Abriendo la norma
TOMO CXLI - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.092 FOLIO N° 084/090 PROT. ELECT. JR101 239I.261
Río Gallegos, 24 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada "C.P.L. S/ Amenazas (OVD 492/2025) –VG-“ - Expte. N° C-82688/25 - Apelación/Causa JR N° 10211/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 109/117, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado P.L.C. en orden al delito de “Amenazas” (Art. 149 bis del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Ochocientos Mil ($800.000).
Que a fs. 76/81, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 88, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa sostuvo que el auto recurrido resulta, a su criterio, arbitrario, infundado y carente del grado de probabilidad exigido por los arts. 289, 290 y concordantes del C.P.P.P.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la ausencia del grado de probabilidad necesario para el dictado del procesamiento:
Que la defensa se agravió al considerar que la resolución impugnada no alcanza el estándar mínimo de probabilidad requerido para el dictado de un auto de procesamiento.
Sostuvo que el razonamiento jurisdiccional se encuentra sustentado esencialmente en el relato de la denunciante, una constatación de mensajes y una interpretación subjetiva del temor que aquélla habría experimentado.
En tal sentido, señaló que dichos elementos resultan insuficientes para acreditar la configuración típica del delito de amenazas.
Asimismo, advirtió que la propia resolución habría reconocido implícitamente dicha insuficiencia al descartar el segundo hecho denunciado por considerar que el solo relato de la presunta víctima no resultaba suficiente para sustentar la imputación. En función de ello, afirmó que existe una evidente contradicción en el razonamiento adoptado respecto del hecho por el cual se dispuso el procesamiento, circunstancia que -a su entender- evidencia arbitrariedad en la valoración efectuada.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello así, por cuanto del análisis integral del sumario, de la resolución recurrida y de los argumentos esbozados por la defensa, se advierte que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al Sr. C.L. por el ilícito oportunamente imputado.
En efecto, durante la instrucción se han diligenciado diversas medidas probatorias, entre ellas: la denuncia judicial efectuada por la pretensa víctima en autos; el relato brindado ante la O.V.D. y el consecuente informe de riesgo, calificado como “alto”; el acta de constatación de los mensajes remitidos por el imputado; el informe elaborado por A.M.X. Argentina S.A. (Claro) del cual surge la titularidad de la línea telefónica involucrada; la pericia psicológica efectuada en la persona del incuso, entre otros.
Dichos elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforme las reglas de la sana crítica racional, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar que caracteriza a esta instancia, la imputación formulada respecto del encartado.
Sentado ello, es relevante destacar que la Sra. Jueza de grado fue clara al diferenciar el primer y segundo hecho investigado. Pues bien, en relación al segundo hecho, destacó que únicamente se contaba con el relato de la presunta víctima, sin elementos de prueba que permitieran otorgarle el sustento necesario para incorporarlo a la hipótesis acusatoria. Distinta es la situación respecto del primer hecho por el cual se dispuso el procesamiento, en virtud que sobre dicho suceso obran diversos elementos de prueba –descriptos anteriormente- que, prima facie, respaldan tanto la materialidad como la participación atribuida al encartado. En consecuencia, no se advierte la contradicción alegada por la defensa técnica, sino sólo una valoración diferenciada en relación a cada suceso, y ello en función del plexo probatorio respecto de cada uno.
Así las cosas, se desmorona el argumento de la defensa en cuanto impugna la existencia de insuficiencia probatoria, toda vez que, el plexo probatorio reunido hasta el momento permite sostener -con el grado de probabilidad requerido- tanto la materialidad del hecho como la intervención atribuida al imputado.
En función de todo lo expuesto, habiendo la Magistrada valorado adecuadamente las constancias probatorias reunidas hasta el momento, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional y con la debida perspectiva de género, corresponde rechazar la presunta insuficiencia probatoria postulada por la parte recurrente. En efecto, el presente agravio no podrá prosperar.
III. Del agravio referido a la errónea utilización de la perspectiva de género como sustitución del estándar probatorio:
Por otro lado, la parte recurrente se agravió al sostener que la resolución impugnada incurre en un error conceptual al utilizar la perspectiva de género como mecanismo de flexibilización del estándar probatorio exigido en materia penal.
Afirmó que no desconoce la obligación estatal de investigar adecuadamente los hechos vinculados a violencia contra la mujer ni la aplicación de la normativa específica en la materia; sin embargo, entendió que ello no habilita a prescindir de principios fundamentales del derecho penal, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el in dubio pro reo, la exigencia de prueba suficiente y la necesaria fundamentación racional de las decisiones judiciales. De esta manera, sostuvo que la resolución invierte indebidamente la carga probatoria y constituye automáticamente una presunción de veracidad al relato de la denunciante, en desmedro de las garantías constitucionales que deben regir en todo proceso penal.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
Ello, por cuanto no se advierte en la resolución recurrida la vulneración de garantías constitucionales, ni la inobservancia de los principios que rigen el proceso penal.
En primer término, corresponde señalar que, tratándose de un hecho de violencia contra la mujer, la investigación debe necesariamente incluir la perspectiva de género. En el caso de marras, se desprende de las constancias de autos un evidente contexto de violencia de género a la luz de la dinámica de los hechos, en tanto el accionar del imputado denotaría el poder de superioridad, evidenciándose así una desigualdad de poder al ejercerse la violencia psicológica dentro de la modalidad doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En efecto, el juzgador que aplique la perspectiva de género, debe ineludiblemente argumentar su resolución sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, tales como la “Convención Belém Do Pará” (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “ 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), como también en las normas del ámbito nacional, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), a la cual nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Provincial Nº 3201, entre otras.
Estos instrumentos no sólo orientan la labor jurisdiccional en pos de protección y garantía de derechos respecto a las víctimas de aquellas situaciones, sino que además, obligan al Estado a actuar con la debida diligencia frente a situaciones de violencia de género, garantizando la amplitud probatoria.
Los tribunales al respecto, se han expedido sosteniendo que: “(…)
Dada la amplitud probatoria contemplada en el art. 16, inciso i) de la Ley Nº 26.485, entendemos que la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de la intimidad de la pareja (…) el Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley citada, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (…)”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI – “R.C.J. s/ procesamiento” – 19/04/2013). (El resaltado nos pertenece).
En este sentido, la amplitud probatoria propia de los casos de violencia de género, no importa una flexibilización del estándar probatorio ni una afectación de las garantías del imputado, sino que responde a la necesidad de erradicar valoraciones atravesadas por estereotipos y adecuar el análisis probatorio a las particularidades de este tipo de hechos. Ello, sin menoscabo del principio in dubio pro reo, en tanto se procura compatibilizar la debida protección de la víctima con el pleno respeto al debido proceso.
Bajo dicha premisa, entendemos que yerra la defensa al afirmar que la Magistrada hubiera constituido una presunción de veracidad al relato efectuado por la denunciante. Por el contrario, y como se expuso en el abordaje del precedente agravio, la a quo ponderó el conjunto de constancias probatorias que, apreciados integralmente y conforme las reglas de la sana crítica racional, conforme lo previsto en los arts. 116 y 199 del código de rito, permitieron arribar acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado, sin observarse la conculcación de derechos y garantías de raigambre constitucional y convencional invocados por la parte recurrente.
En efecto y por todo lo expuesto, el agravio bajo análisis no habrá de prosperar.
IV. Del agravio referido a la ausencia de idoneidad típica de la expresión atribuida:
De igual modo, la parte recurrente se agravió al sostener que la expresión atribuida al imputado -por la cual se dispuso su procesamiento- debe analizarse dentro del contexto concreto en el que habría sido emitida, esto es, en el marco de una ruptura sentimental conflictiva, un intercambio emocionalmente exaltado y una conversación mantenida mediante mensajería instantánea. En ese sentido, señaló que no toda manifestación agresiva, exabrupto emocional o frase pronunciada en un contexto de enojo constituye, por sí sola, una amenaza penalmente relevante.
Argumentó que en autos no se encuentran reunidos los elementos típicos exigidos por la figura penal atribuida, toda vez que -según su postura- no se verifican actos preparatorios, acercamientos físicos, portación de armas ni exteriorizaciones concretas que permitan inferir una real intención de concretar el mal anunciado. Sostuvo que lo único que surge del legajo es un mensaje aislado emitido en un contexto de alteración emocional.
Asimismo, destacó que surge de las propias conductas posteriores de la denunciante, que la misma continuó procurando contacto con su asistido e insistiendo en mantener vínculo con él, extremo que -a su criterio- resulta incompatible con la conducta esperable de una persona efectivamente intimidada. Consideró que ello evidencia la ausencia de un temor real y, por ende, debilita la configuración típica del ilícito investigado.
Concluyó solicitando la revocación del procesamiento dictado contra su defendido, citando doctrina y jurisprudencia al respecto.
Que, en abordaje a la presente impugnación, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por el art. 149 bis del Código Penal.
En este acápite, resulta menester aclarar que, es criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
Se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
En tal sentido, se considera que en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas, que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
Adicionalmente, corresponde señalar que el criterio que se viene sosteniendo respecto de la calificación legal, fue recientemente asentado por el Tribunal Superior de Justicia, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198. En aquel fallo, de fecha 14 del mes de mayo del corriente año, haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y fiscalía, el Máximo Tribunal modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V. Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”. En consecuencia, el agravio defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facie- acreditados.
No obstante, creemos conveniente abordar uno de los planteos introducidos por la parte recurrente en sus agravios, en relación a la supuesta conducta posterior de la pretensa víctima, a los fines de despejar cualquier duda que pudiera suscitarse al respecto.
Así, del relato efectuado por V.N.U. ante la O.V.D., surge un escenario de violencia sostenido en el tiempo – aproximadamente durantre cuatro años-, en el cual la denunciante describió reiteradas situaciones de violencia física y psicológica ejercida por el imputado. Asimismo, refirió que desde el año 2025 la relación atravesó sucesivas rupturas y reconciliaciones, circunstancia que, prima facie, permite evidenciar una dinámica compatible con un ciclo de violencia. De igual modo, de las actuaciones labradas ante la O.V.D. como de la denuncia judicial, se desprende que la nombrada habría experimentado temor ante la amenaza de muerte atribuida al encartado C., por considerar que éste podría concretarlo, en razón de -relató- sucesos previos de agresividad hacía ella y hacía terceras personas.
Asimismo, V. fue contundente al explicar que ella habría decidido dar por finalizada la relación, sin retomar posteriormente vínculo alguno con C.P., extremo que no fue desvirtuado por el imputado y/o sus representantes. En este sentido, corresponde destacar que, aun si fuera cierta la existencia de conflictos previos derivados de la ruptura de la relación de pareja o de un contexto de ruptura conflictivo, ello de ningún modo podría justificar ni relativizar los términos que habrían sido proferidos por el imputado, máxime cuando la presunta víctima manifestó haber experimentado un concreto temor a partir de los mismos.
En efecto, los argumentos invocados por la defensa en relación a la presunta conducta posterior de la denunciante, no resultan suficientes para desvirtuar –en esta etapa procesal- el cuadro probatorio reunido, ni para descartar la entidad de los términos intimidatorios que –prima facie- habría expresado el encartado.
En conclusión, por todo lo mencionado, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, por lo tanto, los argumentos expuestos no habrán de prosperar.
V. Del agravio referido a la valoración fragmentaria y selectiva de la prueba:
Por otra parte, la defensa se agravió al sostener que el decisorio recurrido efectuó una valoración parcializada del material probatorio reunido en autos, seleccionando únicamente aquellos elementos compatibles con la hipótesis acusatoria.
En tal sentido, señaló que se omitió ponderar que no existieron agresiones ni acercamientos posteriores por parte del imputado, que éste nunca realizó actos materiales tendientes a concretar la presunta amenaza y que el informe psicológico incorporado al legajo dio cuenta de expresiones de arrepentimiento y ausencia de impulsividad crónica, sin registrarse conductas posteriores compatibles con una situación de riesgo actual.
Indicó asimismo que, si bien dicho informe concluyó que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos, tal circunstancia no acredita por sí sola la configuración del delito investigado.
Finalmente, sostuvo que el juzgador debe valorar armónicamente la totalidad de las circunstancias que rodean el hecho objeto de investigación, extremo que -según afirmó- no habría ocurrido en el caso, dada la insuficiencia probatoria existente para emitir un pronunciamiento de mérito.
Que, en abordaje a la presente impugnación, también se desestimaran los agravios aquí introducidos.
En primer lugar, consideramos oportuno señalar que los agravios introducidos por la defensa no constituyen más que una reiteración de los planteos ya analizados en los considerandos precedentes, específicamente en relación a la suficiencia probatoria, la valoración del plexo probatorio incorporado al sumario y la configuración del tipo penal investigado.
Por tal motivo, y a fin de evitar reiteraciones innecesarias en torno al hecho fáctico del caso y al plexo probatorio reunido, corresponde remitirse a lo ya expuesto en el considerando II), III) y IV) del presente resolutorio, donde se efectuó un análisis detallado de las circunstancias del caso y de los elementos de convicción reunidos en autos.
En el caso que nos ocupa, consideramos, la Sra. Jueza de grado ha motivado adecuadamente su decisión, en tanto expuso de manera concreta las razones que condujeron al procesamiento oportunamente dictado, pronunciamiento que se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo. De igual manera, las circunstancias referidas por la defensa, tales como la ausencia de acercamiento físico posterior, inexistencia de actos materiales tendientes a concretar la amenaza, o de determinados aspectos del informe psicológico practicado al imputado, señalamos que fueron debidamente consideradas, resultando insuficientes para desvirtuar el cuadro probatorio reunido hasta el momento, o para conmover los fundamentos de la Magistrada en el decisorio arribado.
En efecto, encontrándose el pronunciamiento debidamente motivado y sustentado en la valoración integral de las constancias de autos, es que el agravio bajo análisis no podrá prosperar.
VI. Del agravio referido a la arbitrariedad por fundamentación aparente:
Asimismo, la defensa se agravió al considerar que el auto recurrido presenta una fundamentación meramente aparente, en tanto se limita a transcribir doctrina relativa a la violencia de género y al delito de amenazas, sin efectuar -a su entender- un análisis concreto de la idoneidad objetiva de la expresión atribuida, del elemento subjetivo requerido por la figura, de la efectiva afectación de la libertad psíquica de la denunciante, ni de la existencia de un peligro real o concreto. Sostuvo que la resolución carece de un razonamiento jurisdiccional válido, reemplazando la fundamentación por afirmaciones dogmáticas y referencias normativas generales, sin explicar de manera concreta por qué los elementos reunidos en autos resultarían suficientes para sustentar la imputación formulada. Agregó que tampoco se efectuó un examen crítico de determinadas circunstancias objetivas ni de las contradicciones que, a su criterio, surgirían del comportamiento posterior de la denunciante, circunstancia que impediría tener por acreditada una intimidación real. En función de ello, concluyó que el decisorio incurre en arbitrariedad por insuficiencia de fundamentación. Que en tratamiento del aludido agravio, adelantamos, también será desestimado.
En primer término, y a fin de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirnos a las consideraciones desarrolladas en los acápites II), III), IV) y V) del presente resolutorio, donde se analizaron los distintos cuestionamientos formulados por la defensa en relación a la valoración de la prueba, la configuración del ilícito investigado y la suficiencia de los fundamentos expuestos por la a quo. En segundo término, cabe señalar que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de éste al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo.
En ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia; Así, “… el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este. En tanto, serán suficientes para su dictado, aquellos elementos que permitan orientar el proceso hacia la base del juicio….” (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
En efecto, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. Lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran – prima facie- acreditados.
En conclusión, por todo lo mencionado, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, los agravios aquí introducidos se desestimarán.
VII. Del agravio referido a la improcedencia y exceso del embargo dispuesto:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo dispuesto por la suma de pesos ochocientos mil ($800.000), carece de fundamentación concreta.
En tal sentido, sostuvo que la resolución no explica los parámetros utilizados para determinar dicho monto, ni individualiza los eventuales daños civiles, como tampoco efectúa una estimación de las costas del proceso.
En consecuencia, afirmó que la medida cautelar fue fijada de manera dogmática y arbitraria, sin sustento objetivo suficiente, vulnerando el derecho de propiedad y de defensa en juicio de su asistido.
Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
Ello así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “... A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado.... ” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En efecto, esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo, en atención a la imposibilidad de fijarlo –por el momento- en una suma definitiva, en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que, tal como señaló la A Quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización.
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal, en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al causante C.P.L.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la a quo en el decisorio arribado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento VIII) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IX. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 109/117, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia