Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II · Causa I-88353-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación que fuera interpuesto contra el auto dictado el 28 de octubre de 2026, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 10 de la ley 12.569, Acuerdo 4099 de la SCJPBA, 421, 433, 439, 441, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
II. Confirmar el auto dictado el 28 de octubre de 2026, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 146 del C.P.P., 6 y 7 de las leyes 12.569 y 15232 y leyes nacionales 26.485 y 27.372.).
III. Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 ley 48).
I-88353-2026 " PONS, LUCAS SANTIAGO S/INCIDENTE DE APELACIÓN -MEDIDA CAUTELAR- (PART. DAMN.) ( 14-13-000199-26/00 )"
Para resolver el recurso de apelación deducido contra el auto dictado el 28 de octubre de 2026 por el Juzgado de Garantías nro. 1 Departamental, con intervención de la particular damnificada Romina Vanesa Lombardi y su letrada patrocinante la Dra. Mayra Gisela Vergani y de la Sra. Fiscal, Dra. Lida Osores Soler.
El Sr. Juez Piltevnik dijo:
I. Antecedentes y agravios.
Viene la presente causa a conocimiento de esta Alzada a fin de resolver el recurso de apelación presentado por la particular damnificada contra el auto dictado el 28 de octubre de 2026, mediante el cual el Juzgado de Garantías nro. 1 Departamental, dispuso no hacer lugar a la medida cautelar requerida por la particular damnificada y, asimismo, remitir copias de la investigación al Juzgado de Familia nro. 7 de San Isidro, en el marco del expte. nro SI-11058-26, caratulado "Lombardi, Romina Vanesa Familiar y otro c/ Pons, Lucas Santiago s/ protección contra la violencia familiar (ley 12569)" .
L a particular damnificada impugnó la decisión descripta. En lo sustancial, sostuvo que lo decidido por el Dr. Costa, le genera un gravamen irreparable al denegar la protección física tanto para ella como para su hijo menor. Sostuvo que los fundamentos de grado parten de una premisa fáctica equivocada y omiten ponderar las circunstancias particulares del caso.
Cuestionó que el Magistrado hubiera entendido que su presentación del 22 de octubre constituía una reiteración del pedido formulado ante el Juzgado de Familia, cuando, en realidad, la solicitud de prohibición de acercamiento había sido efectuada inicialmente ante el mismo Juzgado de Garantías el 19 de octubre. Explicó que fue el propio órgano jurisdiccional quien difirió su tratamiento hasta tanto se expidiera el fuero especializado y que, una vez informado lo resuelto por este último, solicitó que se abordara la petición que se encontraba pendiente desde aquella fecha.
En ese contexto, insistió en que la remisión efectuada por el Magistrado genera una situación de desprotección, en tanto ambos órganos jurisdiccionales terminan absteniéndose de resolver el pedido. Circunstancia que -a su entender- genera una "remisión circular": la sede penal remite y el fuero de familia difiere y nadie resuelve. También cuestionó que el Juez de Familia haya supeditado la protección del niño a la concurrencia de sus progenitores a una terapia de coparentalidad.
Asimismo, criticó que el Juez de Garantías se considerara impedido de intervenir por la existencia de un proceso en sede de familia. Señaló que las normas aplicables reconocen a la víctima el derecho a obtener medidas de protección y facultan al Juez interviniente a disponerlas en cualquier etapa del proceso. Reprochó que la resolución no efectuó consideración alguna sobre los elementos incorporados a la investigación, de los que, a su entender, surgen tanto la verosimilitud de los hechos denunciados como el peligro en la demora.
Por todo ello, solicitó que se revoque la resolución impugnada y se disponga la prohibición de acercamiento y contacto del investigado respecto del niño y de su progenitora, así como la prohibición de concurrir al establecimiento educativo y de retirar al menor. Subsidiariamente, peticionó que se ordene al Juez de Garantías emitir un nuevo pronunciamiento, previa valoración de los elementos obrantes en la causa.
Finalmente, hizo reserva del caso federal (art. 14 ley 48).
II. Admisibilidad.
El recurso traído a conocimiento de esta Alzada es tempestivo. Además quien lo interpusiera tenía derecho a hacerlo. Ello así, toda vez que la resolución en crisis fue dictada conforme lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en el Acuerdo 4099 y lo establecido por la ley de Violencia Familiar nro. 12.569. La última norma de mención dispone en el art. 10, que: "las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles."
Asimismo, el recurso interpuesto cumple con las exigencias previstas por los arts. 421, 439, 441, 442 y 443 del C.P.P. Por ello corresponde declarar su admisibilidad.
III. Pronunciamiento que corresponde dictar.
El Juez de Garantías no hizo lugar a la medida solicitada, teniendo en consideración que la problemática familiar se encuentra sometida a conocimiento del Juzgado de Familia nro. 7 Departamental, tanto en el expediente por violencia familiar como en el relativo al cuidado personal del niño.
Analizadas las constancias de la causa, entiendo que por el momento, corresponde confirmar lo resuelto, aunque con algunas consideraciones.
En primer lugar, cabe señalar que el Acuerdo 4099 de la Suprema Corte provincial establece que el Juez de Garantías, una vez anoticiado de una situación de riesgo en un contexto de violencia familiar o de género, debe evaluar la necesidad de adoptar medidas preventivas o de protección, sin necesidad de aguardar el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Esa facultad no desaparece por la existencia de actuaciones en el fuero de Familia. Sin embargo, su ejercicio debe ponderarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso y la intervención que ya se encuentre desarrollando el órgano especializado.
En ese sentido, de las constancias adunadas en los expedientes electrónicos, advierto que la conflictiva familiar se encuentra siendo abordada por el Juzgado de Familia nro. 7 Dptal. que interviene tanto en el proceso por violencia familiar como en el relativo al cuidado personal del niño.
En ese ámbito, el 16 de octubre el órgano referido dispuso no hacer lugar a la medida peticionada y dar vista al Servicio Local de Vicente López "...a los fines de garantizar el derecho a la educación del niño..." y a la Asesoría interviniente ; resolución que se encuentra apelada en la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Dptal. También consta que el 19 de octubre el Juzgado de Garantías nro. 1 Dptal., remitió el pedido de medidas de protección presentado por la damnificada en esa dependencia, al Juzgado de Familia mencionado. El 21 de octubre pasado, ese fuero dispuso que " ... previo a expedirse esta Judicatura con relación a las medidas requeridas, las partes deberán concurrir a terapia de coparentalidad en el instituto "Fundación Hogares" ; cuyo inicio fue acreditado por el Sr. Pons. Finalmente, el 13 de noviembre la Sra. Lombardi fue intimada a que cumpla con idéntico cometido. Las circunstancias apuntadas, permiten advertir que la cuestión se encuentra actualmente abordada y sometida a revisión en aquel fuero especializado.
Es cierto que la recurrente cuestiona la decisión del Juzgado de Familia y considera que la exigencia de tratamiento resulta improcedente frente a lo nuevos hechos denunciados. Sin embargo, no corresponde que esta Alzada se pronuncie sobre la conveniencia de esa intervención; pues se trata de una cuestión que deberá ser examinada por el órgano que se encuentra abordando la problemática familiar en cuestión. Desde esta perspectiva, entiendo que la intervención del Juzgado de Familia y la revisión pendiente constituyen circunstancias que deben ser consideradas al momento de evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada en esta sede.
Por otra parte, el cuestionamiento relativo a que el Magistrado de Grado habría partido de una premisa fáctica equivocada al denegar la medida, tampoco resulta suficiente para modificar lo decidido. La recurrente explica que el pedido presentado el 22 de octubre no constituyó una reiteración de aquel rechazado en familia, sino que procuró obtener respuesta respecto de la solicitud que había formulado ante el propio Juzgado de Garantías el 19 de octubre y cuyo tratamiento había quedado pendiente. Más allá de la secuencia de esas presentaciones, lo cierto es que la cuestión relativa a las medidas de protección ya se encontraba sometida a consideración del fuero especializado. Incluso, como he mencionado, al recibir el primer pedido el 19 de octubre el Juzgado de Garantías remitió las actuaciones a conocimiento de aquel órgano, con el propósito de evitar eventuales decisiones contradictorias. Por ello, entiendo que la diferencia señalada por la damnificada no alcanza, en las circunstancias del caso, para descalificar la solución adoptada en la instancia.
En cuanto a los elementos probatorios que la particular damnificada invoca para sustentar la existencia de una situación de riesgo, de ningún modo se niega aquí su relevancia, ni la necesidad de que sean debida y regularmente considerados. En particular, deberá tenerse presente que la protección de la integridad psicofísica del niño constituye una cuestión primordial. Sin embargo, entiendo que las medidas de investigación solicitadas oportunamente por la damnificada se encuentran siendo diligenciadas por la Sra. Fiscal -conforme al informe que antecede- y, a la vez, la problemática familiar continúa siendo examinada en el fuero especializado.
En este contexto, y sin que ello importe desconocer los planteos de la recurrente ni adelantar opinión sobre los hechos investigados, no encuentro -por el momento- que las constancias actualmente disponibles justifiquen que esta Alzada disponga adoptar las medidas requeridas.
Por ello, con los lineamientos indicados, propongo confirmar la resolución apelada en todo cuanto decide y fuera materia de recurso (arts. 146 del C.P.P., 6 y 7 de las leyes 12.569 y 15.232 y leyes nacionales 26.485 y 27.372).
El Sr. Juez Cayuela dijo: Adhiero mi voto al de mi Colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por los mismos motivos y fundamentos.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación que fuera interpuesto contra el auto dictado el 28 de octubre de 2026, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 10 de la ley 12.569, Acuerdo 4099 de la SCJPBA, 421, 433, 439, 441, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
II. CONFIRMAR el auto dictado el 28 de octubre de 2026, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 146 del C.P.P., 6 y 7 de las leyes 12.569 y 15232 y leyes nacionales 26.485 y 27.372.).
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14 ley 48).
Regístrese, notifíquese electrónicamente a a las partes. Devuélvase por Secretaría encomendando a la instancia las demás notificaciones que estime pertinentes. Sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: PITLEVNIK Leonardo Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: CAYUELA Luis Cayetano - JUEZ
Funcionario firmante: VEGA Viviana Andrea - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 975-2026
Fin de la sentencia