Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa P-2535/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE589322-2022 y lo actuado en consecuencia, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos Jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento, previa escucha del niño involucrado en autos.-
2Imponer las costas en el orden causado atento al forma en que se resuelve.-
3Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de las anteriores instancias lo dispuesto en el considerando XI.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: P-2535/22-TSJ Interlocutorio N°: 3756 Actor: P. C. H.
Demandada: D. S. C. L. Y.
Objeto: IMPUGNACION DE PATERNIDAD Fecha: 22-06-23 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO N 3756 FOLIO N 6750/6756 PROT. ELECT. TSS1 027 I.231
Río Gallegos, 22 de junio de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “P. C. H. c/ D. S. C. L. Y. s/ IMPUGNACION DE PATERNIDAD”, Expte. N P-24.996/16 (P-2535/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Nora M. Galindo, (cfr. PE610184-2022, INR00000083.pdf) contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, mediante la cual se revocó el pronunciamiento de Primera Instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda incoada (cfr. PE589322-2022).-
II. En la especie, C. H. P. promovió una demanda de impugnación de filiación contra la progenitora del niño J. B. P., en los términos de los artículos 589 y 590 del CCyC (cfr. foja 6 y vta.). Relató que estuvo casado con L. Y. D. S. C. entre los años 2010 y 2015 y que al poco tiempo de divorciarse su ex suegra le confesó que J. B. P. no era su hijo, por lo que solicitó una prueba anticipada de ADN, que determinó la inexistencia de vínculo biológico con el niño (cfr. fs. 2/5).-
En su réplica de demanda, L. Y. D. S. C. dijo que conoció al actor en el año 2007 en un local nocturno, mientras ella se desempeñaba como “alternadora” y él como “cliente”. Expresó que entablaron una relación sentimental y al poco tiempo de conocerse quedó embarazada de su primer hijo, de nombre M., a quien el Sr. P. le brindó trato paternal a pesar de conocer las circunstancias en que fue concebido. Luego de casarse, continuó ejerciendo como “alternadora” a instancias del actor, quien no sólo conocía y consentía esa situación, sino que además la alentaba, administrando los ingresos que de allí provenían. Precisó que en ese marco nació J. B. y que, consiguientemente, la duda sobre la paternidad de P. siempre existió (cfr. fs. 12/13).- Sobre esta base, opuso la caducidad de la acción (art. 590 CCyCN) (cfr. fs. 13/15).-
Adujo que, al promoverse la acción había transcurrido con holgura el plazo de un año, tanto desde la inscripción del nacimiento (ocurrido el 23 de diciembre de 2013) como desde que P. tomó conocimiento de que el niño podría no ser su hijo. Siguiendo esta línea argumental, concluyó que P. se comportó como padre del niño desde que tuvo conocimiento del embarazo y hasta incluso con posterioridad a su separación de hecho (cfr. fs. 13/14).-
Corrido el traslado pertinente (cfr. foja 16), P. sostuvo que los argumentos desarrollados por D. S. C. son falaces y dilatorios, teniendo como única finalidad continuar percibiendo una cuota alimentaria (cfr. foja 17).-
A su turno, el titular de la Defensoría Pública Oficial de Menores N Dos (cfr. fs. 20/21) así como el Sr. Agente Fiscal Titular de la Fiscalía de Primera Instancia N Dos se expidieron en contra del progreso de la pretensión de caducidad (cfr. foja 23 y vta.).-
El Juez de origen desestimó el pedido de la demandada tendiente a que se decrete la caducidad de la acción (cfr. 25/26 vta.); sin embargo, esta decisión fue revocada por la Excma. Cámara de Apelaciones, la que tildó de prematura a esta medida, por cuanto -a su juicio- debía dirimirse al momento de dictarse sentencia definitiva (cfr. fs. 53/54).-
Ulteriormente, el magistrado de Primera Instancia dictó sentencia definitiva, mediante la cual rechazó la caducidad de la acción interpuesta por la demandada e hizo lugar a la demanda, ordenando que se deje sin efecto el “reconocimiento de paternidad” realizado por C. H. P. respecto del niño J. B. P.. Como corolario de ello, ordenó la inscripción del decisorio -una vez firme- por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. (cfr. PE66588-2021).-
En primer lugar, subsumió la acción intentada en los términos del artículo 593 del CCyCN y aclaró que mediante ella se niega que el reconociente sea el padre o la madre del reconocido y que, para el caso de prosperar, deja sin efecto el título de estado que mediante el reconocimiento se obtuvo (cfr. PE cit. pág. 6).-
En segundo término, explicó que el rechazo de la caducidad argüida por la accionada obedecía al hecho de que, al momento del reconocimiento del niño, P. desconocía que podía no ser su hijo. En tal sentido, detalló que las declaraciones testimoniales nada aportaban sobre la duda que podría haber tenido el actor sobre la filiación del niño. A ello agregó que la Convención sobre los Derechos del Niño impide que se le imponga a los menores de edad una filiación que no es la real (cfr. PE cit. págs. 7/9).-
Por último, tuvo por acreditado que: (i) P. se atribuyó la paternidad de J. B. P., reconociendo la misma ante el Oficial Público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y (ii) que la prueba pericial de ADN arrojó como resultado la inexistencia de vínculo biológico de paternidad de P. respecto de J. B. P. En base a ello, decidió acoger favorablemente la demanda incoada (cfr. PE cit. págs. 10/12).-
Esta decisión fue apelada por la demandada (cfr. PE71930-2021), obrando la expresión de agravios en PE244862-2021 y la contestación de la contraria en PE272485-2021.-
En su presentación, el Fiscal ante las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial aseguró que la apelante no logró probar que P. sabía que J. B. P. no era su hijo, a los fines de determinar el cómputo del plazo de caducidad, y aún en caso de duda razonable, no puede desconocerse la prueba genética que aclaró la inexistencia del vínculo biológico (cfr. PE299236-2021).-
De su lado, el Defensor Público Oficial ante las Cámaras propuso receptar favorablemente la apelación incoada. Para apontocar su postura, destacó la necesidad de conjugar la identidad estática y la identidad dinámica con el interés superior del niño; observó que lo que se busca con la acción iniciada es el desplazamiento filial, que en la práctica implicará la supresión del apellido paterno y una alteración de la paz del niño, quien ha desarrollado parte de su vida y construido su identidad en el seno de una familia con un nombre y apellido determinado. Aclaró que la realidad biológica no es el único elemento a tener en cuenta para establecer la identidad filiatoria ni tampoco un valor absoluto y, bajo este entendimiento, enfatizó sobre la necesidad de respetar la socioafectividad que rodea al niño (cfr. PE337193-2021).- A su turno, el Tribunal de Alzada revocó el fallo de la instancia originaria (cfr. PE589322-2022).-
Inicialmente, se encargó de delinear el marco legal aplicable a la causa, estableciendo que la presente causa versa sobre una acción de impugnación de la paternidad presumida por la ley (matrimonial) ejercida por el padre legal, en su momento cónyuge de la madre, y que, por lo tanto, resultaba aplicable el artículo 590 del CCyC (cfr. PE cit. pág. 9).-
A continuación, brindó las razones por las cuales receptaría favorablemente la caducidad de la acción. En esta senda, recordó que su fundamento radicaba en la necesidad de consolidar el emplazamiento cuando el legitimado no actúa dentro de un plazo determinado o cuando mantiene una conducta incompatible con esa pretensión; la limitación temporal -siguió diciendo- no es un mero capricho legislativo, en tanto la conformación del orden familiar requiere cierta estabilidad, por lo que dejar librada indefinidamente la posibilidad de que el padre cuestione su carácter de tal, sin limitaciones temporales, lesionaría tal estabilidad (cfr. PE cit. págs. 9/10).- Sin poner en tela de juicio el resultado emanado de la prueba de ADN, realizó un minucioso análisis de la prueba testimonial rendida en la causa, a partir de la cual arribó a la conclusión de que ha quedado demostrado que el actor conocía que J. B. P. no era su hijo desde el momento del embarazo de D. S. C. y, consiguientemente, que la demanda había sido entablada cuando el lapso de caducidad se encontraba vencido. Sobre esto último, aclaró que el niño contaba con 3 años de edad al iniciarse la causa (cfr. PE cit. págs. 10/15).- Indicó que lo resuelto no producía una afectación al interés superior del niño, dado que su derecho a impugnar su filiación jamás caduca (cfr. PE cit., pág. 15.).-
Finalmente, hizo especial hincapié en una relación asimétrica de poder entre P. y D. S. C., desde que el primero convalidaba y fomentaba la situación de prostitución de la segunda, con el agravante de que esta última tenía la esperanza -al momento de convivir con él- de poder dejar ese tipo de actividad. Afirmó que estos hechos debían juzgarse con perspectiva de género y que no podía admitirse que un sujeto pueda verse favorecido por una conducta que contradiga otra suya anterior, iniciando una acción de impugnación de filiación porque se le reclamaron alimentos después del divorcio, considerando que éste lo reconoció como hijo suyo, sin que existiera un nexo biológico (cfr. PE cit. págs. 16/18).-
III. Disconforme con el pronunciamiento de Cámara, el actor interpone recurso de casación (cfr. PE610184-2022, INR00000083.pdf).-
Sostiene que la sentencia es arbitraria, puesto que resulta elusiva del plexo normativo -el que aplica erróneamente- y de la doctrina de necesaria aplicación para la resolución del litigio, al mismo tiempo de que omite considerar cuestiones elementales obrantes en la causa (cfr. PE y pdf cits., pág. 1).-
Afirma que se han violentado los principios que deben regir el derecho de familia y ha aplicado erróneamente el artículo 590 del CCyCN. Postula, asimismo, que la resolución ha sido fundada en la asimetría de poder entre las partes, lo que no ha sido alegado ni probado ni tampoco constituye una causal legal para el rechazo de la demanda promovida (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).-
Refiere que el espíritu de la ley lleva a reafirmar que debe existir concordancia entre el vínculo biológico y el jurídico, por lo que el plazo limitativo del artículo 590 del CCyC debe ampliarse, adecuando el punto de partida a las circunstancias del caso. Puntualmente, manifiesta que el inicio de ese plazo debe comenzar a partir del conocimiento del resultado del estudio de ADN -momento en el cual conoció la inexistencia de vínculo biológico- y no desde el embarazo de la progenitora (cfr. PE y pdf cits., págs. 4/5).-
En otro orden, indica que se ha producido una errónea interpretación del material probatorio, atribuyéndole un carácter contundente a las declaraciones testimoniales, cuando en verdad no revisten esa calidad (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).-
Señala que el déficit aludido es grave y manifiesto, arribándose a una desinterpretación material de las circunstancias conducentes para la solución del litigio, prescindiendo de las normas aplicables (cfr. PE y pdf cits., pág. 6).-
En su conclusión, postula que rechazar la demanda por haber sido deducida después del año de la inscripción de nacimiento, es violatorio del derecho de identidad del niño (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE714858-2022).-
Por su parte, la Defensora General ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia -al asumir la actuación complementaria del niño involucrado en autos- mantiene lo manifestado oportunamente por el Defensor Público Oficial ante las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, solicitando que se rechace el recurso extraordinario provincial incoado. Sin perjuicio de ello, advierte que durante todo el curso del proceso no se ha escuchado la opinión del niño involucrado en autos, por lo que a fin de garantizar su derecho a ser oído y expresar libremente su opinión, y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso así como la normativa vigente, peticiona que previo a dictar resolución, este Alto Cuerpo arbitre los medios que considere necesarios con el objeto de que garantice el cumplimiento de lo indicado (cfr. PE757034-2022).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE481239-2022.-
IV. Con antelación al examen preliminar previsto en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6 , Parágrafo 2 -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N 3453/15 -Decreto N 2228/15- dirigido a valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, resulta imperioso advertir que del examen de las actuaciones se observa que el procedimiento por el cual se llegó a la resolución atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional.- Si bien es cierto que este Alto Cuerpo, está en principio, limitado en esta instancia al análisis de las condiciones formales de admisibilidad del recurso intentado, esto no le impide, en circunstancias extraordinarias, revisar los presupuestos procesales que hacen al debido proceso. Constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319; Reg. 3247, Folio 5383/5385; XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547; XXIX, Reg. 3374, Folio 5639/5642 y Reg. 3404, Folio 5726/5732).-
V. En resumidas cuentas, en el presente conflicto C. H. P., ex cónyuge de L. Y. D. S. C., impugna la filiación presumida por la ley respecto al niño J. B. P., nacido durante el matrimonio que ambos mantuvieron.-
En este contexto, surge de las presentes actuaciones -tal como lo pone de relieve la Defensora General ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia- que: “…durante todo el estadio procesal no se ha escuchado la opinión del menor involucrado en autos…” (cfr. PE757034-2022), ante lo cual corresponde escudriñar cuál es el impacto que dicha omisión genera en la resolución del caso que nos convoca. Para llevar adelante dicha faena, se estima oportuno efectuar determinadas consideraciones que, al tiempo que responden a la materia específica de esta causa y al marco regulatorio aplicable para su decisión, resultan adecuadas para sopesar la trascendencia de la omisión indicada.-
VI. En torno al interés superior del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño (de jerarquía constitucional conforme el art. 75, inc. 22 de la CN) estipula que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” (cfr. art. 3.1).-
El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 14 del año 2013, sostuvo que el interés superior del niño es un concepto triple: a) un derecho sustantivo, b) un principio jurídico interpretativo fundamental y, c) una norma de procedimiento (cfr. párr. 6). Su contenido debe determinarse caso por caso. Debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que respecta a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las circunstancias específicas de cada niño en concreto (cfr. párr. 32).- Dijo, asimismo, que la evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y a que esta se tenga debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Los artículos 3 , párrafo 1 y el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño tienen funciones complementarias: el primero tiene como objetivo hacer realidad el interés superior del niño, y el segundo establece la metodología para escuchar las opiniones del niño o los niños y su inclusión en todos los asuntos que les afectan, incluida la evaluación de su interés superior. El artículo 3 , párrafo 1, no se puede aplicar correctamente si no se cumplen los requisitos del artículo 12 . Del mismo modo, el artículo 3 , párrafo 1, refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten a su vida (cfr. párr. 43).- Si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del niño o no concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo con su edad y madurez, no respeta la posibilidad de que las infancias participen en la determinación de su interés superior. El hecho de que los mismos sean muy pequeños o se encuentren en una situación vulnerable no les priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior (cfr. párr 53 y 54).-
Idénticos términos adopta el artículo 3 de la Ley N 26.061 e, igualmente, detalla que este principio rector impone el deber de respetar: “a) Su condición de sujeto de derecho, b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común, f) Su centro de vida…”. Finalmente, el mismo texto legal estipula que: “Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación…Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.- De su lado, el CCyCN establece que “La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.” (cfr. art. 706, inc. c).-
En el ámbito local debe tenerse presente que la Ley N 3062 estatuye que: “Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño” (cfr. art. 1). Señala además que: “…se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley…” (cfr. art. 2°).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido en torno a este principio que “…cuando hay un menor de edad cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés...” y evocando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “…la consideración del interés de los menores de edad debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos…”. En la misma oportunidad, se encargó de puntualizar que “…el Interés Superior del Niño debe ser analizado en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso…” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 656, Folio 3776/3785).-
VII. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta se encuentra contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la que en su artículo 12 preceptúa que: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”.- En su Observación General N° 12 del año 2009, el Comité de los Derechos del Niño advirtió que el derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención (cfr. párr. 2).
“…Recae así sobre los Estados partes la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los Estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho…los Estados partes deben esforzarse por lograr que la interpretación y la observancia de todos los demás derechos incluidos en la Convención estén guiados por lo que ese artículo dispone.” (cfr. párrs. 15 y 17).- Dijo, asimismo que: “…los Estados partes tienen la obligación estricta de adoptar las medidas que convengan a fin de hacer respetar plenamente este derecho para todos los niños…” (cfr. párr. 19) y “…considera preocupante que con frecuencia se deniegue a los niños el derecho a ser escuchados, incluso cuando es evidente que el asunto que se examina los afecta y que son capaces de expresar sus propias opiniones respecto de ese asunto…” (cfr. párr. 27).
Reconoce que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño es aplicable a todos los procedimientos judiciales pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones, ya sean iniciados por él o por otras personas (párrs. 32 y 33).- Y con respecto a la interdependencia de este derecho con el interés superior del niño expresó que: “…El interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga a los Estados partes a introducir disposiciones en el proceso de adopción de medidas para garantizar que se tenga en consideración el interés superior del niño. La Convención obliga a los Estados partes a garantizar que los responsables de adoptar esas medidas escuchen al niño conforme a lo estipulado en el artículo 12.
Esta disposición es obligatoria”, “…no es posible una aplicación correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del artículo 12…” (párrs. 70 y 74).- Siguiendo el estándar convencional, la Ley N 26.061 reconoce el derecho del niño a ser oído en los artículos 3 , 24 y 27 .-
La participación de los niños, niñas y adolescentes en los proceso de familia también está regulada en el CCyCN, singularmente en su artículo 707, cuyo texto prescribe que los Niños, Niñas y Adolecentes “…tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso”.-
En punto a esta regla legal, Marisa Herrera sostiene que no basta con oír al niño o adolescente en la entrevista, sino que es preciso escucharlo, entendida la escucha como una acción compleja que encierra muchas otras: observar, saber preguntar y distinguir lo manifiesto de lo latente. Escuchar su palabra es reconocerlo como sujeto de derechos y no como objeto de protección. Y esta óptica permite observarlo de un modo no subalterno y no cualitativamente inferior a los adultos. Además, el derecho a ser oído se encuentra enmarcado en uno más amplio que es su derecho a participar, entendiéndose esto como el deber de tener en cuenta su opinión al momento de la decisión, es decir, su voluntad real. Al mentado derecho debe añadírsele el derecho a ser informado, porque es ineludible y complementario de aquél. El niño debe ser siempre escuchado en forma personal por el juez, sin perjuicio de que esté representado. En caso contrario, bastaría la intervención de sus representantes para que el niño no sea oído, y ello no se condice con las normas internacionales de derechos humanos. Al ser un derecho de carácter personalísimo del niño, no puede ser suplido con la intervención de sus representantes legales o promiscuos. El judiciante siempre posee el deber insoslayable de escuchar al menor de edad. ¿A qué edad debe escucharse al niño? Siempre, a cualquier edad. Entonces, sea cual fuere su edad, será indispensable porque constituye el verdadero y único modo de saber de él (cfr. autora cit.: en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 2 edición actualizada, 2022, CABA, Libro Segundo, glosa al art. 707 del CCyC, págs. 568/572).- En consonancia con ello, el artículo. 26 del CCyCN dice que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.-
VIII. Particularmente, en lo que refiere a la materia bajo estudio en la presente causa, la doctrina autoral ha indicado que: “En los procesos de filiación la opinión del niño o niña, es importante ya que, conforme la edad que éstos tengan, el efecto o alcance que una sentencia de filiación pueda tener, sin su opinión o sin ser escuchados u oídos, no siempre garantizará su mejor interés. Es necesario, entonces, analizar la situación planteada en cada caso concreto, para que, previo al dictado de la sentencia, se escuche al niño, niña o adolescente, garantizándole, el derecho a ser oído, su mejor interés y derecho a la identidad.” y que: “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser respetados en su integridad siempre. Frente a situaciones tan delicadas como es la filiación, donde lo que se determina es la identidad de una persona, es cuando mayor énfasis se debe poner en el respeto de los derechos consagrados en la Convención sobre los derechos del niño y Ley 26.061…” (cfr. Ciolli, María Laura: “El respeto al derecho a la identidad en la acción de impugnación de paternidad matrimonial”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/1624/2013).- Igualmente, se ha señalado que: “…en un proceso de filiación, cuando se reclama la paternidad de un niño es conveniente contar con su opinión previo a la sentencia, ya que la misma producirán una serie de consecuencias no sólo legales, sino en su vida de relación y social, como lo es el cambio de apellido, y en su caso, adicionar el apellido materno. Estas son cuestiones en las que el niño debe opinar, especialmente por la magnitud de su trascendencia.” (cfr. Rocca, María del Rosario - Bigliardi, Karina A.: “Cuestiones prácticas del derecho del niño a ser oído”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/5950/2010).- En idéntico sentido, se ha expresado que: “…Puntualmente, en las acciones de modificación de la filiación o el emplazamiento familiar la participación del niño, niña o adolescente permitirá -en aras de satisfacer su mejor interés- concretar acciones tendientes a garantizar su derecho a la identidad, al apellido, a mantener contacto con sus progenitores y demás interesados, entre otros…” (cfr. Squizzato, Susana M. - Menta, Marcela A.: “La interdisciplina en las acciones que modifican la filiación o el emplazamiento familiar”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/3530/2018).-
IX. Recapitulando lo dicho hasta aquí, se debe tener en consideración que:
(i) El interés superior del niño constituye una directriz central a ser tenida en cuenta para hacer lugar o rechazar la acción de impugnación de la filiación presumida por ley.-
(ii) Dicho principio rector impone, entre otras cosas, el deber de respetar su condición de sujeto, su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural y, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.-
(iii) El interés superior del niño debe ser analizado en concreto, ya que no se concibe un interés del niño puramente abstracto.-
X. Estas consideraciones, en el caso concreto, fueron soslayadas por completo durante el curso del proceso, en tanto no se le brindó al niño J. B. P. la posibilidad de expresar su opinión. Y si bien, el Tribunal de Alzada sostuvo que la solución a la que se arribaba -consistente en declarar la caducidad de la acción intentada por el actor- no producían una afectación a su interés superior, lo cierto es que -tal como se viene desarrollando- el mismo no puede ser ponderado en abstracto, debiendo excluirse toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso.- La consagración del derecho del niño a ser oído tiene como contrapartida el deber inexcusable -y no la mera prerrogativa- de escucharlo en todo proceso que afecte a su persona y sus derechos. Este deber es tan esencial en la protección de los derechos del niño que la ley ritual debería fulminar con nulidad toda actuación jurisdiccional que afecte a un niño y en la cual éste no haya tenido la debida participación (cfr. Gil Domínguez, Andrés - Famá María Victoria y Herrera, Marisa: “Derecho Constitucional de Familia”, 1 edición, Buenos Aires, Ediar, 2006, Tomo I, pág. 573). El juez debe tener la obligación de oír al niño, niña o adolescente, derecho que integra las garantías del debido proceso legal. No es posible dictar legítimamente una decisión judicial que afecte a los derechos del niño, niña o adolescente sin oírlo previamente (cfr. Pérez Manrique, Ricardo, “El derecho a ser oído en el procedimiento”, Nota al pie en Gil Domínguez, Andrés - Famá, María Victoria - Herrera Marisa: “Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes - Derecho Constitucional de Familia”, Comentada - Anotada - Concordada, 1 edición, Buenos Aires, Ediar, 2007, pág. 444).- La opinión del niño debe ser tenida en cuenta, considerada, e integrar ineludiblemente la motivación de la decisión, sin perjuicio de que puede o no seguirse. La sentencia no motivada en este sentido deviene en un acto de autoridad del mundo adulto (cfr. autores cit., ob cit., pág. 449).-
A la luz de nuestro ordenamiento constitucional, y más aún luego de la sanción de la Ley N 26.061, resulta arbitraria una resolución judicial en la que se hubiera decidido alguna cuestión concerniente a un niño sin haber recabado su opinión mediante su intervención adecuada en el proceso (cfr. autores cit. ob. cit.” pág. 444).-
A nivel local, el artículo 26 de la Ley N 3062 dispone que: “Los Organismos del Estado Provincial y de los Estados Municipales deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en el Ordenamiento Jurídico Nacional y Provincial, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescentes, b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte, c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, sin prejuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. d) A participar activamente en todo el procedimiento, e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte, f) La prohibición de injerencias arbitrarias en la vida de la niña, niño o adolescente y su familia por parte de cualquiera de los organismos o sujetos intervinientes en el procedimiento”.- A continuación, el artículo 27 de la precitada ley declara que: “La inobservancia de las garantías antes enunciadas traerá aparejada la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas o judiciales, que podrá ser planteada en cualquier estado y grado del proceso”.-
Por su parte, el Código de rito local, al normar los deberes y facultades de los jueces en los procesos de familia, estipula que: “Cuando se encontraren comprometidos derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos deberán ser oídos en presencia del juez y el Defensor Oficial de Menores. Por idénticos motivos, se podrá reservar la registración del testimonio de los niños, niñas o adolescentes, con acceso únicamente para Magistrados y/o Funcionarios. Este derecho deberá serles comunicados en forma expresa a niños, niñas o adolescentes, bajo pena de nulidad…” (cfr. art. 784, inc. f). En cuanto a los recaudos que deben adoptarse en la Segunda Instancia, el ordenamiento adjetivo dispone que: “…Recibidos los autos, la Cámara de Apelaciones deberá tomar conocimiento personal y directo de los niños, niñas y adolescentes. Podrá asimismo oír a las partes para completar y/o actualizar su información acerca de las circunstancias del caso…” (cfr. art. 800).- De conformidad a lo expuesto hasta aquí, y en atención a la trascendencia del acto omitido, corresponde disponer la nulidad de oficio de la sentencia emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE589322-2022).-
Es aplicable al presente caso lo ya sostenido por este Tribunal Superior de Justicia, en punto a que: “La situación descripta trae aparejada indefensión, lo que acarrea una nulidad esencial y absoluta que no puede ser pasada por alto pues afecta la defensa en juicio y el debido proceso y resulta un vicio insusceptible de convalidación en cuanto, como derechos protegidos, se encuentran íntimamente ligadas y se refieren a defectos que afectan el Orden Público, lo que importa un quebrantamiento de las formas sustanciales prescriptas para las sentencias en el caso de las Cámaras de Apelaciones” (Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3374, Folio 5639/5642).- Cabe señalar que es oportuna la declaración de la nulidad de oficio en esta etapa del proceso por razones de celeridad y economía procesal. Pues permitir el avance de las actuaciones ante una evidente nulidad implicaría incurrir en un excesivo rigorismo formal y en un dispendio jurisdiccional inútil (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio Tomo XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319).-
Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
XI. Hágase saber a los Magistrados y Funcionarios que intervinieron en el presente proceso que, en lo sucesivo, deberán prestar la debida atención y acatamiento a las formas procesales a fin de evitar incurrir en errores u omisiones como los tratados en la presente, destacando que, más allá de la cuestión formal, en la resolución de este caso, era imprescindible incluir la participación del niño habida cuenta el objeto de los presentes.-
Por las consideraciones expuestas, más allá de los planteos propuestos por el recurrente, corresponde declarar la nulidad de oficio de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE589322-2022 y reenviar los presentes a la Cámara de origen para que con nuevos jueces hábiles dicte nuevo pronunciamiento, previa escucha del niño involucrado en autos. En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas por su orden, ello en atención a la forma en que se resuelve.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en PE589322-2022 y lo actuado en consecuencia, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos Jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento, previa escucha del niño involucrado en autos.-
2. Imponer las costas en el orden causado atento al forma en que se resuelve.-
3. Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de las anteriores instancias lo dispuesto en el considerando XI.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1027I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3756 Folio N°: 6750/6756 Secretaría: 1
Fin de la sentencia