Abriendo la norma
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9003/25 Sentencia: Definitiva Actor: P. C. S.
Demandada: A. C. E.
Objeto: Liquidación de la Sociedad Conyugal Fecha: 01-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 15 del mes de Abril de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “P. C. S. C/ A. C. E. S/LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL" Expte. Nº 22.172/24 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9.003/2.025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda Bard y Humberto Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Por PE 1266171-2024 se presenta el Sr. S. P. C. con el patrocinio letrado del Dr. C. T. V. y promueve incidente de liquidación de la comunidad conyugal en contra de la Sra. E. A. C., solicitando se ordene liquidar los bienes que resulten integrantes de la misma. Con tal objeto relata que en los autos caratulados “A. C., E. y Otro S/DIVORCIO VINCULAR” Expte. 21.274/2023, en fecha 31 de agosto de 2.023 se decretó el divorcio entre las partes y la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la fecha de la presentación de la demanda el 14/08/2.023. Aclara que hizo mención de la inexistencia de bienes integrantes de la sociedad conyugal toda vez que un automóvil y un inmueble resultaron adquiridos de su peculio, en tanto el rodado se adquirió con la entrega de otro vehículo en parte de pago y el saldo fue abonado exclusivamente por su parte y el inmueble ya lo tenía incorporado a su patrimonio con anterioridad al matrimonio.
Señala en ese sentido que el único bien integrante de la comunidad conyugal es un rodado marca Renault, modelo Duster Luxe 2.0 4x2, Dominio NOF 587, modelo 2.014, destacando que de la documentación surge que su estado civil era casado y que la Sra. A. C. era su cónyuge, de modo que dicho bien integra la sociedad conyugal. Expresa que el vehículo se encuentra en poder de la demandada, por lo que corresponderá ordenar su liquidación a través de la adquisición de alguno de los cónyuges del 50 % del otro o bien ordenando su secuestro y venta en subasta pública con distribución de su producido a las partes.
Que en relación al inmueble aludido entiende que se trata de un bien propio ya que como surge de la Resolución Municipal Nro. 0031 de fecha 16 de Marzo de 2.017 e identificado como Parcela 014 de la Manzana 013600, Sección 02 de Pico Truncado, fue adjudicado con anterioridad a la celebración del matrimonio. Destaca que del instrumento acompañado surge que la construcción al momento de la adjudicación municipal era de un 90 % lo que acredita que todo lo construido es de su propiedad y que hubo un error de su parte al otorgarse el título de propiedad, ya que se omitió consignar que se trataba de un bien propio.
Por esas razones pide se declare que el inmueble es un bien propio y se lo excluya de la comunidad conyugal. Funda en derecho y ofrece prueba y hace su petición final.
II. Que por PE 1324416-2024 se presenta la Sra. E. A. C. con el patrocinio letrado del Dr. R. E. y contesta demanda. Formula una negativa general de hechos y manifiesta que en los autos caratulados “P. C. S. C/ A. C., E.” Expte. Nro. 22.172/24 se ha decretado el divorcio en fecha 14/08/23. Reconoce la existencia del vehículo indicado por la actora y denuncia que la propiedad de la cual se acredita la titularidad, al momento de la unión estaba construida en un 50 % y que ella ayudo a terminarla tanto económicamente como con su mano de obra.
Solicita la atribución del hogar conyugal invocando que se encuentra en una situación de desventaja económica y con un hijo menor a cargo. Agrega que no cuenta con un empleo que le garantice medios de subsistencia con su hijo y que subsiste con un emprendimiento de venta de indumentaria. Propone se divida el automotor en un 50 % a cada uno y el Sr. P. C. abone el 50 % de las mejoras realizadas en el inmueble según tasación.
Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
III. Por PE 1422403-2024 obra acta de audiencia preliminar en los términos del art. 338 del CPCC. Por PE 942922-2024 se clausura el periodo probatorio y a PE 1578834-2024 la parte actora acompaña alegato de bien probado.
IV. En PE 960095-2024 pasan los autos a despacho para dictar sentencia y por PE 1784233-2025 se dicta sentencia definitiva en fecha 11 abril de 2.025, mediante la cual, en el punto primero se hace lugar parcialmente a la demanda de liquidación de sociedad conyugal iniciada por el Sr. S. P. C. contra la Sra. E. A. C., liquidando la comunidad de bienes, disponiendo el rodado vehículo Renault Duster Luxe, dominio NOF 587 el cincuenta por ciento (50%) al señor S. P. C. y el cincuenta por ciento (50%) a la Sra. E. A. C., la que deberá abonar el monto equivalente a la contraria a los fines de obtener el cien por ciento del mismo, ordenando el libramiento de oficios al Registro Nacional de la Propiedad Automotor de Pico Truncado. En el punto segundo declara como bien ganancial el inmueble sito como parcela 014, manzana 013600, sección 02 de Pico Truncado, disponiendo la división al cincuenta por ciento (50%) del inmueble a nombre de la señora E. A. C. y el cincuenta por ciento (50%) a nombre del Sr. S. P. C., librándose oficio al Registro de la Propiedad Inmueble Provincial. Impone las costas a la demandada vencida y a los fines de la regulación de honorarios, resuelve que el profesional interviniente deberá denunciar su N° de CUIT y su calidad de Inscripto o No inscripto ante ARCA conforme el Acuerdo 2628/96 del TSJSC.
V. Contra el fallo dictado la parte actora interpone recurso de apelación y expresa agravios mediante PE 1826393-2025. En particular su queja se dirige en contra del Punto 2) del resolutorio, consintiendo lo restante. Solicita en consecuencia se revoque el punto objeto de apelación con imposición de costas.
En ese sentido alega que le causa agravio el punto en cuestión en cuanto declara como bien ganancial el inmueble sito en Parcela 014, Manzana 013600 de Pico Truncado, achacándole al juez de grado una inexistente valoración de la prueba y por ende una conclusión equivocada en perjuicio de su parte. Califica al fallo como parcial y arbitrario. Señala en ese sentido que la prueba aportada acredita que el bien inmueble fue adquirido y construido por su parte y adjudicado por la Municipalidad de Pico Truncado con anterioridad al matrimonio con la demandada, resaltando que inclusive se encontraba totalmente terminado en su construcción y habitable con su esfuerzo propio. Sostiene así que acreditó que el inmueble se trata de un bien propio adquirido cuando era soltero y por ello no integra la sociedad conyugal, lo que surge de la Resolución Municipal Nro. 0031 de fecha 16 de marzo de 2.017. Dice que de ese instrumento administrativo surge que la construcción al momento de la adjudicación municipal era de un 90 % lo que acredita que lo construido es de su exclusiva propiedad. Hace hincapié en la prueba informativa producida por la Municipalidad de Pico Truncado resaltando la solicitud de tierra en la que figura como soltero y el permiso precario en el que también figura como soltero. Hace referencia a secuencias fotográficas agregadas al expediente administrativo.
Reconoce que su error fue que al otorgarse el título de propiedad se omitió consignar que se trataba de un bien propio, no obstante entiende que ello surge de la prueba informativa aportada.
Expresa asimismo que ha sido su parte quien hizo el aporte para la adjudicación del inmueble incluido el pago del terreno y que no hubo aportes de la demandada, ya que cuando ella llega a vivir a ese domicilio el inmueble se encontraba prácticamente terminado.
Razona que la prueba testimonial ofrecida por su parte acredita su postura y que los ofrecidos por la demandada también coinciden en que el inmueble se encontraba prácticamente terminado y que la ayuda de la demandada era acarreo de tierra o alcanzar cemento y nada más, concluyendo por ello que ni tan siquiera puede peticionar un resarcimiento o reintegro de sus aportes y mucho menos pretender algún derecho real de propiedad sobre el mismo. Concluye sosteniendo que ha quedado claro que el inmueble es un bien propio y corresponderá excluirlo de la comunidad conyugal revocando la resolución de grado.
Formula luego consideraciones personales que se tienen presentes y sostiene que el juez de grado reconoce derechos de un 50 % del inmueble a la demandada sin que haya aportado pruebas al respecto implicando un enriquecimiento sin causa que no puede ser tolerado en derecho.
VI. A su turno la parte demandada también apela la sentencia y expresa agravios por PE 1857524-2025. Se queja concretamente por cuanto se imponen a su parte las costas del proceso, las que califica de injustas y carentes de fundamento jurídico ya que el fallo hace lugar parcialmente a la demanda de liquidación de sociedad conyugal y reconoce ganancialidad y partición del bien inmueble así como la división igualitaria del rodado, lo que a su entender refleja que la decisión no ha sido totalmente favorable al actor. Sostiene después que la imposición de costas total a su parte contradice el principio objetivo del vencimiento mitigado conforme lo prevé el segundo párrafo del art. 68 del CPCC que dispone que las costas serán distribuidas cuando el resultado del pleito no sea enteramente favorable a una de las partes. Solicita se revoque el punto 3 del fallo y se disponga la distribución equitativa de las costas.
VII. Por PE 1899329-2025 la parte actora contesta el agravio de la demandada y los agravios de la actora no reciben replica de su contraparte.
VIII. Resumidos los cuestionamientos formulados por las partes mediante los sendos planteos recursivos que cada una dirige en contra de la sentencia de grado, ingresaré primero al estudio de la queja de la accionante mediante la cual concretamente critica que se haya reconocido carácter ganancial al bien inmueble denunciado en autos. Su postura la apoya sustancialmente en el hecho de que dicho bien le fue adjudicado cuando su estado civil era soltero y al momento de confeccionarse la pertinente escritura traslativa de dominio no dejo constancia de esa situación, figurando allí que estaba casado con la Sra. E. A. C., no obstante lo cual, entiende que esa circunstancia no le quita la calidad de bien propio.
Así las cosas, parto de la base de que tal como el quejoso lo señala, la prueba informativa arrimada por el Municipio de la localidad de Pico Truncado da cuenta que el inmueble en cuestión fue adjudicado en venta por Resolución Municipal Nro. 0031 de fecha 31 de Marzo de 2.017, al Sr. P. C., S. En sus considerandos, consta que en el expediente Nro. 1992/PCS/2.015 obra permiso precario de ocupación de tierra fiscal de fecha 15 de julio de 2.015 a favor del actor, consignándose entre sus datos personales que su estado civil es soltero. De acuerdo a la copia obrante en autos de la sentencia emitida en las actuaciones caratulados “A. C., E. y Otro S/DIVORCIO VINCULAR” Expte. 21.274/23, las partes contrajeron matrimonio el día 20 de febrero de 2.018 decretándose el divorcio vincular con fecha retroactiva a la presentación de la demanda, esto es, el día 14 del mes de agosto de 2.023, por lo que tal como lo afirma el recurrente, efectivamente era soltero al momento de obtener la adjudicación del inmueble de que se trata.
No obstante lo cual, advierto que la parte demandada en la oportunidad de contestar la acción, manifestó que tal propiedad al momento de la unión estaba construida en un 50 % y que ella ayudo a terminarla económicamente y con su propia mano de obra. Y es en éste punto adonde debo detenerme y centrar el análisis por resultar según mi criterio, una cuestión medular para la resolución del punto.
Parto de la base que conforme a lo estipulado por el art. 463 de CCYC “a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este Capítulo (Capitulo 2-Sección 1)..” Es decir, a falta de opción de los contrayentes en el marco de las convenciones matrimoniales que introduce el nuevo Código Civil y Comercial, se aplica el régimen de comunidad de ganancias, el que comienza obviamente con la celebración del matrimonio.
A su turno, el art. 464 de ese cuerpo legal, hace una calificación detallada de los bienes propios de los cónyuges y tal como lo señala la doctrina “En términos generales, las pautas básicas que determinan el carácter propio o ganancial de un bien se basan en: a) la fecha de adquisición; b) el carácter de la adquisición y c) el carácter de los fondos empleados en la adquisición” de Código Civil y Comercial – Doctrina y Jurisprudencia – Derecho de Familia – Tomo I – Marisa Herrera – Ricardo Luis Lorenzetti. Pág. 198.
Que en el caso en estudio, analizada la prueba, interpreto que estamos frente a un bien que ha tenido una causa anterior al comienzo del régimen, pues ha precedido a la comunidad. Lo interpreto así ya si bien la escritura traslativa de dominio ha sido emitida estando celebrado ya el matrimonio, la causa que precedió al otorgamiento del instrumento público fue indudablemente el acto administrativo de adjudicación de fecha anterior en el que se dejó constancia de la existencia de un permiso precario de ocupación de tierra fiscal que data de fecha 15 de julio de 2.015.
Por estas razones el bien inmueble en cuestión constituye un bien propio del accionante.
Sin perjuicio de lo cual, tal como lo señale en el inicio del presente, debo tener en cuenta y no pasar por alto el aporte que indudablemente al inmueble del caso le hizo la demandada, la que, acreditado está, ayudo con las mejoras ya edificadas tal como señalan las testimoniales recibidas. En efecto, a PE 1501049 obran las actas de los testimonios aportados por la parte demandada, Sres. S. M. P., J. C. B. y G. N. R. Ellos fueron todos contestes al relatar los trabajos que la nombrada realizo en la vivienda. Concretamente llevando a cabo la conexión del servicio de gas y trabajos propios de albañilería tales como trasladar tierra y cemento para hacer relleno conforme lo reconoce la propia parte actora. Así también testimonian que la accionada era una emprendedora que vendía determinados productos.
Así las cosas, opino que las labores detalladas, más allá de haber sido practicadas en una edificación ya empezada y que está asentada inseparablemente sobre el terreno que pertenece al actor, deben ser reconocidas a la cónyuge no titular, pues, lo contrario conllevaría a convalidar un enriquecimiento sin causa.
En este sentido se tiene dicho que: “..las mejoras que dan mayor valor al bien propio, cuando se realizan mediante inversiones de origen ganancial, son gananciales por ser típicas adquisiciones que integran la comunidad. Pero como simultáneamente la mejora ha accedido a un bien propio, lo computable como ganancial es el valor de la misma, en tanto y en cuanto proporcionó al bien propio un mayor valor” Cita: MJ-JU-M-115611-AR/MJJ115611 – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Fecha: 8-Oct-2.018.
Es por todo ello y teniendo especialmente en cuenta que en el matrimonio impera la idea asociativa con base en el valor de la solidaridad que hace de dicho instituto una comunidad de adquisiciones y también de cargas, estimo que, sin perjuicio que la propiedad del inmueble corresponde al patrimonio de la parte actora, es justo reconocerle a la demandada ganancialidad sobre las mejoras allí construidas. En cuanto al porcentaje, voy a reparar en la informativa remitida por la Municipalidad de la ciudad de Pico Trucado, la que como señale antes, al momento de la adjudicación del inmueble al actor detalló que el avance de la edificación era de un 90 %. Que por esa razón la ganancialidad que se le reconoce sobre las mejores las estipulo en un 10 % del total de lo edificado. En tal orden deberá la recurrente abonar el monto equivalente a ese porcentaje a la contraria la que deberá permanecer viviendo en el lugar hasta tanto se formalice el pago. A tales fines, deberá la interesada acompañar a autos dentro del término de cinco (5) días la tasación del inmueble o en su defecto se designe perito tasador a cargo de las partes.
En virtud de todo lo expuesto entiendo que deberá hacerse lugar parcialmente al agravio en tratamiento reconociéndole a la parte demandada ganancialidad sobre las mejoras edificadas en el inmueble propiedad del actor en un 10 % de lo edificado. Así lo propongo al acuerdo.
Que respecto del agravio de la parte demandada, la que critica en particular la imposición de costas decidida en la anterior instancia fundado en el hecho de que la acción promovida no fue admitida en su totalidad, voy a darle la razón a su postura. Efectivamente, por un lado, tal como se señala en agravios, esa parte no ha sido vencida en su totalidad como para que cargue con las costas del proceso y por el otro, de la propia naturaleza de la cuestión que se debate, interpreto que medió razón fundada para que litigue en el proceso no siendo razonable para distribuir la imposición de costas, exigirle un allanamiento a las pretensiones del actor tal como lo expone esa parte en su contestación de agravios.
Se ha dicho en ese sentido que “Corresponde revocar la decisión mediante la cual el a quo hizo lugar a la revocatoria introducida por la demandada y, por ende, dejó sin efecto el embargo ordenado (de los autos principales); con costas por su orden. Siendo que el principio que rige en el tema de costas adopta la teoría del hecho objetivo de la derrota (CPR 68); no tiene una finalidad punitoria sino que responde al propósito de resarcir al vencedor los gastos en que debió incurrir para obtener el reconocimiento de su derecho. Sin embargo, se aprecian -en el caso- circunstancias excepcionales que permiten dispensar al demandado de tal regla general. Ciertamente, la exención de costas que autoriza el CPR 68 procede, en general, cuando media razón fundada para litigar, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio, no tratándose de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo. Con tal inteligencia, la particular cuestión aquí planteada, constituye, a juicio de los firmantes, un elemento de relevancia que justifica distribuir las costas en el orden causado desde que la demandada pudo haberse creído a peticionar como lo hizo en función de la interpretación que efectuó de la ley 27541” Sumario del Fallo: 5 de abril de 2.022 – Id. SAIJ: SUN0032163.
Por lo expuesto propongo admitir el agravio de que se trata y por ende imponer las costas de la primera instancia en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es parcialmente justa correspondiendo aplicar las costas en esta instancia en el orden causado conforme al resultado del presente. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
IX. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante. En el caso se encuentra acreditado que el trabajo personal de E. A. C. ha incrementado valor en el patrimonio de su ex pareja, quien en esta circunstancia adquiere un bien mayor valuado que cuanto lo adquirió. Lo contrario importaría reconocer un enrequecimiento sin causa para el actor (conf. arts. 1794 y ccs. del CCC). Adhiero al voto expresado por el Dr. Fernandez.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
X. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente el agravio formulado por la parte actora reconociéndole a la parte demandada ganancialidad sobre las mejoras edificadas en el inmueble propiedad del actor en un 10 % de lo edificado. En tal orden deberá la recurrente abonar el monto equivalente a ese porcentaje a la contraria la que deberá permanecer viviendo en el lugar hasta tanto se formalice el pago. A tales fines, deberá la interesada acompañar a autos dentro del término de cinco (5) días la tasación del inmueble o en su defecto se designe perito tasador a cargo de las partes. 2) Admitir el agravio de la parte demandada y en consecuencia imponer las costas de la primera instancia en el orden causado. 3) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado (arts. 68 del CPCC) 4º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Dr. C. T. V., patrocinante de la parte actora en un 35 % y del Dr. R. E., apoderado de la parte demandada, en un 30 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 15 de Abril de dos mil veintiseis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir parcialmente el agravio formulado por la parte actora reconociéndole a la parte demandada ganancialidad sobre las mejoras edificadas en el inmueble propiedad del actor en un 10 % de lo edificado. En tal orden deberá la recurrente abonar el monto equivalente a ese porcentaje a la contraria la que deberá permanecer viviendo en el lugar hasta tanto se formalice el pago. A tales fines, deberá la interesada acompañar a autos dentro del término de cinco (5) días la tasación del inmueble o en su defecto se designe perito tasador a cargo de las partes. 2) Admitir el agravio de la parte demandada y en consecuencia imponer las costas de la primera instancia en el orden causado. 3) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado (arts. 68 del CPCC). 4º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Dr. C. T. V., patrocinante de la parte actora en un 35 % y del Dr. R. E., apoderado de la parte demandada, en un 30 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Humberto Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y en encontrarse en uso de licencia. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Griselda I. Bard – Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 020 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3191 Folio Nº: 100/106 Secretaria: 1
Fin de la sentencia