Abriendo la norma
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9888 FOLIO Nº 161/163 PROT. ELECT. JR101035I.261
Río Gallegos, 25 de febrero de 2026.
La presente causa caratulada: “A.S.S. S/ DENUNCIA” Expte. Nº 32353/25, Apelación Nº 9966/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 33/34 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en los puntos 1) al 3) ordenó desestimar la denuncia incoada por S.S.A., no hacer lugar a la solicitud de la misma de ser tenida como parte querellante en los presentes actuados, y archivar la causa en función de lo preceptuado por el art. 187 segundo párrafo del CPP. Que a fs. 36/46 vta., la pretensa querellante apeló dicho auto.
Que a fs. 63/66 se agregó el dictamen de la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en su presentación, tras repasar las consideraciones vertidas por el magistrado, la pretensa querellante critica que se resuelva desestimar lo denunciado, argumentando que no se vislumbra que la denunciada hubiera desarrollado actividades incompatibles con el ejercicio de la función pública que se encontraba desempeñando como Ministra de Salud de la Provincia, en virtud de que no se evidencia conducta dolosa que le permita encuadrar el hecho en un tipo penal previsto por nuestro Código Penal o leyes especiales. Al respecto, sostiene que estamos ante una situación muy clara y precisa, pues refiere que la entonces Ministra de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz –en lugar de ocuparse de sus obligaciones constitucionales y legales como delegada unipersonal del Gobernador en la cartera de salud y ambiente- desde enero 2025, trabajaba de médica todas las tardes en un consultorio de la firma “V.”, atendiendo pacientes y cobrando por ello dinero en efectivo, entre las 17 horas hasta avanzada la tarde, y en algunas oportunidades hasta la noche. En tal sentido, entiende que lo resuelto por el magistrado no pondera lo que inicialmente –sin prácticamente ninguna investigación relevante- se ha acreditado en autos, esto es, que al menos en una ocasión habría cobrado por sus servicios de forma privada, en lugar de atender gratuitamente a quienes tenía carnet hospitalario y sin extender recibo. Al respecto, pone de resalto que el testigo deponente dio fe que pagó por los servicios de la denunciada, previo haber acordado con la secretaria de la firma “V.”.
Critica lo decidido, pues según dice, lo informado por la citada empresa respecto al periodo de atención es falso, toda vez que según la información que se le ha confiado, la denunciada habría atendido continuamente en dichos consultorios, inclusive hasta la fecha de interposición del recurso de apelación.
En idéntico sentido, asegura que es falso lo informado acerca de que la denunciada hubiera solicitado el uso de un consultorio y del eco cardiógrafo (propiedad de la empresa) para evacuar consultas de cardiología pediátrica de pacientes sin cobertura de salud (carnet hospitalario) tanto de la ciudad como del interior provincial, pues si ello fuera cierto –a su criterio- no tendría sentido que hubiera una secretaria otorgando horarios de consulta e informando al paciente el importe de la consulta. Paralelamente, califica como irregular que la ministra de salud pida en préstamo un consultorio a un prestador de salud que debe ella supervisar, más aún –dice- si dispone de un hospital público, que es su responsabilidad que funcione correctamente.
Asimismo, asevera que es de público conocimiento que habría una secretaria administrativa del HRRG, que le derivaba a la denunciada, pacientes con obra social y con posibilidad de cobrar en efectivo.
Concretamente, explica que no es cierto lo informado por V., respecto de la dificultad de realizar el servicio de cardiología en el HRRG por los conflictos gremiales, pues aclara que, si así fuera, ningún servicio del HRRG funcionaría. Asimismo, refiere es responsabilidad de la entonces Ministra que todo funcione en el HRRG, en lugar de atender como médica cobrando por ello en un servicio privado. Finalmente, niega que el Gobernador de la provincia de Santa Cruz lo hubiera autorizado, pues no se agregó un documento que así lo acredite.
En otro orden de ideas, en relación al rechazo de su solicitud de ser tenida como querellante en la causa, dijo haber cumplimentado los requisitos previstos por el art. 76 del CPP.
Por último, asegura que no se ha investigado seriamente el objeto de su denuncia, pues expresa que la instrucción no ha solicitado ningún informe a la actual ministra, ni al HRRG.
Hace saber que el informe fue emitido por la Sra. M.J.D.V.T. como apoderada de la firma V., quien según dice, prestaba servicios como autoridad superior en el mismo ministerio, e inclusive habría sido superior de la denunciada, cuando ésta fue Directora del HRRG. Agrega que la nombrada es la esposa del ex Ministro de Salud y Ambiente, y también Secretario de Estado del gabinete de la entonces ministra, Dr. A.V.
Por todo ello, sostiene que el resolutorio apelado carece de fundamentación pues, sin investigar, concluye que no hay infracción porque la finalidad del acto no fue un “ejercicio privado de la profesión”, sino el cumplimiento ampliado de su función ministerial en un área crítica del Estado.
Pide se revoque el auto atacado, y se la constituya en querellante en los términos del art. 76 del CPP.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, como señalamos al comienzo, ingresadas las actuaciones a esta alzada, y en función de los planteos esgrimidos por la pretensa querellante, se corrió en vista la causa a la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, consecuentemente, a fin de dotar de autosuficiencia a la presente, conviene transcribir lo pertinente de su dictamen. Así, la titular de la acción penal pública, sostiene que la decisión de archivar la causa carece de fundamentación y resulta prematura, al basarse en una instrucción incompleta, por negarse a producir pruebas trascendentales, motivado por un excesivo rigorismo formal. Al respecto, concluye: “… el archivo dispuesto resulta improcedente, debiendo revocarse el decisorio para permitir que se complete la etapa informativa y determine, con certeza técnica, la relevancia penal de la conducta denunciada.”. Pues bien, llegado el momento de resolver la cuestión, adelantamos, hemos de concordar con el criterio de la Fiscalía de Cámara, en cuanto a que el archivo se presenta prematuro.
Así, tras acoger parcialmente (a fs. 27) los pedidos efectuados por la Fiscalía de primera instancia a fs. 22/22 vta., para formular o no el requerimiento de instrucción; a fs. 31 el magistrado no hizo lugar a la producción de la prueba restante, vale decir, se libre oficio a la CSS a los fines que remita original y/o copia de la receta que habría sido suscripta a nombre de la niña D., en el mes de mayo del año pasado, y si la mencionada receta fue suscripta electrónicamente por la denunciada en autos. Para así decidir, se basó en la ausencia de facultades del órgano jurisdiccional para llevar adelante medidas probatorias sin haberse formulado el requerimiento de instrucción; todo lo cual, llevó a la fiscalía a propiciar la desestimación de la denuncia, lo que finalmente ocurrió en el resolutorio de fs. 33/34 vta.
Que, más allá de la facultad de los jueces de instrucción de practicar las medidas de prueba que consideren pertinentes y útiles, lo cierto es que aquí la decisión deviene contradictoria, pues inicialmente hace lugar al pedido de informes de la firma V., y luego se niega a producir la prueba restante, argumentando que no es facultad de los jueces llevar adelante medidas probatorias. Independientemente de ello, entendemos, acierta la Fiscalía de Cámara al señalar que el estado debe agotar las instancias de verificación para garantizar la transparencia y la legalidad, en los casos en que se investiga la posible vulneración de normas de ética pública e incompatibilidades en el ejercicio de la función ministerial.
Que, entendemos, la decisión adoptada por la instrucción no resulta la recomendada, pues habiendo una persona individualizada como presunta autora de un delito –aun cuando no haya mediado convocatoria a prestar declaración indagatoria- no corresponde el archivo de las actuaciones, sino la opción de una de dos alternativas: o dar curso a la investigación iniciada, a fin de arribar a una solución de mérito, o en su caso, ante la imposibilidad de producir las pruebas que acrediten la materialidad ilícita, desvincular definitivamente a quien se vio sujeto a esa persecución penal y dictar su sobreseimiento (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala I; 05/06/2014; “M, W.D. y otros s/ archivo”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/25136/2014).
Sobre el particular, la jurisprudencia tiene dicho que, no habiéndose agotado la posibilidad de producir prueba para completar el conocimiento de los hechos, la decisión de archivar las actuaciones resulta prematura (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala II; 10/03/2022; B., D. E. s/ legajo de apelación; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/19594/2022). Este criterio fue adoptado por esta alzada, en los autos caratulados: “P. M. s/ denuncia” Expte. N° P-9555/17, Apelación N° 7441/22 y, recientemente, en la causa: “L.A.E. s/ denuncia” Expte. Nº 83.810/21, Apelación Nº 9657/25.
En cuanto a la negativa de acordar a la denunciante el carácter de querellante en la causa, cabe considerar que la misma cumplió con las exigencias previstas en el art. 76 del CPP, consecuentemente, entendemos, no reconocer ese rol, le quita las facultades legales para impulsar la investigación y proponer medidas de prueba, motivo por el cual, también se revocará este punto. Por lo expuesto, hemos de revocar íntegramente el auto apelado.
II. Para finalizar, cabe aclarar que, atento la revocación dispuesta, toda vez que ya ha sido valorada prueba incorporada a la causa, con el afán de evitar que el magistrado se vea condicionado en su recto proceder, y más allá de no estar en duda su probidad, se lo apartará de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del/la Juez/a natural y el principio de especialidad en la Magistratura, entendemos que corresponde su apartamiento en la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, oída la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR íntegramente el auto glosado 33/34 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. APARTAR al Sr. Juez Titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de la presente investigación, debiendo continuar con la misma el subrogante legal que corresponda, por los argumentos expuestos en el considerando II).
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente, al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia