Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8511 FOLIO Nº 025/027 PROT. ELECT. JR101127I.242
Río Gallegos, 20 de marzo de 2024.
La presente causa caratulada “P.J.F. S/ LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VÍNCULO EN CONCURSO REAL CON AMENAZAS” Expte. Nº 22860/23, Apelación Nº 8698/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/10 de este incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.F.P., en orden al delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 12/14 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 20 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que, en el punto III) de su presentación, la defensa expresó los agravios que el auto causa a su asistido, consecuentemente, a fin de lograr mayor claridad expositiva, trataremos cada planteo por separado.
a) Lesiones calificadas por el vínculo: en este acápite, la defensa sostuvo que su defendido fue incorrectamente procesado, pues -a su juicio- no existen constancias probatorias que pudieran determinar su responsabilidad. En tal sentido, señaló que el resolutorio tiene como elemento incriminatorio fundamental los dichos de la damnificada, y que estos no resultan suficientes a los fines de tener por acreditado el hecho ocurrido con las modalidades descriptas. Dijo que el procesamiento se ha convertido en un formalismo previo para poder procesar a su pupilo, y resultan gravemente afectadas las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia.
Que, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, debe homologarse el procesamiento decretado en la anterior instancia, en tanto se cuenta en autos con la denuncia de la progenitora de la joven (fs. 04/04 vta.), quien describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el episodio que afectara a la víctima el pasado 10 de febrero de 2023, en el inmueble sito en calle XXXX nro. XXXX de la localidad de El Calafate. Dicha versión encuentra correlato en el certificado médico adunado al sumario (ver fs. 05). Así, respecto de la joven, se constató: “lesión lineal de 01 cm aproximado y tumefacción eritematosa de 04 cm aproximado en pómulo derecho…”.
Que, conforme lo ha venido sosteniendo esta alzada en numerosos pronunciamientos, tales como: apelaciones nros. 7516/22, 7746/22, 7799/22, por citar algunos, dichos elementos resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP.
Es relevante destacar que, al disponer el procesamiento, el Juez tuvo en consideración el particular contexto en que se produjo el hecho, es decir, en un ámbito privado alejado de testigos, consecuentemente, le otorgó preponderancia al relato de la menor, denunciado en sede policial por su progenitora.
En el caso bajo estudio, a la luz del delito atribuido, fue fundamental el relato de la víctima, del cual dio cuenta su madre. Ello así, pues: “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…” (Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017, pág. 111). En relación al delito de lesiones, y su acreditación a partir de los dichos de la víctima, el máximo tribunal de Salta, señaló: “El Tribunal de Impugnación atribuyó un sentido determinante y concluyente a la lesión que evidenciaba la víctima en la cabeza, al sostener de modo contundente que el imputado fue el causante de la misma. Sin embargo, las constancias de la causa no permiten arribar, de manera unívoca, a esa conclusión y para ello es necesario acudir a lo relatado por la víctima en orden a la conducta que habría asumido el imputado el día del hecho.” (Mí resaltado), (Corte de Justicia de la Provincia de Salta; Sala II; 09/12/2021; “P., E. A. s/ lesiones leves agravadas por el género y la relación pre existente y violación de domicilio en concurso real en perjuicio de C., M. B.”; recurso de inconstitucionalidad penal; TR LALEY AR/JUR/205470/2021). Que, el razonamiento y la conclusión a la que arribó el magistrado resultan perfectamente lógicos, pues en esas condiciones, más allá de que no se cuenta con testigos presenciales, la víctima fue examinada por el médico policial, quien constató lesiones -calificadas como leves por el magistrado-, consecuentemente, la ponderación conjunta de los elementos reseñados avala la credibilidad de lo expresado por la damnificada, y permite tener por acreditado el suceso y su presunta autoría, con la provisoriedad propia de esta etapa. b) Violencia de género: en este apartado, agravió al recurrente que se imponga la impronta de violencia de género, en una causa en la que –según dijo- se trata de un hecho aislado.
En particular, señaló que no existe constancia alguna de historicidad de la pareja, acreditación de relación asimétrica de poder o círculo de violencia. También advirtió inexistencia de un expediente del juzgado de familia –original o copia- que permita suponer una relación desigual de poder entre las partes.
Explicó que, no cualquier discusión altercado o pelea entre un hombre y una mujer puede ser considerada como violencia de género, sino que ello debe acreditarse fehacientemente, pues no hacerlo perjudica a su defendido.
En dicho carril argumentativo, cuestionó la aplicación de la Convención de Belem do Pará dado que, a su juicio, produce una grave alteración de los principios, derechos y garantías básicas propias del orden interno de nuestro país, tales como: la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia.
Aseguró que el camino adoptado por el magistrado resulta injusto e inconstitucional, pues de manera arbitraria decidió otorgar mayor relevancia a un derecho humano esencial frente a otro (el derecho de la víctima, frente a las garantías reconocidas en cabeza del imputado).
Finalizando, pidió se revoque el resolutorio apelado, se sobresea al imputado o, en su defecto, se dicte la falta de mérito.
En relación a este segundo planteo, debemos aclarar que se encuentra completamente descontextualizado el argumento de la defensa relativo a la inexistencia de constancia de historicidad de la pareja, acreditación de relación asimétrica de poder o círculo de violencia, pues aquí el hecho se habría producido entre padre e hija.
Por otro lado, entendemos, no es exacta la afirmación de la defensa, relativa a que la aplicación de la Convención de Belem do Pará produzca alteración de los principios, derechos y garantías básicas propias del orden interno de nuestro país, tales como: la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia, pues este instrumento es aplicación obligatoria para el magistrado en la valoración de los hechos, pero además, su aplicación fue correctamente explicada por el Juez en el apartado IV) del considerando del auto apelado. En tal sentido, el art. 16 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, en su inciso i), dispone que: “los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”. Huelga señalar que, en nuestro caso, el juez empleó correctamente la amplitud probatoria, valorando los dichos de la víctima a la luz del informe policial y el certificado médico que constató lesiones en el cuerpo de la menor, motivo por el cual, rechazaremos este agravio.
c) Embargo: en el último acápite del recurso incoado, el recurrente criticó el monto de embargo establecido, por ausencia de consideraciones y constancias que acrediten que la suma fijada sea necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudiera caberle a su asistido. Al respecto, hizo saber que el imputado carece de ingresos que le permitan afrontar el pago del monto establecido, motivo por el cual pidió su reducción. Que, en primer término, conviene aclarar que yerra la defensa al señalar que la suma fijada fuera de pesos diez mil ($ 10.000), pues –según surge del resolutorio- es de pesos cien mil ($ 100.000).
Aquí, al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que el magistrado en el punto III) del considerando (fs. 08 de este incidente), dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a señalar que su defendido no puede afrontar su pago, razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. a fs. 05/10 de este incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
Dr. NELSON A. SÁNCHEZ JUEZ DE RECURSOS YANINA C. MERCADO Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia