Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 145.860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. Gladys López, sin costas.
II. Casar la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, y, en consecuencia, mantener la decisión del juez técnico, que resolvió no admitir la declaración de los profesionales ofrecidos por la fiscalía (Dra. Verónica Gordon y Lic. Juan Fernandez), en el marco de la actuación de la “autopsia psicológica” realizada.
Rigen los artículos 106, 421, 433, 433, 450 a contrario sensu, 452, 530 y 531 del CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 145860 (IPP 0601-2446-20) caratulada “P., M. R. S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL -VIOLINI.
El 11 de diciembre del año 2025, la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial La Plata, revocó la decisión del Tribunal en lo Criminal N° 1 y permitió la comparecencia de la Dra. Verónica Gordon, Médica Legista, Psiquiatría y Psicología Médica, Jefa de División Criminología y Análisis del Comportamiento y del Lic. Juan Pedro Fernández, Licenciado en Psicología, numerario de la División referida, con Jerarquía Oficial Sub Ayudante (Prof.), al debate como prueba del Ministerio Público Fiscal en el marco del proceso que se rige por las reglas de enjuiciamiento por jurados.
La Defensora Oficial, Dra. Gladys López, interpuso recurso de casación.
La causa ingreso a la Sala I de este Tribunal con fecha 09/02/2026, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
La Defensora Oficial sostiene que el pronunciamiento impugnado es equiparable a sentencia definitiva, pues altera la admisibilidad de la prueba que será producida en el juicio y que no podrá ser revisada con posterioridad, debido a las limitaciones propias del control del veredicto del jurado. Que se encuentran comprometidas cuestiones federales (debido proceso, juez natural, defensa en juicio), lo que habilita la intervención de este Tribunal como instancia previa al eventual recurso extraordinario. Señala que la Cámara admitió y declaró procedente la impugnación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal contra una decisión dictada en el marco del art. 338 del CPP. Que lo resuelto vulnera el principio de legalidad procesal y altera el régimen recursivo. Que la Cámara actuó sin jurisdicción e invadió competencias que no le corresponden. Que el recurso fiscal presentaba defectos formales e incluso había sido interpuesto de manera extemporánea. Que la decisión fue adoptada inaudita parte, sin que se haya notificado a la defensa de la admisibilidad del recurso, ni otorgado oportunidad de ser oída. Que el fallo en crisis desnaturaliza el sistema de juicio por jurados, al introducir mecanismos de revisión no previstos y alterar el alcance de la audiencia preliminar. Invoca jurisprudencia, en particular los precedentes “Arce” y “Garrafa” de la CSJN. Cuestiona la admisión de la denominada “autopsia psicológica”, que carece de aval científico, sus conclusiones no son fiables ni reproducibles, y que los peritos han excedido los puntos de pericia al pronunciarse sobre cuestiones que corresponden exclusivamente al jurado, tales como la existencia del hecho, el riesgo de vida, y la legítima defensa. Que los hechos pueden ser acreditados mediante otros medios probatorios ya incorporados. Por todo lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada y se restablezca lo decidido en la instancia de origen.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D´Gregorio propicia el rechazo del recurso interpuesto (trámite de fecha 06/02/2026).
Sin perjuicio que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 433 CPP, corresponde a la Cámara interviniente evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto.
Al respecto, no se advierte que la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías encuadre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 450 del Código Procesal Penal, al no dirigirse contra alguno de los autos expresamente enumerados, no encontrarse en juego la libertad del causante y no cuestionar una decisión que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad (v. TCPBA, Sala VI, c. N° 55.276, “BEGUÉ, Juan Andrés s/ Recurso de queja (art. 433 CPP)”, sent. del 5 de marzo de 2013, reg. 33/2013; y c. N° 59.614, “AMADO, Sandra Gabriela s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP)”, sent. del 29 de noviembre de 2013, reg. 601/13).
La ausencia de definitividad obsta que el Tribunal de Casación pueda erigirse como un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogadas en instancias anteriores aun cuando los agravios invocados puedan aparecer claramente vinculados con una cuestión federal (fallos: 327:426, 1688 y 329:4058).
En lo sustancial, el auto que dispuso permitir la comparecencia a juicio por jurados de los peritos Verónica Gordon y Juan Pedro Fernández, no termina la causa ni impide su continuación, por lo que no puede considerarse sentencia definitiva.
La resolución en cuestión tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. causas P 119.663, resol de 15-X-2014; P 118.572, resol. de 4-XI-2015; P124.803, resol. de 29-XII-2015; P 127.121, resol. de 14-XII-2016, e.o.).
Asimismo, el pronunciamiento impugnado no reviste gravedad institucional, al no exceder el interés individual de las partes, afectar a la comunidad toda, comprometer la expedita prestación de un servicio público, o poner en juego la preservación de principios básicos de la Constitución Nacional (Fallos 255:41; 290:266; 292:229 y TCPBA, Sala VI, c. 56.538, rta. 28 de diciembre de 2012).
Por todo ello, al no tratarse de un supuesto de los previstos en el artículo 450 del C.P.P. y carecer de definitividad la resolución impugnada, habré de proponer el rechazo del recurso interpuesto (arts. 106, 421, 433, 450 a contrario sensu, 452, 530 y 531 CPP).
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del colega que lidera el acuerdo, doctor Maidana.
recursivo que se siguió este caso.
La discusión entre las partes se originó en la audiencia preliminar al juicio por jurados (art. 338, CPP) y se centró en la admisibilidad o no de dos testigos (un psicólogo y una psiquiatra), que practicaron la “autopsia psicológica” de la persona fallecida, durante la instrucción suplementaria.
Esas testificales fueron requeridas por la fiscalía, con oposición de la defensa, y el juez no las admitió, al considerar que, en su labor, los peritos avanzaron sobre una competencia exclusiva del jurado (valorar prueba testifical y, sobre esa base, determinar como hecho probado el “contexto de violencia de género”).
Contra lo decidido, el fiscal interpuso recurso de apelación, que fue declarado inadmisible por el magistrado, lo que motivó la queja del fiscal ante la Cámara.
A su turno, los jueces de la Cámara habilitaron su competencia, revocaron la decisión del juez técnico y permitieron la citación de los dos profesionales al juicio por jurados.
2. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. En lo esencial, alega que la Cámara creó un recurso no previsto por la ley para tratar la apelación de la fiscalía. También cuestionó los argumentos utilizados por los jueces de la Cámara al revocar la decisión del juez técnico: dijo que centraron su análisis en la pertinencia de esa prueba, de acuerdo con el caso de la fiscalía, pero ignorando el resto de los argumentos que se discutieron en la audiencia y que demostraban que la prueba ofrecida era inadmisible.
3. Por su parte, mi colega de Sala, en el voto que antecede, estimó que el recurso de la defensa era inadmisible, por no tratarse de una sentencia definitiva ni equiparable, ni encuadrar en ninguno de los supuestos enumerados en el art. 450 del CPP.
Sin embargo, aun cuando permitir la comparecencia de dos peritos al juicio por jurados no termina la causa, ni impide su continuación, por lo que no puede considerarse sentencia definitiva, ni equiparable a ella, sí provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiere una tutela judicial inmediata, como lo explicó la defensa en el recurso, si se repara en la posible afectación que la práctica de esa prueba podría generar al proceso y considerando la justificación de su exclusión inicial (la usurpación de las funciones exclusivas del jurado en la valoración de la prueba y determinación de los hechos, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de ese procedimiento).
En ese sentido, corresponde anticipar la revisión de lo decidido por los camaristas, pues no tendría sentido dejar que se practique frente al jurado una prueba que no debió ser admitida, por su afectación al proceso, para hacer valer ese motivo como posible base de sustentación del recurso de casación posterior del acusado, ante una eventual condena, y destinado a cuestionar la arbitrariedad de aquella decisión “de modo que se hubiere cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado” (inc. b, art. 448 bis, CPP). Se ha señalado, con razón, que ese motivo especial abarca el supuesto de admisión arbitraria de prueba ofrecida por la acusación, que condicione la decisión del jurado (Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 328).
4. Ahora bien, los planteos de la defensa exigen analizar, en lo esencial, dos cuestiones: (i) si los jueces de la Cámara Penal estaban en condiciones de habilitar su competencia para revisar la decisión del juez técnico, que rechazó prueba ofrecida por la fiscalía y, en su caso, (ii) examinar la justificación de los jueces de la Cámara, al revocar aquella decisión.
5. Ya sabemos que el recurso de apelación del fiscal fue declarado inadmisible por el juez técnico, lo que motivó la queja del fiscal ante la Cámara Penal.
Los jueces de Cámara establecieron: (i) que la queja había sido presentada en término (argumento que la defensa también controvierte) y, a su vez, (ii) que era procedente, porque “por fuera de la terminología empleada” por el fiscal y que reflejó -según los camaristas- “cierta imprecisión técnica al mentar tanto el gravamen irreparable” como los otros supuestos ajenos a ésa vía (la arbitrariedad y la gravedad institucional), no obstante, alcanzaba a evidenciar “en los límites de la suficiencia, el gravamen irreparable al que alude el citado artículo 439 del ritual, como conducto alterno de recurribilidad objetiva por apelación en los casos en que el pronunciamiento no se encuentra expresamente previsto en el catálogo de los alcanzados por el principio de taxatividad emergente de la primera regla de ese precepto” (pág. 2/3 del registro informático de la decisión de la Sala IV de la Cámara Penal de La Plata).
Seguidamente, los jueces explicaron que la imposibilidad de recurrir en forma inmediata, por apelación, las decisiones sobre admisibilidad y rechazo de la prueba a utilizar en el debate (conforme la regla del art. 338, CPP), era compatible con un diseño recursivo bilateral que justificaba la protesta al dictarse esa decisión y con el diferimiento de su revisión hasta el tratamiento del recurso contra la sentencia definitiva. Sin embargo, razonaron que en tanto esa bilateralidad estaba expresamente descartada en el recurso de casación para el procedimiento de juicio por jurados, al determinar el art. 452 del CPP que “el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir”, era asistemático no distinguir supuestos.
En ese sentido, señalaron que la aplicación del art. 338 del CPP, a casos como el presente, era asistemática, pues cualquier protesta del fiscal “caería en el vacío”, en función de la incuestionable irrecurribilidad del veredicto del jurado por parte del MPF y, por ello, en el procedimiento previo, “no detect[aban] inconvenientes en habilitar el escrutinio de decisiones adoptadas por el juez técnico, que -en casos límites de arbitrariedad manifiesta- puedan introducir cortapisas formales frustratorias de la teoría del caso que los litigantes pretendan poner a consideración del jurado” (pág. 4, decisión de Cámara, el destacado me pertenece).
En definitiva, consideraron que el juez técnico no había “relevado adecuadamente el conducto de recurribilidad objetiva por gravamen irreparable como específica vía de acceso a la instancia de apelación”, cuando “específicamente, en el escrito de apelación, la fiscalía - entre otros argumentos acaso inapropiados en términos de admisibilidad de la vía ordinaria de apelación- hizo, con todo, expresa mención al gravamen irreparable del artículo 439 del ritual del ritual (v. pto. II „Admisibilidad‟, primer párrafo del escrito de apelación)”, (pág. 4, decisión de la Cámara, que resolvió la queja).
6. Luego, los mismos jueces de la Cámara hicieron lugar al recurso de la fiscalía.
Por un lado, estimaron que “la pertinencia y utilidad de la pericia que se habilitó como instrucción suplementaria ya se había resuelto en sentido afirmativo -al menos en términos hipotéticos y sin poner foco en aspectos epistémicos o de relevancia- con lo que luciría arbitrario y contradictorio que ese temperamento permisivo al menos sin esas objeciones de índole heurística -y sin oposición de fondo por parte de la defensa (…) se esterilizara -a la postre- con la clausura „a priori‟ de la posibilidad de que los peritos que la elaboraron comparecieran al debate, en función de pruritos epistemológicos que surgirían ya no del método sino de algunos resultados o incursiones en ámbitos que se estiman ajenos a su campo y „expertise‟” (pág. 3/4 de la decisión de la Sala IV de la Cámara Penal de La Plata, que resolvió el fondo de la cuestión, el destacado me pertenece).
Agregaron que existían herramientas de los litigantes para limitar la información que los peritos pudieran incorporar al debate, si correspondía, frente un potencial perjuicio indebido al proceso, incluyendo las instrucciones al jurado del juez para “sanear eventuales situaciones que pudieran ponerlo en riesgo” (pág. 4 de la misma decisión). En definitiva, consideraron que la decisión del juez técnico, al rechazar la citación de los peritos propuestos por la fiscalía, constituyó “un exceso que cercena indebidamente dicha teoría probatoria y no puede, entonces, validarse, por fuera de que resulte entendible la prevención relativa al impacto que pudiera tener en la decisión del jurado y las cuestiones epistemológicas ventiladas y sin que ello implique que „a priori‟ no puede desplegarse -en otros supuestos- un escrutinio heurístico como el que se ensayara” (pág. 5, decisión de la Cámara).
7. Ahora bien, coincido con los camaristas en que no podría descartarse toda posibilidad de revisar las decisiones del juez técnico sobre la admisión o rechazo de la prueba en el procedimiento por jurados, de manera excepcional, cuando esa decisión implique una clara arbitrariedad y pueda condicionar -con alta probabilidad- el veredicto del jurado.
Se ha señalado la especial importancia que tienen las decisiones sobre la prueba, pues allí “reside parte del enorme poder que el juez profesional tiene en un juicio por jurado. El rechazo o admisión de las pruebas es facultad exclusiva del juez y, por lo general, sellan de manera definitiva la suerte del juicio” (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, ob. cit, pág. 328).
Bajo aquellas condiciones excepcionales, podría configurarse un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiera una tutela judicial inmediata; en la medida que la arbitrariedad de la decisión que admitió o rechazó la prueba sea manifiesta y se demuestre el potencial condicionamiento que esa decisión pueda tener en el resultado final del juicio y eso vale, en mi opinión, para cualquiera de los litigantes.
En esa línea, sostuve que “sería oportuno considerar la posibilidad de legislar un mecanismo rápido de revisión sobre la admisibilidad y el rechazo de las pruebas, accesible a ambas partes -a diferencia del recurso de casación- para arribar a una audiencia de juicio que permita una fiabilidad que llegue mejor depurada y con controles de revisión en este punto”, que podría estar a cargo de los otros dos jueces del tribunal que no hayan intervenido en la decisión o los jueces de la Cámara, bajo un procedimiento expedito (Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Análisis doctrinal y jurisprudencial, 1era. edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2022, comentario al art. 448 bis, Daniel Carral y Ramiro Fernandez Lorenzo, pág. 900).
8. Sin embargo, no advierto que en el caso concreto se hayan configurado circunstancias excepcionales que permitieran revisar la decisión del juez técnico sobre la prueba.
En efecto, constato que si bien la Cámara señaló que su competencia quedaba habilitada “en casos límites de arbitrariedad manifiesta”, decidió el caso por fuera de ese estándar, pues se limitó a reiterar los argumentos que el fiscal alegó en la audiencia, pero sin reparar en la justificación del juez técnico sobre: (i) la necesidad del juicio de admisibilidad de la prueba autorizada en el marco de la instrucción suplementaria; y (ii) las razones que justificaban la exclusión de las testificales del psicólogo y la psiquiatra, al “usurpar” una competencia que era exclusiva del jurado.
Por lo demás, también advierto que, al requerir la revisión de lo decidido ante la Cámara, el fiscal tampoco se preocupó por rebatir los argumentos del juez técnico, sino que -en lo esencial- invocó que el caso revestía “gravedad institucional” y la decisión carecía de perspectiva de género.
En ese marco, constato que el “gravamen irreparable”, aspecto sobre el que la Cámara habilitó su revisión, fue mencionado en forma aislada y genérica por el fiscal en el recurso, pero no contó con ningún desarrollo argumental, que fue justificado enteramente por los camaristas.
9. No obstante, a fin de dar un correcto abordaje a los planteos de la defensa, corresponde repasar los términos en que quedó planteada la cuestión, en la audiencia preliminar al juicio, incluyendo los argumentos de las partes y del juez técnico al tomar su decisión; pues sobre esos argumentos resolvieron los jueces de la Cámara.
10. En lo que importa mencionar, el juez técnico señaló que la autorización de una medida como instrucción suplementaria, es decir, “de una medida de investigación ulterior por fuera de la etapa idónea al efecto”, no eximía el análisis posterior de su admisibilidad, conforme lo había alegado la defensa, quien se oponía a la declaración de esos peritos en el juicio, pues su ingreso como prueba al juicio no era directo.
En ese sentido, el juez explicó que existían dos juicios de valoración diferentes, uno ex ante, donde las partes podían considerar -de modo potencial- la utilidad que alguna medida podría tener en la conformación de su caso y, en ese marco, estar de acuerdo en su producción como instrucción suplementaria; y otro juicio posterior, ya con el resultado concreto de esa medida, pues podía reflejar problemas de admisibilidad relacionados con la violación de garantías constitucionales o que se determinara, también ex post, la irrelevancia de esa medida como tal. Bajo esas condiciones y dando respuesta a la fiscalía, el juez técnico señaló que no había un problema reconducible a la teoría de los actos propios de la defensa porque, insistió, aquella medida que ex ante podría haber resultado útil para la formación del caso, podría no serlo después, al ser confrontada por la parte y no había ningún problema formal en ese sentido.
11. Frente a lo decidido, los jueces de Cámara señalaron que la pertinencia y utilidad de la autopsia psicológica “ya se había resuelto en sentido afirmativo” al autorizarse como instrucción suplementaria (al menos en términos hipotéticos y sin oposición de la defensa); por lo que la decisión posterior del juez técnico, que impidió la declaración de los peritos “en función de pruritos epistemológicos que surgirían ya no del método sino de algunos resultados o incursiones en ámbitos que se estiman ajenos a su campo y „expertise‟”, resultaba entonces “arbitraria y contradictoria” (pág. 3/4 de la decisión de la Cámara); pero recortando de su análisis la explicación del juez técnico cuando señaló porqué no había contradicción alguna, entre uno y otro juicio, pues se trataba de dos valoraciones diferentes.
En efecto, el juez técnico explicó -en forma correcta- que se trataba de una medida de investigación, solo que realizada por fuera de su etapa idónea y que su ingreso al juicio no era directa, sino que exigía examinar -como con cualquier otra prueba- su admisibilidad y, por esa misma razón, explicó por qué no era dirimente, para resolver la cuestión de fondo, que la defensa ex ante hubiera prestado conformidad para practicar aquella medida, incluso precisando puntos de pericia, si luego se constataban razones para excluirla.
12. Similar déficit constato en los argumentos de la Cámara, al apreciar que el juez técnico se excedió en su decisión “en función de pruritos epistemológicos que surgirían ya no del método sino de algunos resultados o incursiones en ámbitos que se estiman ajenos a su campo y „expertise”, simplificando cuál fue la cuestión de fondo a resolver, de acuerdo con los argumentos de la fiscalía y las razones por las cuales la defensa se opuso a la citación de aquellos testigos.
13. En lo que importa mencionar, en la audiencia preliminar, el fiscal –Dr. Lucas Domsky- solicitó la citación de los dos profesionales (un psicólogo y una psiquiatra) que habían practicado la “autopsia psicológica” de la víctima.
Concedida la palabra a la defensora, Dra. Gladys Lopez, alegó que esa pericia no era “necesaria”, en los términos que exige una prueba pericial, pues los profesionales habían formulado ciertas conclusiones que se podían reconstruir mediante la prueba testifical ya ofrecida o la que se podía ofrecer en el marco de esa audiencia, para practicar frente al jurado.
Agregó que la “palabra” de un perito podía generar, frente a los miembros del jurado, una mayor impresión que la de un testigo “común” y que, de admitir la declaración de los profesionales, se podía generar el riesgo de que sus opiniones prevalecieran sobre la de los testigos, cuando -insistió- los hechos establecidos en la “autopsia psicológica” podían reconstruirse mediante los testigos que sí tomaron conocimiento de esos hechos en forma personal y que justamente fueron entrevistados por esos mismos peritos, al establecer sus conclusiones. Finalmente, la defensa puso en duda la confiabilidad de la “autopsia psicológica”, porque no reflejó un método avalado científicamente y, en particular, observó que los peritos, en buena parte del informe, hicieron afirmaciones sobre la ocurrencia del hecho, si medió o no una legítima defensa, excediendo ampliamente los puntos de pericia requeridos, que estaban limitados a analizar los rasgos de personalidad de la mujer fallecida, la naturaleza del vínculo que tuvo con el acusado y, si medió violencia, establecer sus características y direccionamiento.
14. El juez técnico señaló que, para resolver sobre la admisibilidad de esa prueba, necesitaba saber en qué consistía una “autopsia psicológica” y cuáles eran los parámetros epistémicos que tomó en cuenta el supuesto testigo experto para realizarla.
15. El fiscal señaló que había requerido esa pericia bajo un criterio puramente objetivo para establecer “si existía en el caso el contexto de violencia de género o no” (minuto 12:57, audiencia preliminar del 07.11.2025), en función de la calificación legal del hecho atribuido por la fiscalía.
Sobre la metodología, el fiscal explicó que la labor de los peritos, en la autopsia psicológica, consistía en tomar entrevistas y realizar un amplio estudio para saber si la mujer fallecida “sufría violencia de género o no”. Precisó que “a través de esas entrevistas, a través de una reconstrucción histórica que hace una psicóloga o un psiquiatra, puede determinar, como en este caso, si se da o no el contexto de violencia de género” (minuto 13:31, audiencia).
16. Establecido lo anterior, el juez observó que si la pericia se hacía para que un psicólogo o un psiquiatra, a través de entrevistas, recolectara información de fuentes personales de prueba, para posteriormente analizarlas y determinar una conclusión, es decir, si existió violencia de género, la respuesta era que ese hecho tenía que determinarlo el jurado y no un psicólogo, porque -de lo contrario- sería un extremo establecido por fuera del veredicto de quien tiene que juzgar los hechos. Sobre la labor de un perito, el juez precisó que una cosa era mantener una entrevista con una persona y, en función de determinados conocimientos especiales en una materia, como es la psicología, establecer un rasgo de la personalidad, si era relevante para el caso de la parte, pero que la situación planteada era distinta.
Señaló que, en este caso, el psiquiatra estaba “anticipando una suerte de veredicto” (minuto 16:08, audiencia), porque estaba valorando fuentes personales de prueba, desconociendo además bajo qué criterios de valoración el perito les había adjudicado confiabilidad a los entrevistados (si eran criterios racionales o puramente subjetivos), y para establecer una conclusión. Reiteró que determinar si existió un contexto de violencia de género era tarea exclusiva del jurado, sobre la base de evidencia practicada en el juicio, a partir de las reglas de valoración racional que iba a explicarles como juez técnico en las instrucciones finales, y no mediante una afirmación que pudiera hacerles el perito.
Frente a las objeciones de la fiscalía, cuando alegó que el perito sí estaba “habilitado para decir eso”, porque era un “especialista en psicología” y que, al contrario, los abogados no estaban habilitados para hacerlo (minuto 17:16), el juez señaló el error de ese razonamiento y observó que, usualmente, los jueces técnicos lo establecían en sus veredictos, al aplicar el art. 80 inc. 11 del Código Penal; insistiendo el fiscal en que “en el 90% de los casos” se determinaba con una pericia. Bajo las condiciones discutidas, el juez señaló que el perito no estaba aplicando un conocimiento especial sobre su ciencia, sino valorando testificales y, en consecuencia, usurpaba funciones del jurado: el psicólogo “usurpa la competencia en la valoración probatoria” y sobre evidencia no confrontada por la defensa (minuto 19:46) y recordó que el contexto de violencia de género era una circunstancia que la fiscalía debía probar en el juicio y no estimarla probada con remisión a lo que decía un psicólogo o psiquiatra.
17. Establecido lo anterior, no observo -como lo afirman los camaristas- que el juez técnico se haya excedido en su decisión, al excluir la prueba requerida por la fiscalía.
En efecto, ya he sostenido en otros pronunciamientos que es fundamental comprender la importancia que tiene el juez técnico en el sistema de jurados, al determinar qué prueba ingresa al juicio, de qué modo y a qué fin, y ello se vincula con su función, pues debe controlar que los litigantes no ingresen evidencia que el jurado no está en condiciones de valorar (TCP, Sala I, causa 124.974 “Suarez”, rta. 15.08.24). con qué fin una prueba puede ser puesta delante del jurado, los jueces conservan una amplia discrecionalidad para llevar adelante esa función, pues aunque se trate de una prueba pertinente y no exista una regla de exclusión específica, igual pueden sustraerla del juicio si contiene un riesgo potencial para causar un perjuicio indebido al proceso o al Facusado.
Conforme quedó establecido en la audiencia preliminar y de acuerdo con la explicación del fiscal, los peritos determinaron la existencia del contexto de violencia de género mediante entrevistas con distintas personas vinculadas a la víctima y al acusado. Ese dato no viene controvertido. En ese sentido, vimos que el fiscal alegó que los peritos eran los únicos habilitados para determinar ese hecho e insistió sobre ese punto. El juez explicó que la valoración de la prueba, para establecer una conclusión, correspondiente a los hechos que el jurado tenía que probar, era una función exclusiva de sus miembros.
En efecto, son los jurados quienes deben escuchar a los testigos, valorar la información que incorporan, como su confiabilidad (conforme reglas de valoración probatoria que el juez les explica en las instrucciones) y determinar los hechos, de acuerdo con esa evidencia. También, y con base en esa determinación, aplicar a los hechos la ley que el juez técnico les explicó a través de las instrucciones. Desde ese enfoque, es fácil constatar el problema que advirtió el juez técnico: los peritos usurparon la función del jurado, pues obtuvieron información de fuentes personales de prueba y sin el control de la defensa, y valoraron esa información (desconociendo bajo qué criterios) para dar por probado un hecho incluido en la teoría jurídica de la acusación. Por las mismas razones, el juez señaló que esa prueba era poco fiable, porque no aplicaba un conocimiento técnico específico, sino que valoraba prueba testifical no confrontada.
18. La fiabilidad de la prueba de peritos es un dato esencial que se debe evaluar en la audiencia preliminar y, por ello, se sostiene que los jueces cumplen una estricta función de “guardián”, para descartar prueba pericial poco fiable, antes de que el jurado la pueda valorar.
En el caso concreto, la interacción de ambos déficits (“usurpación” y poca fiabilidad), por tratarse de “prueba pericial” y sobre una cuestión tan específica, podría generar un riesgo cierto de que los jurados otorguen al experto una autoridad epistémica injustificada sobre un asunto que es importante que el jurado decida por sí mismo.
19. El juez técnico señaló al fiscal que el contexto de violencia de género era un hecho que la acusación debía probar en el juicio, y no instar a los jurados que lo tuvieran por probado, porque así lo decía un psicólogo o una psiquiatra.
En efecto, la calificación jurídica forma parte de la teoría del caso de los litigantes y, en ese sentido, es una cuestión susceptible de prueba.
En lo que importa mencionar, el jurado deberá inferir si existió o no un contexto de violencia de género, mediante un razonamiento inductivo, a partir de distintas circunstancias fácticas que puede probar (por ejemplo, las circunstancias que acredite mediante el aporte informativo de testigos cercanos a la víctima y al imputado). En otras palabras, la existencia de la “violencia de género”, como elemento típico que exige la figura agravada del homicidio, es una conclusión a la que llegan los miembros del jurado, a partir de la información que presenta la prueba y de las instrucciones que, sobre el derecho aplicable, el juez les explicó.
20. La prueba de expertos es admisible cuando asiste al juzgador de los hechos a comprender la prueba o a determinar un hecho controvertido.
En ese sentido, un especialista en la temática podría aportar los instrumentos conceptuales que explican la dinámica propia del “ciclo de la violencia”, de la “indefensión aprendida” o de la “retractación” de la víctima, entre otras cuestiones vinculadas a la violencia de género, y aportar información sobre los factores que los determinan (por ejemplo, la dependencia emocional del acusado en casos de “retractación”), o sobre circunstancias que suelen repetirse en ese tipo de casos y que funcionan como indicadores de la presencia de aquella violencia; pero corresponde a la práctica judicial indagar sobre la existencia de esos indicadores o factores, en el caso concreto y de acuerdo a la evidencia, para justificar su conclusión probatoria.
Desde ese enfoque, el especialista aporta instrumentos conceptuales que permiten explicar y dar sentido a la prueba disponible, para quienes tienen que determinar los hechos (el juez o el jurado).
Un experto también podría, por ejemplo, considerar que una persona, evaluada en concreto y mediante técnicas específicas, presentó indicadores compatibles con el síndrome de indefensión aprendida o con un sometimiento psicológico crónico, y explicar en el juicio cómo justifica su opinión, para asistir a los jurados en la comprensión de esa prueba y que estén en condiciones de razonar una conclusión probatoria determinada por sí mismos.
Ninguna de esas posibilidades se planteó en este caso.
En efecto, observo que por fuera del objetivo específico que el fiscal asignó a la prueba pericial ofrecida, no propuso, en forma alternativa, que los peritos fueran admitidos para explicar alguna cuestión vinculada a sus conocimientos especiales y, de ese modo, asistir a los jurados a comprender la prueba o determinar los hechos, sino que insistió en la necesidad de aquella prueba, porque los peritos eran las personas habilitadas para determinar el contexto de violencia de género, negando -con ese argumento- que esa fuera función exclusiva del jurado. Esas mismas razones dejan poco margen para permitir que los peritos declaren, de todos modos, frente al jurado (como lo propone la Cámara), aun con el control de las objeciones de la defensa y las instrucciones del juez para “sanear” eventuales perjuicios al proceso, si se repara en la finalidad específica que orientó el ofrecimiento de esos peritos y la inusual rigidez que demostró el fiscal cuando el juez técnico le explicó, más de una vez, que los peritos no podían afirmar esa conclusión probatoria ante los jurados. Bajo esas condiciones, el riesgo de que los peritos incluyan información indebida en el juicio es alto, al igual que el riesgo de que los jurados otorguen al experto una autoridad epistémica injustificada sobre un asunto que es importante que decidan por sí mismos.
En ese sentido, se advierte que si “el jurado escuchó la prueba inadmisible (…) será muy difícil impedir que ella no entre al recinto de deliberación”, aun cuando el juez le ordene al jurado que no debe valorarla (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 113), reforzando la importancia tiene la decisión sobre la admisibilidad de la prueba, previa al debate.
Por lo demás, advierto que si cualquier riesgo de “usurpación” de las funciones del jurado, por grave que sea, pudiera neutralizarse mediante las instrucciones generales, las reglas sobre admisibilidad o rechazo de la prueba no tendrían mayor importancia, cuando -al contrario- se erigen como una garantía de la imparcialidad del jurado, pues de esas decisiones dependerá que el jurado cuente con información legítimamente obtenida, confiable o de baja calidad, o que pueda generar prejuicios o confusiones evitables.
21. En definitiva, no advierto -como lo resolvieron los camaristas- que el juez técnico se haya excedido en su decisión, al excluir los peritos de la fiscalía.
Al contrario, el juez explicó por qué correspondía examinar la admisibilidad de esa prueba y justificó su decisión sobre aspectos que no debieron ser ignorados por los jueces de la Cámara, no solo por la importancia de las razones involucradas, sino porque se trataba de una revisión excepcional, que exigía demostrar la arbitrariedad manifiesta de lo decidido, de acuerdo con el propio estándar que se estableció como punto de partida.
22. Por ello, propongo al acuerdo: I. Declarar ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; II. CASAR la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, y, en consecuencia, MANTENER la decisión del juez técnico, que resolvió no admitir la declaración de los profesionales ofrecidos por la fiscalía (Dra. Verónica Gordon y Lic. Juan Fernandez), en el marco de la actuación de la “autopsia psicológica” realizada (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8, CADH; 14, PIDCP; 338, 448, 450, 454, 459 y 460, CPP) y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el señor juez, doctor VIOLINI, dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
Atento el resultado de la votación que antecede, corresponde, por mayoría de votos, declarar ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; CASAR la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, y, en consecuencia, MANTENER la decisión del juez técnico, que resolvió no admitir la declaración de los profesionales ofrecidos por la fiscalía (Dra. Verónica Gordon y Lic. Juan Fernandez), en el marco de la actuación de la “autopsia psicológica” realizada (arts. 106, 210, 421, 433, 433, 450 a contrario sensu, 452, 530 y 531 CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el señor juez, doctor VIOLINI, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. Gladys López, sin costas.
II. Casar la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, y, en consecuencia, mantener la decisión del juez técnico, que resolvió no admitir la declaración de los profesionales ofrecidos por la fiscalía (Dra. Verónica Gordon y Lic. Juan Fernandez), en el marco de la actuación de la “autopsia psicológica” realizada.
Rigen los artículos 106, 421, 433, 433, 450 a contrario sensu, 452, 530 y 531 del CPP.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia