Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el auto glosado a fs. 741/748 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8357 FOLIO Nº 034/036 PROT. ELECT. JR101232I.231
Río Gallegos,18 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada “P.M. S/ DENUNCIA” Expte. Nº P-9555/17, Apelación Nº 8515/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 741/748 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto San Julián, quien en el punto 1) dictó la falta de mérito a favor de A.T.; D.E.R.; M.P.B.; H.M.B. y M.C.J., en orden al delito de “fraude en perjuicio de la administración pública en carácter de autores y/ participes necesarios –respectivamente-” (arts. 174 inc. 5 del Código Penal). Que a fs. 753/756 y vta., la Sra. Agente Fiscal subrogante de Primera Instancia apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 772/773 sostuvo el recurso y, habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, agravia a la apelante lo resuelto, en razón de la cantidad de pruebas agregadas. En tal sentido, advirtió transgredido el principio de razonabilidad, dado que, a su criterio, se habría realizado una valoración parcial y errónea de las pruebas, excediendo la interpretación a la luz de la sana crítica racional. En dicha línea argumental, señaló que al momento de resolver no se habría realizado un análisis concatenado de la prueba, que conecte los hechos llevados a cabo por los imputados, con el tipo penal que dicho accionar afecta.
Así, coincidiendo con lo manifestado por el Señor Fiscal ante las Exmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial (fs. 663/vta.), aseguró que estaría demostrada la comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta agravado en perjuicio de la administración pública municipal (art. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del Código Penal). A modo ilustrativo, reseñó que el imputado D.E.R. -al desempeñarse como funcionario de la municipalidad- (fs. 212) suscribió –a título personal- convenio de pago nro. 5775 con el ejecutivo municipal, por las deudas que éste y sus hermanas A. e I. ambas de apellido R., mantenían con la municipalidad sanjulianense (cronograma de pago de fs. 70). Señaló que en fecha 1º de enero de 2016, el entonces intendente municipal -A.T.- suscribió con el nombrado R. un contrato de locación que involucraba la cesión de uso y goce de un inmueble en favor de la municipalidad de Puerto San Julián y, como contraprestación, esta compensaba diversos ítems detallados en la cláusula tercera del referido contrato, tales como: impuesto inmobiliario de varios inmuebles, impuestos patente automotor de diversos rodados, así como varios impuestos municipales, correspondientes a diferentes comercios vinculados al señor R. Explicó que se habría logrado establecer -mediante pericia contable de fs. 636/636 vta.- el sobreprecio por montos dinerarios excesivamente superiores en la contratación realizada (arrendamiento de propiedad del incuso R. y familia).
Recordó que dicha operatoria y/o convenio, fue ratificado por resolución nro. 05-HCD-17 -en sesión del 16 de marzo de 2017-, por los funcionarios que en aquel momento integraban el Honorable Concejo Deliberante (concejales M.P.B., M.J. y H.B.), pues dijo que, a sabiendas de la irregularidad de los actos llevados a cabo entre el entonces intendente municipal -A.T.- y el secretario de obras públicas -D.E.R.-, estos ediles homologaron el acto, con la consecuente afectación a las arcas municipales, En particular, reprochó el encuadre legal respecto de los hechos ventilados, pues señaló que corresponde analizar si la conducta del imputado D.E.R. se ve alcanzada por la figura de negociones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Citó doctrina y jurisprudencia en sostén de su postura. Finalizando, criticó que la jueza funde el resolutorio en el informe del Tribunal de Cuentas, al que calificó de defectuoso, pues dijo que el propio ente admitió haber receptado incompleta la documentación de rendición de cuentas presentadas por la municipalidad de Puerto San Julián.
Por último, pidió se revoque la falta de mérito dispuesta.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios impetrados por la apelante, así como los argumentos desplegados por la magistrada en el pronunciamiento atacado, adelantamos, le asiste razón a la recurrente.
Veamos, de la lectura del auto puesto en crisis, surge que la jueza consideró acreditado el cargo que ostentaba el imputado D.E.R. en la fecha de los hechos, así como también tuvo por probada la homologación por parte del Honorable Concejo Deliberante del convenio suscripto entre el entonces intendente municipal de Puerto San Julián -A.T.- y el secretario de obras públicas de la municipalidad -D.E.R.- y familia (sus hermanas A. e I., ambas de apellido R.). También valoró las proclamaciones como concejales de los imputados M.P.B.; M.C.J. y H.M.B.
Tuvo por acreditada la titularidad a cargo de D.E.R. y sus hermanas, de los bienes muebles registrables e inmuebles respecto de los cuales se compensaba la deuda.
Asimismo, valoró la tasación del inmueble que la familia R. entregaba a la municipalidad para su uso y goce, a cambio de la compensación de deudas municipales (ver fs. 462/466).
Por último, la pericial contable glosada a fs. 636/636 y vta., verificó la existencia de un perjuicio económico para la administración pública, por los montos allí consignados, a los que remitimos.
Paralelamente, sopesó las declaraciones indagatorias de los imputados.
Así, tras efectuar un repaso de las pruebas reunidas y admitir el perjuicio a la administración municipal (fs. 636/636 y vta.), sorprendente e inexplicablemente, la magistrada concluye que el acto cuestionado, suscripto entre la municipalidad y el entonces secretario de obras R., resulta ser un acto potestativo del ejecutivo municipal no judiciable (fs. 747 vta.) y, consecuentemente, dicta la falta de mérito para procesar o sobreseer a los imputados. Sin ánimo de extender demasiado la presente, recordemos que la falta de mérito: “… es un pronunciamiento intermedio, de alcance dubitativo, entre el procesamiento y el sobreseimiento. Pero desde el punto de vista formal, se muestra como un mérito desincriminador y provisional del periodo instructorio, con respecto al indagado como imputado y al hecho que se le atribuye.” (Clariá Olmedo, Jorge; "Derecho Procesal Penal"; Rubinzal Culzoni Editores; T. II; pág. 507). En otras palabras, es una resolución sobre el mérito inicial de la imputación que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o de su inexistencia y que, por tanto, no es conclusiva del proceso. (D´albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", Lexis Nexis, T. II, pág. 641). En este sentido, no se advierte duda en la magistrada respecto del carácter del acto, pues –expresamente- dice: “… que tal decisión se trata, sin duda alguna de un “acto político” e “institucional” no judiciable, ajeno a la competencia jurisdiccional.” (ver fs. 747 vta.).
Entonces, en un párrafo de la resolución dice no tener dudas, y en el párrafo siguiente admite tenerlas, consecuentemente, el auto es al menos contradictorio.
Lo expuesto, nos lleva a considerar que, si se tratara de un acto político no judiciable –eventualmente- se imponía el sobreseimiento de los encartados, más no el dictado de la falta de mérito, dado que, aun transcurrido el año previsto en el art. 292 del CPP -para esta misma magistrada-, el acto seguirá siendo no judiciable. Que, respecto de este tipo de actos, se ha dicho: “La potestad del Poder Judicial de revisar los actos administrativos sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad -que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes-… Dicho control de legitimidad supone el de la debida aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se clarifiquen adecuadamente y lo decidido se ajuste al texto legal.” (CSJN; 25/11/1986; F.,R.O. vs. Nación Argentina; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; RC J 18205/13). Sobre el punto, la recurrente aseguró que se habría contratado sin llamado a licitación pública y sin concurso de costes, lo cual convierte al acto en judiciable.
Ahora bien, coincidimos con la recurrente que el repaso de la prueba efectuado por la jueza, evidencia la existencia de elementos suficientes para traspasar la barrera del art. 289 del CPP, dado que se encuentra documentado el negocio jurídico concretado por las partes; quiénes fueron los funcionarios que lo celebraron y participaron, y el presunto perjuicio patrimonial que el acuerdo habría originado al municipio. Por lo antedicho, sin más, debemos revocar el auto impugnado.
II. Para finalizar, en virtud de las facultades conferidas a esta alzada por el art. 165 del CPP, corresponde apartar de la causa a la Señora Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto San Julián, Dra. A.P.M., debiendo intervenir el subrogante legal que corresponda.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 741/748 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia