Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8604 FOLIO Nº 159/161 PROT. ELECT. JR101220I.242
Río Gallegos, 18 de abril de 2024.
La presente causa caratulada: “P.G.A. S/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y LESIONES AGRAVADAS” - Expte. N° 71.510/21- (Apelación N° 8600/23), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 53/56 vta., obra glosada la resolución dictada por la otrora Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos, quien en el punto 1) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.A.P., en orden al delito de “privación ilegítima de la libertad en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y mediando violencia de género” (art. 142, 55, 89 y 92 en función del art. 80 inciso 1 y 11 del Código Penal), y dispuso en el punto 2) trabar embargo sobre dinero o bienes del encausado hasta cubrir la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 61/63, la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 67 (conf. cód. validación d2d44bce), y no habiendo presentado el memorial de agravios previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
1. Que el recurrente se agravia en tanto la resolución no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.
Sus agravios se basan principalmente en la valoración arbitraria de la prueba, en lo que hace a la credibilidad de la presunta víctima; la falta de prueba que acredite suficientemente la autoría de su defendido y por ende la atipicidad de los mismos, la ausencia de un estudio, análisis y evaluación (razonada y fundada) de la sentencia atacada.
Considera que las lesiones leves que fueran certificadas en autos, constituye una certeza, cual es la de que la denunciante sufrió lesiones de dicho carácter, sin especificar el autor de las mismas.
Respecto del testimonio de la víctima, al contar sólo con las declaraciones de la damnificada, el mismo reviste el carácter de pretensa víctima, por lo que sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez valorativa. Manifiesta que resulta improcedente la aplicación del principio de la calidad de testigo único y la experiencia y severidad con que el juez aprecie el testimonio, toda vez que no se arbitraron los medios necesarios para producir toda la prueba para traer claridad a los hechos controvertidos. Critica que se ha omitido dentro de las diligencias preliminares la indagación sobre vecinos directos que tengan conocimiento de los presuntos hechos de violencia como así también la búsqueda de cámaras de seguridad o algún elemento que señale que P. estuvo aunque sea en el lugar de los supuestos hechos.
Expresa que no se cuenta con un análisis, integral, racional y crítico en la resolución atacada, ya que existen graves omisiones en la etapa investigativa.
Agrega que si bien el suscripto es conocedor que cuando existe una persona que aduce ser víctima de violencia, debe incorporarse la perspectiva de género, ello no constituye óbice alguno para apartarse del lineamiento que debe estructurarse un pronunciamiento judicial que procesa a un justiciable, debiendo valorarse la prueba de conformidad a lo que enuncia la normativa legal. Sostiene que no se ha constatado ningún elemento probatorio para darle peso a la denuncia. Asimismo si bien el caso debe ser evaluado desde una perspectiva de género, puede denotarse en el interlocutorio serias omisiones en la fundamentación. Por último, se agravia del excesivo monto del embargo, toda vez que claramente resulta excesivo, en tanto a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del mismo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma.
Entrando en el análisis de los agravios referidos a la valoración de la prueba efectuada por la a quo, debemos manifestar que el mismo no tendrá favorable acogida.
De la lectura del resolutorio recurrido, se observa que la a quo analizó pormenorizadamente el hecho denunciado, efectuó un análisis de la totalidad de la prueba recabada durante la instrucción a la luz de la sana crítica racional, fundó la adopción del tipo penal atribuido y argumentando su encuadre dentro de una perspectiva de género.
En relación a los planteos referidos a la valoración de la prueba, considerándola arbitraria, falta de fundamentación, carente de una evaluación razonada y fundada, cabe señalar que de la lectura de dicho auto, se puede observar que el mismo se encuentra debidamente motivado, habiendo la a quo analizado la totalidad de las probanzas colectadas, y que le permitió arribar a un provisorio juicio de valor en lo que se refiere tener por acreditado el ilícito endilgado y la responsabilidad penal que prima facie tendría el imputado de autos. El requisito de motivación demanda que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente y objetiva derivada concretamente de dos principios de naturaleza constitucional, el de la garantía de la defensa en juicio y el de la forma republicana de gobierno.
Encontramos que el auto recurrido se encuentra debidamente motivado, habiendo dado la a quo, las razones por las cuales adopta la decisión arribada; por lo cual consideramos que no se aparta de la normativa legal aplicable.
En lo relativo al encuadre efectuado por la a quo del presente hecho en los parámetros de violencia de género que conlleva a la aplicación de una perspectiva de género, reciente jurisprudencia, se han pronunciado al respecto, manifestando: "...En casos en que se alegue por parte de la mujer haber sido víctima de violencia de género, deben cumplirse con ciertos estándares específicos y genéricos para que la fundamentación de la sentencia resulte válida (...) La ley nacional N° 26.485 de adecuación de la legislación interna a la Convención de Belem do Pará, incluyó el principio de la amplitud probatoria en materia de violencia de género en consideración a las características propias de la violencia de género. Este principio, se fundamenta en que en la generalidad de los casos la violencia no transita a la luz de testigos, ni es sencilla la recolección de cierta clase de evidencias, y muchas víctimas tampoco han realizado denuncias previas. El principio de amplitud probatoria incorpora la perspectiva de género, dado que sin él, muchos casos de violencia en contra de mujeres culminarían en la impunidad de los agresores o, en condenas injustas a las mujeres que aleguen esta eximente o atenuante, si se mantuviese invisibilizado que, por las características del fenómeno, se presentan dificultades para obtener determinada clase de evidencias —por ejemplo, testigos, denuncia previa—. (L., A. Q. – L., M. G. s/ causa con imputados • 12/11/2020. TR LALEY AR/JUR/60416/2020). De esta forma, encontramos debidamente encuadrado el presente caso en el marco de la perspectiva de género y debidamente aplicado el principio de amplitud probatoria.
En cuanto a la valoración de los dichos de la damnificada, es criterio de esta Alzada, que el testimonio de la víctima de violencia, tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal. No se considera que por ello se encuentre carente de fundamentación el resolutorio en análisis. Sobre la enumeración de medidas de prueba no efectuadas por la a quo, debemos resaltar que no observamos en autos requerimiento alguno por parte de la defensa técnica, en aras de ejercer las prerrogativas otorgadas por el código de forma a fin de ejercer la defensa de su pupilo procesal.
En último término, sobre el agravio referido al monto de embargo, debemos resaltar que se comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia de los delitos investigados en autos, por lo que la suma ordenada de pesos cien mil ($ 100.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada. Así se ha dicho que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).- Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que considero que tanto la materialidad del hecho -tal como fuera descripto en la indagatoria y en el auto de procesamiento apelado por la defensa-, como el contexto de violencia de género y la autoría del procesado en él, estarían suficientemente acreditadas, siendo las probanzas reunidas -por el momento- suficientes para atravesar esta instancia procesal, con lo cual confirmaré el procesamiento.
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 53/56 vta., en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia