para esta instancia.
Finalmente, respecto al dolo tan cuestionado por la defensa, basado en motivaciones interiores de su cliente, que no pueden sustentarse en el análisis de los hechos, conforme el principio de supremacía de la realidad, el mismo se infiere del detalle secuencial de todo el iter críminis, razón por la cual, allende el esfuerzo defensista, el mismo no tiene anclaje en los hechos investigados en autos.
En los autos caratulados: “T. L. S/Lesiones R/ VÍCTIMA" Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Ello así, pues analizados los presentes actuados, surge del testimonio de la víctima Sr. L.T., como del testigo presencial Sr. A., que la Sra. A.E.M., se acercó a la víctima, y con la clara finalidad de causarle la muerte, le asestó una puñalada en la zona absominal, la que no ocurrió por la pronta atención médica, provocándole lesiones que causaron riesgo de muerte. Surge, además, de los informes médicos lo que deberá corroborarse con la intervención del cuerpo médico forense, a los fines de determinar no solo el acreditado riesgo de vida, sino las secuelas que pudieran quedar en la salud de la víctima.
Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria. Según la propia manifestación de la imputada, al ingresar su pareja, el Sr. C.C. golpeado por la víctima L.T. en una pelea entre ambos, decide motivada en esta circunstancia, con la finalidad de terminar con las agresiones que, según explica, venía sufriendo C. y respecto de las cuales ella manifiesta que sentía temor por la vida de éste, terminar con la vida del Sr. T.. Hay solución de continuidad entre el enfrentamiento a puños entre L.T. y C.C., el que es motivo de investigación en causa aparte y la planificación que realiza la acusada a partir de observar las condiciones físicas en las que se encontraba su pareja luego del enfrentamiento realizado.
El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos. En este caso, allende las consideración y la valoración de los dichos de la acusada, los que se acaban de realizar y los que son considerados por el suscripto como móvil o motivación del hecho y que no pueden ser valorados como causa de justificación o de exculpación, pues sería tergiversar los mismos, se infieren claramente en el ataque con un arma blanca asestada en la humanidad del Sr. L.T., en una zona corporal que puso en riesgo concreto su vida, habiendo realizado la Sra. M. todos y cada uno de los actos necesarios para quitarle la vida a la víctima (tentativa acabada) la que no ocurrió por la circunstancia de su pronta atención médica, es decir un acto ajeno a la propia voluntad de la agresora, quien luego de su ataque se retiró a su domicilio a descansar.
Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por si mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos.
El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas. Los agravios se centran en la elección del tipo penal escogido por el A quo para calificar la conducta de la imputada, y en la alegada existencia de una causal de justificación de su obrar, invocando el ejercicio legítimo de un derecho -legítima defensa de un tercero- (art. 34 inc.7 del C.P.), si bien admitiendo un exceso en esa defensa (art. 35 C.P.) Las pruebas colectadas en autos y la valoración realizada por el A quo, se desprende el juicio de logicidad para arribar a la decisión allí plasmada...
Aclarado ello, corresponde pasar al agravio relativo a la subsunción jurídica de los hechos. Como lo expresara supra, surge con la probabilidad propia de esta etapa, que el elemento subjetivo del tipo penal del art. 79 del C.P. se encuentra "prima facie" acreditado. Es decir que la voluntad realizadora del tipo guiada por los elementos del tipo objetivo sistemático surge palmaria del ataque que realiza la acusada, pues decide tomar un arma blanca, salir en busca de la víctima, llegar hasta su lado de una manera no agresiva y con la supuesta intención de hablar con T., lo interroga diciéndole ¿que híciste?, y cuando estuvo a la distancia necesaria y sin que se pudiera presumir un ataque, ella lo realiza.".- Asimismo, en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE COPIAS (APELACIÓN) JUZGADO DE INSTRUCCIÓN S/ INVESTIGA MUERTE”
Expte. Nº 88832/26, N° de Recursos 8415/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que al momento es posible afirmar, con la el grado de convicción propio de esta etapa -probalidad positiva- que la fractura de las costillas que llevaron a la asfixia por compresión torácica no fueron ocasionadas acción de la propia víctima, pudiéndose entonces determinar que se ocasionaron por acción directa del imputado. Además de ello, la acción que desplegó para hacerlo, no se compadece con las maniobras de RCP, sino que tienen, conforme lo señalado, un anclaje lógico racional en la conducta descripta en la imputación. Por otra parte, de la información técnico científica señalada, cabe descartar que esa acción del imputado resulte de una conducta pasiva -el simple reposo de su cuerpo sobre la víctima-, sino que necesariamente debió ejercer una acción activa -presión sobre la zona-, tal y como fue imputada, que generó las fracturas de los arcos costales de la víctima informadas por el médico forense.
Lo indicado en el párrafo anterior implica una decisión en el sujeto activo, no es un acto descuidado, es decir que es necesario el conocimiento de la implicancia de la acción (matar) y la finalidad de realizarlo. El dolo se infiere de la acción realizada y ésta, a su vez, de las consecuencias de la acción. Hay una reconstrucción histórica que parte de las consecuencias y permite inferir la acción y la decisión del sujeto. El autor puede expresarse, pero cuando el delito es el femicidio, la víctima no. Ello no implica que el cuerpo de la víctima, las consecuencias lesivas sufridas, el lugar donde fuera hallado y la situación contextual e histórica, respecto del vínculo, expresen como fue violentada.
Ahora bien, sentado ello, corresponde decir que la prueba producida permite descartar, asimismo, la hipótesis alternativa esbozada por la defensa... En relación al dolo, como expresé, el mismo se infiere de los propios hechos atribuidos conforme han sido prima facie acreditados, es decir de la propia modalidad imputada descripta en la última declaración indagatoria y el auto de mérito... En síntesis, en este caso, dos personas se encontraban en el interior de una vivienda, solo una salió con vida (el hoy imputado), la explicación que dio fue desvirtuada por la información médico forense, no brindo otra. La información agregada en la causa, permite en esta etapa, como se señaló de manera detallada, sostener la imputación efectuada por el Juez de Instrucción, siendo ésta, la reconstrucción histórica del hecho punible más lógica y razonable.
La crítica realizada por la Defensa, no puede desvirtuar, con los datos y evidencias agregadas en autos, ni la imputación ni la subsunción realizada por el A quo, por lo que corresponde confirmar todo lo actuado y continuar con la investigación iniciada y con las medidas de prueba pendientes. No podemos soslayar que en esta etapa, hasta que se agoten todas las medidas pendientes, la instrucción de la causa es dinámica, como se expresó supra, y puede tomar distintas direcciones, en base a lo que surja de la información que se produzca..."
Y enlos autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS (APELACIÓN) JUZGADO DE INSTRUCCIÓN S/ INVESTIGA MUERTE” Expte. Nº 88832/26, N° de Recursos 8415/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que al momento es posible afirmar, con la el grado de convicción propio de esta etapa -probalidad positiva- que la fractura de las costillas que llevaron a la asfixia por compresión torácica no fueron ocasionadas acción de la propia víctima, pudiéndose entonces determinar que se ocasionaron por acción directa del imputado.
Además de ello, la acción que desplegó para hacerlo, no se compadece con las maniobras de RCP, sino que tienen, conforme lo señalado, un anclaje lógico racional en la conducta descripta en la imputación. Por otra parte, de la información técnico científica señalada, cabe descartar que esa acción del imputado resulte de una conducta pasiva -el simple reposo de su cuerpo sobre la víctima-, sino que necesariamente debió ejercer una acción activa -presión sobre la zona-, tal y como fue imputada, que generó las fracturas de los arcos costales de la víctima informadas por el médico forense. Lo indicado en el párrafo anterior implica una decisión en el sujeto activo, no es un acto descuidado, es decir que es necesario el conocimiento de la implicancia de la acción (matar) y la finalidad de realizarlo.
El dolo se infiere de la acción realizada y ésta, a su vez, de las consecuencias de la acción. Hay una reconstrucción histórica que parte de las consecuencias y permite inferir la acción y la decisión del sujeto. El autor puede expresarse, pero cuando el delito es el femicidio, la víctima no. Ello no implica que el cuerpo de la víctima, las consecuencias lesivas sufridas, el lugar donde fuera hallado y la situación contextual e histórica, respecto del vínculo, expresen como fue violentada. Ahora bien, sentado ello, corresponde decir que la prueba producida permite descartar, asimismo, la hipótesis alternativa esbozada por la defensa... En relación al dolo, como expresé, el mismo se infiere de los propios hechos atribuidos conforme han sido prima facie acreditados, es decir de la propia modalidad imputada descripta en la última declaración indagatoria y el auto de mérito...
En síntesis, en este caso, dos personas se encontraban en el interior de una vivienda, solo una salió con vida (el hoy imputado), la explicación que dio fue desvirtuada por la información médico forense, no brindo otra. La información agregada en la causa, permite en esta etapa, como se señaló de manera detallada, sostener la imputación efectuada por el Juez de Instrucción, siendo ésta, la reconstrucción histórica del hecho punible más lógica y razonable. La crítica realizada por la Defensa, no puede desvirtuar, con los datos y evidencias agregadas en autos, ni la imputación ni la subsunción realizada por el A quo, por lo que corresponde confirmar todo lo actuado y continuar con la investigación iniciada y con las medidas de prueba pendientes.
No podemos soslayar que en esta etapa, hasta que se agoten todas las medidas pendientes, la instrucción de la causa es dinámica, como se expresó supra, y puede tomar distintas direcciones, en base a lo que surja de la información que se produzca..."
IV.-En otro orden, teniendo presentes las constancias de estas actuaciones, se recomienda que, en el presente caso y a los fines de esclarecer los hechos con mayor precisión, se cite nuevamente a la Sra. B. V. S., a fin de judicializar su declaración testimonial, ya que no surge de la constancia de diligencia de fs. 59 vta., si la misma fue o no debidamente notificada de la audiencia señalada en autos y cualquier otra diligencia que el A quo estime conducente al esclarecimiento de los hechos. (Conf. art. 185 del CPP.).
Sin perjuicio de todo lo expuesto, no se puede soslayar que en su defensa en el acto de indagatoria la imputada, relató que ese día y a esa hora, no llegó por sorpresa al domicilio de su amiga B. V. S., sino que fue decididamente a comprar sustancias prohibidas y que en razón de ello se desencadenaron los hechos posteriores que motivan las presentes.
Así lo expresó la imputada G. P. N. en su declaración indagatoria, (fs. 26) "... yo estaba consumiendo alcohol en la casa que me prestaron, yo hace 11 años que la conozco a Vanina Britos, yo fui a su domicilio a comprarle una bolsa (merca-cocaína) y ella no me quiso vender y ahí empezamos a discutir y ella me abrió la puerta ...".- Llamado a prestar declaración testimonial, el Sr. D. R. D., vecino de la víctima, expresó (fs. 48) "...desconozco el problema con la vecina (creo que es por problemas de drogas), nosotros vivimos ahí por un conocido mío que se fue de Las Heras, nos dijo que la mujer era tranquila pero no. ...".-
Por lo cual y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 23.737, teniendo conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública, y toda vez que el delito en cuestión resulta ser competencia del fuero federal, hágase saber al A quo que deberá proceder a la extracción de copias certificadas de las piezas pertinentes de las presentes actuaciones a efectos de remitir al Juzgado Federal con asiento en esta Ciudad de Caleta Olivia, a los fines y efectos que estime corresponder. Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el resolutorio de fs. 62/70, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Hacer saber al A quo la recomendación efectuada y que deberá dar cumplimiento con lo ordenado en el punto IV de los considerandos.-
III.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia