Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134.852
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso interpuesto en favor del Sr A.P. y confirmar la sentencia de origen.
II. Hacer lugar al recurso interpuesto en favor de la SraE.E.C., absolver por aplicación del art. 34 inc. 2 CP y disponer su inmediata libertad, la cual deberá hacerse efectiva por intermedio del tribunal interviniente, previo constatar que sobre la nombrada no exista impedimento legal alguno, a cuyo fin se librará el oficio del caso.
III. Téngase presente las reservas de recurrir el caso por la vía federal en los términos de los arts. 14 y 15 de la ley 48 que hicieran las partes;
Rigen los Artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29, 34 inc. 2 40, 41, 45, 50 CP; 5 inc. c), 11 inc. e) ley 23.737; 2 ley 26.052, 1 y 2 ley 13392; 106, 210, 371, 373, 448, 454 inc. 1° del Código Procesal Penal del Código Procesal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0200-3546-23 En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, doctores Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Carral, a los efectos de resolver la causa N° 134.852, caratulada "A.P.,C.I. Y C.E.E. S/ RECURSO DE CASACIÓN", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – CARRAL.
El Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca luego de realizado el debate oral resolvió condenar a C.I. A.P., a la pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión de efectivo cumplimiento, multa de 90 unidades fijas, accesorias legales y costas con más la declaración de reincidencia, en virtud de resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por su comisión en un lugar de detención, en los términos de los arts. 5 inciso c) y 11 inciso e) de la ley 23.737; y condenar aE.E.C. a la pena de seis (6) años de prisión de efectivo cumplimiento, multa de 90 unidades fijas, accesorias legales y costas por resultar autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por su comision en un lugar de detención, en los términos de los arts. 5 inciso c) y 11 inciso e) de la ley 23.737. Contra dicho pronunciamiento, el Señor Defensor Oficial, Eduardo Roberto Zalba, interpuso recurso de casación en favor de C.I. A.P.. Por su parte, el Señor Defensor Oficial, Germán Kief, interpuso recurso de casación en favor deE.E.C.. Arribadas las actuaciones a esta sede los recurrentes se remitieron a los recursos de casación presentados y se expidió el Señor Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, quien desistió de la audiencia prevista por el art. 458 CPP y postuló el rechazo del remedio incoado mediante la presentación del respectivo memorial.
Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, BOUCHOUX, expresó:
I. La defensa del Sr. A.P. llega a esta instancia solicitando el dictado de la nulidad de la sentencia por entender que se configuró una omisión de tratamiento en los términos del art. 168 CPP consistente en no haber dado respuesta al planteo vinculado con el grado consumativo del hecho. Luego plantea un supuesto de absurdo en la valoración de la prueba en tanto estima que la misma no abastece las exigencias para tener por acreditado que el imputado tuvo efectivamente posesión del material estupefaciente o que en caso de tenerlo, lo hacía con finalidad comercial. Finalmente denuncia la incorrección de la determinación jurisdiccional de la pena por no haber receptado el buen concepto presunto, no brindar motivos suficientes de la condición agravante del antecedente condenatorio que registra A.P. y elevar la pena sobre el mínimo.
Por su parte, la defensa de la Sra. C. postuló la existencia de un supuesto de arbitrariedad en la valoración probatoria por no haberse aplicado perspectiva de género en la tarea y solicitó la aplicación de la regla del art. 34 inc. 2 CP en orden a considerar que se verifica en autos un caso de estado de necesidad exculpalte.
II. El tribunal de mérito tuvo por acreditadas las siguientes materialidades ilícitas: HECHO II: “E.E. C. tuvo en su poder, con fines de comercialización, la cantidad de 184,9 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para la presencia de marihuana, en forma de material compacto, la que fuera hallada por personal de la Unidad IV del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de la requisa que le fuera practicada el día 13 de febrero de 2023, siendo aproximadamente las 15.30 horas, luego de usufructuar la visita con el interno C.I. A.P., sustancia ésta que fue hallada contenida en una bandolera, habida dentro de la mochila que portaba la femenina, junto con una balanza de precisión”.
HECHO III: “A.P., C.I. tuvo en su poder, con fines de comercialización, la cantidad de 63,4 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para la presencia de marihuana, en forma de material compacto, la que fuera hallada por personal de requisa de la Unidad IV - Bahía Blanca- del Servicio Penitenciario Bonaerense, envuelto en una servilleta de papel, dentro del bolso con sus pertenencias, durante la requisa practicada en la habitación que ocupaba, el día 13 de febrero de 2023, siendo aproximadamente las 15.10 horas, tras haber usufructuado la visita familiar con C., E.E.”.
III.1. Ingresando al estudio del recurso interpuesto en favor de A.P., se impone señalar de inicio que los magistrados se encuentran obligados a expedirse sobre las hipótesis planteadas en la medida en que aquellas que sean conducentes para la resolución del litigio, que a su vez hayan sido debidamente articuladas y se encuentren sustentadas en elementos probatorios suficientes (Fallos 311:836; 311:1191).
En el caso que nos convoca no se observa un supuesto de omisión de tratamiento del planteo de la defensa en la medida en que las hipótesis que desarrolla el recurrente consisten en una interpretación distinta sobre un mismo y reducido núcleo probatorio, de manera que la evaluación realizada de las mismas por el tribunal define y al mismo tiempo excluye el planteo alternativo de la defensa.
En este sentido, respecto de la tenencia ninguna de las pruebas del juicio permite inferir que para el momento en que arriba el personal penitenciario a la celda de visita familiar el Sr. A.P. no hubiera recibido ya el estupefaciente que luego le fuera secuestrado. La única divergencia existente sobre este punto radica en si la sustancia estaba en el bolso que el imputado había llevado la visita o si el estupefaciente fue encontrado durante la requisa personal entre sus ropas. Esto, si bien es una divergencia entre las declaraciones del personal penitenciario, no sólo no excluye la configuración material de la tenencia, sino que desplaza toda posibilidad de considerar tentado el hecho.
Como elemento corroborante de ello, el a-quo valoró la declaración de la co-imputada en cuanto reveló ante las Oficiales Sánchez y Matone que la violencia física que desplegó A.P. sobre la misma tenía como causa fuente la disconformidad de aquél respecto de la cantidad de estupefacientes que le había entregado y no la demora en ingresar al establecimiento penitenciario.
Respecto del otro aspecto definitorio del caso respecto de A.P., esto es la finalidad de aquella tenencia, la defensa afirma que la información aportada por la pericia realizada sobre los teléfonos de los imputados no es prueba suficiente y que tampoco se acreditaron actos de comercio del imputado dentro de la unidad en la que se encontraba alojado. Tengo dicho que la tipicidad de la tenencia con fines de comercialización no requiere la acreditación de concretos actos de comercio sino que basta que pueda probarse que la finalidad sea el comercio (TCPBA, causa "Vargas", sent. 26-
II-2025).
Por su parte, el principio de libertad probatoria admite que tal finalidad pueda acreditarse con distintas pruebas y en el caso el a-quo consideró que de la cantidad de estupefaciente y los informes periciales practicados sobre los teléfonos secuestrados el día del hecho se desprende que el imputado desarrollaba una extendida actividad comercial.
En paralelo el recurrente omitió aportar argumentos razonables de por qué aquellos elementos no serían suficientes o expresar que otros elementos podrían impactar en la evaluación de los magistrados para la aplicación del delito de tenencia simple.
La lectura de las transcripciones de las conversaciones entre el imputado y su pareja, permiten reconstruir que ambos desarrollaban la actividad comercial en la que el imputado aún detenido tenía preeminencia y voz de mando sobre la Sra. C.. En esas conversaciones hablan de cantidades, de sustancias, del estiramiento del estupefaciente, de precios y articulan compras y entregas.
Los mensajes relevados en el informe pericial del día 12 de marzo resultan contundentes a los efectos de excluir toda posibilidad de considerar los encuadramientos subsidiarios propuestos por la defensa, en particular cuando el imputado le refiere a la Sra. C. “Vos lo precios que yo te digo no se los digas a nadie boludo, sino no hago mas nada boludo, los precios míos son los precios tuyos, pa´los demás es otro tema” y cierra diciendo “Que te pensas, que yo ando moviendo para tus hijas, pa´tu yerno no, pa´vos muevo el culo boludo”.
2. Por último, en relación a la ponderación de agravantes y atenuantes el recurrente plantea una primera disconformidad con la actuación jurisdiccional en lo tocante a la no ponderación de oficio de la atenuante del buen concepto presunto.
Ahora bien, sin perjuicio de que en esta sede existen casos en los que la presunción del buen concepto vecinal es receptada, el caso muestra dos aspectos que lo excluyen de tales supuestos. Primero, que la lectura del acta del debate da cuenta que el defensor desistió de integrar al mismo el informe socio ambiental de su pupilo, para luego solicitar la atenuación mediante el mecanismo de la presunción. Segundo, que estando el imputado privado de su libertad y habiéndose cometido el hecho en el ámbito penitenciario la consideración vecinal es un dato que no logra impactar en la valoración del injusto por su lejanía con el conflicto analizado. Finalmente, en orden al planteo vinculado con la imposibilidad de ponderar los antecedentes condenatorios como pauta agravante en la determinación de la pena, postulo que el mismo debe ser desechado. Entiendo que la existencia de una condena firme -jurídicamente computable- al momento de cometer un delito, engendra un mayor reproche en términos de culpabilidad, en tanto apunta a evidenciar una más intensa indiferencia personal frente a la vigencia del ordenamiento jurídico. Ello sin perjuicio de que en algún supuesto -que no es el del caso- pudiera acreditarse que la heterogeneidad de las imputaciones, o bien otra circunstancia relevante, sirviera para neutralizar la mayor reprochabilidad derivada de aquella circunstancia.
Por lo demás, lo relativo a la posibilidad de computar los antecedentes condenatorios como pauta aumentativa de la sanción, por evidenciar un mayor grado de culpabilidad, ha sido resuelto por la Corte Suprema de la Nación (caso "Gago", c.2175, sent. del 6-V-2008, por remisión al dictamen del Procurador).
A ello debe añadirse que, aun cuando la condena anterior se tome como base para una posterior declaración de reincidencia, ello no implica afectación de ne bis in idem, y al respecto resulta adecuada a la doctrina arraigada por la SCBA que establece que, "ponderar los antecedentes condenatorios como agravante de pena (en los términos del art. 41 inc. 2º, C.P.) y utilizarlos -a su vez- como base jurídica para la declaración de reincidencia, no implica doble valoración de una misma circunstancia pues la reincidencia resultante de los antecedentes, como en el caso ha sido ponderada, conlleva otras consecuencias diferentes que no guardan relación con la cuantía de la pena impuesta (conf. por muchos, voto del doctor Soria en P. 97.574, sent. del 10/XII/2008; P. 105.743, sent. del 26/X/2010; P. 126.320, sent. del 22/II/2017, entre tantos otros)".
Sobre el punto es posible señalar que el defensor al momento de los alegatos no opuso cuestionamiento alguno al pedido de la acusación de tratar como pauta aumentativa los antecedentes y que, a su vez, el tribunal de mérito desarrolló largamente el conjunto de antecedentes con los que contaba el Sr. A.P., de allí que impresione como una fundamentación suficiente de la agravante.
IV. Avanzando sobre el recurso interpuesto en favor de la Sra. C., la hipótesis de la defensa radica en afirmar que la voluntad de la imputada se encontraba, en palabras del propio recurrente, arrasada, que su autonomía estaba completamente coartada y que la misma era manejada como un objeto por A.P.. Por ello reclama que el caso sea encuadrado como un supuesto de estado de necesidad exculpante.
Analizado el legajo es posible advertir que asiste razón al recurrente sobre la deficiencia en la que incurrió el tribunal de mérito en el caso de la Sra. C. al no valorar con perspectiva de género, el contexto personal, vincular y familiar en el que se inscriben las acciones reprochadas. En esta dirección, el recurrente planteó de manera concreta durante el juicio que producto de las múltiples vulnerabilidades que presenta la imputada, entre las cuales la violencia de género a la que fue sometida por el co-imputado y por anteriores parejas durante su historia personal, junto la problemática de consumo en la que recae habitualmente, reducían su capacidad de autodeterminación y en definitiva la llevaron por temor a las amenazas que le hiciera A.P. a ingresar el estupefaciente a la cárcel. La evaluación de la situación vital de la imputada practicada por los peritos Jorge Gutierrez (21/11/2023) y Betiana Seitz (10/6/2024) arroja que la Sra. C. es una mujer de treinta y cinco años, octava hija de una familia de nueve hermanos, integrante de un núcleo familiar signado por la violencia. Su padre, alcohólico, ejercía violencia contra su madre que se expresaba físicamente y que incluía entre otras cosas prohibirle utilizar métodos anticonceptivos. La madre de la imputada se separa de hecho a los diez años de la imputada -puesto que el Sr. C. no prestaba conformidad para el divorcio-, iniciando un periplo de inestabilidad económica y habitacional que lleva al cambio permanente de hogar, de establecimientos educativos y a la pobreza que era paliada mediante asistencia alimentaria de terceros y labores con baja remuneración.
La muerte temprana de uno de los hermanos de la imputada genera un fuerte impacto familiar, en particular sobre la madre que se ve inmersa en una situación de depresión que le impide trabajar y abastecer las tareas de cuidado, motivando ello que a sus doce años la imputada abandonara la escolaridad para suplantar y cuidar a su madre y sus hermanos.
Asimismo, a los catorce años se pone en pareja con el Sr. N., teniendo a sus quince años su primera hija producto de cierto desconocimiento de la sexualidad y los cuidados para evitar el embarazo. Esa relación se mantiene hasta que la imputada inicia a sus diecisiete años relación con el Sr. G.A. -hermano de su primer pareja- con quien tiene una hija, para luego de disuelto el vínculo tener un tercer hijo con el Sr. P., quien nunca cumplió con sus deberes de padre ni se mantuvo cerca de la familia. De aquí en adelante, la imputada -quien había accedido a una vivienda social- alterna vinculación de pareja con el Sr. N. y A., con quienes tiene cuatro hijos más.
Los informes refieren que más allá de algún consumo de estupefacientes en su juventud, es a los veintiocho años y a instancias del Sr. G.A. que inicia su etapa de consumo problemático de estupefacientes del que también participaba su progenitora. A partir de ello, comienza a deteriorarse la capacidad de la imputada para abastecer los cuidados de sus hijos presentándose las primeras secuencias de institucionalización de los mismos mediante medidas de abrigo, o puesta de los menores en situación de adoptabilidad, lo que genera a su vez una situación emocional de depresión, dependencia, violencia y profundización del consumo de estupefacientes, que fueron acompañadas del abandono sin previo aviso del hogar del Sr. G.A. y la disputa por la tenencia de los menores tiempo después.
Respecto de este tramo de su vida la imputada refiere que el Sr. G.A. abusaba de su dependencia de las drogas, obligándola a tener sexo a cambio de la provisión de las mismas, siendo los hijos mellizos que tuvo con el mismo no deseados, pero no pudiendo practicar un aborto a tiempo por el estado avanzado del embarazo. Sin perjuicio de ello, la inestable situación familiar encontró un nuevo momento de estabilidad de aproximadamente un año y medio en el que la imputada y el Sr. G.A. recompusieron su vínculo y el funcionamiento del núcleo familiar hasta que esta etapa llegó a su fin cuando la imputada comenzó a tener una relación de pareja con el Sr. A.P., co-imputado en la presente.
En cuanto a este último vínculo, los informes dan cuenta que a partir del inicio de relación con el co-imputado la Sra. C. recae en el consumo problemático de estupefacientes, que esa relación estaba signada por la violencia y que la madre de la imputada y su hija mayor evitaban que el co-imputado ingresara al hogar.
De los mismos informes, debidamente integrados al debate, se desprende que luego de un tiempo de relación, el Sr. A.P. es detenido por el delito de robo sin que ello interrumpa el vínculo afectivo, que comienza a desarrollarse en el establecimiento penitenciario mediante visitas. Llegado el punto que antecede, la madre e hija de la imputada dieron cuenta que el Sr. A.P. a partir de su detención le demandaba a la imputada que le llevara estupefacientes al penal, desarrollando un grado de hostigamiento ante la negativa de la misma que iba desde llamar permanentemente desde distintos teléfonos hasta la amenaza de matarle un hijo, circunstancias estas acreditadas fehacientemente a partir de las pericias practicadas sobre los teléfonos celulares secuestrados en el hecho. Luego de producida la detención de la imputada y acordado el cumplimiento domiciliario de la prisión preventiva, aparece nuevamente en la vida de la Sra. C. el Sr. G.A., quien arguyendo que la pareja de ella se encontraba detenida pretendía retomar la vinculación y cohabitación, y quien disgustado por la negativa de la imputada decidió unilateralmente llevarse a los hijos que tenían en común y comunicarlo al juez a cargo de la detención de la Sra. C., motivando la revocación del beneficio.
Lo aquí desarrollado resulta el contexto ineludible en el que debía evaluarse el accionar de la imputada de acuerdo a los compromisos asumidos por el Estado Nacional, sin embargo a la hora de dar respuesta al planteo del defensor Kiefl, el a-quo refirió que “los únicos elementos que nos llevan a considerar la posible existencia de una situación de maltrato, opresión, violencia o similar de A.P. respecto de C. es lo señalado por los testigos en el debate, los Señores C. y M., que indicaron que acudieron ante los gritos de alguien que pedía auxilio dentro del espacio destinado a los encuentros familiares, y lo señalado específicamente por la testigo Sánchez, quien contó que al ser consultada sobre lo ocurrido, la señora C. mencionó que A.P. la había tomado del cuello porque no le había traído toda la droga que él quería, y que esto lo hacía porque él la tenía amenazada”. Lo antes señalado pone de relieve la existencia en la labor valorativa del tribunal de mérito de una selección y un recorte sobre el material probatorio que tuvo la entidad de neutralizar, soslayar y desplazar del análisis la profunda vulnerabilidad socio económica de la imputada, las dificultades psicológicas que presentaba luego de una larga exposición a la violencia, la problemática del consumo de estupefacientes y la asimetría que tenía con el Sr. A. P..
Atendiendo la características de los hechos imputados y la calificación asignada a los mismos, es posible advertir en la presente que la acción enrostrada a la Sra. C., esto es la tenencia de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria, estuvo fuertemente determinada por las amenazas y presiones que le dirigiera previamente el Sr. A.P. para que aquella lo proveyera de estupefacientes y por el sensible estrechamiento de sus opciones que se derivan de las condiciones de extrema vulnerabilidad antes reseñadas.
En este sentido, se encuentra plenamente acreditada la existencia de una situación de base vinculada con el desarrollo vital de la imputada en la que se intersectan una pluralidad de profundas vulnerabilidades en las que los vectores pobreza, consumo problemático y dependencia personal caracterizan la cercanía de la imputada con el ámbito de la prohibición penal analizado.
Sumado a lo antes dicho, existe una atmósfera o contexto disculpante caracterizado por el sometimiento prolongado de la imputada a violencia física, psicológica y económica de forma individual pero acumulativa por parte del co-imputado A. P. y G.A., que en conjunción con la dependencia física y psicológica de los estupefacientes, revela una situación de peligro permanente para la imputada que reduce fuertemente sus opciones personales de actuación.
Finalmente, se acreditó a partir de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares secuestrados, que previo al hecho se había verificado una fuerte presión del imputado para que la Sra. C. colectara estupefacientes en la localidad de Punta Alta y se los llevara al penal. Esta insistencia se manifestó mediante la advertencia de que al imputado le restaba poco tiempo de encierro, que a partir de su libertad haría pagar a la imputada su reticencia a cumplir las órdenes recibidas y una amenaza concreta de matar a sus hijos.
Las amenazas antes descritas tuvieron el efecto de forzar y vencer la resistencia de la imputada para que la misma ingresara el estupefaciente al sistema penitenciario e hiciera entrega ese mismo día durante la visita penitenciaria a tal punto que la Sra. C. ingresó al penal la totalidad de la droga adquirida al contacto del Sr. A.P. e incluso una balanza de precisión, llevando a la imputada a exponerse de forma grosera a los controles del servicio penitenciario a su propia expensa, siendo incluso la detección de la situación producto de un nuevo acto de violencia por parte del co-imputado disconforme con la gestión de su pareja.
En este orden, no se trata aquí de un supuesto en el que la conducta no sea típica y antijurídica, sino de un caso de estrechamiento significativo de la capacidad de la Sra. C. para motivarse en la norma en función de la representación real a instancias de su pareja de sufrir de un mal que desde su perspectiva y con las herramientas con las que contaba fue evaluado como grave e inminente y que la llevó en ese estado de cosas a preferir la acción contraria al ordenamiento jurídico.
Teniendo en cuenta los hechos fijados y la calificación legal asignada por el tribunal de mérito, no resulta razonable practicar el reproche propio de la culpabilidad a la Sra. C. puesto que en las condiciones analizadas su capacidad de autodeterminación se vio fuertemente restringida. En función de lo expuesto, propondré al acuerdo hacer lugar al planteo de la defensa, aplicar el art. 34 inc. 2 CP y absolver a la Sra. C..
V. En atención al desarrollo practicado habré de proponer el rechazo del recurso interpuesto en favor del Sr. A.P. por no encontrarse configuradas las infracciones legales denunciadas por la defensa y hacer lugar al planteo del recurso interpuesto en favor de la Sra. C. en los términos analizados por verificarse los vicios legales denunciados. (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29, 34 inc. 2, 40, 41, 45, 50 CP; 5 inc. c), 11 inc. e) ley 23.737; 2 ley 26.052, 1 y 2 ley 13392; 106, 210, 371, 373, 448, 454 inc. 1° del Código Procesal Penal del Código Procesal). A la primera cuestión planteada el señor juez, CARRAL, expresó:
Adhiero al voto del doctor Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez, BOUCHOUX expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar el recurso interpuesto en favor del Sr. A. P., y hacer lugar al recurso interpuesto en favor de la Sra. C., absolviendo por aplicación del art. 34 inc. 2 CP y ordenando su inmediata libertad, la cual deberá hacerse efectiva por intermedio del tribunal interviniente, previo constatar que sobre la nombrada no exista impedimento legal alguno, a cuyo fin se librará el oficio del caso (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29, 34 inc, 2, 40, 41, 45, 50 CP; 5 inc. c), 11 inc. e) ley 23.737; 2 ley 26.052, 1 y 2 ley 13392; 106, 210, 371, 373, 448, 454 inc. 1° del Código Procesal Penal del Código Procesal).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el Sr. Juez CARRAL expresó:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiero al voto del doctor Bouchoux.
ASI LO VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Rechazar el recurso interpuesto en favor del Sr A.P. y confirmar la sentencia de origen.
II. Hacer lugar al recurso interpuesto en favor de la SraE.E.C., absolver por aplicación del art. 34 inc. 2 CP y disponer su inmediata libertad, la cual deberá hacerse efectiva por intermedio del tribunal interviniente, previo constatar que sobre la nombrada no exista impedimento legal alguno, a cuyo fin se librará el oficio del caso.
III. Téngase presente las reservas de recurrir el caso por la vía federal en los términos de los arts. 14 y 15 de la ley 48 que hicieran las partes;
Rigen los Artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 5, 12, 29, 34 inc. 2 40, 41, 45, 50 CP; 5 inc. c), 11 inc. e) ley 23.737; 2 ley 26.052, 1 y 2 ley 13392; 106, 210, 371, 373, 448, 454 inc. 1° del Código Procesal Penal del Código Procesal.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Fin de la sentencia