Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul · Causa 67614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 4/6/2021, en cuanto hizo lugar al incidente de impugnación de desheredación y reconoció el carácter de heredero de E. H. P. respecto de su madre Á. T. I. de P., en el sucesorio respectivo.
2Aclarar que, por haber sido desheredado injustamente, E. H. P. sólo tiene derecho a percibir la legítima de su causante, siendo plenamente válidos los actos jurídicos que realizó la causante sobre su porción disponible.
3Aclarar que la herencia limitada a la porción legítima la recibe el mal desheredado E. H. P., no siendo aplicable al caso el art.3749 del Código Civil, porque no hay desheredación legal, sino desheredación injusta; ello sin perjuicio de que los herederos de E. H. P. actúan en el presente proceso en su carácter de continuadores de la acción que promovió en vida el desheredado injustamente (arts.43 y 53 inc. 5 del Cód. Proc.).
4Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio a la incidentada vencida S. M. P., en virtud del principio objetivo de la derrota, a quien también se le imponen las costas de alzada en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del Cód. Proc.).
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
En la ciudad de Azul, a los cinco días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “P. E. H. c/ P. S. M. s/ Incidente de Desheredación” (causa n°67.614), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 4-6-2021?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. En la sentencia dictada en la anterior instancia se hizo constar que, en su presentación inicial de fs.10/14, E. H. P. interpuso incidente de impugnación de desheredación en los autos “I. Á. T. s/Sucesión testamentaria”, contra su hermana S. M. P., con el objeto de que se lo considere legítimo heredero de su madre Á. T. I. de P., otorgándosele “los derechos que de ello deriva y dejando sin efecto toda medida que pueda estar en contra de ello (art.175 del C.P.C.C.)” (ver fs.10 del presente incidente de impugnación de desheredación).
Sostuvo E. H. P. en la demanda que dio inicio a este incidente, que cuestiones de índole familiar y distorsionadas interpretaciones de los hechos, motivaron el inicio de una serie de acciones judiciales entre él, su madre y su hermana; y dijo que, desgraciadamente, el fallecimiento de su madre hizo que ella no pudiera tener una clarificación de esos hechos. Adujo que, en su momento, promovió el juicio sucesorio ab intestato por la muerte de su madre, pero luego vio con sorpresa que su hermana inició una sucesión testamentaria esgrimiendo el carácter de única y universal heredera, sobre la base de un testamento otorgado por la causante (ver fs.10vta.). Agregó copia de este testamento otorgado por Á. T. I., mediante escritura n° 169 de fecha 28/4/2006, ante la Escribana Patricia Inés Pizzorno, en cuya cláusula séptima manifiesta: “En mi más completo estado de razón y ejercicio de mis facultades mentales, comprendiendo plenamente la decisión que tomo en este acto, y ante la actitud asumida por mi hijo E. H. P. quien me engañara y estafara económicamente, privándome de mis legítimos ingresos por la explotación del campo “DON REMIGIO”, dinero indispensable para mis alimentos y gastos generales, y que ante los reclamos judiciales efectuados por mi parte, persiste en su actitud, al negarse a reconocer y reintegrar el dinero mal habido y con el dolor irreparable ante tal ingratitud, agravado por los insultos y amenazas, que él mismo me vertiera en público, demostrando desconsideración, falta de respeto y odio, y de los que nunca se dignara siquiera a pedirme perdón vengo a designar como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de todos mis bienes, a mi hija S. M. P., nacida el 22 de febrero de 1949, Libreta Cívica 5.795.952, quien siempre se ha mantenido a mi lado con amor, afecto y cuidado” (ver copia de fs.4/6).
Prosiguió expresando el incidentista en su demanda, que “nunca engañé ni estafé a mi madre, ni la privé de sus ingresos. Nunca retuve dinero mal habido alguno. Nunca fui ingrato con mi madre, ni la insulté, ni la amenacé. Tampoco tuve para con ella desconsideración, falta de respeto, ni odio” (fs.11). En el capítulo de las consideraciones, afirmó que en el testamento no existe nada que diga expresamente que se lo deshereda, para después agregar que el motivo esgrimido no es de los taxativamente citados en el art.3747 del Código Civil, por lo que la pretendida desheredación no tiene efecto alguno (ver fs.11vta./12). En el petitorio solicitó que “se ordene la suspensión de las actuaciones principales”, y “oportunamente se deje sin efecto la desheredación y se declare mi carácter de heredero forzoso de mi madre, con expresa imposición de costas y costos del proceso a S. M. P.” (fs.13vta./14).
II. En la primera providencia se dispuso que la acción deducida tramitará según las normas del proceso incidental, dándose traslado de la demanda a la contraria por el plazo de cinco días (fs.15), tras lo cual S. M. P. contestó el traslado conferido (fs.17/18vta.).
Posteriormente, al haber fallecido el actor E. H. P., comparecieron al proceso sus herederos J. I., L., S., M. y F. P., haciéndolo con posterioridad F. M. P. (ver certificado de fecha 21/2/2020 y proveído de fecha 22/2/2020).
III. Cumplimentados los respectivos pasos procesales, con fecha 4/6/2021 se dictó la sentencia de la anterior instancia, donde se hizo lugar al incidente de impugnación de desheredación y, en consecuencia, se reconoció el carácter de heredero de E. H. P. -ahora sus herederos- respecto de su madre Á. T. I. de P.. Las costas se impusieron a la incidentada vencida S. M. P., en virtud del principio objetivo de la derrota.
En los considerandos de su sentencia, el juzgador de grado mencionó dos procesos judiciales entablados entre Á. T. I. de P. -como actoray su hijo E. H. P. -como demandado-. El primero de ellos es el juicio de rendición de cuentas que tramita en el expediente n° 34.414, donde el Sr. P. fue condenado a rendir cuentas por la administración de los campos “Don Remigio”. Y el segundo es el juicio de revocación de donación que tramita en el expediente n° 34.786, en el cual recayó un reciente pronunciamiento de esta alzada con fecha 8/3/2022, donde se confirmó la sentencia apelada que hizo lugar a la revocación del contrato de donación gratuita con reserva de usufructo, celebrado entre Á. T. I. de P. y su hijo E. H. P., quien aceptara el 50% de las fracciones de campo objeto de autos, por la causal de ingratitud del donatario y con efecto retroactivo al día de celebración del contrato (29/11/1984).
Seguidamente, el sentenciante precisó la cuestión litigiosa, señalando que: “Tal como ha sido planteado, el actor considera que los motivos señalados no ingresan dentro del abanico taxativo dispuesto como causales de desheredación en el art.3747 del C.C. Asimismo, niega que existan las causales de desheredación, y que sean ciertas las imputaciones endilgadas en el testamento, por lo que considera que la carga de la prueba recae en cabeza de su hermana (art.3746 del CC)”. Y al aludir a la postura de la incidentada S. M. P., dijo que ésta refirió a la interpretación judicial de los testamentos, que consiste en indagar la verdadera intención del causante; señalando que en el caso de autos la causal de desheredación expresada en el testamento fue denunciada en vida de la testadora en los juicios de rendición de cuentas y revocación de donación, por lo que ha quedado demostrada la indignidad manifiesta.
Luego de estas alusiones a los planteos de las partes, detalló el juzgador las normas que entendió aplicables al caso (arts.3744 a 3750 del Código Civil, mencionó jurisprudencia y doctrina, y concluyó en que: “Si bien pudo haber sido la voluntad de la causante desheredar a su hijo E. H., lo cierto es que no se dio ni se expuso -lógicamente- en el testamento ninguna de las causales que prevé taxativamente la ley”. Dicho esto, examinó la causal de injurias de hecho contemplada en el art.3747 del Código Civil, y expresó que la misma está referida a un supuesto que no alcanza al caso de autos. Así puntualizó que “no es siquiera relevante ingresar a ver si existieron en otras causas elementos de prueba que den cuenta - lateralmente- de la existencia de las causales (y su comprobación), porque la carencia se encuentra en el mismo texto del intento de encuadrar la desheredación”.
En consecuencia, hizo lugar al incidente de impugnación de la desheredación y reconoció el carácter de heredero de E. H. P. -ahora sus herederos- respecto de su madre Á. T. I. de P. en el sucesorio respectivo, imponiendo las costas a la incidentada vencida S. M. P., en virtud del principio objetivo de la derrota (art.68 del Cód. Proc.).
IV. La mencionada sentencia fue apelada por S. M. P., quien en esta instancia expresó sus agravios mediante el escrito electrónico de fecha 13/10/2021.
Los argumentos dados por la demandada para fundar su recurso de apelación, serán analizados en los apartados siguientes, donde se abordará la cuestión medular traída a juzgamiento de esta alzada. Sólo cabe adelantar aquí, que la demandada se agravia de la solución adoptada por el magistrado de la anterior instancia, al haber rechazado la desheredación dispuesta en el testamento de fecha 28/4/2006, por la causante Á. T. I. de P., quien actuó con plena capacidad jurídica al momento de manifestar su voluntad. A lo que se suma que, con anterioridad, la testadora había promovido juicios de rendición de cuentas y de revocación de donación contra su hijo E. H. P., con fechas 21/2/2005 y 26/4/2005 (expedientes n° 34.414 y n° 34.786, mencionados en el apartado III, segundo párrafo, del presente voto). Y así la apelante observa una incoherencia entre la decisión tomada por el juzgador en el presente incidente de impugnación de desheredación -donde hizo lugar a la pretensión de E. H. P. reconociéndolo como heredero-, y la sentencia que oportunamente dictó en el juicio de revocación de donación, donde hizo lugar a la revocación de la donación realizada por Á. T. I. de P. a favor de su hijo E. H. P., por la causal de ingratitud del donatario por injurias graves inferidas a la donante. La expresión de agravios fue contestada por los herederos de E.
H. P. y, con posterioridad, emitió su dictamen el Sr. Fiscal de Cámaras. Habiéndose practicado los pasos procesales de rigor y realizado el sorteo de ley, han quedado estos actuados en condiciones de ser resueltos.
V. 1. Conforme ya lo adelanté, según el planteo de la demandada apelante, la solución adoptada en autos por el Juez de grado sería incoherente con lo que oportunamente decidió en el juicio de revocación de donación, que tramita en el mencionado expediente n° 34.786. En esta línea afirmó que, si en ese anterior proceso se tuvieron por acreditadas las injurias graves causadas a su madre por E. H. P., no resulta posible arribar a una conclusión distinta en el presente incidente de impugnación de desheredación. Así transcribió algunas partes de los considerandos vertidos por el Juez de grado en la sentencia que dictó en el juicio de revocación de donación, expresando lo siguiente: “Se lo hace para demostrar la incoherencia entre este razonamiento, y el ahora adoptado para rechazar la desheredación dispuesta por testamento. La causa fue ofrecida por esta parte como prueba, es evidente que el juez ha omitido recordar su propio considerando que acepta todas y cada una de las causales probadas de la injuria grave, de las amenazas sumadas a la sustracción dineraria que durante años padeció la causante de parte de su hijo, donde además ratificó y reiteró su voluntad de excluir a su hijo de la herencia” (lo destacado me pertenece.
Continuó alegando la apelante que a lo expuesto se agrega la condena a rendir cuentas, que como resultado de no haberlas rendido adecuadamente, arrojó un resultado deudor a cargo de E. H. P. y a favor de su madre Á. T. I. de P. -el que a la fecha se encuentra pendiente de pago-, lo que configura un elemento que sustenta la revocación de la donación. Y en la parte final de su recurso, aduce la recurrente que “surge claramente de todas las probanzas reunidas en las causas citadas en el presente, la sólida convicción de Á. T. I. de P. respecto a las injurias cometidas por el demandado hacia su persona, al no rendir cuentas de la administración del campo a pesar de los requerimientos, como también a ocultar ingresos que le correspondían a ella y de los insultos y amenazas personales recibidas de su hijo, y de la grave situación económica que debió atravesar durante el período en que se encontró privada de sustentarse sus propios alimentos” (lo destacado es propio).
Sostiene asimismo la apelante, que no existieron vicios de la voluntad que afectaran el discernimiento, intención o libertad de Á. T. I. de P., por lo que corresponde considerar plenamente válidos a los actos jurídicos ejercidos por ella (envíos de cartas documento, demandas judiciales, declaraciones de la testadora en sede judicial y otorgamiento del testamento que es motivo de juzgamiento en el presente proceso). Y así señala que no se entiende el razonamiento del Juez de grado, quien habiendo tomado en cuenta todos los elementos ofrecidos para revocar la donación, ahora ha cambiado sus razones e interpretaciones frente al testamento objeto del litigio, al haber rechazado la desheredación que en ese instrumento dispuso la testadora.
2. Tal como lo pondré de manifiesto, no se advierte la incoherencia atribuida por la apelante a la sentencia apelada -descripta en el anterior punto 1-, por haber arribado a distintas soluciones en el juicio de revocación de donación y en el presente incidente de impugnación de desheredación. Lo que sucede es que el Juez de la anterior instancia, en cada uno de esos procesos, ha hecho aplicación de las normas pertinentes del Código Civil de Vélez Sarsfield, que constituye la ley aplicable en el caso de autos (art.7 del C.C.C.N.). En efecto, en el sistema del Código Civil, el marco jurídico que rige la revocación del contrato de donación, es muy diferente al que se aplica en materia sucesoria, cuando se regula el instituto de la desheredación de un heredero forzoso -formalizada por el causante en su testamento-. Procuraré clarificar esta aserción preliminar en los desarrollos argumentales venideros.
Según lo anticipé en el segundo párrafo del apartado III de este voto, en la sentencia recientemente dictada por esta Sala en el juicio de revocación de donación, se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la revocación del contrato de donación gratuita con reserva de usufructo, celebrado -con fecha 29/11/1984- entre Á. T. I. de P. y su hijo E. H. P., quien aceptara el 50% de las fracciones de campo objeto de esa donación, por la causal de ingratitud del donatario por injurias graves inferidas a la donante (arts.1858 inc.2 del Código Civil), y con efecto retroactivo al día de celebración del contrato (esta Sala, causa n° 67.291, sentencia del 8/3/2022). En uno de los párrafos de ese pronunciamiento de este Tribunal, tras analizar los envíos postales cursados entre las partes, se analizaron algunas constancias del juicio caratulado: “I. de P. Á. T. c/ P. E. H. s/Rendición de cuentas”, expediente n° 34.414, y se resaltó la “conducta reticente e incumplidora evidenciada por el Sr. P., no sólo en el inicio mismo del conflicto con su madre, sino que tal comportamiento se prolongó a lo largo de muchos años, durante el trámite de los extensos procesos judiciales entablados entre las partes; todo lo que torna plenamente justificada la decisión de la donante de revocar la donación por ingratitud del donatario”.
En dicho decisorio de esta alzada se realzó el valor probatorio que presenta dicho proceso judicial de rendición de cuentas, en el cual el Sr. P. fue condenado a rendir cuentas, se rechazaron las cuentas por él presentadas, se estableció un saldo deudor a favor de Á. T. I. de P., y al no haberse acreditado el pago de esta deuda, se promovió la pertinente ejecución de sentencia a los fines de obtener el cobro del saldo firme y determinado. Y expresó este Tribunal que: “Queda así de manifiesto la falta de gratitud del donatario hacia su madre, quien era la usufructuaria de los bienes que aquél administraba, por lo que se encuentra plenamente justificada la revocación de la donación por ingratitud del donatario que ha dado lugar al presente litigio”. Más adelante, se precisó en la referida sentencia dictada en esta sede, que “tanto los actos extrajudiciales realizados por la donante - envíos de carta documento y realización de acta notarial-, como todas las actuaciones del juicio de rendición de cuentas, son claramente reveladores de la conducta reticente e incumplidora de E. H. P., quien no rindió cuentas de la administración de las fracciones de campo -pese a los reiterados requerimientos que se le formularon-, y privó a su madre de los ingresos económicos que eran necesarios para su subsistencia, ya que ésta no tenía otra fuente de ingresos que le permitiera sufragar sus gastos. Y este comportamiento del donatario se prolongó durante muchos años, compeliendo a la donante a tener que concretar un sinnúmero de gestiones extrajudiciales y judiciales, con la consiguiente angustia y desazón que ello trae aparejado en el plano moral. Es indudable la fuerza probatoria que emana de las diferentes constancias del juicio de rendición de cuentas, las que resultan por demás suficientes para tener por debidamente acreditadas las injurias graves inferidas por el donatario a la donante (art.1858 inc.2 del Código Civil; arts.163 inc.5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.)”.
3. Ahora bien, más allá de la sentencia dictada por esta alzada en el juicio de revocación de donación, lo cierto es que la cuestión debatida en el presente incidente de impugnación de desheredación presenta contornos diferentes, por lo que no se configura la incoherencia que la apelante le atribuye al decisorio apelado de la anterior instancia. Corresponde remarcar aquí lo ya señalado en el punto precedente, en el sentido de que el marco jurídico que rige el instituto de la desheredación, es diferente al aplicable en materia de revocación del contrato de donación. De allí que, en el presente incidente de impugnación de desheredación, el Juez de grado haya basado sus conclusiones en las normas que resultan aplicables al presente caso, que son las del Código Civil, en razón de las fechas del testamento y de la muerte de la causante (art.7 del C.C.C.N.). En efecto, el testamento que contiene la desheredación cuestionada en el presente incidente, fue otorgado por Á. T. I. de P. con fecha 28/4/2006, mientras que el fallecimiento de la testadora se produjo el día 19/4/2007, de allí que no cabe ninguna duda sobre la aplicación al presente caso de las normas del Código Civil, que era el cuerpo normativo que regía en esos dos momentos (art.7 del C.C.C.N.).
En este sentido apunta Kemelmajer de Carlucci, que el mecanismo de las disposiciones testamentarias es bastante complejo en el derecho transitorio, desde que aparecen dos elementos: un testamento y la muerte del testador. Y a fin de brindar una solución a esta temática, trae la opinión de Roubier, quien distinguió entre la forma del testamento que se rige por la ley vigente al momento en que el mismo se realizó, y el contenido del testamento que “se rige por la ley vigente al momento de la muerte del testador. En consecuencia, es en ese momento que se analiza si se viola o no la legítima” (autora citada, La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, págs.106 y 107). Ahora bien, en el presente caso no hay margen para ningún conflicto temporal de leyes, ya que tanto el otorgamiento del testamento (28/4/2006), como la muerte de la testadora (19/4/2007), se produjeron durante la vigencia de Código Civil, que, en consecuencia, es el cuerpo normativo que se aplica en el caso de autos (art.7 del C.C.C.N.)
Y he realizado el precedente análisis de derecho transitorio porque, como lo expresaré al final del presente voto, el ahora vigente Código Civil y Comercial de la Nación, al regular los institutos del derecho sucesorio referidos a la indignidad y a la desheredación, establece un marco jurídico distinto al que presentaba el Código Civil. Pero, en lo atinente al caso de autos, no se presenta ninguna dificultad de encuadramiento normativo, pues en atención a las fechas del testamento y de la muerte de la testadora, el litigio traído a juzgamiento se ubica -sin duda alguna- en la órbita del código velezano, tal como lo ha entendido el Juez de primera instancia en el decisorio apelado.
4. Efectuadas las necesarias aclaraciones precedentes, retomo los aspectos concretos del caso en análisis, puntualizando que en la sentencia apelada se hizo una correcta interpretación de los artículos del Código Civil que rigen el instituto de la desheredación (arts.3744 a 3750), y que resultan aplicables al supuesto en tratamiento.
Así expresa el art.3744, que: “El heredero forzoso puede ser privado de la legítima que le es concedida, por efecto de la desheredación, por las causas designadas en este Título, y no por otras aunque sean mayores”. A su vez, el art.3745 dispone que: “La causa de la desheredación debe estar expresada en el testamento. La que se haga sin expresión de causa, o por una causa que no sea de las designadas en este Título, es de ningún efecto”. Y el art.3746 establece: “Los herederos del testador deben probar la causa de la desheredación expresada por él y no otra, aunque sea una causa legal, si la causa no ha sido probada en juicio en vida del testador”. Por su parte, el art.3747 enumera las causales por las cuales los ascendientes pueden desheredar a sus descendientes, siendo ésta la cuestión medular que trataré más adelante.
Interpretando las normas transcriptas, se ha señalado en doctrina que “en un sentido estricto y conforme a la conceptuación establecida por los arts.3714 y 3744, la desheredación consiste en la privación de la legítima a los herederos forzosos en virtud de una causa justa, demostrable, taxativamente señalada por la ley y expresada en el testamento” (conf. Maffía, Tratado de las Sucesiones, tomo I, tercera edición, actualizada por Hernández y Ugarte, pág.199). Por lo demás, la desheredación está estrechamente ligada a la indignidad, ya que en ambas la exclusión del heredero está fundada en una ofensa al causante o a su memoria. Pero más allá de las razones que puedan determinar o no la refundición de ambos institutos, y de las distintas opiniones que se han vertido en esta materia, lo cierto es que el Código Civil los reguló en forma separada, existiendo varios aspectos que los diferencian, entre los cuales puede mencionarse a los siguientes: Por un lado, la desheredación requiere la voluntad expresa del causante, manifestada en su testamento (art.3745), mientras que la indignidad opera por el solo imperio de la ley (arts.3291 a 3296).
Por otro lado, las causales de ambas figuras son distintas, y, además, las causales de la desheredación deben ser anteriores a la muerte del causante, lo que no ocurre necesariamente con la indignidad (art.3292 y 3296). Desde otro ángulo, la indignidad es de aplicación sea la sucesión ab intestato o testamentaria, mientras que la desheredación actúa únicamente en la última. Asimismo, la indignidad abarca a toda clase de sucesores, mientras que la desheredación está exclusivamente referida a los legitimarios o forzosos. Y en cuanto a la legitimación activa, la acción de indignidad puede ser promovida por los parientes a quienes corresponda suceder (art.3304), e importa remover episodios íntimos que el causante pudo haber callado, en tanto que la desheredación es la expresión ostensible del testador que ya no es necesario silenciar (conf.
Maffía, obra citada, págs.202 y 203). Ya en la concreta temática de las causales de desheredación - que es la medular en el caso de autos-, señala Maffía que el art.3744, en su afán de enfatizar las limitaciones a estas causales, ha repetido a García Goyena e incurrido de esa forma en igual redundancia que éste, al expresar que el heredero forzoso puede ser privado de la legítima que le es concedida, por efecto de la desheredación, por las causas designadas en este título, y no por otras aunque sean mayores. Y continúa enseñando Maffía que “como se ha señalado con precisión, se trata de una enumeración taxativa, de un numerus clausus, sin posibilidad de analogía ni de interpretación extensiva, ni siquiera de interpretación de minoris ad maiorem.
Importa advertir que, como un corolario de lo anterior, el mismo Código, en su art.3745, señala que la desheredación hecha sin expresión de causa será de ningún efecto, como tampoco lo tendrá la fundada en causas que no fueran enumeradas por la ley” (ob. cit. págs.207 y 208). En el mismo sentido se manifiesta Borda, al referirse al carácter restrictivo de la enumeración legal, y puntualizar: “La desheredación sólo puede hacerse por alguna de las causales expresamente previstas en la ley. Cualquier otra, aunque sea más grave, no la autoriza (art.3744, C.Civil). Tratándose de una sanción que priva al heredero forzoso de su legítima, la ley ha querido ser muy estricta en lo que atañe a los motivos”.
Pero no obstante esta certera descripción del marco legal, Borda formula una crítica sobre lo restrictivo de la enunciación legal, expresando: “No está mal que en esta materia se prohíba la interpretación extensiva o analógica, pero tal sistema debió ser acompañado de una enumeración más amplia y completa de motivos de desheredación. En este punto, las normas del Código se resienten de una notoria insuficiencia” (conf. Borda, Tratado de Derecho Civil, Sucesiones, 9ª edición, Actualizada por Delfina M. Borda, tomo I, nro.155, págs.135 y 136; lo destacado me pertenece).
La Suprema Corte de Justicia Provincial ha destacado la taxatividad de las causales de desheredación establecidas en el Código Civil, en un caso en que la cónyuge supérstite del causante solicitó que se dejara sin efecto la cláusula de desheredación a su respecto, que había sido incluida por su esposo en uno de sus testamentos. El Superior Tribunal rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de Cámara que declaró la inoponibilidad de la cláusula de desheredación respecto de la cónyuge supérstite del causante. En lo que aquí interesa cabe destacar que luego de detallar las causales invocadas por el testador en su testamento para desheredar a su cónyuge, se puntualizó en el voto del Dr. Pettigiani -al que adhirieron los demás ministros-: “Pero de ninguna manera encuadra en alguna de las causales de desheredación legalmente previstas -y consideradas de enumeración taxativa por el propio Cód. Civil- antes anunciadas. Coincido, por lo dicho, con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, en tanto sostiene que en el caso ‘el quid de la cuestión a decidir no reside en el sujeto pasible de desheredación sino en las causas legales que la habilitan. En efecto, las mismas se encuentran taxativamente impuestas y esto se justifica porque resultan su límite a la protección que se ha querido asegurar en cabeza de los legitimarios. Por ello, y más allá de lo que de lege ferenda se pudiera argumentar en torno de la conveniencia de unificar los regímenes de indignidad y desheredación (Borda, cit. p.138) ello no resulta posible a partir de la interpretación pretoriana. En tal sentido, entiendo que aún cuando pudiera coincidir con la postura de la recurrente en torno a la hipotética posibilidad de desheredar a los cónyuges, ello, en el caso en análisis, carece de consecuencias por cuanto las causales en que se pretende fundar dicha exclusión no resultan ninguna de las legalmente autorizadas y de interpretación restrictiva (art.3745 del CC)’. Todo ello hace que deba rechazarse el recurso interpuesto, confirmándose la sentencia en cuanto dispuso la inoponibilidad de la referida cláusula a la señora G (art.289, C.P.C.C.)” (S.C.B.A., C 117.950, sentencia de 1/7/2015, “Gamboa de Cuiña, Elda Mercedes c/Gural, María Luisa s/Nulidad de testamento”, LLBA 2015-1020, DFyP 2015-161, DJ 16/12/2015, 39, TR LA LEY AR/JUR/24421/2015; lo destacado es propio).
5. En la sentencia apelada se remarcó la taxatividad de las causales de desheredación previstas en el art.3747 del Código Civil, al señalarse en la conclusión de los considerandos: “Si bien pudo haber sido la voluntad de la causante desheredar a su hijo Edgardo Héctor, lo cierto es que no se dio ni se expuso -lógicamente- en el testamento ninguna de las causales que prevé taxativamente la ley” (lo destacado es propio). Y en lo atinente a esta esencial cuestión, es necesario enfatizar en que la transcripta aserción del Juez de grado, resulta por demás categórica y ajustada a derecho, no habiendo sido pasible de una crítica concreta y razonada en el escrito de expresión de agravios; por lo que el recurso interpuesto se encuentra desprovisto de la carga técnica de fundamentación exigida por el art.260 del código ritual. En efecto, adujo el juzgador que, en la manifestación de voluntad efectuada en el testamento por la testadora, no se dio ni se expuso ninguna de las causales de desheredación que prevé taxativamente el citado art.3747; y esto es claramente así, pues ninguna de las conductas de E. H. P. que la testadora indicó en la cláusula séptima de su testamento (ver apartado I, segundo párrafo de este voto), pueden ser encuadradas en las causales taxativas de desheredación que enuncia el citado art.3747 del Código Civil.
La apelante se ha limitado a señalar que no se le puede reprochar a la testadora no haber utilizado las formas sacramentales establecidas en el Código Civil, sosteniendo que debe indagarse en la voluntad de la causante, quien a través de los diferentes actos que cumplimentó en su vida, puso de manifiesto los motivos que la llevaron a desheredar a su hijo. Así destaca que la causante promovió contra su hijo los juicios de rendición de cuentas y revocación de donación, y otorgó testamento por acto público por el cual lo desheredó. En la parte final de su escrito recursivo, puntualizó que “surge claramente de todas las probanzas reunidas en las causas citadas en el presente, la sólida convicción de Á. T. I. de P. respecto a las injurias cometidas por el demandado hacia su persona, al no rendir cuentas de la administración del campo a pesar de los requerimientos, como también a ocultar ingresos que le correspondían a ella y de los insultos y amenazas personales recibidas de su hijo, y de la grave situación económica que debió atravesar durante el período en que se encontró privada de sustentarse sus propios alimentos con evidente riesgo de vida”.
Contrariamente a lo afirmado por la apelante, no se trata de reprocharle a la testadora el sólo incumplimiento de las formas sacramentales establecidas en la ley, ya que la cuestión no radica en aspectos meramente formales, sino en la sustancia misma de la materia en escorzo. En efecto, examinando la enumeración de causales dada por el art.3747, se observa prontamente que el inciso primero de este artículo, referido a las injurias de hecho a los ascendientes, es el único sobre el cual podría intentarse algún esfuerzo interpretativo para forzar el encuadramiento del caso de autos -tal como lo señaló el juzgador-. Pero a poco de andar se concluye en la inviabilidad de este intento hermenéutico, pues dicho inciso primero restringe ostensiblemente el alcance de las injurias de hecho, al limitarlo al supuesto en que el hijo haya puesto las manos sobre su ascendiente. Esto lo expresa claramente el Juez de grado, al decir que, en la norma en análisis, luego de la expresión “injurias de hecho”, se continúa la oración y con la pausa de una coma, se agrega: “poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente”.
Y así cabe recalar en la doctrina elaborada sobre las injurias de hecho previstas en el art.3747 inciso 1 del Código Civil, en cuanto exige que tales injurias se produzcan “poniendo el hijo las manos sobre su ascendiente; la simple amenaza no es bastante”. Señala Borda que “la ley quiere las vías de hecho; no bastan las amenazas ni las injurias verbales, ni aun la difamación pública”. Y seguidamente formula una acerba crítica sobre la estrechez de la solución legal, puntualizando: “Hay que admitir que esta solución carece de toda lógica. Muchas veces un golpe, una bofetada, pueden ser la consecuencia de una ofuscación, de la que quizá el primer arrepentido sea el propio ofensor; pero la difamación persistente y pública, tal vez hecha en órganos de la prensa de vasta difusión, es un agravio mucho mayor. No se explica, por tanto, la limitación a las ofensas, traducidas en violencias físicas” (conf. obra citada, tomo I, nro. 156, pág.136; lo destacado es propio). En un mismo sentido se pronuncia Maffía, quien señala que “el enunciado tomado del Código de Luisiana, resulta objetable por sus limitaciones. Circunscribir la ofensa a la violencia física importa dejar de lado hechos que pueden resultar más sensibles que aquella, ya que la difamación, por ejemplo, puede constituir un ultraje mayor que una bofetada” (ob. cit. pág.208; en una mismas línea de pensamiento, ver Pérez Lasala-Medina, Acciones judiciales en el Derecho Sucesorio, Segunda edición ampliada y actualizada, pág.201; Zannoni, Derecho de las Sucesiones, tomo 1, 5ª edición actualizada y ampliada, pág.264; Lambois en Código Civil y normas complementarias, Bueres dirección, Highton coordinación, tomo 6-B, pág.17).
6. De esta manera es posible observar -con marcada nitidez- que no resulta posible encuadrar en la enumeración legal de las causales de desheredación, a las conductas de E. H. P. que la testadora enunció en la cláusula séptima de su testamento (ver apartado I, segundo párrafo). En ese mismo sentido, no resulta posible considerar como motivo de desheredación a la causal de injurias graves inferidas a la donante, que dio sustento a la revocación del contrato de donación por ingratitud del donatario (art.1858 inc.2 del Código Civil), conforme a los términos del pronunciamiento de esta alzada que analicé en el anterior punto 2 (esta Sala, citada causa n° 67.291, sentencia del 8/3/2022). Para expresarlo con términos aún más claros: Las reprochables conductas que motivaron la revocación del contrato de donación, estuvieron centradas en la afectación patrimonial que sufrió la Sra. I. de P. ante la conducta reticente e incumplidora de su hijo E. H. P., quien no rindió cuentas de la administración de las fracciones de campo -pese a los reiterados requerimientos que se le formularon-, y privó a su madre de los ingresos económicos que eran necesarios para su subsistencia, ya que ésta no tenía otra fuente de ingresos que le permitiera sufragar sus gastos. A lo que se suma que este comportamiento se prolongó durante muchos años, compeliendo a la donante a tener que concretar un sinnúmero de gestiones extrajudiciales y judiciales, con la consiguiente angustia y desazón que ello trae aparejado en el plano moral. Y esa afectación patrimonial que el donatario le provocó a la donante, quedó claramente encasillada en la causal de injurias graves contemplada en el art.1858 inc.2 del Código Civil, al implicar una ingratitud del donatario que trajo como consecuencia la revocación del contrato de donación. Pero esas mismas conductas no pueden encuadrarse en el limitado y restringido concepto de “injurias de hecho”, que establece el art.3747 inciso 1 del Código Civil, como causal de desheredación de los descendientes. Esto sella la suerte adversa del recurso de apelación interpuesto y la consiguiente confirmación del decisorio apelado de la anterior instancia (con la sola aclaración que se realizará en el apartado VI de este voto).
Así vuelvo sobre la idea original que expuse en el primer párrafo del anterior punto 2, pues como acabo de expresarlo en el párrafo anterior, si bien las reprochables conductas de E. H. P. dieron lugar a la revocación del contrato de donación por la causal de ingratitud del donatario -al haber inferido injurias graves a la donante- (art.1858 inc.2 del Código Civil), tales conductas no hallan encuadramiento en la limitada causal de desheredación prevista en el inciso 1 del art.3747 de Código Civil. Como apunté en aquella parcela del presente voto, “en el sistema del Código Civil, el marco jurídico que rige la revocación del contrato de donación, es muy diferente al que se aplica en materia sucesoria, cuando se regula el instituto de la desheredación de un heredero forzoso -formalizada por el causante en su testamento-”. Esta sustancial diferencia entre ambos regímenes no ha sido vislumbrada por la apelante, siendo éste el error atribuible a su parte, al haber adjudicado al Juez de Grado una incoherencia que no es tal, pues el magistrado se limitó a aplicar las normas del Código Civil que correspondían a cada uno de los procesos judiciales en trámite (art.163 inc.6 del Cód. Proc.). Así, en el juicio de revocación de donación aplicó las normas que rigen esa figura contractual, mientras que en el presente incidente se atuvo a las normas del derecho sucesorio que regulan la desheredación de los herederos forzosos. Nada puede cuestionársele a la sentencia dictada en la anterior instancia, por lo que la misma debe ser confirmada, con la sola aclaración que se efectuará en el apartado VI del presente voto.
Y la solución que propicio no puede ser pasible de críticas por atenerse al estrecho concepto de “injurias de hecho” establecido en el art.3747 inciso 1 del Código Civil, aunque esa limitación haya sido cuestionada en doctrina, como lo señalé precedentemente. Pues lo cierto es que ese fue el limitado marco de causales que concibió el legislador para viabilizar la desheredación de los herederos forzosos, ya que al tratarse de una sanción que priva a estos herederos de su legítima, la ley ha querido ser muy estricta en lo que atañe a los motivos que la habilitan. Y a ese texto legal hay que ajustarse en atención a las características de la cuestión debatida, tal como lo ha considerado la Suprema Corte Bonaerense en el citado pronunciamiento (C 117.950 del 1/7/2015), siendo, por lo demás, el aplicable al caso de autos por la razón temporal ya señalada (art.7 del C.C.C.N.).
7. En este punto de mi desarrollo argumental debo señalar obiter dicta que el actualmente vigente Código Civil y Comercial de la Nación, ha consagrado una diferente regulación en lo que respecta a los institutos del derecho sucesorio de la indignidad y de la desheredación. Pero este cuerpo normativo no es de aplicación al caso de autos, por las razones ya apuntadas en los puntos 2 y 3 del presente apartado (art.7 del C.C.C.N.). En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación, por un lado, ha ampliado considerablemente las causales de indignidad establecidas en el Código de Vélez en sus arts.3291 a 3296 bis; y es así que el art.2281 del nuevo código, en su último inciso, señala como indignos de suceder a “los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones” (inciso i del art.2281 del C.C.C.N.). Y, por otro lado, el código ahora vigente ha eliminado el instituto de la desheredación, habiéndose expresado en los Fundamentos del Anteproyecto elaborado por la Comisión Redactora, que el código “introduce modificaciones a la redacción de las vigentes cláusulas de indignidad sucesoria, en su caso, para adaptarlas a la denominación de los delitos en el Código Penal, e incorpora un último inciso, vinculado a las causales de revocación de las donaciones, solución que permite derogar el régimen de la desheredación y, evitar, de este modo, una doble regulación para situaciones prácticamente idénticas” (lo destacado en negrita me pertenece; ver sobre esta temática Pérez Lasala, Tratado de Sucesiones, Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, tomo I, Parte General, págs.420 a 423; Ferrer, en Código Civil y Comercial comentado, Tratado exegético, 3ª edición actualizada y aumentada, Alterini Director General, tomo XI, págs. 138 a 140; Rolleri, La exclusión hereditaria en el nuevo Código Civil: fortalecimiento de la indignidad y supresión de la desheredación, DFyP 2015 (mayo), 105).
Vuelvo a reiterar que esta referencia la formulo obiter dicta, dado que el caso de autos se encuentra regido por el Código Civil velezano, en atención a los momentos en que se produjeron el otorgamiento del testamento y la muerte de la testadora, conforme lo puntualicé en la parcela pertinente del presente voto (art.7 del C.C.C.N.).
VI. En definitiva, por las consideraciones expuestas propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 4/6/2021, en cuanto hizo lugar al incidente de impugnación de desheredación y reconoció el carácter de heredero de E. H. P. respecto de su madre Á. T. I. de P., en el sucesorio respectivo. Debiendo formularse la siguiente aclaración: a) Por haber sido desheredado injustamente, E. H. P. sólo tiene derecho a percibir la legítima de su causante, siendo plenamente válidos los actos jurídicos que realizó la causante sobre su porción disponible. b) La herencia limitada a la porción legítima la recibe el mal desheredado E. H. P., no siendo aplicable al caso el art.3749 del Código Civil, porque no hay desheredación legal, sino desheredación injusta; ello sin perjuicio de que los herederos de E. H. P. actúan en el presente proceso en su carácter de continuadores de la acción que promovió en vida el desheredado injustamente (conf. Pérez Lasala- Medina, Acciones Judiciales en el Derecho Sucesorio, ob. cit. págs.209 y 210; arts.43 y 53 inc.5 del Cód. Proc.).
Con relación a las costas del juicio, también propongo la confirmación de la sentencia apelada, en cuanto las impuso a la incidentada vencida S. M. P. en virtud del principio objetivo de la derrota (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). No es de recibo el agravio de la incidentada sobre este aspecto del litigio, porque los argumentos que vierte en su pieza recursiva no son viables para soslayar la regla básica en esta materia, que está dada por el vencimiento en juicio, sin que haya mérito para adoptar una solución diferente. La apelante aduce que se limitó a intervenir obligadamente por una manda testamentaria, pero ello no es así porque en el transcurso del proceso se opuso -claramente- a la pretensión del actor, se aferró a lo dispuesto por la causante en su testamento y solicitó el rechazo del incidente (fs.17/18vta.). Es por ello que, al haber sido vencida en el juicio, las costas de primera instancia deben imponerse a la incidentada, confirmándose esta parcela de la sentencia apelada (arts.68 y 69 de Cód. Proc.).
Las costas de alzada también deben imponerse a la incidentada apelante, en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo resuelto al tratar la cuestión anterior, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 4/6/2021, en cuanto hizo lugar al incidente de impugnación de desheredación y reconoció el carácter de heredero de E. H. P. respecto de su madre Á. T. I. de P., en el sucesorio respectivo. 2) Aclarar que, por haber sido desheredado injustamente, E. H. P. sólo tiene derecho a percibir la legítima de su causante, siendo plenamente válidos los actos jurídicos que realizó la causante sobre su porción disponible.
3. Aclarar que la herencia limitada a la porción legítima la recibe el mal desheredado E. H. P., no siendo aplicable al caso el art.3749 del Código Civil, porque no hay desheredación legal, sino desheredación injusta; ello sin perjuicio de que los herederos de E. H. P. actúan en el presente proceso en su carácter de continuadores de la acción que promovió en vida el desheredado injustamente (arts.43 y 53 inc. 5 del Cód. Proc.). 4) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio a la incidentada vencida S. M. P., en virtud del principio objetivo de la derrota, a quien también se le imponen las costas de alzada en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 5 de Mayo de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 4/6/2021, en cuanto hizo lugar al incidente de impugnación de desheredación y reconoció el carácter de heredero de E. H. P. respecto de su madre Á. T. I. de P., en el sucesorio respectivo. 2) Aclarar que, por haber sido desheredado injustamente, E. H. P. sólo tiene derecho a percibir la legítima de su causante, siendo plenamente válidos los actos jurídicos que realizó la causante sobre su porción disponible. 3) Aclarar que la herencia limitada a la porción legítima la recibe el mal desheredado E. H. P., no siendo aplicable al caso el art.3749 del Código Civil, porque no hay desheredación legal, sino desheredación injusta; ello sin perjuicio de que los herederos de E. H. P. actúan en el presente proceso en su carácter de continuadores de la acción que promovió en vida el desheredado injustamente (arts.43 y 53 inc. 5 del Cód. Proc.). 4) Confirmar la sentencia apelada en cuanto impuso las costas del juicio a la incidentada vencida S. M. P., en virtud del principio objetivo de la derrota, a quien también se le imponen las costas de alzada en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia