Abriendo la norma
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.109 FOLIO Nº 135/141 PROT. ELECT. JR101 256I.261
Río Gallegos, 02 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada: “C.P.N. S/ LESIONES AGRAVADAS”, Expte. Nº 32270/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.210/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 145/150, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien ordenó en el punto I) el procesamiento sin prisión preventiva de P.N.C., en orden al delito de “Lesiones Leves Calificadas por el vínculo”, (arts. 45, 89 en función del art. 80 inc. 1 del CP) y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos cien mil ($ 100.000).-
Que a fs. 153/156 y vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 164 sostuvo el recurso (cód. validación 2fa20160) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
1. EL PROCESAMIENTO DEBE SER REVOCADO: en primer término, señaló la defensa que el pronunciamiento dictado causa un gravamen irreparable a su asistido, y es perjudicial a sus intereses; los elementos probatorios aunados por la instrucción, analizados bajo el criterio rector que debe imperar en esta etapa del proceso no poseen entidad bastante como para convalidar el juicio de probabilidad emitido, el cual se encuentra enervado además, por su estructura e inferencias plagadas de aspectos y cuestiones meramente conjeturales.-
Cuestionó los testimonios de S.G. y O.A.C., ya que no refieren a hechos percibidos directamente sino a la visualización de un video o a comentarios recibidos de terceras personas; se trata de testigos de referencia, que no presenciaron el hecho investigado ni pueden dar cuenta de las circunstancias en que se habrían producido las lesiones.-
Agregó, que estos testimonios únicamente refieren haber observado hematomas en el menor o haber tomado conocimiento de tales lesiones por intermedio de otras personas; sin embargo, ninguno de ellos aporta información directa sobre la supuesta conducta atribuida al imputado, ni sobre el momento o modo en que las lesiones habrían sido producidas.-
Objetó el video incorporado como prueba, ya que carece de los recaudos mínimos que permitan asignarle valor probatorio incriminante. Al respecto sostuvo, que tampoco se realizó pericia técnica que permita determinar, fecha y hora de grabación, dispositivo utilizado, lugar donde fue filmado, integridad del archivo o eventual manipulación.-
Postuló, que el video no documenta el hecho investigado ni permite identificar a la persona que habría causado las lesiones.-
Continuó con su exposición aduciendo que la valoración otorgada por el magistrado al mencionado video aparece entonces desproporcionada y carente de sustento técnico, constituyendo un elemento que no resulta apto para sustentar la imputación formulada contra su asistido.-
Se agravió del testimonio de la madre del niño indicando que la misma introduce dudas respecto de la mecánica del hecho -fs. 8-.-
Manifestó que si bien se certifica la existencia de las lesiones, ello no significa que éstas hayan sido provocadas por su defendido.-
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, será desestimado.- En tal sentido, entendemos, yerra la defensa al pretender invalidar de manera aislada cada elemento probatorio, dado que es su valoración en conjunto lo que permitió al juez el dictado del auto de mérito.-
Recordemos que, para poder arribar a una decisión respecto de la existencia o no del hecho delictivo y, en su caso, la autoría penalmente responsable del acusado, los jueces deben analizar las probanzas reunidas –independientemente de quién las haya suministrado- en su conjunto y no aislada o separadamente, vale decir que ese examen debe ser integral, pleno y completo (Florián, Eugenio; De las pruebas penales; Ed. Temis; 2002; t. I; pág. 384).-
En idéntico sentido, la doctrina recomienda: “… valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, p. 221 y ss., citado en la causa N° 24.586/10 “Amador, Francisco” del 22/10/2018).-
En efecto, el Magistrado sustenta su resolución en la valoración concatenada del oficio preventivo N° 625-S-DCMYF/2025, el certificado médico de I.N.C.O. y su ampliación, el legajo de la OVD 359/2025 Acta del relato de S.K.O., el informe de evaluación de riesgo, declaraciones testimoniales de J.S.G., de O.A.C., de C.A.Z., el informe del Servicio de Guardia Pediátrica e Historia Clínica del Hospital Regional de Río Gallegos de I.N.C.O., entre otros; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado el hecho investigado y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado P.N.C. con las mismas.-
Jurisprudencialmente, en un principio que ha permanecido inalterable hasta nuestros días, se ha interpretado que: “ Los indicios y las presunciones no pueden ser atacados individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro del plexo probatorio, pues la fuerza de las segundas radica en el correcto silogismo que lleva de los indicios a los hechos indicados que surgen mediante un proceso lógico de inferencias y deducciones, llevando a una conclusión con un alto grado de univocidad a partir de una valoración conjunta y no aislada coincidente con las reglas de la lógica y de la experiencia ” (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Sala IV; 16/09/1999; R.,B.F.; LLLitoral 2000, 810; Cita: TR LALEY AR/JUR/936/1999).-
De esa manera, surge de autos que el imputado habría agredido físicamente a su hijo menor de edad I.N.C.O. y mediante su accionar habría provocado las lesiones que se certifican a fs. 03 y vta. , a saber: “...equimosis de color rojo que se localizan en la región interna de la pierna izquierda en sus tercios medios y distal; equimosis de color rojo que se localizan en la región anterior y externa de la pierna izquierda en la unión del tercio medio con su tercio distal; excoriaciones de color rojo de forma lineal que se localizan en la región del hemitórax izquierdo entre las líneas axilar anterior y media…”; tiempo de curación: 14 días, solicitando al pediatra de guardia estudios radiográficos, de laboratorio y fondo de ojos; elemento productor de las mismas: trauma romo y contundente. Al momento de realizar el mencionado examen la progenitora del menor de forma espontánea refirió: "...me estaba bañando y mi bebé empieza a llorar. Cuando salgo de la ducha veo que mi bebé estaba marcado y le pregunto a mi pareja que no me sabe responder...". En relación a este instrumento, se reitera a la defensa que no tiene el propósito de acreditar quién infirió las lesiones, sino que viene a demostrar la materialidad del hecho, en tanto la autoría, surge a partir de las diferentes declaraciones testimoniales y la valoración integral de los elementos reunidos.-
Que respecto de este recurrente agravio de la defensoría que argumenta que el certificado médico únicamente prueba la existencia física de las lesiones (materialidad), pero resulta insuficiente para determinar la autoría, es decir, quién las causó, la jurisprudencia de esta Alzada se mantiene inalterable rechazando este planteo (Criterio asentado en Apelaciones Nos. 10.039/26 y 10.077/26, por citar las más recientes); tratándose de un agravio inconducente a los fines defensivos y por ende meramente dilatorios.-
Ahora bien, en cuanto al planteo que el video incorporado en autos, carece de los recaudos mínimos que permitan asignarle valor probatorio; cabe decir, que descartamos ésta crítica, ya que se trata de una pieza probatoria que goza de plena validez al ser respaldatoria de los testimonios brindados en el legajo, por guardar plena concordancia con la descripción de lo acontecido (mismo criterio en Apelación N° 10.178/26, por citar la más reciente).-
Amén de ello, se suma al plexo probatorio, el informe obrante a fs. 15 y vta. labrado el día 21 de mayo del 2025, por el Oficial Ayudante L.G.G. -División Comisaría Séptima-, quien puso en conocimiento que mientras cumplía funciones de oficial de servicio, recepcionó por medio del teléfono de guardia, secuencias fílmicas remitidas por la Sra. J.S.G., a quien previo se las habría reenviado la Sra. M.J.P., en donde se podía observar a un infante con lesiones y hematomas sobre su cuerpo, aduciendo que dicho menor estaría sufriendo maltrato infantil en el inmueble sito en Barrio xxx, Mza. xxx, Lote xxx de esta ciudad. Ante esta situación, se comisionó al lugar y mantuvo entrevista con O. y C. quienes expresaron que poseen dos hijos menores de edad, y que al consultarle si estos se encontraban bien, manifestaron que si, sin embargo, solicitó verlos para corroborar la veracidad de sus dichos, encontrándose a simple vista bien. Sin perjuicio de ello, por la gravedad de los hechos informados dio intervención al Organismo de Niñez, quienes acudieron al domicilio, mantuvieron entrevista con referidos y requirieron mirar a los menores, presentando I. lesiones visibles sobre su cuerpo, por lo que se efectuó el acompañamiento de los menores junto a sus padres y personal de Niñez hacia el nosocomio local.-
En otras palabras, vislumbramos en este caso concreto que, esas secuencias fílmicas que cuestiona la recurrente, resultan plenamente concordantes y guardan correspondencia con los demás elementos de prueba reunidos, integrándose armónicamente al plexo probatorio y aportando un valor demostrativo de indudable entidad, por lo que su eficacia acreditativa aparece incuestionable.-
Para continuar, en otro pasaje de su presentación, la reclamante cuestionó que no se realizó sobre el video pericia técnica que permita determinar fecha y hora de grabación, dispositivo utilizado, lugar donde fue filmado, integridad del archivo; en este punto, y en base a todas las circunstancias arriba mencionadas, debemos decir que el Magistrado selecciona las pruebas a producir, por lo tanto, tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que a su consideración no resulten pertinentes para la causa.-
Por lo que, tampoco nos encontramos frente al cuestionamiento de una "pericia informática" -que implique que la manipulación del material a analizar pudiera alterar su contenido-, pues la pieza probatoria cuestionada no conforma un acto procesal de los denominados irreproducibles, razón por la cual no se advierte que le genere a la parte el perjuicio requerido doctrinaria y jurisprudencialmente.- Por consiguiente, corresponde no hacer lugar al planteo de la parte reclamante, por entender que la pieza procesal cuestionada constituye un elemento probatorio legalmente incorporado a la causa en el marco de la investigación criminal, conforme las disposiciones del CPP, sin que se hubieran conculcado los derechos de jerarquía constitucional reconocidos al imputado (Criterio concordante con lo sostenido por esta Alzada en Apelación N° 10.178/26).-
De todo lo analizado se concluye que la pretensión de la defensa no prosperará en esta instancia procesal por resultar a todas luces inconsistente, al haber sido valorado el video y/o grabación como prueba indiciaria en forma conjunta con el resto de los elementos de cargo respetando las reglas de la sana crítica racional, reiterándose que no resultan las únicas piezas probatorias en las que se sustenta el auto de procesamiento.-
A mayor abundamiento, se ha dicho: “... como consecuencia de la discrecionalidad técnica de la que goza, el juez de primera instancia, en su carácter de director del proceso, debe disponer la realización de las diligencias probatorias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la etapa instructoria (artículo 193 CPPN). Dicha facultad implica no sólo decidir con respecto a la realización de una medida de prueba sino también escoger tanto la ocasión como el modo en que deberá producirse aquélla. En cuanto a ello, conforme lo establece el artículo 199 CPPN, ha señalado esta Sala en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a diligencias probatorias “queda incluido dentro de las facultades discrecionales del Juez, en virtud de lo normado por el artículo ya citado, resultando las decisiones que se tomen en esa dirección irrecurribles…” (TR LALEY AR/JUR/43899/2018).-
Por el cual, lo expuesto queda descartado.-
2. IMPROCEDENTE UTILIZACIÓN DEL INFORME PSICOLOGICO: dijo que dicho informe no acredita la omisión del hecho investigado, limitándose a describir determinadas características o rasgos de personalidad; la utilización de este tipo de informes para reforzar una imputación penal importa una valoración impropia de la prueba, que contribuye a sostener una hipótesis acusatoria sin respaldo fáctico suficiente.- Ingresando al análisis de este segundo agravio, se reitera a la defensa que esta instancia revisora tiene dicho invariablemente que son los Magistrados quienes valoran dichos informes no de manera aislada sino bajo la sana crítica racional; es incorrecto afirmar que la imputación se sostiene sin respaldo fáctico o que la pericia se utiliza como única prueba objetiva del hecho. El auto de procesamiento no se sustenta exclusivamente en el informe psicológico, sino que este es valorado de manera integral, armónica y concatenada con el resto del plexo probatorio (mismo criterio en Apelaciones Nos. 10.185/26, 10.051/26, 10.075); por ende, el cuestionamiento es inconsistente a los fines defensistas y dilatorio.-
En este contexto, el informe psicológico no reemplaza la prueba material -certificado médico-, sino que se integra a ella para formar la convicción del A Quo; los rasgos de personalidad y las características emocionales descritas en el informe son elementos indiciarios de gran relevancia.-
Al respecto los tribunales se han manifestado expresando que "La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser valorada conforme los principios de la sana crítica. Los jueces tienen el poder-deber de practicar sobre el informe de los expertos una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente no sólo las conclusiones definitivas a las que el perito hubiese llegado, sino también las operaciones y prácticas que para ello hubiese efectuado, los fundamentos y razones con las que sustenta aquéllas y la seriedad de todo el desarrollo de la prueba" (TR LALEY 70025193).-
Son dichas opiniones las que el juez valora conforme los principios de la sana crítica, efectuando una labor de análisis, observación, de las conclusiones a las que arribara el profesional, el método empleado para sus prácticas y sus fundamentos, aplicados al suceso que se investiga.-
Asimismo, atento a la naturaleza del ilícito que nos ocupa -lesiones leves calificadas por el vínculo-, resulta aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), la cual establece mecanismos de protección especial en lo que refiere a cualquier tipo de violencia ejercida contra los niños.-
Debemos considerar que las obligaciones que el Estado Argentino ha asumido mediante los tratados internacionales, deben ser cumplidas teniendo en cuenta “… el interés superior del niño, derecho sustantivo que se debe evaluar y considerar al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, que constituye también un principio jurídico interpretativo fundamental de carácter especial, pues si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que mejor satisfaga el interés superior del niño ...” (TCP; Sala VI, La Plata, Buenos Aires; Sánchez, Pablo Héctor y otros. Recurso de casación 14/03/2016; Rubinzal Online; 58920; RC J 1105/16). Criterio adoptado por esta Alzada en varias ocasiones (vgr. Apelación Nº 9397/25).-
A mayor abundamiento, corresponde hacer especial énfasis en lo dispuesto por la Ley N° 27.709 -conocida como Ley Lucio-, la cual establece principios rectores orientados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En particular, su artículo 5 dispone: a) velar por el respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22- y de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y b) generar condiciones para una convivencia social basada en vínculos de afecto y confianza, definidos como “buen trato”, fundamentales para el desarrollo del proyecto de vida de las nuevas generaciones.-
Tales lineamientos refuerzan la necesidad de analizar el hecho bajo un enfoque de protección integral, priorizando el interés superior del niño. Así, se torna necesaria la intervención del Estado de salvaguardia de la integridad tanto física como psíquica de la menor, en función de resguardar los derechos de aquella, consagrados por nuestra Carta Magna y por los demás instrumentos señalados. En este sentido, debe decirse que una de las formas por la cual se avasalla los derechos del niño, resulta el ejercicio irracional de violencia física sobre aquél mientras se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (art. 19:1 de citada Convención de los Derechos del Niño) (mismo criterio en Apelaciones Nos. 10.038/26 y 10.172/26, por citar las más recientes).- Por último, evocamos que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo, las que fueran ponderadas bajo los parámetros de la sana crítica racional y con aplicación de una perspectiva de infancia (criterio invariable en la jurisprudencia de esta Alzada en Apelaciones N° 10.038/26, 10.020/26, 10.092/26, por citar algunas de este año).-
Atento lo expresado, el planteo defensivo respecto a la improcedente utilización del informe psicológico debe ser rechazado, toda vez que el magistrado ha efectuado un razonamiento lógico, donde la descripción pericial de la personalidad del imputado se entrelaza de manera coherente con la prueba material de las lesiones, alcanzando holgadamente el estado de probabilidad requerido por el art. 289 del Código Procesal Penal para sostener el procesamiento.-
3. ERRONEA CALIFICACION LEGAL: argumentó que dicha calificación presupone la existencia de una conducta dolosa atribuible al imputado, extremo que no se encuentra acreditado; la sola existencia de lesiones en un menor no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal al progenitor, sin una demostración clara del nexo causal entre su conducta y el resultado.-
Expuso que la calificación legal adoptada se apoya en una hipótesis fáctica que no ha sido suficientemente demostrada en autos.-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
Consideró arbitrario el decisorio alcanzado, violatorio del principio de legalidad, en miras del debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad establecida.- Que en tratamiento del presente agravio, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente al hecho en lo dispuesto por los arts. 45 y 89 en función del art. 80 inc. 1 del CP.-
Dicho ello, entendemos que de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez interviniente, sin lograr controvertir lo decidido.-
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no resulta, en principio, pasible de revisión en esta instancia procesal, dicho agravio no podrá prosperar.-
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).-
Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).- Adicionalmente, corresponde señalar que el criterio que se viene sosteniendo respecto de la calificación legal, fue recientemente asentado por el Tribunal Superior de Justicia, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198. En aquel fallo, de fecha 14 del mes de mayo del corriente año, haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y fiscalía, el Máximo Tribunal modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V. Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”.- En consecuencia, el planteo defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facieacreditados.-
Ahora bien, sin perjuicio de lo antedicho, cabe señalar que este criterio se viene sosteniendo invariablemente desde este Juez de Recursos en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8890/24, 9783/25, 9978/25, por citar algunas.- En idéntico sentido, se resolvió en causas donde la Defensoría de Mayores Nº Uno local, aquí recurrente, apeló la decisión de instrucción (véase causas: “C.J.D. s/ homicidio agravado” (incidente de apelación), Expte. Nº 79.490/24, Apelación JR Nº 9174/24; “L.O.J. s/ homicidio (resultara víctima)”, Expte. Nº 92.369/24, Apelación JR Nº 9295/24; “D.R.E. s/ infracción al Título III del Libro II del CPA –VDG-”, Expte. Nº 84.030/21, Apelación JR Nº 9481/25; “R.G.J. y otro s/ lesiones leves y amenazas”, Expte. Nº 94.452/25, Apelación JR Nº 9881/25, Apelación N° 10150/26 G.S.E.E. S/ Violación de domicilio, Daño y Amenazas -E.C.V.G.- (Ley 26485) Expte. N° 27469/23; entre otras.-
Pese a ello, y en contraposición al principio de celeridad procesal –dejando entrever cuanto menos una clara intención dilatoria que operaría en contra de los intereses de su asistido-, se sigue introduciendo en las apelaciones este infundado agravio, que bien sabe no obtendrá favorable acogida, por todos los fundamentos legales explicitados precedentemente.-
En función de lo expuesto, se exhorta a la Defensoría ante mencionada, a evitar –en lo sucesivo-, sostener como crítica y/o cuestionamiento la calificación legal establecida, el certificado médico que no acredita autoría, el informe psicológico que no importa identidad probatoria, sean como único argumento o dentro de otros agravios, salvo en aquellos casos que excepcionalmente lo amerite y con fundamento serio y responsable.-
4. EMBARGO: como último agravio la recurrente expresó que su defendido no posee un patrimonio que, en su conjunto, permita arribar a la suma fijada, considerando al monto de la medida Pesos Cien Mil ($ 100.000) desproporcionado.-
En consecuencia, solicitó la modificación del monto consignado, en caso, que esta Alzada considere que el imputado no cometió el ilícito.-
Que, este último agravio será rechazado, pues no escapa al conocimiento de la recurrente, que el monto del embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa (véase al respecto: Cámara Nacional Criminal y Correccional; 06/02/2024; TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
Asimismo, pese a lo señalado por la apelante, se ha dicho que a los fines de la cuantificación no debe tenerse en cuenta, la situación económica del acusado (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; 17/09/2009; D.Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009, en concordancia con la reiterada jurisprudencia de esta Alzada en Apelaciones Nos. 10.090/26, 10.092/26 y 10.169/26).-
En nuestro caso, la suma fijada luce racional.-
II. Que conforme la competencia atribuida a esta Alzada mediante el art. 46 inc. 5º) de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz Nº Uno y Resolución del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz protocolizada bajo el Tº: CCXIV - Rº: 80 - Fº: 116/118, de fecha 22 de Agosto de 2014, que sin perjuicio del pleno reconocimiento del derecho de defensa en juicio y de las facultades recursivas que asisten a la parte, corresponde hacer saber a la Defensa Pública (apelante) que las futuras presentaciones deberán observar una adecuada fundamentación jurídica y fáctica, orientada a la tutela efectiva de los intereses de su asistido, evitando planteos que, por su manifiesta improcedencia o falta de sustento, puedan traducirse en dilaciones innecesarias del trámite procesal.- Ello, en resguardo de los principios de buena fe procesal, economía procesal y celeridad, sin menoscabo alguno del ejercicio legítimo del derecho de defensa que la Constitución y las leyes garantizan.- Asimismo, atento las cuestiones analizadas, corresponde remitir copia de la presente resolución y del escrito recursivo a la Sra. Defensora ante el TSJ para su debido conocimiento y a los fines que estime corresponder.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 145/150 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la apelante y la Sra. Defensora General ante el TSJ lo consignado en el considerando II) que antecede. A tal fin, LÍBRESE OFICIO.- 3º)
REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante SNE.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia