Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 181.684
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 in fine y 274 del CPC), confirmando el rechazo de la demanda en cuanto ha sido materia de agravio;
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
Expediente n.° 181.684 Juzgado n.° 1 En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “P., J. L. c. M., G. B. y otros s. Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia del 6 de septiembre de 2024, el Sr. Juez de primera instancia rechazó la demanda de daños y perjuicios entablada por el Sr. J. L. P. contra E. A. R., R. D. V., D. R. N., J. D., P. E. S., Rodolfo J. B., G. B. M. y A. R. M. e impuso las costas al actor vencido. Para decidir de ese modo, el Sr. Juez consideró que no hay “…elementos que permitan inferir la falsedad con intencionalidad en la denuncia formulada o al menos negligencia que justifique la responsabilidad civil de los demandados”, y en particular, tuvo en cuenta que fue la carencia de suficientes elementos de cargo lo que fundó la desestimación de algunas acusaciones por parte del Sr. Fiscal, mientras que las otras fueron archivadas a la espera de nuevos elementos, sin disponerse su cierre.
Apeló la actora, y el recurso que le fue concedido libremente, fue fundado y respondido.
II: Los agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
II.1: El Sr. Juez ha incurrido en una “arbitraria interpretación” de cuál es el objeto del litigio.
No ha reparado en que la creación y puesta en funcionamiento de la comisión investigadora, fue un artificio elucubrado “ex profeso” para difamar y denostar al actor.
El único objetivo posible de una comisión investigadora es la destitución del Intendente, por lo que habiendo sido aceptada previamente la renuncia a ese cargo, los concejales demandados se apartaron de lo prescripto en los arts. 249 y 250 de la Ley orgánica de las municipalidades, y pusieron igualmente en marcha la comisión con el objetivo de desprestigiar al actor.
El sentenciador no ha tenido en cuenta el dictamen de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ni la sentencia del Juzgado nro. 2 en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata que hizo lugar a la pretensión anulatoria de los decretos que crearon la comisión investigadora, aceptaron el informe final, y rechazaron el recurso de revocatoria interpuesto por el ex -intendente.
Al poner de resalto la omisión de estas cuestiones que considera esenciales, se detiene en que el Juez prescindió expresa y arbitrariamente del análisis de esos hechos que muestran que la comisión fue creada ya “desvirtuada de sus funciones originarias”. En particular, señala que el Juez consideró excluida de su competencia la acusada irregularidad de la constitución, objeto y funcionamiento de la comisión investigadora, omitiendo así la consideración de la sentencia del Juzgado contencioso administrativo que la anuló. Aclara que esa pretensión anulatoria no contemplaba el resarcimiento de los daños, porque no era su intención reclamar su reparación al municipio, sino solamente a los integrantes de esa comisión.
Reitera que la comisión fue creada pese a que previamente se había aceptado su renuncia, y que el informe final fue remitido al Tribunal de cuentas de la Provincia, a la Oficina anticorrupción de la Nación, y a la Fiscalía descentralizada de Balcarce la que la remitió a la UFI 10 de Mar del Plata.
Pide que se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda.
II.2: Destaca que el Sr. Juez ha apreciado de forma errónea lo resuelto en la Investigación Penal preparatoria. Analizando los fundamentos de la decisión, indica que si el propio Juez afirma que el agente fiscal desestimó — como hipótesis delictiva — la mayor parte de los hechos que se le endilgaron, entonces sólo cabe concluir que los concejales demandados denunciaron al actor como autor de delitos que no eran tales.
Se detiene particularmente en el fundamento del Sr. Juez respecto a los identificados como “caso 2” y caso “7-b-c-d”, en los que los demandados atribuyeron al ex – intendente haber incumplido dos ordenanzas relativas al derecho de información, e incumplir el art.109 de la LOM, referido a la presentación del proyecto de presupuesto, gastos y recursos del año 2010.
En el primero de ellos el Agente Fiscal dispuso su archivo hasta tanto aparezcan nuevos elementos de prueba que pudieran acreditar la autoría, y en el segundo el archivo ordenado se sustentó en la falta de elementos de prueba que permitan concluir que P. actuó con la deliberada intención de ocultar información o vulnerar las normas. El sentenciador entendió que ello era suficiente para demostrar que no había en el caso intencionalidad en la denuncia, o al menos negligencia “…que justifique la responsabilidad de los demandados”.
Recuerda que han pasado quince años sin que ninguno de los denunciantes aportara prueba alguna respecto de los dos casos de archivo, que la acción penal está prescripta, que rige la presunción de inocencia, y que ello no hace más que demostrar la falsedad de las imputaciones.
Señala que le imputaron la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo difundieron por los medios, y luego lo sacaron del dictamen final.
II.3: Al contrario de lo afirmado en la sentencia, el apelante entiende que se aportaron pruebas relativas a la intención de los demandados, y enumera: i) el expediente de la pretensión anulatoria que tramitó por ante el Juzgado contencioso -administrativo nro. 2 que hizo lugar a la acción; ii) el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que pone de resalto la ilegitimidad de la comisión; iii) el dictamen del Tribunal de cuentas de la Provincia contrario a los denunciantes, y todas las publicaciones certificadas por el perito informático.
Destaca el tono asertivo tanto en el informe como en el dictamen de la comisión investigadora, en los que se le atribuyó la comisión de delitos, y recuerda que esas piezas fueron remitidas al Tribunal de Cuentas, a la Oficina Anticorrupción y al Fiscal.
Sostiene que el daño cuya reparación reclama, es consecuencia directa de la violación de sus derechos personalísimos por parte de los demandados quienes no justificaron su conducta.
II.4: En su tercer agravio critica la omisión de considerar pruebas decisivas, entre ellas señala:
a) El dictamen del perito informático Madsen respecto a la publicación en sitios on line de las imputaciones que los demandados le hicieron al actor, atribuyéndole la comisión de delitos de acción pública, de causar erogaciones millonarias y de actos de corrupción. b) El expediente de la pretensión anulatoria que tramitó ante el juzgado en lo contencioso administrativo número dos, el decreto 45/12 del HCD de Balcarce que anuló la creación de la comisión investigadora y todo lo actuado por ella, y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno señalando que la creación de la comisión investigadora carece de sustento jurídico.
c) La decisión del Tribunal de cuentas de la Provincia, el informe enviado por la oficina anticorrupción, la absolución de posiciones de cada uno de los concejales integrantes de esa comisión, que califica como “una suma de olvidos y desmemoria acerca de lo que ellos mismos votaron y actuaron.
d) La omisión de considerar la conducta de los demandados a la que califica como “inacción y desidia”; en producir las pruebas ofrecidas tanto en el proceso administrativo como en la denuncia penal.
II.5: Finalmente se agravia de la imposición de costas pues entiende que él no ha dado lugar a la campaña de desprestigio que llevaron adelante los demandados.
III: Por fundamentos diferentes a los expresados por el Sr. Juez de primera instancia, entiendo que la acción no puede progresar, y que el recurso sólo puede ser admitido respecto a la imposición de costas.
III.1: Le asiste razón al apelante cuando critica la sentencia en tanto allí se omitió la consideración del acto ilícito señalado como el instrumento utilizado para dañar, con fundamento en que resultaría ajeno a la competencia civil.
El Juez que entiende en el proceso de reparación de los daños debe analizar la antijuridicidad de la conducta que se indica como causa generatriz, y solo puede descartarla cuando se encuentra justificada, o cuando no guarda relación causal adecuada con el daño cuya reparación se reclama.
No hay “presentencialidad” del fuero contencioso administrativo (arts.1717,1718, arg. art. 1777 2do.párrafo CCyC), pero de haberla, basta advertir que ha quedado firme la decisión administrativa del mismo órgano (HCD) que, al revisar aquel acto, lo anuló reconociendo sus manifiestas irregularidades (decreto 45/12 del HCD de Balcarce).
a) El principio de legalidad indica que todos los actos de los poderes públicos deben realizarse conforme a la ley. Limita los actos de los funcionarios y empleados públicos restringiéndolos a aquellos que sólo la ley autoriza.
Explica Riccardo Guastini (“Estudios de derecho constitucional”, DJC, México DF, 2001, página 123 y sig.) que esta regla se refiere especialmente — aunque no exclusivamente— a los actos del estado que pueden incidir sobre los derechos subjetivos (de libertad, propiedad, etc.) de los ciudadanos, limitándolos o extinguiéndolos, y tiene una eminente función garantista que hace al Estado constitucional de derecho.
b) La creación de una comisión investigadora conforme las previsiones de los arts. 15, 249 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sólo puede tener por finalidad alguna de las expresamente autorizadas por la ley que son “reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos” (art. 249) con el objeto de destituir o suspender al intendente (arts.250 y sig.). No hay autorización para apartarse de esa finalidad, ni para que el Honorable Concejo Deliberante pueda crear una comisión investigadora que pesquise la actuación del intendente cuando previamente — en esa misma sesión— el mismo órgano le aceptó la renuncia, pues ha desaparecido la única finalidad prevista.
c) Con este fundamento, comparto con el apelante que la irregularidad de la conducta de los concejales demandados era manifiesta al tiempo de la constitución de esa comisión investigadora, pues lo hicieron en los términos de los arts. 249 y siguientes de la LOM, y carecía de objeto ya en el momento en que se formó.
El recurso del intendente, que por ese motivo pedía que se revocara la creación de la comisión, fue rechazado sin expresar fundamento alguno, lo que luego diera lugar a la pretensión anulatoria deducida por el Ing. P. ante la justicia.
Admitida esa demanda en la sentencia que anuló el rechazo del recurso por carecer de fundamento, fue reenviado al HCD para que dicte nueva resolución cumpliendo con los requisitos señalados en la sentencia anulatoria.
La nueva resolución dictada por el HCD de la ciudad de Balcarce, al tratar el recurso de revocatoria del Ing. J. L. P. dejó sin efecto la creación de la comisión investigadora, reconociendo las irregularidades que contenía aquella constitución.
Contra esa decisión, y según manifiesta la parte demandada, alguno de los concejales habría deducido una pretensión anulatoria sobre cuya radicación y suerte —tantos años después — nada se sabe.
Como bien relata el apelante, al concluir su tarea la propia comisión debió reconocer que la finalidad del art. 250 de la LOM había caído en abstracto, pues previamente se había aceptado la renuncia del entonces intendente municipal.
Aun reconociendo la manifiesta nulidad del acto constitutivo de esa comisión, la relación causal adecuada con el daño al honor que invoca el ex – intendente, exige que el curso natural y ordinario de las cosas conduzca regularmente a un resultado lesivo para el honor del investigado (art.906 CC Zavala de González, M. “El proceso de daños” edit.Hammurabi, Bs.As, 1993 p.207), y no se ha probado que ese acto — luego anulado — sea una condición “sine qua non” del perjuicio, ni que normalmente debía producirlo. La creación de la comisión no tiene aptitud por sí para lesionar el honor de un Intendente, o de un ex -Intendente, pues el resultado final bien pudo ser otro. Lo que sí tiene capacidad de daño es la difusión de las calificaciones vertidas por los concejales.
Esa comisión parece más un instrumento amplificador, una suerte de caja de resonancia con mayor alcance que las simples opiniones vertidas por los concejales o el bloque opositor, un medio que potencia la injuria, pero no es en sí misma causa adecuada del daño. III.2: En la demanda obrante a fs. 310/330 interpuesta el 22 de febrero de 2012, el Ing. J. L. P. reclama la indemnización del daño extrapatrimonial que dice haber sufrido por el actuar injuriante y calumnioso de los demandados.
Si bien la pretensión es una sola, su contenido y la compleja y extensa descripción fáctica que le da sustento, permite distinguir — además del ya tratado referido a la creación de la comisión — dos reclamos con fundamentos parcialmente diferenciados.
Por un lado, el exintendente P. invoca los delitos civiles de calumnias e injurias del art. 1089 del Código Civil, imputándole a los accionados una “campaña de desprestigio” basada en la voluntad de “destruir su imagen pública y política en su ciudad y también en la región y a nivel nacional” (fs. 313).
Afirma además que el daño que los demandados “se propusieron obtuvo su cometido: los principales medios nacionales y provinciales publicaron inexactitudes y hasta imputaciones sobre delitos o irregularidades administrativas que jamás pudieron ser comprobadas dado que carecían de todo asidero” (fs. 313/vta). Esta parte de su pretensión se sustenta principalmente en un conjunto numeroso de publicaciones periodísticas online cuyo contenido entiende demostrativo de la campaña de desacreditación.
Por otro lado, en la demanda —y en su ampliación de fs. 353/4— P. describe minuciosamente los vicios que, a su juicio, caracterizaron a la labor de dicha Comisión y las conclusiones a las que arribaron en su dictamen final, el cual fue dado a conocimiento de una serie de organismos públicos. El juez, en una decisión que comparto, encuadró esta porción del reclamo en la figura de la acusación calumniosa del art. 1090 del CC. III:3: En lo que hace a la primera parte encuadrada como una campaña de desprestigio sistemático a cargo de los demandados, con imputaciones delictivas y acusaciones sin fundamento, es procedente la defensa de prescripción liberatoria opuesta por los accionados a fs. 413/vta y 486.
Todos los delitos civiles de los arts. 1084 a 1095 del Código Civil, dentro de los que se incluye a las calumnias y a las injurias de cualquier especie del art. 1089, tenían un plazo de prescripción de dos años por tratarse de supuestos de responsabilidad extracontractual (López Herrera, E. "Tratado de la prescripción liberatoria”. Abeledo Perrot, 2009, p. 539). Interpuesta la demanda el 22 de febrero de 2012 (fs. 330/vta.), sólo cabía analizar —en términos de declaraciones supuestamente calumniosas o injuriantes — a las publicaciones periodísticas o de cualquier otra índole que sean de fecha posterior al 22 de febrero de 2010.
Prácticamente la totalidad de las publicaciones que el actor enlistó a fs. 312 y 312/vta son de fecha anterior; en su mayoría concomitantes a su renuncia en el cargo de intendente en octubre de 2009. Las únicas piezas que hallé en la documental de la demanda que tienen fecha posterior al 22.10.2010 son dos: i) la difundida por "Punto Cero", del 25.02.2010, en la que narra el rechazo del Concejo Deliberante al pedido de recusación del ex intendente (fs. 21 y pág. 3 del Anexo al dictamen perito informático), y ii) una aislada página de un ejemplar de "El diario" de fecha 25.02.2010 (fs. 59), que no fue corroborada en su autenticidad (fs. 1152/4).
En ninguna de estas dos aisladas publicaciones periodísticas encuentro elementos que permitan tener por configurada una injuria o una calumnia en los términos del art. 1089 del Código Civil, o que puedan encuadrarse dentro de la alegada campaña de desprestigio o difamación acusada en la demanda (art. 375 del CPC).
La aptitud lesiva de las expresiones de los demandados que en esas publicaciones se reproducen deben ser evaluadas a la luz de un estándar agravado por ser el actor una reconocida figura pública con amplia participación en la vida política (Corte IDH, Caso "Kimel vs. Argentina", sentencia de fondo, reparaciones y costas del 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párr. 88; CSJN, Fallos: 343:221, entre otros) y por versar las expresiones de los accionados sobre tópicos de interés público para la comunidad balcarceña (Pizarro, D. y Vallespinos, C. Tratado de responsabilidad civil”, Rubinzal Culzoni, t. IV, p. 686). En su memorial el Ing. P. afirma que el juez se equivocó al rechazar esta porción del reclamo, considerando que “se aportaron al proceso numerosos elementos acreditantes, como por ejemplo el expediente del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de Mar del Plata que hace lugar a mi pretensión anulatoria; el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que pone de resalto la ilegitimidad y extralimitación de la misma; el dictamen del Tribunal de Cuentas Provincial que certifica la inexistencia de faltas, mal desempeño o cargos formulados en mi contra y todas las publicaciones periodísticas tanto en la esfera Municipal, como provincial y nacional”.
El argumento no me parece correcto. El dictamen de la Asesoría General de Gobierno, además de ser “colaborativo y no vinculante” (sic), data de noviembre de 2009, por lo que el plazo prescriptivo impide su invocación como elemento configurativo de las alegadas calumnias o injurias (o, como pareciera sugerir el apelante, como una suerte de prueba indirecta de la sinrazón de las imputaciones contenidas en el dictamen de la Comisión Investigadora).
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires se limitó a afirmar a fs. 583 que no hubo observaciones para el ejercicio 2008 y el ejercicio del 2009 no fue examinado, por lo que tampoco encuentro allí un elemento de convicción que revista utilidad para configurar la alegada campaña de desprestigio y difamación.
Por último, el éxito que P. tuvo en la causa que tramitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 departamental (causa “Pérez c. Municipalidad de Balcarce”, expte. 12352) no tiene el alcance pretendido. El juez no declaró la ilegalidad de la Comisión Investigadora ni del dictamen final resultante. Lo que hizo fue declarar la ilegitimidad del Decreto 20/2010 que desestimó, sin motivo suficiente, el recurso de revocatoria articulado por P. el 16.12.2009.
Al margen de lo ocurrido con posterioridad a esa decisión judicial (en particular, el ya reseñado posterior Decreto 45/12 del mismo Concejo que sí anuló la creación y labor de la Comisión y que ya ha sido reseñado y valorado), lo que aquí resulta importante destacar es que el resultado de ese proceso contencioso administrativo tampoco puede operar como elemento configurativo de la invocada campaña de difamación, o ser entendido como una prueba del actuar injuriante o calumnioso de los demandados en los términos del art. 1089 del CC .
Finalmente, la referida Comisión se creó, trabajó y dictaminó en el segundo semestre de 2009 (Decretos 74/09 y 90/09), por lo que todo su trabajo y producción —y todo cuando se haya dicho en su seno y que el actor pueda reputar de lesivo para su esfera personalísima— queda comprendido dentro del marco temporal de la prescripción liberatoria (art. 4037 del CC).
Conviene recordar que la figura del art. 1089 del Código velezano no tenía ninguna forma de pre- sentencialidad ni los debates llevados a conocimiento del fuero contencioso administrativo tiene aptitud para suspender o interrumpir el plazo prescriptivo de la acción resarcitoria (art. 4037 del CC), circunstancia que el propio actor conocía pues interpuso su demanda encontrándose a la espera del resultado de otro proceso, pero con la explícita necesidad de suspender el plazo prescriptivo (fs. 310/vta).
No hubo misivas extrajudiciales requiriendo el pago del resarcimiento aquí reclamado y que pudieran suspender el plazo prescriptivo (arg. art. 3986 in fine del CC) así como tampoco, al momento de la demanda, se encontraba aún en funcionamiento la mediación previa obligatoria (Ley 13.951 y decreto 264/2012).
El plazo de prescripción, en lo que respecta a la labor en Comisión, debe computarse, en el mejor escenario para el actor, a la fecha de la conformación del dictamen final, o de su recepción definitiva en el Concejo Deliberante balcarceño mediante el Decreto 90/09, que data del 8 de diciembre de 2009, dos años y dos meses y medio antes de la promoción de la demanda.
Por ello, si bien por motivos distintos a los enunciados por el juez, creo que esta parcela del reclamo del Sr. P. ha sido correctamente rechazada (arts. 1089 y 4037 del CC).
III:3: Tampoco procede el recurso contra el rechazo de la pretensión sustentada en la figura de la acusación calumniosa en los términos del art. 1090 del Código Civil.
En esta porción de la demanda, el actor no sostiene su reclamo únicamente en lo que los accionados afirmaron públicamente en los medios periodísticos como parte de la alegada campaña de desprestigio o afectación a su honor, sino que específicamente reclama por las denuncias derivadas del resultado de la labor de la Comisión Investigadora creada por Decreto 74/09, y repara especialmente en la suerte que tuvo la comunicación que del dictamen final se hizo a distintas oficinas públicas (Decreto 90/10 del 08.12.2009).
Destacar esto último es sumamente importante por tres motivos.
Primero, porque en su memorial el apelante remarca con énfasis lo que, a su juicio, ha sido una incorrecta valoración del resultado obtenido en cada una de las oficinas a las que se le comunicó el dictamen final de la cuestionada Comisión Investigadora.
Segundo, porque al estudiar el reclamo del actor a la luz de la figura de la acusación calumniosa lo relevante no es solo la labor de la Comisión Investigadora, sino también la necesaria existencia de una “denuncia” frente a una autoridad. Esto es que el dictamen final de esa Comisión haya sido llevado a conocimiento de quien tiene la posibilidad de investigar y/o sancionar. Es que, como dicen Pizarro y Vallespinos, para que opere la figura del art. 1090 del CC “es menester la imputación de un delito penal de acción pública [y] que se formule la correspondiente denuncia ante la autoridad (o se deduzca una querella criminal)” (Pizarro, D., Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones. Hammurabi, t. IV, p. 368). En tercer lugar, la existencia de una denuncia es relevante por cuanto es lo único que permitiría abstraer al reclamo del Sr. J.
L. P. del efecto propio de la prescripción liberatoria del art. 4037 del Código Civil.
La acusación calumniosa también tiene un plazo de prescripción de dos años, por lo que —en principio— la procedencia de la demanda encontraría el mismo obstáculo que las simples calumnias o injurias del art. 1089 del CC, dado que tanto el trabajo de la Comisión como la denuncia formulada por conducto del Decreto 90/09 son todos hechos que ocurrieron antes de febrero de 2010 (art. 4037 del CC).
La diferencia radica en que en la acusación calumniosa el plazo debe computarse desde que queda firme el auto que absuelve o sobresee al denunciado (art. 4037 del CC; esta Sala, c. 176849 "Burgos", en voto del Dr. Monterisi; del mismo modo se expidió la Sala I en c. 120377, "Barla", del 17/07/2003, entre otros). Ese resultado institucional de la investigación generada a raíz de la denuncia opera como un “presupuesto objetivo de la acción civil” (Pizarro-Vallespinos, ob.cit., p 369; SCBA, C. 100.027, "B., G. M.", del 07/03/2012). III.3.1: De la prueba producida surge que el dictamen final de la Comisión Investigadora fue llevado a conocimiento de tres oficinas públicas:
i) la Oficina Anticorrupción de la Nación, que se declaró incompetente (fs. 1215);
ii) el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que no se expidió asertivamente sobre ninguno de los cargos, sino que informó únicamente que no hubo observaciones para el ejercicio 2008 y el 2009 no fue examinado (fs. 583/4);
iii) el Ministerio Público Fiscal, que dio forma a la IPP 08-01-003067-09 en la que el Agente Fiscal resolvió el 31.10.2012 desestimar alguno de los hechos individualizados por la Comisión, y archivar las actuaciones con relación a otros hasta tanto aparezcan nuevos elementos de prueba que permitan continuar la pesquisa.
De las tres oficinas en las que fue presentada la denuncia, solo en la IPP 08-01-003067-09 es posible hallar una situación procesal asimilable a un sobreseimiento: el rechazo in limine de las hipótesis delictivas catalogadas como casos 1, 4, 5, 6, 7-a, 8 “a” a “g”, contenido en el dictamen fiscal del 31.10.2012.
Luego, sea por no existir alguna forma de sobreseimiento o absolución (Tribunal de Cuentas y Oficina Anticorrupción), sea por existir un sobreseimiento parcial de fecha posterior a la demanda (IPP cit.), la acción de P. sustentada en el art. 1090 del CC no se encontraría prescripta. La defensa de los accionados, en este punto, resulta improcedente. Pero aún superado ese escollo y considerando vigente la acción del Sr. P., la demanda igualmente no puede prosperar por otro motivo.
En el marco reseñado, la “denuncia” que daría base a la demanda por acusación calumniosa no puede ser otra que la comunicación que del dictamen final de la Comisión Investigadora se hizo al Tribunal de Cuentas, a la Oficina Anticorrupción de la Nación y al Ministerio Público Fiscal.
Y aun cuando los demandados pudieran resultar responsables en los términos del art.1112 del Código Civil ley 340, por la denuncia hecha por el HCD mediante el Decreto 90/09 del 08 de diciembre de 2009 (Calderón M. y Márquez, J.F “Responsabilidad civil del funcionario público” en Revista de Derecho de daños, 2010-3 p.335 y nota al pie 53, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2010; Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad del Estado y del funcionario público” t.2 p.346 y ss), lo cierto es que al igual que por sus opiniones (art. 72 LOM), los legisladores gozan de inmunidad conforme ha interpretado la CSJN desde antiguo, y ha reiterado recientemente en “Marchi, Héctor Daniel c/ Carrió, Elisa María Avelina y otros s/ Daños y perjuicios” del 29 de febrero de 2024.
Allí se debatía la extensión de la inmunidad consagrada por el art. 68 de la Constitución Nacional para las opiniones de los legisladores, y se revocó una decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala B, que consideró excluida de esa inmunidad la responsabilidad por una denuncia penal hecho por dos diputados.
La Corte Federal hizo suyos los fundamentos de la Procuradora Fiscal quien recordó que “De modo inveterado la Corte ha sostenido el carácter absoluto de la inmunidad sub examine en atención a su propia naturaleza, como requisito inherente a su concreta eficacia. Así, ha expresado que la atenuación de ese carácter absoluto, mediante el reconocimiento de excepciones a la prohibición del art. 68, que esta norma contiene, significaría, presumiblemente, abrir un resquicio por el cual, mediante el argumento de que cabe distinguir entre las opiniones lícitas y las opiniones ilícitas de un legislador, podría penetrar la acción sojuzgadora, intimidatoria o simplemente perturbadora de otros poderes del Estado o aun de particulares, con desmedro del fin constitucional perseguido (Fallos: 248:462 citado, considerando 7°).”
Por las razones que he expuesto, diferentes de las que fundaron la sentencia apelada, considero que debe confirmarse el rechazo de la demanda (arts. 1089, 1090 y 4037 del CC).
III:4: La queja vinculada a las costas prospera.
En el punto III.1. he expuesto las razones por las cuales considero que la comisión fue creada irregularmente generando un acto nulo en tanto carecía del objeto correspondiente desde su origen. Esa irregularidad manifiesta, sumada a la compleja disputa política que evidentemente uno y otro sector sostuvo en múltiples frentes —judicial, administrativo y mediático—, dio forma a un conflicto de singular gravedad institucional, en el marco de una también compleja salida anticipada de un intendente municipal.
Considero que hubo allí un contexto singular en el que el actor pudo haberse sentido tan injustamente mortificado como su demanda lo indica, y razonablemente creerse habilitado a reclamar en los términos en que lo hizo. Sumo a ello que la prescripción opuesta por los accionados solo progresa sobre una parte del reclamo, por lo que queda rechazada respecto a la otra porción.
El art. 68 del CPC adscribe al principio objetivo de la derrota, por lo que la parte vencida debe pagar los gastos en los que incurre la contraria. Sin embargo, es posible hallar excepciones a esa regla cuando hay “circunstancias objetivas y muy fundadas que tornen manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular” (Loutayf Ranea, R., “Condena en costas en el proceso civil”, Astrea, 2000, p. 74). Entre los supuestos de excepción que históricamente ha sido destacado por la jurisprudencia y que habilita a eximir al vencido de abonar las costas se encuentra la denominada razón fundada para litigar, aquel escenario en el cual, a criterio del juzgador, se aprecia que el justiciable no solo actuó con una razonable convicción de ser titular del derecho invocado, sino que además existían elementos objetivos que pudieron haberlo llevado a creerse con el derecho a promover la demanda (c. 158178, sent. del 06/06/2017, voto del Dr. Monterisi).
Por tal motivo, propondré al acuerdo que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado (art. 68 del CPC).
ASÍ LO VOTO
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
I: Adhiero al voto del Dr. Loustaunau. Sólo me permito agregar —obiter dictum— aquellos estándares que ha desarrollado el Tribunal regional para determinar responsabilidades penales o civiles por la afectación del honor de los funcionarios públicos; y la doctrina de la Corte bonaerense respecto de la inmunidad de la que gozan los legisladores municipales por sus opiniones vertidas en el ejercicio de la función. a) La Corte creada por el Pacto de San J. de Costa Rica se ha pronunciado desde antiguo en reiteradas oportunidades con relación al ejercicio de la libertad de expresión, a sus múltiples facetas como también a sus formas de ejercerla y en especial su tensión cuando está en juego el interés público. Y en punto a esto último, revisten ese carácter aquellas “opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes” (“Caso Moya Chacón vs. Costa Rica”, sent. de 23 de mayo de 2022, párr. 74). En este ámbito ha enfatizado que la protección del honor de los funcionarios públicos debe ser menor de quienes no lo son. Esta doctrina se inaugura con los casos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de 2 de julio de 2004 y “Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia de 31 de agosto de 2004”. Sostenida luego —con diversos perfiles— en “Palamara Iribarne vs. Chile”, sentencia de 22 de noviembre de 2005; “Kimel vs. Argentina”, sentencia de 2 de mayo de 2008; “Tristán Donoso vs. Panamá”, sentencia de 27 de enero de 2009;
“Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, sentencia de 29 de noviembre de 2011, entre otros; reafirmándose en los últimos tiempos en los casos “Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador” sentencia de 24 de noviembre de 2021; y en “Baraona vs. Chile”, sentencia de 24 de noviembre de 2022. En todos ellos el Tribunal destacó que las expresiones dirigidas a cuestionar la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre otras, gozan de una mayor protección —reforzada— de manera tal que por este andarivel se propicie el debate democrático. A la par, señaló, que en un régimen democrático los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio público que los ciudadanos comunes y corrientes.
Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y, en consecuencia, se ven comprometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, y en paralelo, a un mayor grado de tolerancia de éstas. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público, pero a su vez se encuentran en mejores condiciones para acceder a los medios de comunicación para dar explicaciones o responder sobre los hechos que los involucren, con una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública. Y este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino —fundamentalmente— en el interés público de las actividades que realizan.
Es por ello que, en una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestiones de interés público, y así se permite que aquellas personas que ejercen el control de las gestiones estatales, cuestionen, indaguen y vigilen el cumplimiento de las funciones públicas.
Por último, señala la Corte, que esto no significa, de ninguna manera, que el honor de las personas participantes en asuntos de interés público no deba ser jurídicamente protegido cuando éste sea objeto de ataques injustificados, pero han de serlo al compás de los principios del pluralismo democrático y de la mano de mecanismos que no generen inhibición ni autocensura.
b) Con relación a la inmunidad de los concejales la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) dispone que “Las opiniones expresadas por los miembros en sesiones del Concejo, no constituirán antecedentes para la intervención de ninguna autoridad. Serán regidas por las normas del Concejo” (art. 72); y que “Los concejales no pueden ser interrogados o acusados judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de su mandato” (art. 80).
Sin embargo, estas prerrogativas fueron declaradas inconstitucionales —con anterioridad a la reforma de 1994— por la Suprema Corte provincial en causa “Hernández Bustamante”, P. 45.669, sentencia del 25-VIII-1992, entre otras, por vulnerar principios y reglas reconocidos en los artículos 10 y 185 de la Constitución Provincial, hoy arts. 11 y 194.
Con posterioridad, más precisamente en el año 2003, y con nueva composición modificó —por mayoría— su postura y fijó nuevos criterios respecto de esta cuestión. Así, en causa “Laurini” P. 79.174, sentencia del 29 de octubre de 2003, se señaló que teniendo en consideración “el nuevo status constitucional de las municipalidades emergente del art. 123 de la Constitución Nacional”, quedaba neutralizada la tensión con los actuales arts. 11 y 194 de la Constitución provincial (voto del Dr. Soria).
Allí se enfatizó que “ni el principio de igualdad ante la ley, ni la regla de la responsabilidad de los funcionarios municipales, pueden invocarse como vehículo para cercenar dicha protección, a poco que se observe que el ordenamiento jurídico la ha considerado inherente al quehacer legislativo y que la labor que los ediles despliegan se asimila a la que, en su órbita, llevan a cabo los legisladores nacionales y provinciales”, sobremanera que la Corte Federal equipara a las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante con las leyes, en la medida que emanan del órgano de gobierno elegido por el sufragio popular y expresan, como toda “ley”, la soberanía de la comunidad (“Fallos”, 312:1394; 341:246, voto Juez Rosatti). Empero, esta inmunidad de enjuiciamiento se hace operativa, solo y únicamente, por sus conductas y opiniones vertidas en las sesiones del Concejo como en las respectivas comisiones que integran. Doctrina ésta que se mantiene a la fecha.
ASI LO VOTO
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde: I: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 in fine y 274 del CPC), confirmando por otras razones el rechazo de la demanda en cuanto ha sido materia de agravio. II: Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 in fine y 274 del CPC), confirmando el rechazo de la demanda en cuanto ha sido materia de agravio; II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21). Devuélvase
Fin de la sentencia