Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.198 FOLIO Nº 035/038 PROT. ELECT. JR101 345I.261
Río Gallegos, 21 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “P.M.R. Y OTRO S/ LESIONES GRAVES” Expte. Nº P-84920/26, Apelación Nº 10301/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 153/164, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.R.P., en orden al delito de “lesiones graves” (arts. 45 y 90 del Código Penal), y en el punto IV) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos un millón ($ 1.000.000).
Que a fs. 173/177, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 184 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que, ingresando en el tratamiento de los agravios esgrimidos por la parte recurrente, es menester efectuar unas breves consideraciones preliminares sobre el estándar de prueba requerido en esta instancia instructoria. En tal sentido, cabe recordar de manera constante que el auto de procesamiento no exige la certeza apodíctica propia de la etapa de debate oral y público, sino que se sustenta en un juicio de probabilidad afirmativa acerca de la materialidad de los hechos delictuosos y la participación prima facie del imputado en los mismos. Como calificada doctrina penal tiene dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio ” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
Bajo estas directrices rectoras, esta Alzada adelanta que el auto interlocutorio dictado por la magistrada de la instrucción se presenta como una derivación razonada del derecho vigente con adecuada correspondencia en las probanzas colectadas, por lo que el recurso de apelación de la defensa no tendrá acogida favorable, de acuerdo a las consideraciones técnico-jurídicas que seguidamente se exponen.
II. De los agravios vinculados a la exclusión de la antijuridicidad:
Sostiene la recurrente que la conducta de su asistido se encuentra justificada bajo el amparo de la legítima defensa (art. 34 inc. 6º del Código Penal), afirmando que el damnificado actuó como agresor ilegítimo al presentarse de forma violenta en el domicilio y patear la puerta, lo que motivó que el imputado reaccionara para defender su integridad. Sin embargo, la atenta y minuciosa lectura de las constancias objetivas reunidas en el legajo desmorona de manera irreversible la hipótesis de justificación ensayada.
Para la procedencia de la legítima defensa, la ley de fondo exige la concurrencia de tres requisitos indispensables: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. En el supuesto de autos, se advierte una absoluta orfandad de dichos presupuestos al momento preciso en que se consumara presuntamente el acometimiento lesivo con el arma blanca.
En primer lugar, si bien el imputado adujo en su indagatoria que la víctima se presentó de manera agresiva pateando la puerta de su vivienda, y que con anterioridad ese mismo día ya había existido una secuencia de disputas donde P. lo empujó hacia el exterior para retirarlo del inmueble, lo cierto es que estas incidencias previas no operan como una habilitación ilimitada para ejercer violencia física desproporcionada con posterioridad.
Por el contrario, de la reconstrucción fáctica realizada a partir de las secuencias fílmicas de seguridad de fs. 3/10 y fs. 104/105, y específicamente del informe de análisis de fs. 104/105 elaborado por personal idóneo de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía provincial, surge con meridiana claridad que, siendo las 16:39 horas del día 29 de junio de 2026, M.R.P. egresó del interior de su domicilio portando de manera visible en su mano derecha un objeto con una extensión metálica compatible con un elemento tipo cuchillo. Acto seguido, en lugar de repeler de forma pasiva una agresión, se dirigió decididamente hacia la posición en que se encontraba la víctima en el patio externo y comenzó a propinarle diversos golpes de puño y estocadas directas en línea recta hacia el torso del damnificado, continuando el forcejeo en el suelo.
De lo expuesto se colige la total inexistencia de una agresión física inminente y armada por parte de la víctima al momento en que el incuso decide salir provisto de un elemento presuntamente corto punzante para agredirlo (fs. 104). El uso de un arma de altísimo poder ofensivo frente a un oponente que se encontraba desarmado y en la vía pública no supera el test de necesidad racional del medio empleado, transformando la acción del imputado en un ataque activo y directo y no en una legítima defensa. Como reiteradamente ha sostenido este Juez de Recursos, la dilucidación de un eventual exceso o la concurrencia de circunstancias de justificación complejas que requieran una amplia producción de pruebas y debate contradictorio es materia exclusiva de la etapa de plenario y juicio oral, bastando para este tramo del proceso la acreditación con grado de probabilidad de la conducta típica y antijurídica desplegada. Por consiguiente, este agravio debe ser rechazado.
III. De los agravios referidos a la falta de dolo, error en la calificación y ausencia de nexo causal:
Cuestiona la defensa la atribución a título de dolo del delito de lesiones graves, postulando la ausencia de intención lesiva por parte de su pupilo y aventurando la hipótesis de una herida accidental o autoproducida por la propia víctima. Dichas alegaciones se dan de bruces con la rigurosidad científica de la prueba pericial médica obrante en las actuaciones.
La materialidad de las lesiones graves sufridas por el damnificado se halla plenamente demostrada a fs. 64, fs. 118 y fs. 148 de autos. Del contundente informe médico legal emitido por el Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia surge que el mismo ingresó al nosocomio con riesgo inminente de vida, presentando una lesión inciso cortante en el hemitórax izquierdo, que le produjo un taponamiento pericárdico secundario a una lesión inciso cortante en el ápex cardíaco, requiriendo una sutura ventricular (rafia miocárdica) y drenaje de urgencia para salvar su vida. Los galenos forenses determinaron de forma unívoca que las lesiones demandaron un tiempo de curación y una incapacidad laboral superior a los treinta (30) días –fijando inicialmente un término superior a sesenta (60) días- y que las mismas fueron producidas por un instrumento con punta y filo compatible con arma blanca (cuchillo, daga, faca o similar). El dolo requerido por el tipo penal de lesiones (art. 90 del Código Penal) se encuentra plenamente abastecido a nivel de probabilidad en el obrar del encartado. Quien extrae un cuchillo de su domicilio, se dirige hacia un tercero y efectúa reiterados movimientos de estocada direccionados de manera directa a una zona de indudable vitalidad como el torso (área pectoral/cardíaca), se representa sin lugar a dudas el resultado lesivo en el cuerpo o la salud del sujeto pasivo y continúa con la ejecución. El nexo de causalidad es directo y lineal: la herida inciso cortante en el ápex cardíaco de la víctima habría sido consecuencia directa de las estocadas asestadas por el incuso con el arma blanca durante el enfrentamiento físico en el patio de la vivienda.
Por su parte, el Sr. Juez de grado descartó con correcto criterio legal la calificación inicial de homicidio en grado de tentativa que pesaba sobre el procesado. Ello así por cuanto, tras consumar la agresión y advertir que la víctima sangraba profusamente y no se reincorporaba, el incuso no continuó con el ataque ni se mostró indiferente, sino que de inmediato ingresó al lesionado a su vivienda, solicitó el auxilio de su vecino A.S.J. y procedió a trasladar personalmente a la víctima a la guardia del Hospital Regional Río Gallegos en el asiento trasero del rodado de aquél, permaneciendo en el nosocomio hasta ser demorado por el personal de la División Comisaría Cuarta. Este comportamiento posterior, valorado in bonam partem, descarta el elemento subjetivo del dolo de muerte (animus necandi), encuadrando de manera prístina la conducta bajo el dolo directo del delito de lesiones graves previsto y reprimido por el art. 90 del Código Penal, circunstancia que esta Alzada convalida en plenitud. Sin perjuicio de todo lo valorado, recordemos que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y no causa estado, de modo que es criterio constante e invariable de esta Alzada que las cuestiones relativas a ella, son revisables cuando la decisión pudiera repercutir en la libertad del imputado o en la pretendida aplicación de otros institutos (tales como suspensión del juicio a prueba), o cuando se advierte una selección manifiestamente arbitraria de las normas penales provisionalmente aplicadas por el juez de grado, todo lo cual no ocurre en nuestro caso. Este criterio ha sido adoptado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23, 9577/25 y, recientemente, en Apelación Nº 10.090/26, por citar algunas.
IV. De los agravios vinculados a la arbitrariedad por deficiencia probatoria (nitidez de registros fílmicos y negativa de la víctima a declarar):
Postula la recurrente que la resolución en crisis se apoya en conjeturas y en una interpretación sesgada, destacando la pobre definición de los registros fílmicos y que la víctima se negó a declarar en autos.
El argumento defensivo carece de sustento al pretender descalificar de forma aislada e individual cada uno de los elementos de convicción, ignorando que el auto de procesamiento se asienta en la valoración de un sólido e interrelacionado conglomerado indiciario.
Al respecto, la doctrina procesal y la jurisprudencia de este Tribunal recomiendan: “...valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta ” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, "La Prueba en el Proceso Penal", Editorial Lexis Nexis, pág. 221 y ss.).
En el supuesto bajo examen, la abstención o negativa de la víctima a prestar declaración a fs. 150 no conmueve ni diluye el abundante plexo probatorio objetivo acumulado en el expediente. La materialidad del hecho se constató de manera científica e independiente mediante el ingreso hospitalario de urgencia y la pericia del Cuerpo Médico Forense (fs. 64, 118, 148); en tanto la presunta autoría del imputado se halla abonada por las actas de inspección ocular de fs. 51/52 que constataron manchas hemáticas en la escena, las requisas personales de fs. 28/29 con secuestro de prendas con manchas rojizas y compatibles con los videos, secuencias y actuaciones de fs. 03/10 y 20/25, el resultado del allanamiento domiciliario de fs. 95/97, las declaraciones testimoniales del vecino A.S.J. (fs. 76) y de L.E.C. (fs. 101/102), todo lo cual se complementa con la propia declaración indagatoria del imputado, quien reconoció expresamente haber mantenido una violenta pelea con el damnificado, haberse colocado sobre él e incluso haberlo golpeado en el patio exterior antes de percatarse de la sangre.
Respecto de la nitidez de las imágenes videograbadas, el personal idóneo de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de la Provincia llevó a cabo una exhaustiva labor de análisis y secuencia cronológica de las distintas cámaras, determinando con precisión las características físicas, fisonómicas y de vestimenta que permitieron identificar sin margen de duda al incuso. La concordancia de dichas imágenes con el secuestro de sus prendas de vestir en la requisa de fs. 28/29 y su coincidencia con los hechos admitidos por el propio imputado destierran cualquier tacha de arbitrariedad. El estado de sospecha inicial ha sido válidamente superado para dar paso al juicio de probabilidad afirmativa que el procesamiento requiere, por lo que el presente agravio es desestimado.
V. Del agravio referido al monto de la medida de embargo dispuesta:
Finalmente, cuestiona la defensa técnica por excesiva y arbitraria la suma de pesos un millón ($1.000.000) dispuesta en concepto de embargo preventivo, alegando que su representado carece de bienes y trabajo para solventarlo. El planteo de la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia ordinaria.
Sobre esta cuestión cabe referir que el Código Procesal Penal, de manera imperativa y obligatoria, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado con las reglas establecidas en el Art. 499 del CPP. En tal sentido, la jurisprudencia unánime y mayoritaria de esta Alzada tiene resuelto de manera pacífica que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado ” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Por consiguiente, las alegaciones de la defensa en cuanto a la precaria condición patrimonial del procesado devienen legalmente irrelevantes al momento de mensurar la cautelar. Asimismo, resulta oportuno precisar que el texto de la ley de rito alude a que la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso. La indemnización comprende eventuales resarcimientos civiles por el daño material, moral y estético irrogado ante una lesión cardíaca que puso en riesgo la vida del damnificado y que requerirá un seguimiento médico complejo; en tanto las costas abarcan el pago de la tasa de justicia, honorarios profesionales devengados por los letrados, procuradores y peritos de las diversas especialidades que intervinieron en la sustanciación de la causa.
En orden a la gravedad del ilícito de lesiones graves endilgado, la modalidad violenta de su comisión mediante la utilización de un arma blanca, y la consecuente entidad del daño a garantizar, el monto ordenado de pesos un millón ($1.000.000) se exhibe razonable, prudente y en modo alguno puede calificarse como de "total desproporción" o carente de motivación, toda vez que el Juez de grado explicitó detalladamente en los considerandos de fs. 163 los rubros a los cuales se encontraba destinada dicha medida precautoria. Consecuentemente, se confirmará el embargo decretado por resultar justo y ajustado a derecho.
VI. Reserva de caso federal:
En relación a la reserva del caso federal en los términos de la Ley Nº 48 interpuesta por la defensa técnica, se deja expresa constancia de que la misma es tenida presente para la oportunidad procesal oportuna.
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VIII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 153/164, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada por la defensa.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
CONSTE.-
Fin de la sentencia