Abriendo la norma
TOMO CLXII- INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.175 FOLIO N°161/165 PROT. ELECT. JR101 322I.261
Río Gallegos, 12 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada "P.C.J. S/ Apropiación de Cosa Perdida" - Expte. N° 24565/23 - Apelación/Causa JR N° 10254/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 49/54vta. obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno con asiento en El Calafate, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado C.J.P., en orden al delito de “Apropiación de Cosa Perdida (Art. 175 inc. 1º del Código Penal)”; en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Dos Millones ($2.000.000).
Que a fs. 58/60, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 68, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.-
Que, en consecuencia, quedan los presentes actuados en condiciones de ser resueltos, y;
I. Que la defensa técnica expresó los agravios que, a su criterio, le ocasiona la resolución recurrida a su asistido.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la falta de intención de apropiación y la conducta posterior del imputado:
La defensa se agravió al sostener que no existió intención de su asistido de apropiarse de la cosa perdida, en tanto no habría transcurrido un lapso suficiente de tiempo desde el hallazgo de la cosa perdida hasta su efectiva entrega por parte de su defendido.
En tal sentido, afirmó que el personal policial, junto con el testigo y el empleador del imputado, el Sr. S.L., intervinieron para la inmediata entrega del bien, impidiendo que su defendido contara con el tiempo necesario para presentarse espontáneamente ante la autoridad policial a fin de denunciar el hallazgo.
Asimismo, argumentó que de las constancias de autos surge únicamente, que el imputado resguardó provisoriamente la cosa y que, a raíz de la intervención de su empleador, terminó entregándola voluntariamente y sin objeciones, destacando que entre el hecho y la restitución transcurrieron apenas unas horas.
De igual manera, añadió que, respecto del dinero faltante, su asistido colaboró informando el lugar donde se encontraba el efectivo para su posterior entrega.
Que, analizados los primeros planteos expuestos por la parte recurrente, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar.
En primer término, es menester recordar a la parte recurrente, que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que este auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16). (Criterio asentado en Apelaciones Nº 9971/25, 9978/25, 10036/26, por citar algunas).
Dicho esto, entendemos, los argumentos introducidos por la parte recurrente no logran desvirtuar los sólidos fundamentos desarrollados por el Sr. Juez de grado, cuya valoración es compartida íntegramente por esta Alzada. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, de las constancias del legajo no surge que el imputado se haya limitado a resguardar provisoriamente la mochila hallada ni que la hubiera entregado espontáneamente. Por el contrario, su restitución se produjo a partir de la intervención de su empleador y, una vez constatado el faltante de una importante suma de dinero, fue necesario insistir para que indicara dónde se encontraba el efectivo, que finalmente fue recuperado y restituido a la damnificada.
En este contexto, el breve lapso transcurrido entre el hallazgo y la restitución del bien no resulta determinante por sí solo, pues lo relevante es la conducta desplegada por el imputado durante ese período. Así, los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, que aquél se habría comportado como si fuera su legítimo dueño, circunstancia que excede un mero resguardo transitorio. De igual manera, la posterior recuperación del dinero no invalida el accionar desplegado por el causante, al contrario, constituye un elemento más a valorar en el plexo probatorio reunido.
Para concluir, esta Alzada considera que lo planteado por la parte recurrente constituye una mera disconformidad con lo actividad desarrollada por la instrucción, pues la imputación no se sustenta en meras conjeturas, sino en un conjunto de elementos de convicción que, valorados de manera armónica, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar el procesamiento, con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar de plano los agravios planteados en éste acápite.
III. Del agravio referido a la ausencia de prueba:
Se agravió la defensa al sostener que su asistido ha sido procesado incorrectamente por el delito de apropiación de cosa perdida, al considerar que no existen elementos probatorios suficientes que permitan tener por acreditada, siquiera con el grado de probabilidad exigido para esta etapa, su responsabilidad penal.
En tal sentido, afirmó que el resolutorio cuestionado se sustenta únicamente en los dichos del denunciante, Sr. S.L., sin contar con otros elementos de cargo que respalden la imputación.
Asimismo, señaló que a fs. 02 obra el informe policial suscripto por la oficial G.C., del cual surge que personal policial se constituyó en el centro de monitoreo local con el objeto de analizar las cámaras de seguridad existentes en las inmediaciones del lugar del hecho, oportunidad en la que se habría identificado a una persona de sexo masculino comisionarse en el lugar y retirárse del mismo con el elemento denunciado. Sin embargo, sostuvo que dicho registro fílmico no fue incorporado al expediente, pese a haber sido considerado como elemento de prueba en el procesamiento, lo que -a su entender- configura una clara vulneración del derecho de defensa y del acceso a la prueba.
En ese marco, afirmó que las constancias reunidas en autos no resultan suficientes para tener por acreditados los hechos en la forma denunciada ni para justificar el dictado del procesamiento.
Finalmente, sostuvo que el procedimiento instructorio se ha convertido en un mero formalismo previo a la acusación, con afectación de las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, tampoco podrá prosperar.
Que advertimos, los planteos esgrimidos por la defensa en el presente agravio tampoco logran desvirtuar la valoración efectuada por el Sr. Juez de grado.
En consecuencia, la imputación no se sustenta únicamente en el relato del Sr. S.L., sino en la valoración conjunta de las constancias reunidas. En particular, la damnificada, en la denuncia judicial, describió la mochila y los efectos que se encontraban en su interior, y refirió haber visualizado a una persona de sexo masculino trabajando en una obra en inmediaciones del lugar. A partir de dicho relato, las averiguaciones del personal policial lograron individualizar la obra y a la persona que se encontraba allí trabajando, resultando ser el imputado.
A su vez, la secuencia fáctica posterior encuentra respaldo en los dichos del Sr. S.L., quien refirió que, inicialmente, el imputado habría negado tener conocimiento del hecho, para luego admitir que había tomado la mochila. Posteriormente, el contratista de la obra y el causante se habrían dirigido a la comisaría a entregar dicho bien, oportunidad en la que se constató el faltante de una importante suma de dinero. En ese contexto, el imputado habría admitido haberlo extraído y gastado parte de él, señalando que el dinero restante se encontraba en su domicilio. Así, el Sr. L.C., en su carácter de también propietario de la vivienda, se dirigió hasta allí, encontró el dinero y lo entregó en la dependencia policial, siendo posteriormente reconocido por la damnificada como de su propiedad.
Es por ello que, las averiguaciones realizadas por el personal policial y la referencia efectuada en el informe de fs. 02, no constituyen el único sustento de la imputación, como tampoco resulta relevante, por sí solas, para la solución del caso. En tal sentido, el Magistrado ponderó el conjunto de los elementos incorporados al legajo, conforme las reglas de la sana crítica racional, encontrándose los elementos de cargo debidamente fundados y arribando -acertadamente- a un juicio de valor provisorio e incriminante respecto de la situación procesal del encartado.
De igual manera, consideramos dable destacar que S.S. selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.
En este sentido, también es preciso recordarle a la defensa, que el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá –según criterio fundado- para tener por acreditado –con la probabilidad requerida en respectiva instancia- algún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver. Por lo expuesto, no se advierte la alegada ausencia de prueba ni la vulneración de garantías constitucionales invocadas, sino una mera discrepancia de la defensa con la valoración probatoria efectuada por el Sr. Juez de grado; razón por la cual corresponde rechazar el presente agravio.
IV. Del agravio referido a la atipicidad por mínima lesividad:
Se agravió la defensa al sostener que la conducta atribuida a su asistido resulta atípica por aplicación de los principios de lesividad e insignificancia, en tanto, a su criterio, el hecho investigado carece de entidad suficiente para afectar de manera relevante el bien jurídico protegido por el artículo 175 inciso 1 del Código Penal.
En tal sentido, manifestó que el derecho penal constituye la última ratio del ordenamiento jurídico, reservando su intervención únicamente para aquellos supuestos en los que exista una lesión jurídicamente relevante al bien tutelado, por lo que, en el caso, la persecución penal resultaría desproporcionada. A tales fines, citó doctrina y jurisprudencia que estimó aplicables.
Asimismo, consideró que, para evaluar la relevancia jurídico-penal del hecho, corresponde ponderar las particulares circunstancias del caso, tales como la ausencia de un perjuicio de entidad, la eventual restitución del bien, la falta de antecedentes penales de su defendido y la inexistencia de indicadores de peligrosidad.
Que, en cuanto al presente agravio, el planteo no habrá de prosperar, toda vez que, conforme surge de las constancias de la causa, la conducta atribuida al imputado -y la prueba reunida en torno a ella- resulta, prima facie, susceptible de ser subsumida en la figura legal dispuesta por art. 175 inciso 1 del Código Penal, sin que la defensa haya logrado demostrar la inexistencia de una afectación jurídicamente relevante al bien jurídico protegido.
En este sentido, la invocación de los principios de lesividad e insignificancia no puede conducir, en esta instancia y de manera automática, a descartar la tipicidad de la conducta, máxime cuando los elementos probatorios incorporados resultan suficientes para sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la imputación formulada. De igual manera, es dable destacar que esta Alzada viene sosteniendo de manera invariable, desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal reviste carácter provisorio y mutable, por lo que no causa estado.
Prueba de ello resulta el reciente fallo de nuestro Máximo Tribunal Provincial, dictado en los autos caratulados: “V.J.A. s/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, de fecha 14/05/2026, en el que, mediante el recurso de casación, se modificó el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevándose el monto de la condena impuesta por la Cámara Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial.
En ese marco, y toda vez que la defensa no ha logrado demostrar que la conducta atribuida resulte manifiestamente insignificante o carente de toda entidad para afectar el bien jurídico protegido, ni una mutación del hecho imputado que habilite, de forma excepcional, la revisión de la significación jurídica provisoriamente asignada por la instrucción, el planteo no puede prosperar. Ello, sin perjuicio de la valoración que corresponda efectuar en la pertinente etapa procesal, respecto de la suficiencia de entidad de la afectación a la propiedad de la damnificada.
V. Del agravio referido al excesivo monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la parte recurrente se agravió por el monto del embargo decretado, fijado en la suma de pesos dos millones ($2.000.000), advirtiendo que no existen constancias en autos que acrediten que una suma tan abultada, sea la necesaria para garantizar la pena pecuniaria y la eventual responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido. Afirmó que, del ilícito en cuestión, ni el tipo ordinario o el calificado prevén en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria, circunstancia que debería tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta en concepto de embargo.
Que, en relación al planteo deducido por la parte recurrente, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, sobre dicha medida la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "… conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En ese marco, esta Alzada comparte los parámetros tenidos en cuenta por S.S. para fijar la medida precautoria, como así también la suma establecida, por considerarla razonable y proporcional a la entidad del delito investigado. Asimismo, no puede soslayarse que el monto del embargo reviste carácter meramente estimativo, en atención a la provisoriedad de la etapa procesal, y que una eventual sentencia condenatoria podría comprender, conforme los artículos 29 y 30 del Código Penal, la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Por ello, corresponde rechazar el aludido agravio y confirmar el monto del embargo decretado respecto del causante P.C.J.
En conclusión, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la instrucción, entendiendo que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
VI. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que desde el 13 de junio al 13 de noviembre de 2024 el expediente permaneció sin impulso procesal, tal como sucedió entre fechas 03 de diciembre de 2024 al 07 de mayo de 2025, y desde ésta fecha hasta el día 11 de septiembre de 2025 (véase fs. 34, 35 y 36). De igual manera, sucedió en fecha 26 de septiembre de 2025, día en que se recepcionó actuaciones sumariales, registrando el próximo movimiento procesal recién en fecha 02 de marzo de 2026. Dicha circunstancia evidencia una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa.
No puede soslayarse que este tipo de situaciones impacta negativamente en la organización del trabajo de esta Alzada, en tanto obliga a otorgar trámite prioritario a causas provenientes de dicho Juzgado que, pese a haber ingresado con posterioridad a otras, presentan extensos períodos de instrucción y riesgo de prescripción, alterando así el orden lógico de tratamiento.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta a la Sra. Jueza subrogante extreme los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VIII. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de procesamiento de fs. 49/54vta., en cuanto han sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto VI) de los considerandos que anteceden. 3°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia