Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8837 FOLIO Nº 183/189 PROT. ELECT. JR101515I.242
Río Gallegos, 02 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada "P.E.H S/ Lesiones Agravadas”- Expte. Nº P-75254/23 - Apelación/Causa JR Nº 8888/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 34/37, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado P.E.H, en orden al delito de Lesiones Leves Doblemente Agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género (Arts. 89 y 92, en función de lo dispuesto en el art. 80 inc.1 y 11 del C.P); en tanto que en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000). Que a fs. 39/43, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 54 y vta., y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la misma, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Tratamiento de los agravios referidos a la prueba de cargo – orfandad probatoria – análisis en particular del delito- cuestión de género:
La recurrente manifestó que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la prueba.
Señala la peticionaria, que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, fueron realizadas únicamente en contra y en perjuicio de su defendido, en total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal, afectando el principio “in dubio pro reo” (art. 4 del C.P.P).
Indica la defensa oficial que de la simple lectura de las actuaciones, se puede aseverar que no están acreditados en autos – según dijo “ni siquiera con la probabilidad que esta etapa procesal requiere”- los elementos mínimos y constitutivos de las figuras penales que se le enrostran a su asistido.
En este sentido, la accionante planteó el análisis de la prueba de cargo incorporada a las presentes actuaciones, a saber, denuncia (en Comisaría de la Mujer y la Familia) de la Sra. R.M.R en fs. 01, denuncia judicial de fs. 02/03 y certificado médico policial a fs. 04; expresa, a su vez, que éstos elementos probatorios resultan insuficientes a la hora de atribuir al Sr. P.E.H la responsabilidad penal que, como autor material de los hechos, le fuera oportunamente intimado en su indagatoria, todo ello en ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren este extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba que se verifica respecto de la materialidad y autoría del suceso, los dichos de la Sra. R.M.R, quien resultaría ser la pretensa damnificada, razón por la cual dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva, ya que no hace más que reflejar una parcializada versión de los hechos. Asimismo, advierte la defensa que en la doctrina y jurisprudencia nacional se requiere para todo testimonio, la carencia total de “interés” del deponente con referencia a las cuestiones sobre las cuales expone. Señala a su vez, que en el caso de marras los dichos de la pretensa víctima se catalogan como frágil, por lo que – a su juicio- se advierte una innegable “inclinación” que lleva a tornar dudosa su confiabilidad, siendo irrelevante su aporte en los presentes actuados.
Que la peticionaria entiende que el Juez a quo resalta, de los dichos de la Sra. R.M.R, que brindó un relato detallado de las distintas circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se habría desarrollado el suceso.
Plantea la recurrente que tratándose de la prueba personal, consistente en lo fundamental por palabras – aduce la misma “meros dichos”- éstas sólo pueden erigirse en prueba de una acusación cuando puedan corroborarse con otros indicios materiales plurales, graves y concordantes. Además, realiza un breve análisis sobre la valoración probatoria del testigo único.
La defensa oficial agrega, respecto de la orfandad probatoria, y analizando en particular el delito en autos, que conforme surge del certificado médico policial obrante a fs. 04, no posee el día ni el mes en el que fue realizada la revisación constando como horario las 15.10hs, donde la Sra. R.M.R presenta “contusión con hematoma en tercio superior interno de la rodilla izquierda. Refiere traumatismo de pie en tercio superior de pierna derecha (…) Leves (…)”, asegurando la recurrente que no especifica tamaño, coloración, data de la lesión o elemento con el que fue producida. De la misma manera, alude la defensa que del escueto relato brindado por la denunciante, no es posible establecer la mecánica que habría tenido la supuesta agresión y por consiguiente establecer la autoría respecto de su pupilo procesal. Por lo que entiende, que no se encontraría acreditada ni la materialidad ni la autoría de las lesiones relatadas por la denunciante.
A su vez, realiza un amplio análisis sobre cuestiones relacionadas a la prueba en materia de violencia de género y su valoración, y hace referencia a una mención que realiza el Juez a quo al momento de resolver la situación procesal de su defendido. Al respecto, advierte la defensa, que los dichos de quien denuncia en los casos de violencia de género, se deben contrastar con elementos probatorios que sean concurrentes, y que los hechos declarados como probados conlleven todas las afirmaciones del escrito de la denuncia, pues aquellas afirmaciones constituyen el objeto del proceso; agrega que para que un delito quede comprendido en la regla de la “relajación del estándar probatorio” (puesto que los hechos de esta naturaleza suceden “puertas adentro” y son “silenciosos”), se deben extremar los esfuerzos valorativos del cuadro probatorio. Indica que la “cuestión de género”, en ausencia de tipos especiales dentro de nuestro Código Penal, debe ser analizada exclusivamente dentro de la culpabilidad como especial motivación del autor al hecho, y por ello debe ser probada autónomamente. Además, hace mención a que nuestro país ha suscripto la Convención Belem Do Pará, y en consecuencia se ha dejado de observar en los operadores judiciales algún esfuerzo en las cuestiones de “violencia de género”, ya que la mencionada Convención aprueba estas causas en el plano sustantivo (bajos motivos) y en el plano procesal (relajamiento del estándar probatorio), violando así la presunción jurídica de inocencia que refleja nuestra Constitución. Advierte la defensa que esta forma de ver las cosas, pierde de vista que no todo conflicto entre un hombre y una mujer es “violencia de género”.
Por todo ello, es que entiende la recurrente que la posición jurídica del imputado en autos ha sido seriamente comprometida, en razón de las prácticas arbitrarias y a las variadas presunciones que contiene la resolución atacada. Ello por cuanto el A quo afirma que entre las partes existió una “relación de pareja” sin que se haya aportado prueba autónoma de ello, basándose sólo en los dichos de la pretensa víctima para dar por sentado el vínculo entre las mismas. A su vez, sostiene que se hace valer una presunción infundada cuando se asevera en el apartado III que el hecho imputado es producto de “violencia de género”, aún cuando el imputado carece de antecedentes penales. Que la defensa oficial declara que conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales sólo podrán admitirse como ocurridos los hechos y circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, lo que impide que aquéllas sean fundadas solamente en elementos puramente subjetivos, como se da en el caso de marras.
Cita doctrina para apoyas sus argumentos. Asimismo, entiende la accionante que ha sido evidente e injustificada la flexibilidad probatoria de la que cuenta el auto que apela, colocando – a su juicio- en un plano de desigualdad al Sr. P.E.H e implicando así una seria afectación a importantes mandatos constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia y el debido proceso. Concluyendo la argumentación de los presentes agravios, la defensa realiza una consideración especial sobre lo mencionado por el Juez a quo, cuando sostiene “… se podría deber a factores vinculados a tal situación de violencia, a la dinámica del “ciclo de violencia” que atraviesa la pareja, al retomar el vínculo luego de un episodio de violencia, como ya pasó oportunamente, según consta en la denuncia radicada…”.
Alega la peticionaria que el Magistrado supone un ciclo de violencia sin siquiera haber certificado la existencia de causas anteriores o posteriores en el fuero penal, o el trámite que le hubiera impuesto a la presente denuncia en el fuero de familia, del expediente de marras se podría deducir –según la defensa- que en el caso de haber existido un supuesto hecho, se trataría de una situación aislada, propia del fuero familiar y completamente ajena al penal. Cita jurisprudencia a los fines de apoyar sus dichos. Ingresando al tratamiento de los agravios expuestos, consideramos conveniente resolver, en primer lugar, la impugnación sobre el testimonio de la denunciante, la Sra. R.M.R, quien resulta ser la damnificada.
Nos resulta necesario recordar aquí el valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma. Que además, no debe perderse de vista la connotación de violencia de género que emerge de estos autos, al haber mantenido las partes una relación de seis años, encontrándose finalizada la misma cuando se suscitó el hecho que derivó en la denuncia (conforme surge a fs. 01, 02/03) y que ello, impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en la causa.
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). De modo similar, la doctrina ha dicho: “… el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia…” (Ledesma, Ángela “El debido proceso penal”, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106)
A mayor abundamiento, la jurisprudencia sostuvo que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho. Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental. La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984. Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1. La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, RubinzalCulzoni Editores, págs. 393/394). Es por todo lo expuesto que, el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción.
En consecuencia, -y sin encontrarse menoscabados los derechos aludidos por la defensa-, podemos afirmar que no corresponde hacer lugar al presente agravio.
En segundo lugar, y en análisis del agravio que alude la defensa respecto de la orfandad probatoria, consideramos conveniente adelantar que no procederá el mismo, debido a que en el certificado médico policial de fs. 04, si bien no surge el día y el mes en el que fue la constatación de las lesiones, se considera que se realizó en la misma fecha en que la víctima hizo la denuncia ante Comisaría de la Mujer y la Familia, es decir el día 29/03/2023, conforme exhibe a fs. 01, en el informe de inicio de actuados que “…al respecto fue examinada por facultativo medico policial, quien le certificó las lesiones de carácter leves, instando penalmente por las mismas…”. En idéntico sentido, surge de la denuncia judicial a fs. 02 y vta., “… Sí, es mi deseo ser examinada por el médico policial, instando penalmente por las lesiones que sufrí…”. De este modo, debemos decir que la materialidad del delito en autos se encuentra debidamente acreditada conforme el citado certificado médico, de la misma manera que la autoría, toda vez que el Magistrado ha realizado una valoración integral de los elementos probatorios aunados en la causa, contando con elementos de convicción suficientes que le permitieron concluir, con el grado de probabilidad que la instancia requiere, que el Sr. P.E.H sería el autor penalmente responsable del delito de lesiones.
A su vez, también consta que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar al Sr. Juez Subrogante de instrucción en este sentido.
Además, no se advierte que el Magistrado se haya apartado del análisis crítico de la prueba a la luz de la sana crítica racional (conf. art. 199 del C.P.P.).
En este sentido, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para condenar a un imputado, se sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…” (CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O. V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021). Por lo que, es fuerza concluir, que no procederá el agravio mencionado, ya que se desprende, de las pruebas mencionadas y de la valoración probatoria que realiza el Sr. Juez Subrogante de instrucción prima facie acreditada la materialidad y autoría del imputado respecto del delito que se le atribuye en el auto en crisis.
Ingresando al tratamiento del agravio que alude a la violencia de género, consideramos oportuno señalar lo dicho por esta Alzada en relación al agravante del inc. 11 del artículo 80 del C.P, teniendo el caso traído en consulta una notable implicancia en el contexto de violencia de género. En varias oportunidades, hemos considerado que: “la agravante del inc. 11 del art. 80 del C.P, repara en una situación contextual, que tiene lugar en un contexto de violencia de género” comprendido como un fenómeno de múltiples ofensas de gravedad progresiva; es decir que para que la gravante resulte aplicable (además de las calidades requeridas por el tipo para ser sujeto activo y sujeto pasivo, que se encuentran reunidas en autos), el resultado lesivo debe ser provocado en un ámbito situacional específico, en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón basada en una relación desigual de poder” (P.C.E S/ Denuncia lesiones leves y amenazas. Expte Nº 65.769. Apelación Nº 6537/19). Creemos necesario resaltar, que el caso aquí examinado, se encontraría alcanzado por la Ley Nº 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales), ello por cuanto las partes del legajo han mantenido una relación de pareja de 6 años, encontrándose finalizada la relación según consta a fs. 01, cuando la víctima advierte en el escrito de su denuncia: “lo cierto que es por todas estas cuestiones da por finalizada la relación”.
En este sentido, nos parece razonable, para una mejor comprensión de lo resuelto, citar dos artículos de la mencionada ley, sumamente significativos en relación a la amplitud probatoria, en casos como el traído bajo consulta.
Por su parte, el artículo 16 inc. I declara: “Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos;”. Por otro lado, también establece la ampliación del plexo probatorio el artículo 31, en cuanto anuncia: “Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.”.
A su vez, y para fundamentar nuestros argumentos, nos resulta conveniente citar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o también llamada Convención “Belem Do Para” (art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional) el cual en su artículo 7 inc. B establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Por consiguiente, y atento a las probanzas agregadas hasta el momento, consideramos que los elementos probatorios reunidos resultan ser suficientes para atravesar la barrera del Art. 289 del C.P.P, respecto de la autoría de las lesiones leves agravadas que se le endilgan al encartado.
De esta manera, entendemos que el presente agravio tampoco podrá prosperar debido a que, surge de las constancias de autos que las partes han mantenido una relación de pareja, sin importar que el imputado posea o no antecedentes penales, por lo que conlleva una notable connotación de violencia de género. Además, consideramos que el Sr. Juez Subrogante valoró cada una de las pruebas en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, teniendo en cuenta el escenario de la presente causa, sin que se observe un direccionamiento de la instrucción o la vulneración de los preceptos constitucionales. Para finalizar el tratamiento de los agravios, respecto de la mención que realiza la recurrente sobre el apartado III que señala el Sr. Juez Subrogante en la resolución, en cuanto al “ciclo de violencia”, consideramos que lo ha señalado ya que la denunciante, en oportunidad de la denuncia judicial (fs. 02/03) aclara “…No, no es la primera vez que sucede estos tipos de inconvenientes, siempre recibí insultos por parte de mi ex pareja, como aduje en el relato…”. Teniendo en cuenta ello, creemos que menciona el ciclo de violencia como una dinámica que suele suceder en casos que contienen un escenario de violencia de género. Respecto de certificar si existían o no causas o trámites anteriores o posteriores, reiteramos, no se vislumbra ninguna solicitud por su parte en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su defendido (art. 190 C.P.P).
III. Tratamiento del agravio referido a la medida precautoria – Decreto Nacional 395/75:
La defensa oficial refiere que agrava la situación de su representado y de toda su familia la medida precautoria dispuesta, en primera instancia por lo prematuro de la misma, y en segunda instancia, cuando es la propia denunciante quien manifestó “… posee un arma reglamentaria…fue adquirida por el mismo…resulta ser legítimo usuario…posee tenencia…se encuentra guardada…en ningún momento me la exhibió, ni tampoco me amenazó con dicho elemento…”. Advierte la recurrente que en este sentido, y ante la crisis económica que es pública y notoria, expone a su representado a quedarse sin su trabajo, fuente de ingresos principal del grupo familiar. La medida dispuesta resulta – a juicio de la misma- prematura, exagerada y vulnera el derecho alimentario de la familia completa. Por ello, es que solicita se deje sin efecto en pos de resguardar el interés superior de los hijos de su defendido. En análisis del presente agravio, adelantamos, no prosperará, debido a que es irrelevante el planteo a los fines de cuestionar el procesamiento, toda vez que el Sr. Juez Subrogante ha dicho -a fs. 36 y vta.- que creía prudente solicitar sólo la suspensión provisoria del permiso para portar armas de fuego, hasta tanto se resuelva en definitiva las presentes actuaciones, informando ésta situación a la firma PROSEGUR, empleador del denunciado, a los fines de que procedan al retiro del arma en poder del imputado.
Ello indica, que el Magistrado solamente indicó que creía conveniente el retiro del permiso para portar armas del Sr. P.E.H, atento al contexto de la causa y a los fines de salvaguardar a la víctima y prevenir situaciones que pueden llegar a suceder en casos como el traído aquí en consulta. En caso de suceder lo planteado por la peticionaria, es una consecuencia que escapa de las directivas del Juzgado de Instrucción, es decir, sería una decisión exclusiva por parte del empleador.
IV. Tratamiento del agravio referido al embargo:
Finalmente, antes de citar el último agravio que señala la defensa, nos resulta necesario hacerle saber a la recurrente que ha incurrido en errores de tipeo en su agravio, ya que colocó dos nombres diferentes al del imputado, como así también señaló una cifra en letras diferente al que situó en números.
El agravio expuesto por la recurrente es el monto del embargo dispuesto por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) que les resulta excesivo, arbitrario y exorbitante, toda vez que el Sr. P.E.H resulta ser desocupado, en un momento de crisis en el que el salario no alcanza siquiera para cubrir los gastos mínimos de una persona, razón por la cual solicitan se rechace el mismo y se ordene su adecuación atento a las constancias obrantes en autos y a las condiciones personales del causante.
En tratamiento del presente agravio, consideramos, en efecto, que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a P.E.H, y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Cien Mil ($100.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 36 y vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Del mismo modo, advierte la jurisprudencia, que no se tendrá en cuenta las cuestiones personales económicas del denunciado, sino por el contrario, se considerarán sólo las cuestiones atinentes al proceso: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado. (Cam. Nac. De Apelaciones en lo Crim. Y Correc. Sala IV. 17/09/2009. “DanessiYnga, Carlos F. s/ Procesamiento” Expte. Nº 1234/09).” Por lo que debemos decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Sr. Juez Subrogante para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso P.E.H.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs.34/37, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia