Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.172 FOLIO Nº 151/155 PROT. ELECT. JR101 319I.261
Río Gallegos, 11 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada: “S.P.I. S/ VIOLACION DE DOMICILIO Y AMENAZAS -E.C.V.G..- (LEY 26485)”, Expte. Nº 28059/23 Apelación/Causa JR Nº 10248/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 87/92, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos, Dr. G.G., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de P.I.S., en orden al delito de “VIOLACION DE DOMICILIO EN CONCURSO REAL CON AMENAZAS EN CONCURSO REAL CON VIOLACION DE DOMICILIO”, (arts. 150, 55, 149 bis, 55, 150 del Código Penal) y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000).-
Que a fs. 94/98, la Dra. G.I.G., Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial N° Uno, apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 118 sostuvo el recurso (cód. validación 239853e7) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. La defensa sostuvo que el pronunciamiento dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable, estimándolo perjudicial a sus intereses; considerándolo arbitrario, sustentado en una valoración sesgada e insuficiente del material probatorio y violatorio del principio de inocencia.-
La peticionante adujo que la resolución puesta en crisis no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la instrucción; que las aseveraciones de cargo que fundamentan la situación procesal de su defendido, resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de toda apoyatura probatoria.-
Planteó que de los elementos probatorios todos sean en relación a los presuntos hechos que la denunciante AACY pretende imputar al Sr. S.; agregó que la instrucción debió buscar otros medios de prueba para investigar la presunta comisión de los delitos investigados.-
Referenció acerca de la escasez probatoria; el auto de procesamiento se apoya casi exclusivamente en el testimonio de la denunciante, sin incorporar elementos objetivos e independientes que sustenten una probabilidad suficiente de autoría.-
En relación al delito de Violación de Domicilio manifestó que no se configuró el mismo.-
Solicitó que se desestime la comisión de los delitos de amenazas y violación de domicilio, contra el imputado de autos, ya que no se configuró la comisión de los mismos.- Reiteró la falta de pruebas recabadas por la Instrucción.-
Argumentó que la imputación se construye sobre versiones parciales, subjetivas y contradictorias, y se ignoran datos contextuales relevantes, como el vínculo reciente entre las partes, y la falta de actitud deliberadamente hostil o clandestina en los supuestos ingresos al domicilio.-
Amenazas: alegó que las frases referidas son aisladas, ambiguas y muchas veces reproducidas de manera indirecta o sin precisión temporal; además deben considerarse las circunstancias del vínculo, ya que había un contexto de separación reciente, con discusiones familiares, donde las palabras pueden tener una carga emocional pero no necesariamente configurarse como amenazas penales.-
Indicó la falta de pruebas para pretender reprocharle responsabilidad criminal por el delito de amenazas; peticionó que se desestime por estar infundado en hechos y por no cumplir los requisitos legales que debe cumplir la tipificación por el delito que pretende imputarse.-
Señaló que el procesamiento impugnado se dicta con fundamentos insuficientes y sin que se haya alcanzado el estándar mínimo de probabilidad para avanzar a una etapa más gravosa del proceso.-
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Requirió que se revoque el resolutorio y se dicte el sobreseimiento definitivo del Sr. S.P.I..-
II. EMBARGO: la apelante objetó el embargo dictado alegando que su defendido no posee un patrimonio que, en su conjunto, le permita arribar a la suma fijada.-
Asimismo, entendió que no se puede valorar un embargo judicial tan elevado, sin tener en cuenta el medio de vida del imputado, siendo que su imposición resulta arbitraria.- Nombró doctrina para mantener su postura sobre la medida.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
1. Pues bien, para dar adecuado tratamiento a la arbitrariedad esgrimida por la defensa, cabe recordar que un pronunciamiento judicial solo reviste tal carácter cuando carece de motivación, fundándose en meras apreciaciones subjetivas del juzgador o prescindiendo de manera absoluta de fundamentación.- Como lo ha precisado Nicolás Jorge Negri, lo arbitrario se opone frontalmente a lo razonable, es decir, a aquello que se presenta como justo, moderado, prudente y en arreglo al sentido común (“La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).-
En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho de manera pacífica que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación...". (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
Dicho instituto de gravedad excepcional no tiene por objeto corregir sentencias que la parte recurrente estime equivocadas sobre la base de su mera discrepancia con el alcance otorgado por el magistrado de grado a los elementos de autos.- Por consiguiente, los cuestionamientos de la recurrente que traslucen una mera disconformidad con el criterio de valoración de la instrucción no logran conmover el decisorio ni estructuran una tacha de arbitrariedad admisible (Criterio plasmado en Apelaciones Nos. 10017/26; 10152/26).-
En lo concerniente al agravio por escasez o insuficiencia probatoria, la peticionante incurre en un error metodológico al confundir el umbral de convicción exigible para esta etapa de la instrucción con la certeza apodíctica que únicamente se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria al finalizar la etapa del debate oral.-
En efecto, se ha sostenido que: "...basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014).-
Esta alzada sostiene de forma inalterable que el auto de procesamiento constituye un juicio provisional de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación penalmente responsable del imputado, sirviendo para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.-
Para su dictado, basta la confirmación inicial de la sospecha, toda vez que al de decidir sobre la elevación de la causa a juicio se renovará el examen sobre el mérito de la instrucción.-
Así, en este estadio procesal liminar, resulta suficiente la prevalencia de los elementos incriminantes y de cargo por sobre los de descargo para justificar la continuidad de la acción penal (Mismo criterio adoptado en Apelaciones Nos. 10009/26; 10090/26).-
Asimismo, es sabido que la valoración de la prueba reunida se debe efectuar en conjunto, a la luz de la sana crítica racional (art. 199 tercer párrafo del CPP), y no aisladamente como lo ha hecho la defensa en el recurso interpuesto, dado que allí ataca uno a uno los elementos reunidos, evitando su confrontación y valoración integral.-
Al respecto, la doctrina recomienda: “… valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, pág. 221 y ss.).-
Es por todo lo valorado precedentemente, que lo cuestionado será desestimado.-
2. Ahora bien, respecto del delito de violación de domicilio, corresponde señalar que no resulta necesaria la existencia de daños en puertas y/o ventanas, sino que basta con el mero hecho de “entrar” en alguno de los lugares protegidos por la ley -v.gr., la morada, entendida como la residencia habitual del sujeto pasivo- sin el consentimiento expreso o presunto de su titular (conf. Donna, pág. 293; Gustavo Eduardo Aboso, Código Penal de la República Argentina. Comentado y concordado con jurisprudencia, 5ª ed., Ed. Ibef, pág. 841).-
Dicho extremo fue explicitado por la denunciante, quien afirmó que el ingreso del imputado a la vivienda le estaba vedado; ello en razón que el vínculo sentimental y de convivencia habían terminado. Además, expresó que el Sr. S. habría utilizado la fuerza contra la puerta para ingresar al domicilio pese a la negativa expresa de la Sra. A. -primer hecho-; y en el segundo, se valió de la ausencia de la misma en la vivienda, lugar de donde fue aprehendido por el personal policial.-
Tales circunstancias se ven corroboradas por los elementos aunados al legajo.-
De esta manera, entendemos, yerra la parte recurrente al sostener que la resolución impugnada adolece de una insuficiencia en relación a los elementos de prueba reseñados, toda vez que S.S. analizó la totalidad del plexo probatorio conforme a las reglas de la sana crítica racional, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor incriminante, respecto de la situación procesal del encartado.-
En este punto, corresponde advertir –en concordancia con lo expuesto por el Sr. Juez de Instrucción- que, del análisis integral de los elementos armoniosamente ponderados, se desprende que la denunciante y el encartado habrían mantenido una relación de pareja, en cuyo marco los hechos investigados se habrían desarrollado en un contexto de violencia de género, advirtiéndose, a partir de las circunstancias concomitantes a los sucesos, una relación desigual de poder.- En efecto, el Magistrado valoró y argumentó su resolución sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, tales como la “Convención Belém Do Pará (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), como también en las normas del ámbito nacional, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), a la cual nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Provincial Nº 3201, entre otras.-
Estos instrumentos no sólo orientan la labor jurisdiccional en pos de protección y garantía de derechos respecto a las víctimas de aquellas situaciones, sino que además, obligan al Estado a actuar con la debida diligencia frente a situaciones de violencia de género, garantizando la amplitud probatoria.- Los tribunales al respecto, se han expedido sosteniendo que: “(…) Dada la amplitud probatoria contemplada en el art. 16, inciso i) de la Ley Nº 26.485, entendemos que la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de la intimidad de la pareja (…) el Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley citada, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (…)”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI – “R.C.J. s/ procesamiento” – 19/04/2013).-
Asimismo, en lo atinente a las diligencias practicadas durante la instrucción, corresponde señalar que no surge del expediente que la defensa haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar al Sr. Juez de grado de una eventual insuficiencia investigativa cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin (Postura seguida en Apelación N° 10033/26).- De acuerdo a lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que: “…el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia…” (Ledesma, Angela “El debido proceso penal”, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106).-
En función de todo lo expuesto, debemos rechazar de plano la presunta orfandad probatoria postulada por la parte recurrente. En consecuencia, el presente agravio no podrá prosperar.-
3. Finalmente, en relación a la solicitud de desestimar el delito de amenazas bajo el pretexto de que las expresiones se insertan en un contexto de mero "conflicto vincular de pareja" -separación reciente-, debemos señalar que tal planteo debe ser rechazado.-
Esta Alzada sostiene que el carácter lesivo e intimidatorio de las expresiones no puede analizarse de forma aislada, sino que debe valorarse estrictamente dentro del contexto de violencia de género y asimetría en el cual fueron proferidas (Postura en Apelación N° 10184/26).-
Expresiones tales como: "...TE VOY A ROMPER LA CABEZA, HIJA DE ...", en un escenario de conflictividad interpersonal persistente, tienen plena idoneidad objetiva y subjetiva para alarmar, amedrentar y quebrantar la libre determinación de la damnificada, configurando el núcleo típico del Art. 149 bis del Código Penal.-
El dolo se encuentra debidamente acreditado ante el conocimiento del autor de la capacidad de sus dichos para infundir temor y su voluntad de proferirlos para menoscabar la tranquilidad de la víctima.-
En consecuencia, encontrándose el resolutorio de primera instancia debidamente motivado, fundado en derecho y apoyado de manera lógica en un plexo de cargo valorado en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde confirmar el auto de procesamiento apelado en su totalidad.-
4. Que en observación al último agravio -embargo-, adelantamos, no se hará lugar al mismo, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el Magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.-
En cuanto a que no se hubiera ponderado la situación particular del encartado para su fijación, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que señala los parámetros para la fijación de la medida; se ha dicho: "... A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.Y.,C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).- Así, a la luz del aporte jurisprudencial citado, es evidente que la situación económica del imputado deviene irrelevante al momento de establecer el embargo preventivo. Contrariamente a ello, y conforme lo establecido por el art. 499 del CPP, el dictado de la medida tiende a garantizar los rubros detallados por el A Quo a fs. 91 vta. del auto apelado, razón por la cual, debemos desestimar el mismo (Criterio seguido en Apelación N° 9967/25).-
5. Reserva: Formuló reserva de ocurrir en casación y caso federal (arts. 439 del CPP y art. 14 de Ley 48, en ese orden), la que será tenida en cuenta oportunamente.-
6. Para finalizar, esta Alzada no puede dejar de mencionar a la Instrucción el ostensible tiempo transcurrido desde el inicio de la presente investigación en el mes octubre del año 2023 -fs. 19-; con fecha 01 de febrero de 2024 se proveyó el primer proveído -fs. 23 y vta.- al 10 de septiembre de 2024 -fs. 29-; con posterioridad a ello, con fecha 03/02/2025 se procedió a la acumulación -fs. 52-; el día 16 de mayo de 2025 ordenaron medidas -fs. 24 y vta.-; con fecha 10 de julio de 2025 se fijó fecha para recibirlo en declaración indagatoria -fs. 71 y vta.-; siendo resuelta la situación procesal del encartado el 06 de noviembre de 2025 -87/92-.-
Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.-
La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
7. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
8. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 87/92 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE la reserva de acudir en casación y caso federal formulada por la defensa.-
3. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto 6) del considerando que antecede, a sus efectos.-
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia