Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe impone requerir a la instrucción dar inmediata intervención a la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes que por turno corresponda en carácter complementario, a fin de resguardar los derechos de la menor MVP.
Cabe señalar que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para asegurar su bienestar. Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
Es dable agregar que esta Alzada ha manifestado en diversos expedientes la obligatoriedad de notificar a la defensa complementaria la evolución del legajo, y desde su inicio, cuando estén comprometidos los intereses de personas menores de edad presuntamente víctimas de delitos (criterio asentado en la causa 8351/23). Que, atento la recurrencia en las omisiones tornó necesario el dictado de una circular para su cumplimiento a todas las dependencias de Instrucción y Penal Juvenil de la Primera Circunscripción Judicial (001/21 del 02 de agosto de 2021).
III. Perspectiva de derechos:
TOMO CXXV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8161 FOLIO Nº 054/057 PROT. ELECT. JRS1037I.231
Río Gallegos, 12 de octubre de 2023.-
La presente causa caratulada “P.A. S/ Lesiones y Amenazas" - Expte. Nº 79090/19 - Apelación/Causa JR Nº 8533/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 49/53vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado AP en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por su comisión en el contexto de la relación de pareja que mantenía con la damnificada y mediando violencia de género en concurso real con Amenazas” (Arts. 55, 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 149 bis del CP); en tanto que en el punto 2º) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000). Que a fs. 56/58, la defensa del procesado apeló aquella resolución, motivándola en esa misma ocasión; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 64 (conf. código de validación d2714722) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordarán cada uno de los agravios por separado en el orden propuesto por la parte recurrente.
1. La defensa considera que la resolución puesta en crisis no resulta de una derivación razonada del derecho vigente y ajustado a las constancias probatorias colectadas en la pesquisa. Indica que las aseveraciones de cargo resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de toda apoyatura probatoria.
Agravia a la apelante que la a quo sostenga que la versión de la denunciante haya sido clara, concordante, precisa y que no surgen indicios para dudar de su veracidad, ni presumir animosidad de perjudicar injustificadamente al Sr. P, y que tales conclusiones son personales sin encontrarse basadas en medio probatorio que refuerce los dichos de la víctima. La defensa se agravia por la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma fehaciente la comisión del delito que se le atribuye a su defendido.
Indica que, para la a quo cobran especial relevancia los dichos de la víctima, no existiendo testigos que puedan acreditar la veracidad de los dichos de la Sra. P.
Que se omitió darle el análisis que requiere el certificado médico del imputado, donde surge que presentaba lesiones de carácter leves, al igual que la presunta víctima, dato que -a su criterio- es relevante, que no debió pasar inadvertido y agravian a esa defensa.
Señala que de la fotografía de fs. 14 no se observan lesiones y que la calidad de la imagen está distorsionada, no pudiendo ser considerada en contra de su defendido para reprocharle responsabilidad, toda vez, que no coincide con la declaración de la denunciante.
Correlativamente, explica la defensa que al revestir la damnificada el carácter de pretensa víctima sus dichos tienen que ser analizados con mayor estrictez valorativa.
Que por no poder llevar al grado de certeza sobre si el accionar del imputado ha sido delictivo o no, entiende que no corresponde el procesamiento.
Daré ingreso al desarrollo del presente agravio indicando, respecto a la arbitrariedad y orfandad probatoria aludida, que en el pronunciamiento atacado no se avizora carencia de sustento probatorio ni se advierten interpretaciones caprichosas o meramente subjetivas.
Contrariamente, debo resaltar que la a quo analizó en forma prolija y pormenorizada toda la prueba rendida en los autos, para luego de la meritación de la misma, concluir estableciendo la participación y responsabilidad del encartado con las calificaciones legales allí encuadradas.
En este sentido, entiendo que las pruebas merituadas por la Sra. Jueza, a saber: la denuncia incoada por la Sra. JP ante la Comisaría de la Mujer y ante la OVD fs. 03/06 y 11/12, el Informe de situación de riesgo de fs. 07/09, el certificado médico de fs. 13, la fotografía de fs. 04, la aprehensión de AP; entre otros, son elementos de convicción válidos, que valorados en su conjunto permiten argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados. Por otra parte esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados. Que no podemos soslayar, tal como lo mencionó la Sra. Jueza, que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Por si fuera poco, es importante destacar que la víctima ha narrado su versión de los hechos en dos oportunidades sin entrar en contradicción, y a su vez que ambos relatos coinciden con lo descripto en los informes policiales de autos.
Así, la Sra. Jueza a fs. 50 refirió: “...Comisionado personal policial al requerimiento, mantuvo entrevista con la Sra. P, quien les manifestó que momentos antes a su arribo, su pareja, AP, quien encontrándose en estado de ebriedad y previo insultarla, la había agredido físicamente mediante un puntapié en las piernas. Consecuentemente, personal policial procedió a la aprehensión del encausado en el lugar. -vr. acta de fs. 17 y vta.- Circunstancias éstas que robustecen el relato efectuado por la damnificada en su primer denuncia, toda vez que queda evidenciado el reiterado accionar violento del encartado…” A fs. 51vta. argumentó: “...que hay que destacar también con signo incriminante, el informe policial agregado a fs. 16, y el acta de aprehensión de fs. 17 y vta., que ubican a AP en el lugar del hecho, horas después de acaecido el suceso de marras…”.
De ahí, podemos decir que el agravio que indica la inexistencia de testigos presenciales quedaría desvirtuado.
En suma, los obrados exhiben suficiente información para presumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado podría haber agredido física y psicológicamente a su pareja, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género, para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Continuando con los puntos motivo de agravio, habré de referirme a las lesiones del imputado que surgen del certificado médico policial, advirtiendo que las mismas habrían sido generadas por la damnificada en un intento de defenderse de las agresiones que éste le habría propinado.
En efecto, surge a fs. 03vta.: “...me arrinconó contra la puerta y empezó a pegarme piñas en la cabeza, me reventó el labio (posee un corte en el labio inferior y chichones en la cabeza). La disiente logró agarrar un matafuego que se encontraba a su alcance para defenderse y se lo arrojó impactando en su ex pareja…”. Ello se robustece con el certificado médico de la Sra. PJ, que refiere: “...presenta contusión edematosa por palpación en región parieto occipital izquierda y contusión edematosa con equimosis en labio inferior…”, lo que a su vez, se vincula con la imagen cuestionada por la recurrente, la cual, a nuestro criterio cuenta con un apto carácter representativo de los daños corporales de la víctima. Además, la fotografía referida por la defensa forma parte del sumario de actuación policial, la cual fue registrada al momento de realizar el examen médico a la damnificada, lo cual surge del certificado a fs. 13.
Por otro lado, cabe resaltar que la misma fue detallada al momento de realizarse el acto de declaración indagatoria y que la recurrente no cuestionó dicha prueba en aquel momento.
En razón de lo expuesto podemos determinar que la resolución se encuentra fundada en elementos de cargo objetivos, no advirtiéndose arbitrariedad por parte de la instructora, por lo que no se le hará lugar al presente agravio.
2. Por último, señala la defensa en el desarrollo de sus agravios que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Ochocientos Mil ($800.000) resulta excesivo, en tanto y en cuanto no escapa al conocimiento de la A quo, que al encartado le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario, razón por la cual solicita se revoque la resolución impugnada. En efecto, el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a AP y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Ochocientos Mil ($800.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 53, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso AP. II) En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuídas a este Juzgado de Recursos, tras el análisis de la presente causa se advierte que, en función de las constancias obrantes surgiría, del relato de la Sra. PJ, que el imputado la habría ejercido violencia contra ella frente a la menor MVP -hija de ambos-. Surge a fs. 05: “…la niña presencia la violencia verbal que el denunciado ejerce sobre la diciente, momento en que M interviene y le dice a su padre: “basta, listo papá”. Agregando: “queda impactada, ella se da cuenta de todo”, Finalizando comenta que notó cambios en la conducta de su hija, expresando: “esta más agresiva, empezó a gritar, por ahí le llamo la atención y me quiere pegar…”.
Por ello, se impone requerir a la instrucción dar inmediata intervención a la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes que por turno corresponda en carácter complementario, a fin de resguardar los derechos de la menor MVP.
Cabe señalar que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para asegurar su bienestar. Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
Es dable agregar que esta Alzada ha manifestado en diversos expedientes la obligatoriedad de notificar a la defensa complementaria la evolución del legajo, y desde su inicio, cuando estén comprometidos los intereses de personas menores de edad presuntamente víctimas de delitos (criterio asentado en la causa 8351/23). Que, atento la recurrencia en las omisiones tornó necesario el dictado de una circular para su cumplimiento a todas las dependencias de Instrucción y Penal Juvenil de la Primera Circunscripción Judicial (001/21 del 02 de agosto de 2021).
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 49/53vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER a la Sra. Magistrada lo consignado en el punto II) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia