Abriendo la norma
TOMO CXXV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8190 FOLIO Nº 163/165 PROT. ELECT. JR101066I.231
Río Gallegos, 30 de octubre de 2023.
Los presentes autos caratulados: "P.L.H.S/ DESOBEDIENCIA" Expte. Nº 19.684/20, Apelación Nº 8183/23, venidos a despacho para resolver y de los que;
Que a fs. 119/122 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Tres de esta ciudad, quien en el punto 1º decretó el procesamiento sin prisión preventiva de H.L.P. en orden al delito de "desobediencia" (Art. 45 y 239 del Código Penal) y en el punto 2º trabó embargo sobre sus bienes por la suma de pesos veinte mil ($ 20.000).
Que a fs. 126/130 vta. la defensora oficial del procesado apeló aquella resolución motivándola en esa misma ocasión, habiendo sido mantenido dicho recurso ante esta Alzada a fs. 138 (conf. cód. validación b65a22fc), y al no haberse presentado el memorial previsto en el Art. 437º del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa manifiesta que la resolución puesta en crisis no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustado a las constancias probatorias colectadas en la pesquisa.
Se agravia que el ilícito atribuído sea acreditado con exclusividad mediante el testimonio de la víctima obrante a fs. 1, circunstancia que debe, a su juicio, mermar el valor probatorio de esa evidencia.
Señala que no se encuentra probado el ingreso al domicilio sin la debida autorización, siendo que luego de comisionarse personal policial y efectuar rastrillaje por las zonas aledañas, se divisó a P., procediendo a notificarlo respecto a la reedición de las medidas de restricción impuestas por el Juzgado de Familia, por ello agravia también que se endilgue el delito de desobediencia de los hechos denunciados en fecha 22 de abril de 2020. Expresa que mediante la aplicación Google Maps se efectúa una medición de la distancia entre el punto donde fuera encontrado el imputado y el domiclio de la nombrada, arrojando que entre estos dos puntos hay una distancia aproximada de 220 metros; por ello destaca que su defendido no se encontraba desobedeciendo la orden judicial.
Señala que es evidente que la víctima tiene "algo" contra el procesado por eso lo denuncia.
Manifiesta que no se han glosado en autos, copias simples del expediente de Familia de las que surjan las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubiere formulado la pretensa víctima; tampoco en las que surjan si efectivamente el Dr. A. en cumplimiento por lo dispuesto por la Ley 26.475 aplicó intimación, multa y/u otra sanción más severa. Estima que no se han configurado los extremos exigidos por la ley como para considerar al mismo como un hecho consumado. Ingresando en el abordaje de los agravios expuestos, en primer lugar debo manifestar que no coincido con los planteos articulados, razón por la cual confirmaré íntegramente el auto dictado por la Instrucción en cuanto dispone el procesamiento sin prisión preventiva de H.L.P. en orden al delito de "Desobediencia" (Art. 239 del Código Penal).
Por su parte, y en virtud que de las constancias de autos, el presente hecho quedaría encuadrado dentro del contexto de violencia de género, traemos a colación lo dispuesto en el último párrafo del art. 32 de la Ley Nacional Nº 26.485, donde se establece claramente que: "...cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal…". En el presente, el Juez de Familia dictó orden de prohibición de acercamiento del imputado a la persona de C.M. a una distancia no menor de 200 mts. en los lugares públicos y/o privados que pudiera frecuentar, prohibición de acceso a la vivienda donde se encuentra residiendo la actora y el grupo familiar conviviente, prohibiendo asimismo todo tipo de comunicación y contacto entre los nombrados, en el marco de causa de trámite por ante el Juzgado de Familia sobre medidas de abordaje intrafamiliar. El imputado, fue notificado de dicha medida con fecha 22 de abril del 2020 a las 11:30 horas, mediante acta obrante a fs. 11 de los presentes, y en consecuencia de la primera solicitud de presencia policial por parte de la denunciante. Dejando constancia, en virtud de lo planteado por la defensa, que el hecho que se le imputara al incuso, fue el de fecha 22 de abril de 2020, aproximadamente a las 12:20 horas; es decir con posterioridad a su notificación; por lo cual el nombrado estaba en pleno conocimiento de la medida dispuesta; incumpliendo la misma al hacerse presente en el domicilio de la denunciante, en plena vigencia de dicha medida cautelar. El análisis del presente caso, debe ser efectuado a la luz de los estándares sobre Perspectiva de Género acuñados en nuestra legislación en la ley 26.485; la cual en su art. 31 establece el principio de amplitud probatoria para la acreditación de los hechos denunciados, pruebas que deberán analizarse a la luz del principio de la sana crítica.
Es por tal motivo, que en cuanto al agravio señalado, sobre que el ilícito se encontraría probado con exclusividad en los dichos de la víctima, esta Alzada se ha pronunciado, ya en forma reiterada, resaltando que la condición de tal, no resta veracidad a su testimonio.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia al respecto sostuvo que: “...el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil..." (A-566/07/T.S.J.).
Dicha prueba, debe ser valorada en forma conjunta con el plexo probatorio aunado a la investigación. En los presentes, la instructora tuvo en consideración el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo de la vivienda ocupada por la damnificada, observándose el desorden generalizado de vestimenta; el informe de novedad de fs. 14 que informa que en ocasión de concurrir por segunda vez al domicilio en cuestión, y en razón de lo manifestado por la denunciante, quien manifestó que P. se apersonara en su domicilio sustrayendo un atado de cigarrillos y un cargador de celular; y tras efectuar rastrillaje por las inmediaciones, visualizan al imputado P. frente a los tanques de YPF, procediendo a su aprehensión. Demás está decir, que para la configuración del tipo atribuido, no posee relevancia si el imputado tuvo autorización para el ingreso al domicilio de la damnificada.
En lo relativo a la falta de copias del expediente de trámite ante el Juzgado de Familia con la finalidad de corroborar denuncias anteriores de M., como así la aplicación de intimación, multa y/u otra sanción más severa, más allá de no observarse requerimiento probatorio alguno por parte de la defensa técnica, esta Alzada considera que: “…La orden judicial de prohibición de acercamiento y/o comunicación del imputado con la denunciante satisface los requerimientos tradicionalmente fijados por la doctrina para adecuar en abstracto al delito de desobediencia previsto en el art.239 del Código Penal…” (Cita online: LALEY AR/JUR/47309/2013), máxime lo establecido por la legislación vigente, destinada a dar protección a los derechos de las mujeres que resultan víctimas de violencia intrafamiliar. Como ya se expusiera en anteriores pronunciamientos de esta Alzada, compartimos el criterio mayoritario sostenido por la jurisprudencia, en el sentido que: “...la desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en casos de violencia familiar y bajo la normativa (ley 9283 -Provincia de Córdoba-) encuadran bajo la figura penal del delito de desobediencia a la autoridad (art. 239, CP), pues existe un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición, cuyo incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido -el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intrafamiliar-, máxime cuando estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que éstas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima...”. (Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”). Es decir, entendemos que se encuentran plenamente cumplidos los elementos del tipo penal atribuido.
En cuanto a lo relativo a la oportunidad de aplicación del Derecho Penal, debiendo ser éste el de última ratio, teniendo el juez de familia la competencia para imponer sanciones, las que resultarían menos gravosas, cabe mencionar que en los supuestos en los que las medidas de restricción fueron emitidas en razón de evitar o prevenir nuevas situaciones de violencia intrafamiliar, las que, de acuerdo al ordenamiento vigente resultan de orden público, ante el incumplimiento de tales órdenes impartidas por autoridad judicial, además del desapego al cumplimiento de órdenes judiciales, se menoscaba la finalidad del legislador de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En último término, se agravia el recurrente del embargo dispuesto, destacando que su defendido no posee un patrimonio, que en su conjunto, permita arribar a la suma fijada. Entiende que en autos se ha ordenado trabar embargo sobre su patrimonio por una suma mayor al máximo del perjuicio ocasionado al Estado, excediendo así el propósito de la medida cautelar.
Considera que el monto dispuesto, evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal, circunstancia por la que también agravia su imposición y monto.
Que, en relación a este planteo, y al efectuar una lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la Magistrada dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma dispuesta. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del C.P.P. establece que al momento de decretar el procesamiento la Magistrada debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por lo expresado, los planteos formulados por la recurrente, no prosperarán.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR íntegramente el auto que obra glosado a fs. 119/122 en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerándolos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sanchez-Juez-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia