Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700-38866-26
CN°: 0700-38866-26 .-
En la ciudad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, a los 19 días del mes de noviembre de 2026, siendo las 12:10 horas, se celebra la audiencia designada en la causa número 00-38866-26, a través de la plataforma Microsoft Teams, dando cumplimiento a lo normado por el artículo 15 de la ley 13.811. Se encuentran presentes ante los señores jueces de la Sala de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, Dres. Esteban Pablo Baccini, Pablo A. Little, Alejandro Rojas, y la secretaria actuante, el señor agente fiscal doctor Gerardo Rousseau y la señora defensora oficial doctora Flavia Bianchi en ausencia de la imputada G. P. C. cuyas circunstancias personales obran en autos. Acto seguido se concede la palabra a la defensa a efectos de mantener y mejorar el recurso de apelación interpuesto contra el decisorio que eleva la presente causa a jucio respecto de su asistida.
Seguidamente se concede la palabra al señor agente fiscal, quien consideró que lo decidido se encuentra ajustado a derecho. Acto seguido se ordena un cuarto intermedio de treinta minutos y los señores jueces se retiran a deliberar. Reabierto el acto, se informa que el Tribunal ha resuelto: Considerar acertadas las razones esgrimidas por el a quo en el decisorio en crisis. Vale precisar que el magistrado de grado indicó, que las objeciones realizadas por la defensa en torno al proceso en el cual se libró la orden de allanamiento y exclusión del hogar (c.n 23155-26), lo eximen de análisis y no son materia de discusión en el presente proceso, aclarando que aún mediando una eventual respuesta favorable al planteo efectuado en dicha causa, no implicaría la invalidez del procedimiento llevado a cabo en la presente, del cual no se evidencia que el accionar del personal policial actuante haya sido discriminatorio.
Sin embargo, la recurrente insiste en que de declararse la nulidad de la medida de allanamiento que diera lugar al inicio de este proceso -pendiente de decisión-, sería de aplicación la teoría del árbol envenenado, debiéndose declarar nula el acta inicial, correspondiendo el sobreseimiento de su asistida. De este modo, se advierte que lo traído no es suficiente a los efectos que pretende, sin que medien razones por las cuales desafectar la presente causa del trámite de flagrancia impuesto. Recordemos que el art. 284 ter del Código Procesal Penal, que regula el control judicial de la declaración de flagrancia dispuesta por el Ministerio Público establece que, dentro de las cuarenta y ocho horas de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá, salvo supuestos excepcionales debidamente fundados, declarar el caso como de flagrancia y someterlo al trámite especial.
Dicha declaración debe notificarse de inmediato a la defensa y, en caso de discrepancia, "... con indicación específica de los motivos de agravio y sus fundamentos, sólo será susceptible de revisión por parte del Juez de Garantías dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la notificación...". De ello se desprende que, en principio, la intervención del juez en esta materia tiene carácter excepcional y únicamente puede operar ante una oposición formal de la defensa que cuestione la procedencia del trámite de flagrancia, dentro del plazo legalmente previsto, circunstancia que no ha ocurrido. consecuentemente, no procede la acumulación pretendida porque la excepción normativa a las reglas de conexidad se inspira en la naturaleza misma del instituto de flagrancia, que está incuestionablemente vinculado a la celeridad en la finalización del proceso penal, aún a costo de desestimar los beneficios que entraña la intervención de un solo órgano en las diversas causas, tal como indica la casación (TCas.Penal, Sala II, c.n° 44.975, sent. 30-11-2010).
Finalmente respecto a la atipicidad planteada el señor juez de grado indicó que se encontraría acreditada probatoriamente la comisión del delito previsto y reprimido en el artículo 239 del CP, por cuanto "...ha existido una orden de allanamiento y exclusión del hogar dictada por un juez competente..." habiéndosele achacado a la imputada el "...haber ejercido fuerza o violencia contra los uniformados en el legítimo ejercicio de sus funciones..", argumentos que serán compartidos por esta alzada, no resultando suficiente lo expuesto por la defensa sobre el punto. De este modo y dándose por abastecidos los presupuestos establecidos por el art. 335 CPP, corresponde confirmar el decisorio en crisis (arts. 337 CPP y arts. 45 y 239 CP) .
Se da por finalizado el acto, notificando a las partes por medios electrónicos, firmando los señores Jueces, por ante mí, de lo que doy fe.
Firmas
Funcionario firmante: ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario firmante: LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: BACCINI Esteban Pablo - JUEZ
Funcionario firmante: RUIZ María De Los Angeles - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1846-2026
Fin de la sentencia