Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8900 FOLIO Nº 006/008 PROT. ELECT. JR101578I.242
Río Gallegos, 26 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada "P.L. S/ Presunto Atentado y Resistencia a la Autoridad” - Expte. Nº 5876/2021 - Apelación/Causa JR Nº 8985/24, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 117/123, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza de Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de la localidad de Puerto Santa Cruz, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado LFP en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, Amenazas y Daño en Concurso Real” (Arts. 89 agravadas en función a lo previsto por el art. 55, 80 inc. 8, 149 bis y 183 del C.P). Que a fs. 131/132vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 145; la defensa no presentó el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Que a fs. 142 se le da intervención a la Sra. Fiscal ante la Cámara atento que esta en juego una cuestión de orden público, quien contestó la vista conferida a fs. 143/vta., quedando de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que surge de autos que al momento de resolver la apelación articulada se habría producido, prima facie, la extinción de la acción penal por prescripción con respecto al delito de lesiones leves agravadas, por lo que considero oportuno que previo al análisis de los agravios articulados por la parte recurrente me pronunciaré sobre este punto, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de orden público, corresponde -de oficio- abordar su tratamiento. Así, se atribuye a LP la presunta comisión del delito de Lesiones Leves Agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, Amenazas y Daño en Concurso Real (Arts. 89 en función del art. 80 inc. 1, 149 bis, 183 y 55 del C.P).
Considerando que la fecha del hecho I atribuído al imputado resulta ser el 08/11/2021 conforme fs. 11 (informe de novedad), la fecha del llamado a indagatoria el 11/09/2023 (fs. 42), y que el máximo legal establecido para la figura atribuida es de 2 años de prisión -delito de "lesiones leves agravadas", art. 89 en función del art. 80 inc. 8 del C.P- se advierte, según lo prescripto por el art. 62 del C.P., que de la fecha del llamado habrían transcurrido dos años y tres días de la extinción de la acción penal, no advirtiéndose en autos ningún otro acto interruptivo al día de la fecha. De esta forma, y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras a fs. 143/vta., en cuanto que habría transcurrido el plazo máximo previsto por el Art. 62º Inc. 2º del Código Penal, corresponde en esta instancia suspender el trámite de la apelación incoada por la defensa técnica en torno al delito de lesiones leves agravadas (Art. 89 en función del inc. 8 del CP), a los fines de que se expidan sobre la eventual procedencia de la extinción de la acción penal por prescripción, debiendo proseguir las actuaciones respecto a los delitos de Amenazas y Daño (Art. 149 bis y 183 del CP) por encontrarse vigente la acción penal respecto de éstas. Ya en otras ocasiones esta Alzada tuvo la oportunidad de hacer referencia a esta cuestión, mencionando que no corresponde que este Juzgado de Recursos se pronuncie al respecto, sino que la misma es una atribución que le compete al Juez de la causa, Apelaciones Nº 6923/21, Nº 4121/12, Nº 4048/12; Fallos CSJN 313:1224 y 322:300).
II. En consecuencia, el tratamiento de los agravios se llevará a cabo en atención a los delitos de Amenazas y Daño.
Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
Plantea la defensa que el Daño provocado lo realiza en un domicilio que también es propiedad del imputado, ya que su difunto padre es el propietario de aquella casa y que además, se da un contexto disfuncional, por lo que las amenazas no reúnen el grado de certeza que la norma prevé.
Indica que lo que dijo fue ante una situación de enojo, impulso pero sin animo real y que en ambos casos su defendido se encontraba ante la ingesta de bebidas alcohólicas -conforme certificados médicos obrantes a fs. 2 y 69-, entendiendo que la capacidad de comprender y dirigir sus acciones al momento de ocurridos ambos hechos se encontraba alterada.
Agrega que el encartado padece de trastorno de la personalidad conforme el informe de la Junta Medica de fecha 22/06/2021 que obra en el incidente de excarcelación a fs. 03/04.
Explica que es una persona que sufre problemas de adicciones (situación que se ve reflejada en la causa: P.L.F. S/ DETERMINACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDA EXPTE. N° P- 0452/17, que tramita ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° UNO e lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia con asiento en Cmte. Luis Piedra Buena, Provincia de Santa Cruz, a cargo de Dr. R.N.M.), que siempre se trató la problemática y que con fecha 06/07/02023 el magistrado inverviniente ordenó al director del nosocomio local para que en el plazo de 48 horas informe qué plan terapéutico se diagramó en relación al Sr. P, medicación prescripta, modos de administración, terapia psicológica, periodicidad de las sesiones, cumplimiento por parte del paciente, así como también los profesionales tratantes y responsables de cada una de las áreas. Señala, que mal podría imputarse a una persona con problemas de salud graves y notorios delito alguno y, mucho menos, aquellos que conciernen a una disfuncionalidad familiar; que ello sería ir en contra de la Convención sobre los derechos con las personas con discapacidad (de garantía constitucional), la Ley de salud mental 26061 y la Ley 3820 sistema de promoción y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Así, plantea que al momento de ocurrir los hechos que se le atribuyen se encontraba con un trastorno alterado, citando el art. 34 inc. 1 del CP.
Que, castigarlo con el presente procesamiento, es a todas luces erróneo y fuera de toda normativa, es -según dijo- discriminar a una persona con discapacidad.
Y cita jurisprudencia a fin de sostener su postura.
Daré inicio al desarrollo del presente agravio indicando que no compartimos el criterio sobre la inimputabildiad del Sr. P que propone la defensa, pues no advertimos que el informe de la Junta Medica (obrante a fs. 03/04 del incidente de excarcelación) constituya una prueba cabal que pueda aseverar la ausencia de consciencia que debió tener el imputado para acceder al beneficio del art. 34 inc. 1.
Lo cierto es que, de las constancias en autos, no se observa tan palmariamente que el imputado no haya podido comprender la criminalidad de sus actos. Máxime, teniendo en cuenta que -según surge del informe de fs. 01vta.-, el imputado habría intentado ingresar al domicilio de su progenitora y ante la negativa de ésta, el mismo se torno agresivo y daño el vidrio de la puerta de ingreso. También es dable agregar que al momento en que los agentes intentaron cumplir con las diligencias de rutina, el imputado no permitió que lo revisaran. En efecto, entendemos que el despliegue del encartado, a saber: intentar ingresar al domicilio de su progenitora, amenazarla y dañar la puerta de ingreso principal ante la imposibilidad de acceder a la vivienda y negarse a ser revisado, son acciones que exigían cierta coordinación psicomotriz, situación que permite aseverar -al menos con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal-, que a pesar que la defensa plantea que el Sr.
P padece de trastorno de personalidad y sufre problemas de adicciones, el referido se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales pudiendo comprender la criminalidad de sus acciones y dirigirlas. Debemos señalar que, “...las causales de desincriminación previstas en el art. 34 del C.P., por su especial carácter excepcional, no pueden presumirse, ni admitirse "in genere" sólo por la existencia de enfermedad, crisis o adicción, que de por sí no habilitan a la inimputabilidad, sino que debe comprobarse la efectiva imposibilidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones…” (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Sala 06, “P.J.C. s/ Culpabilidad” Sentencia 15 de Febrero de 1994, Magistrados: González Palazzo- González-, Id SAIJ: FA94060117, Nro.
Interno: 0000025582). De igual modo, se ha indicado que “...la fórmula de inimputabilidad regulada en el inc. 1, art. 34, Código Penal, es mixta, comprensiva de componentes psíquicos y normativo, por lo que no bastará la sola alteración o insuficiencia de las facultades mentales o el grado de inconciencia del imputado, sino que será necesario valorar si estas anomalías privaron al autor de comprender la criminalidad del acto (intelecto) o de dirigir sus acciones (voluntad) para resolver, así, la concurrencia o no de su inimputabilidad, y sus efectos en el proceso…” (Z., S. A. s. Abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor /// Cám. Crim. 2ª Nom., San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca; 02/02/2023; Rubinzal Online; RC J 871/23).
En este sentido, debemos aclarar que la sola circunstancia de que una persona presente un trastorno mental u anomalía psíquica no debe traducirse en inimputabilidad pues, ello va a depender de la capacidad intelectiva y volitiva del sujeto al momento del hecho delictivo.
En suma, el sólo hecho de que el Sr. P padezca trastorno de la personalidad no significa que deba reputarse como inimputable -ello tendiendo en cuenta que trastorno o anomalía mental no son sinónimos de inimputablidad-.
Finalmente, debemos remarcar que el art. 34 del C.P. reviste un carácter excepcional, siendo necesaria su acreditación en el caso concreto. La mera presunción de ingesta de sustancias psicoactivas o el padecimiento de un trastorno por si mismo, no alcanza para hacer aplicable la norma exculpatoria sino que es menester que produzca la imposibilidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones, no existiendo elementos que puedan acreditar tal extremo. Ahora, acerca del planteo por el cual el recurrente intenta desligar de resposabildiad de los daños a la propiedad de su progenitora como de las amenazas proferidas a ésta, entendemos que se trata de un cuestionamiento hacia a la calificación legal a la que arribó la a quo, y tendiendo en cuenta que el criterio de esta Alzada, sobre que no es pasible de revisión en esta instancia ya que, los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23, 8190/23, 8751/24, entre otras. Sin embargo, y a fin de evacuar dudas, advertimos que la Instrucción explicó de manera fundada la razón que la llevó a encuadrar el hecho reprochado en función de lo previsto por los arts. 149 bis, 183 y 55 del Código Penal, provisoriamente calificado como “...Amenazas y Daño en concurso real…”, motivo por el cual el presente agravio no prosperará.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. SUSPENDER la tramitación del recurso de apelación respecto del hecho de “Lesiones Leves Agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial en ejercicio de sus funciones” (Art. 89 en función a lo previsto por el inc. 80 inc. 1) por el que fuera procesado LFP en el punto I) del resolutorio atacado, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-
2. CONFIRMAR el auto de fs. 117/123, en cuanto dispone el procesamiento sin prisión preventiva del imputado LFP en orden al delito de “Amenazas y Daño" (arts. 149 bis y 183 del código Penal), en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
4. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia